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Todos quieren estar con “Tigo”

El ciudadano que se oponga a la instalación de una antena o poste dentro de su propiedad, será condenado a penas de hasta ocho años de prisión. La SIT deberá otorgar la autorización de instalación en un plazo de 15 días. Si no hubiera respuesta en este lapso se dará por autorizada la operación.
“Aquí hubo dinero de por medio, mucho dinero. En estos momentos ya están poniendo cientos de antenas; ya es tarde para oponerse. Se habla de pagos de Q25 mil mensuales por diputado de (parte de) las empresas del sector”, asegura el diputado de la UNE, Mario Taracena.
Ley de Control de las Telecomunicaciones aprobada de "urgencia nacional" en abril pasado, favorece los intereses de las empresas de telefonía del país, encabezadas por Tigo, la compañía líder del sector.
El ciudadano que se oponga a la instalación de una antena o poste dentro de su propiedad, será condenado a penas de hasta ocho años de prisión.
Telefónica, la tercera empresa favorecida con esta ley, cuyas operaciones en Centroamérica están desde abril del año pasado en manos de Multi Inversiones, el emporio de la familia Bosch-Gutiérrez.
Aunque la norma brinda ventajas al sector de las telecomunicaciones en general, Tigo sería una de las empresas más beneficiadas, según políticos, empresarios y analistas.
Una vez más, en este recuento Tigo aparece como la gran favorecida. Comunicaciones Celulares S.A. (Comcel), el aliado local de Tigo adquirido en 2005.
Tigo pertenece al operador de telefonía móvil, Millicom Internacional Cellular S.A., fundada en 1990 en Estocolmo, Suecia, y que cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 1993.
El Consejo Empresarial de Telecomunicaciones, que reúne a Tigo y Claro, se ha expresado a favor de la ley, con el argumento de que pone orden en un sector sin regulación.
Los diputados están a la espera de la llamada, desde un teléfono azul, rojo o verde para discutir el futuro de las telecomunicaciones en el país.
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Todos quieren estar con “Tigo”

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Detrás de la declaración oficial de aprobar una norma para bloquear el uso de celulares en las cárceles para detener las extorsiones, se esconde una ley que defiende los intereses de las empresas telefónicas que operan en el país, atenta contra la propiedad privada y favorece el oligopolio. Como en otras ocasiones las diferencias públicas entre los diputados del oficialista Partido Patriota, el opositor Libertad Democrática Renovada y otros partidos minoritarios desaparecieron ante el llamado del cada vez más poderoso sector de las telecomunicaciones, encabezadas por Tigo, la empresa con la que los diputados del Congreso quieren estar.

Redes-lateral

Todo apuntaba a que la sesión ordinaria que celebró el Congreso el martes 8 de abril sería una jornada más de rutina y aburrimiento. Lo único que figuraba en la agenda era el seguimiento de la interpelación a la ministra de Educación, Cynthia del Águila, que había iniciado dos semanas atrás. La funcionaria aguardaba en un salón de la bancada Patriotista, acompañada por sus asesores en espera de otra tarde de preguntas sobre su gestión, señalamientos, y alguno que otro desplante del diputado Roberto Villate, jefe de bloque de Libertad Democrática Renovada (Lider), responsable de la interpelación. Pero a las 15:40 horas el panorama empezó a cambiar: un asistente de la Comisión de Comunicaciones, presidida por el legislador Valentín Gramajo, del Partido Patriota (PP), entregaba en Dirección Legislativa la iniciativa 4832, Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos. El interrogatorio a Del Águila, que inició 17 minutos después, se prolongó hasta las 17:33 horas. Sólo se detuvo el juicio político a la titular de Educación cuando los últimos votos para que esta ley fuera aprobada habían sido asegurados. La verdadera razón de los congresistas para asistir al Parlamento esta tarde, apenas estaba por conocerse.

Dos horas y 49 minutos después de presentarse la iniciativa, sin mayor discusión, con el sello de “urgencia nacional” y el voto favorable de 103 diputados, como pocas veces ocurre en el Congreso de la República, la iniciativa 4832 era aprobada en una sola lectura. Las tres empresas telefónicas que operan en Guatemala, encabezadas por Tigo, la compañía líder dentro del sector de telecomunicaciones del país, cuyo principal accionista es el magnate Mario López Estrada, imponían su voluntad.

