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¿Quiénes delataron a Acisclo Valladares?

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¿Quiénes delataron a Acisclo Valladares?

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El Departamento de Justicia del distrito de Florida acusó a Acisclo Valladares Urruela de lavar más de 9.5 millones de dólares del narcotráfico y otros delitos entre 2014 y 2018. En esos años Valladares fue directivo de Tigo, la mayor empresa de telefonía del país, comisionado del Programa Nacional de Competitividad durante el gobierno de Otto Pérez, y Ministro de Economía bajo la gestión de Jimmy Morales. Los nombres de los testigos están reservados, pero algunos indicios apuntan a tres figuras guatemaltecas.

Acisclo Valladares «no retrocedió cuando le recordaron que el dinero provenía del tráfico de drogas», narra uno de los testigos que acusaron al empresario y exfuncionario en Estados Unidos. Según el documento, fueron cuatro personas quienes, a cambio de lograr una sentencia más baja, explicaron el esquema de lavado del Valladares obtenía efectivo del narcotráfico y actos de corrupción para pagar sobornos en el Congreso de Guatemala.

La acusación publicada ayer es un informe elaborado por un agente del FBI (Buró Federal de Investigaciones por sus siglas en inglés) que desde 2013 investiga organizaciones de tráfico de droga internacional en Guatemala. Los hechos relacionados a Valladares abarcan desde 2014 hasta 2018.

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Los testimonios y pruebas mencionan casos que pueden involucrar a más políticos guatemaltecos, e incluso a la telefónica Tigo, beneficiada durante la época que abarca la investigación con una ley que protegió más su posición de dominio del mercado.

Los probables delatores

Aunque el documento pretende ser lo menos específico posible en la descripción de los testigos, los eventos descritos y la coincidencia de fechas deja entrever tres posibles nombres: el excandidato sentenciado por lavado de dinero Manuel Baldizón; el exbanquero extraditado, Álvaro Cóbar; y el político acusado por narcotráfico Mario Estrada.

Los casos de estos tres guatemaltecos los maneja el Distrito Sur de Florida, Estados Unidos. Juan Francisco Sandoval, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), aseguró que no tiene información respecto a si estas personas están involucradas en la acusación contra Valladares.

1. «El político corrupto». ¿Manuel Baldizón?

En el informe identifican a un testigo como CC1 (co-conspirador 1), un «político corrupto» que obtiene su dinero de corrupción e intentaba comprar acciones en empresas. Su función en el esquema de lavado era aportar efectivo.

En 2014 Manuel Baldizón, aunque aún faltaba un año, ya estaba en giras de campaña electoral con el partido Lider. Ese fue un año muy importante para para el Congreso y para la justicia: eligieron a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, una elección recordada por haber sido fruto del acuerdo entre Baldizón y Alejandro Sinibaldi, entonces del Partido Patriota.

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En enero de 2018 las autoridades de Miami detuvieron a Baldizón cuando ingresaba desde la República Dominicana. En noviembre de 2019 aceptó los cargos por lavado de dinero en aquel país, y recibió una sentencia de 50 meses (cuatro años).

Al consultar el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, la ficha de Baldizón indica que su información esta activa en el sistema, pero que no está bajo custodia de ninguna cárcel. Eso significa que pese a ser sentenciado, goza de un arresto domiciliario. Esta es una medida que otorgan principalmente a quienes con su testimonio delatan a más personas de alto nivel, involucradas en narcotráfico o lavado de dinero.

2. «El Banquero». ¿Álvaro Cobar?

Es quien más detalles aporta respecto a Valladares, su captura fue anunciada el mismo día y en el mismo comunicado que lanzó la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, y que anunciaba la apertura de un proceso contra Baldizón.

El informe identifica a CW1 (testigo cooperante 1 por sus siglas en inglés) como una persona con un puesto alto en un banco, que aceptó los cargos por lavado de dinero, y que está colaborando para recibir una sentencia menor. Según el documento, fue el artífice del esquema y las autoridades estadounidenses estiman que lavó al menos 10 millones de dólares entre 2014 y 2018.