En sus primeros artículos, la normativa ordena a las empresas telefónicas implementar una serie de medidas técnicas para frenar las llamadas que se originan desde las prisiones del país. El plazo a cumplir es de ocho meses, algo a lo que nadie se opone. Pero en los 14 artículos restantes permite a las compañías de telecomunicaciones con “por los menos seis mil kilómetros de fibra óptica” o “que tenga más de cien mil líneas de acceso” la colocación de antenas, postes, cableado o cualquier estructura para la transmisión de datos en terrenos públicos o en propiedad privada con la sola autorización y pago de un arbitrio a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT).

Resta decir que estos requisitos sólo los cumplen las tres principales empresas telefónicas que operan en Guatemala: Tigo, Claro y Movistar.

En el artículo 4, donde se establece los beneficiarios para la colocación de antenas, postes y cableado, se definen los montos a cancelar: un pago único a la SIT de Q30 mil por torre instalada en terrenos públicos, muy por debajo a los anteriores de hasta Q100 mil que, hasta entonces, cobraban las municipalidades. La medida también incluye a los particulares, ya que si bien antes podían negociar sumas de Q30 o Q35 mil para la instalación de torres en sus propiedades, ahora recibirán un pago único de Q3 mil por las nuevas estructuras.

Bajo la figura de “denegación de auxilio”, el artículo 12 de la ley contempla sanciones de entre uno y tres años de prisión, y una multa de hasta Q25 mil, a cualquier funcionario público que obstaculice la instalación de las antenas, postes o cableado. Si quien se opusiera a esto fuera un ciudadano común, la pena podría extenderse hasta los ocho años de cárcel. El inciso c) del artículo 8, autoriza a las empresas de telecomunicaciones a colocar antenas, postes, fibra óptica, cableado o cualquier equipo “para transmisión de internet y de datos”, en cualquier propiedad privada. Para ello se requerirá de una autorización de la SIT, la cual deberá ser otorgada en un plazo de 15 días. Si no hubiera respuesta en este plazo se dará por autorizada la operación.

La ruta de una aprobación exprés

Como en otras tantas oportunidades, el pulgar arriba o el pulgar abajo para la aprobación de una ley en el Congreso de la República no se discute realmente en el hemiciclo. El visto bueno del Parlamento es apenas el último acto de una cadena de decisiones políticas, y algunas veces económicas. En esa oportunidad con 108 votos se logró interrumpir la interpelación a la Ministra de Educación, y echar a andar la maquinaria legislativa, y con 103 votos se aprobó la normativa en un solo debate.

De regreso al 8 de abril, cuando se aprobó la Ley de Control de Telecomunicaciones, vemos a Cynthia del Águila leyendo respuestas elaboradas por sus asesores; la tarde anticipaba una gris nota parlamentaria en periódicos y noticieros locales. Así era... hasta que una propuesta para incluir otros asuntos a tratar en la sesión fue presentada. La moción incluía tres puntos: convocar a la Comisión de Postulación que preselecciona a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y jueces para las Cortes de Apelación, dictaminar una iniciativa para una Ley de Jurisdicción Indígena y… la iniciativa 4832.

Los padres oficiales de la criatura, de la iniciativa 4832, son los diputados Valentín Gramajo, exjefe de bloque del PP y secretario de actas de su partido; Jaime Martínez Lohaiza, jefe de bloque de la Gran Alianza Nacional (Gana); Manuel Barquín, influyente diputado petenero, exintegrante de la Gana y ahora miembro del PP; y Edgar Cristiani, diputado del ala afín a la vicepresidenta, Roxana Baldetti en la bancada oficial, entre otros. La propuesta tuvo el acuerdo previo de las dirigencias del PP, Líder, Todos, Gana y Creo. El orquestador final, según varios congresistas, fue Gramajo.

La propuesta conjunta nunca fue discutida públicamente en la instancia de Jefes de Bloques, ni figura en las actas de las comisiones de Gobernación y Comunicaciones. Pese a que de cara al público se vendió su aprobación de “urgencia nacional”, como una medida de seguridad para prevenir las extorsiones desde las cárceles, Cristiani, uno de sus ponentes, admite que sin las concesiones a las telefónicas, esta iniciativa nunca hubiera sido promulgada.

La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) optó por retirarse al conocerse la iniciativa. El diputado Mario Taracena, de ese partido, asegura que la inclusión de la propuesta sorprendió a su bloque y que era evidente el consenso previo, del cual fueron excluidos. “Aquí hubo dinero de por medio, mucho dinero. En estos momentos ya están poniendo cientos de antenas; ya es tarde para oponerse. Se habla de pagos de Q25 mil mensuales por diputado de (parte de) las empresas del sector”, asegura el congresista de la UNE. Además, sugiere como un “trasfondo” de esta ley, una mayor presencia de las compañías telefónicas en la televisión por cable. Otros dos congresistas de diferentes partidos que salieron de la votación confirman los rumores de pagos mensuales a sus colegas por parte de las telefónicas, aunque aseguran desconocer los montos.

Cristiani reconoce como suyos sólo los tres primeros artículos de ley, los cuales ordenan a las empresas bloquear el uso de celulares en las cárceles. Su propuesta, dice, se venía discutiendo desde principios de este año en la Comisión de Gobernación. Pero no fue hasta mediados de marzo que se sumaron sus tres artículos a un proyecto ya consensuado por el diputado Gramajo, presidente de la Comisión de Telecomunicaciones. “Unimos las dos iniciativas para tener el consenso de todas las bancadas, si me hubiera quedado sólo con la mía, probablemente seguiría en primer lectura”, explica.

Las dos alas de la bancada naranja fueron responsables de asegurar que se respetara el acuerdo previo del Ejecutivo con las bancadas opositoras necesarias para la aprobación: Lider, Todos, Gana, Creo y algunos independientes. El subjefe de bloque oficial, Aleksander Castillo, del ala pro Baldetti, se encargó de las últimas negociaciones con los partidos mayoritarios, como Lider y Todos, para cumplir con lo acordado. Mientras que el otro subjefe de bancada, José Luis Fernández Chenal, del sector pro Sinibaldi, aseguró los votos de independientes y bloques minoritarios.

Durante la aprobación, a las 17:40 horas, la bancada de Encuentro por Guatemala (EG) presentó una enmienda al artículo 5 de la ley, para que se incluyera como requisito en los casos de instalación de equipo en propiedad privada el consentimiento del propietario. Éste fue el único intento por modificar la iniciativa. No fue apoyado por el resto de diputados. Los diputados de EG aceptaron la derrota y después de aprobar la ley en único debate se retiraron antes de la redacción final.

La ley fue aprobada con el voto favorable de 55 diputados del PP; 32 de Líder; seis Independientes; seis de Compromiso Renovación y Orden (Creo); tres de la Gran Alianza Nacional (Gana); tres de Encuentro por Guatemala; el Partido Republicano Institucional (PRI), Victoria y Unión del Cambio Nacional (UCN), un voto cada uno.

Entre los diputados que votaron en contra figuran Mirza Arriaga, del Líder; Floridalma Leiva, del PP; y Manuel de Jesús Barquín, del mismo partido, quien además figura como ponente de la ley, pero se retiró del hemiciclo durante la votación, por lo que su voto fue marcado en contra.

Los vínculos municipalistas pesaron entre otros opositores a la norma como Araceli Chavarría, del PP, esposa de Rubelio Recinos, alcalde de Barberena; Mirma Figueroa, también del PP, esposa de Antonio Coro, jefe edil de Santa Catarina Pinula; Gustavo Medrano, del PP, hijo de Arnoldo Medrano, alcalde de Chinautla; César Duarte, quien renunció el día anterior a la votación a Líder y se le considera coordinador de varios alcaldes en Escuintla; y Marvin Osorio, independiente.

Línea directa al Legislativo

¿Qué tan importante es el peso económico de la industria de las telecomunicaciones, cómo para lograr legislación a la carta?