Álvaro Cobar Bustamante fue detenido en Estados Unidos el 12 de noviembre de 2019, país donde aceptó los cargos imputados. Cobar era director del Banco de Crédito. Tras su captura, la institución financiera fua auditada por la Junta Monetaria.

La acusación contra Cobar fue publicada a finales del año pasado. En ella el investigador detalla un sistema de «transacciones espejo» que utilizó para trasladar dinero de un país a otro, pero sin sacarlo del país. El sistema era funcional: Recibía dinero en las cuentas de una empresa radicada en un país, luego retiraba dinero de otra empresa en el país de destino. Los fondos nunca salían de un país y por tanto no quedaba registrada ninguna transacción internacional, solamente eran depósitos y retiros en cuentas de distintas empresas en diferentes países. Las operaciones eran usualmente de Guatemala a Sur América, o entre cuentas en Estados Unidos.

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A Cobar lo delató un testigo que colaboró con el FBI, el cual grabó audio y video de una reunión en febrero de 2019. Las imágenes detallan el momento en que el delator entregó 20,000 dólares al banquero, y este prometió trasladarlos a Estados Unidos.

En el informe de investigación, «el banquero» cuenta que conoció a Valladares en 2014 o 2015. En la primera reunión Valladares le explicó que necesitaba dinero en efectivo (una gran cantidad, una o dos veces por semana), y que no fuera rastreable. Anteriormente ya lo había obtenido, «pero resultó ser muy problemático», dijo Valladares. Aunque no lo mencionó explícitamente -recuerda el testigo- él intuyó que el dinero sería utilizado para pagar sobornos, hecho que confirma otro testigo más adelante.

Según la investigación del FBI, «el banquero» le hizo algunas advertencias a Valladares. Por ejemplo, que la cantidad de efectivo que necesitaba no podía venir de un banco, pero que podía ser obtenido de actividades fuera de la ley. Valladares respondió que no le preocupaba el origen del efectivo, a lo que el colaborador ofreció utilizar el banco que él dirigía para aparentar que ese dinero era legítimo.

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Coincidió que días antes «el banquero» tuvo una reunión con CC1 o «político corrupto», que le dijo que necesitaba lavar dinero. En ese momento «el banquero» se dio cuenta que tenía el negocio perfecto, fue ahí que armó el esquema de lavado. La acusación también parafrasea el testimonio de un narcotraficante, identificado como CC2. No da detalles más allá de que se benefició del esquema del «banquero», que aceptó los cargos y que colabora para reducir su sentencia.

El esquema de Cobar funcionaba así:

  • Valladares proveía dinero «limpio».
  • El dinero tenía como destino -(supuestamente)- comprar acciones de una compañía.
  • El narcotraficante y «político corrupto» suministraban «dinero sucio»
  • El esquema de lavado permitía que Valladares recibiera el efectivo que necesitaba para pagar sobornos sin dejar rastro. El narcotraficante y «político corrupto» recibían su dinero, ahora bancarizado.
  • Por las transacciones Cobar ganaba el 17% del monto lavado.

Las transacciones espejo de Cobar permitieron que el narcotraficante trasladara dinero a Sur América sin dejar rastro. También sirvieron para realizar transacciones bancarias en Estados Unidos cuyo destino eran cuentas en un paraíso fiscal.

El relato de «el baquero» incluye varias anécdotas que reflejan la normalidad con que Valladares trasladaba el dinero. El testigo narra que él personalmente supervisó cada una de las entregas de efectivo a Valladares, o a un socio cercano a él y de quien no dan detalles.

Durante cuatro años, y varias veces al mes, «el banquero» enviaba el efectivo al lugar donde Valladares le indicara. El dinero siempre era entregado en mochilas o maletines, excepto en una ocasión, en diciembre de 2018, cuando metió el dinero en cajas de licor, simulando que era un regalo o canasta navideña.

El informe del investigador incluye una fotografía producto de las investigaciones de CICIG y MP en contra de Roxana Baldetti. Según la acusación en Guatemala, las maletas fueron recogidas por agentes de la SAAS en las oficinas de Tigo y las llevaron a Casa Presidencial. Según la Fiscalía, contenía dinero para pagarle a diputados a cambio de votar según las instrucciones de la exvicepresidenta. Al presentarle la fotografía a «el banquero», este reconoció que esas fueron las maletas que él entregó a Valladares.

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«El banquero» recuerda que era frecuente encontrar a políticos guatemaltecos en el lugar en que hacía la entrega, y luego ver a los políticos salir exactamente con la maleta que él acaba de dar a Valladares. Las entregas eran tan frecuentes que alguna vez Valladares se disculpó diciendo: «perdón, los políticos deben de pensar que el dinero crece en los árboles».

Según el informe de la acusación, el trabajo de Cobar fue tan bueno que pronto acabó con todo el dinero que el «político corrupto» necesitaba lavar. «El banquero» le recordó que la cantidad de dinero que necesitaba solo podía provenir del narcotráfico (hecho que le reiteró en múltiples ocasiones). Valladares no hizo ninguna objeción, solo que necesitaba que el efectivo fuera en quetzales.

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La documentación recopilada por el FBI muestra las empresas usadas por «el banquero» y Valladares, todas a nombre de testaferros. Es así como supieron que en diciembre de 2017 una cuenta en Estados Unidos a nombre de Valladares, trasladó 350,000 dólares a una empresa en Miami (identificada en el reporte como Compañía A). La nota de transacción hace referencia a Compañía B, la cual trasladó fondos a Delaware, un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. En enero de 2019 la Compañía B hizo otro traslado a la Compañía A, las transacciones sumaron 500,000 dólares.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala publicó, el mismo día y en el mismo comunicado, la captura del banquero Álvaro Cobar, y la apertura de un caso en contra de Manuel Baldizón.

3. El narcotraficante y político. ¿Mario Estrada?

El informe del FBI menciona un testigo más y solo al final del documento. Lo identifican como testigo 3 o CW3, miembro de un partido político en Guatemala, que aceptó las acusaciones de lavado de diner y, como delito subyacente, narcotráfico. Ahora coopera para recibir una sentencia más baja.

Mario Estrada, fundador del partido UCN, fue capturado en abril de 2019. Estados Unidos lo acusó de conspiración para el tráfico de drogas y señaló que tenía nexos con el Cartel de Sinaloa, al que pidió dinero para financiar su campaña electoral de ese año y ayuda para asesinar a dos rivales políticos de la contienda electoral. Es importante recordar que, hasta el momento, no ha sido acusado por lavado de dinero.

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En octubre Estrada envió una minuta al juez del Distrito Sur de Nueva York, cambió su declaración de no culpable a culpable. Estrada fue detenido junto a Juan Pablo González Mayorga, tercer secretario de la UCN, exfinancista de la UNE y antiguo miembro del partido CREO.

En informe del FBI, el político acusado por narcotráfico cuenta que conoció a Valladares en 2012, quien en esa reunión le manifestó su interés por apoyar su partido político. Varias semanas después Valladares llegó con maletas, CW3 vio que estaban llenas de billetes de quetzal.

Valladares dijo que ese dinero era para los miembros del partido electos en 2011. El colaborador estima que eran 1,500 dólares para cada diputado.

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CW3 explicó que no quería recibir personalmente el dinero, pidió que lo depositara a cuentas. Valladares se negó, dijo que no quería hacer transacciones bancarias que lo pudieran vincular al dinero. Acordaron entonces que lo entregaría en otra locación en la que los políticos lo recogerían personalmente. Aunque era un regalo, el político que aceptó los cargos por lavado de dinero, cuenta que los otros políticos le reclamaban, sabían que otros colegas estaban recibiendo más dinero de Valladares.