Algunos números ilustran la creciente influencia de este sector de la economía guatemalteca. En 17 años han pasado de tener 64,194 usuarios en 1997, a 21 millones 716 mil 357 a diciembre de 2013. En 2012, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), estimó en US$1,083 millones la inversión extranjera directa de parte de los sectores de telecomunicaciones y energético. Para 2014, la Junta Monetaria de Guatemala calcula que el sector de las telecomunicaciones crecerá 3.3%, impulsado en particular por el servicio de internet.

Un sector de la economía que prácticamente era inexistente hace 20 años, hoy en día es una de las principales industrias de servicios de Guatemala. El exsuperintendente de Telecomunicaciones, Óscar Chinchilla, estima en Q30 mil millones anuales la facturación de las empresas telefónicas en el país. Lo que equivale a la mitad del Presupuesto General de la Nación, o lo que es lo mismo un 6,9 % del Producto Interno Bruto (PIB) de 2013.

Aunque la norma brinda ventajas al sector de las telecomunicaciones en general, Tigo es una de las empresas más beneficiadas, según políticos, empresarios y analistas. Para Óscar Vásquez, director general de Acción Ciudadana, la ley tiene dedicatoria para esta empresa ya que es la única que cuenta con la cantidad de fibra óptica que establece la ley, y busca expandir su presencia en las compañías de televisión por cable, con vistas al apagón analógico en 2015. Al entrar en vigencia el próximo año la televisión digital, a nivel global, la compañía tendrá la oportunidad de crecer adquiriendo otras empresas de cable locales y aprovechar las prerrogativas que la nueva normativa le da para la instalación de antenas, postes y cableado.

Tigo pertenece a la operadora de telefonía móvil Millicom Internacional Cellular S.A., fundada en 1990 en Estocolmo, Suecia, y que cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 1993. Como parte de su expansión en Latinoamérica, en agosto de 2005 fue lanzada la marca Tigo en Guatemala, integrando las marcas nacionales Comcel y Amigo de Comcel. El principal socio local de esta operación fue Mario López Estrada, ministro de Comunicaciones durante el gobierno de Vinicio Cerezo (1986-1991).

Millicom Internacional Cellular S.A. tiene inversiones en telefonía celular, internet y televisión en siete países de Latinoamérica y seis en África. La empresa está registrada en Luxemburgo, pero la coordinación de operaciones para Latinoamérica se encuentra en Miami, y a nivel centroamericano en Guatemala.

López Estrada, presidente de Tigo Guatemala, empresa con operaciones estimadas en US$1,600 millones en la región, fue catalogado en el puesto número ocho de millonarios de Centroamérica por la revista Forbes México en su más reciente edición. López Estrada además tiene presencia en los medios de comunicación como accionista de Prensa Libre desde 2007.

De la telefonía a la televisión

El mercado de la televisión abierta en Guatemala se encuentra cerrado por los próximos 18 años, luego de que en 2012 se renovaran las frecuencias radioeléctricas del país. El grupo Albavisión, propiedad del millonario mexicano Ángel González garantizó el control de los cuatro canales de televisión abierta del país a través de esa enmienda, pero a la vez se vio limitado para competir por la renovación de las frecuencias para las empresas telefónicas.

Una vez más en este recuento, Tigo aparece como la gran favorecida. Comunicaciones Celulares S.A. (Comcel), el aliado local de Tigo adquirido en 2005, mantiene parte del espectro radioeléctrico desde 1986. Ese espacio fue renovado en 2000, durante el gobierno de Alfonso Portillo, pese a que durante su campaña afirmaba que declararía lesivo el contrato y ordenaría una nueva licitación.

La soterrada pugna Albavisión versus Tigo por el mercado de las telecomunicaciones se define por sucesivas legislaciones. En esta arena, los cambios en la tecnología le son adversos a Albavisión, la prórroga del usufructo de las frecuencias en 2012 y la reciente Ley de Control de Telecomunicaciones, favorecen sobre todo al uso de internet y televisión satelital, un área bajo el indiscutible dominio de Tigo.