Cuando el investigador del FBI le mostró la fotografía de las maletas con dinero en Casa Presidencial, CW3 identificó una azul y otra de color negro. Dijo que eran el mismo tipo de bolsas en las que Valladares le entregaba el dinero. En total, el testigo calcula que Valladares le entregó 18 millones de quetzales.

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CW3 agrega información relevante que podría ser el inicio de más acusaciones. Durante el tiempo que Valladares le trasladaba el efectivo, el Congreso «estaba escribiendo una nueva ley de telecomunicaciones. La ley que fue aprobada tenía un número de requisitos para una compañía de teléfonos celulares que quería operar en Guatemala y el resultado fue que solo una compañía cumplía los requisitos, lo cual efectivamente aseguró el monopolio para esa compañía a través del pago de sobornos».

La descripción y fechas coinciden con los días en que el Congreso aprobó la llamada «Ley Tigo», legislación creada originalmente para obligar a las telefónicas a bloquear la señal telefónica en las cárceles, pero que terminó beneficiar al oligopolio de estas compañías.

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Aunque en ese momento el Congreso estaba dividido por la rivalidad entre los diputados de Manuel Baldizón, con la bancada Líder, y los seguidores del partido de gobierno, el PP, con Alejandro Sinibaldi. Esta disputa pareció entrar en una una tregua en junio de 2014 cuando aprobaron, en primera lectura y con celeridad pocas veces vista en el Organismo Legislativo, esta ley.

Para el politólogo Renzo Rosal, los testigos en Estados Unidos tienen una lógica: «si me voy al hoyo, me llevo a otros conmigo». Agrega que «hay un factor de clase. Los corruptos también son los de cuello blanco y los capitales tradicionales, y no solo los emergentes. Este tipo de razonamientos son muy propios de gente como Baldizón, quien vio siempre a los empresarios tradicionales con desdén», dijo.

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Los casos contra Valladares

Tras revelar la acusación, la Interpol activó la alerta roja para Valladares. En Guatemala es acusado por el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero, un caso que involucra también al expresidente Otto Pérez, el expresidente del Instituto Guatemalteco del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, y el empresario y operador en la elección de Magistrados, Gustavo Alejos.

El caso involucró constructores, funcionarios y abogados que conformaron una red de sobornos para recibir contratos millonarios. En febrero de 2011, el empresario Mynor Palacios Guerra transfirió 1.4 millones de dólares a la empresa Dolansea World Wide Corp con el fin de comprar acciones en Deckner Assets Inc. La segunda sociedad figuraba como propietaria de apartamentos en Casa Margarita, los cuales terminaron en poder de Gustavo Alejos. Dos años más tarde las acciones de la empresa pasaron a manos de Valladares.

Por el caso MP y CICIG solicitaron levantar el antejuicio al entonces Ministro de Economía del gobierno de Jimmy Morales. La Comisión Pesquisidora del Congreso, a cargo de examinar la solicitud, estaba compuesta por diputados del partido de gobierno como Juan Manuel Giordano, o Flor de María Chacón, colega del entonces cuando producían «Moralejas». La comisión fue severa y estaba enfocada en desacreditar la acusación contra Valladares.

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El exdirectivo de Tigo también fue acusado por participar en el caso «Subordinación del Legislativo». El MP y CICIG lo acusaban por haber dirigido una red de sobornos que facilitaron la creación de la llamada «Ley Tigo». La petición de antejuicio contra el Ministro de Economía y varios diputados fue desestimada por la Corte Suprema de Justicia, la misma que fue electa producto de la alianza entre Baldizón y Sinibaldi.

En febrero de este año, Valladares publicó un comunicado en el que calificó de «farsantes» a los fiscales y jueces encargados del caso. Por su parte, el embajador Acisclo Valladares Molina, padre del acusado, publicó en sus redes sociales que la acusación contra su hijo es «una venganza» del narcotráfico contra él por haber aprobado los tratados de extradición cuando fue Procurador General de la Nación entre 1994 y 1998 . «Suficiente razón para una venganza», denuncia.

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