Sergio Carías, presidente de la Gremial de Compañías de Cable, dice que éste es el primer paso para la expansión de Tigo en el negocio de la televisión por cable y la transmisión de datos para internet. “Tigo está en su derecho a ejercer la compra de compañías de cable locales, pero al tener toda la infraestructura y los permisos que la ley le permite, no le interesaría esto, simplemente podría bajar los precios por cuatro o cinco meses y llevar a la quiebra a las compañías. Creemos que aprobaron la ley de forma anómala y aceitaron (pagaron) bien por ella. Le están dando un gran poder a esta empresa, lo cual podría poner en un segundo plano a la televisión abierta de Ángel González”, señaló.

En 2003, cuatro empresas dominaban el mercado de la telefonía móvil, según reportes de la SIT: Sercom-PCS con 42.74 % del mercado; Telefónica con 7.63 %; Bellsouth con 13.48 %; y Comcel con 36.14 %. En aquella época, juntas todas las compañías sólo sumaban 2 millones 34 mil 77 usuarios. Una década después, tres empresas suman 21 millones 716 mil 357 usuarios, casi un teléfono y medio por habitante. Hoy en día, Tigo (Comcel) tiene un 47% del mercado, seguido por Claro (Telgua) con 31% y Telefónica (Movistar) con 22%.

Luces y sombras a ambos lados de la línea

En este nuevo capítulo de normas legales, la aprobación de la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, es calificada por instancias de transparencia, como Acción Ciudadana, de opaca y excluyente. Como muestra de esta opacidad, Vásquez recuerda la aprobación el 11 de abril, tres días después de aprobada esa normativa, de un contrato entre el Ministerio de Gobernación (Mingob) y Tigo por Q262.5 millones para la transmisión de datos de 1,018 cámaras de vigilancia en la zona 18 capitalina. Muy a tiempo para aprovechar las ventajas de la nueva ley.

El proceso de ratificación de este contrato incluyó la aprobación de los términos de referencia el 19 de marzo y la invitación exclusiva a Tigo para presentar su oferta, la cual hizo llegar el 2 de abril. Cinco días después, Gobernación nombró a la comisión que evaluó los aspectos técnicos de la única oferta y recomendó la contratación de Tigo el 9 de abril. Dos días más tarde, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, suscribe el contrato.

Una vez más, el Mingob evadió la licitación. Invocó el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado el cual establece que “no es obligatoria la licitación, pero se sujetan a cotización” cuando se trata de arrendamiento de servicios. En este caso, incluso, se obvió la cotización, ya que el artículo 21 del reglamento de la ley deja a “criterio de la autoridad”, es decir el despacho ministerial, decidir si cotiza o no.

Frente a los señalamientos de opacidad en la aprobación de la ley, existen también argumentos a favor de normar la instalación de equipo para transmisión de datos. Un servicio de internet lento, una infraestructura insuficiente y una educación con carencias para aprovechar las tecnologías, colocan a Guatemala en el puesto 101 a nivel global, de 148 países evaluados, en el uso de las tecnologías de la información (TIC) en el desarrollo y competitividad del país, apunta el analista en telecomunicaciones Ricardo Flores, de Global Group. En infraestructura, esto muestra la necesidad de ampliar el ancho de banda con cableado de fibra óptica, comenta Flores. En ese panorama, los arbitrios municipales, muchas veces al amparo de la autonomía municipal, encarecían la inversión.

Flores explica que el ancho de banda que se podría instalar representaría una competencia para la televisión abierta y ofrecería nuevas opciones de internet de alta velocidad. Aunque señala que la ley no es perfecta por los cuestionamientos sobre su aprobación, sí puede representar un avance para el sector. Es más, apunta el analista, el ejemplo de otros países como Costa Rica y Perú, muestra que se puede “apretar” a las telefónicas para que se involucren en temas sociales como garantizar acceso a internet a escuelas e instalaciones de salud. Algo que, en última instancia, dependería de una negociación en el Congreso de la República, o incluso se podría buscar una tarifa social para usuarios de internet, semejante a la de la electricidad, para fomentar su utilización masiva.

Para el diputado ponente de la iniciativa, Edgar Cristiani, la ley también viene a poner orden a la discrecionalidad de los cobros. “Recibíamos quejas de las empresas telefónicas donde reportaban cobros de Q150 mil por la instalación de antenas en algunas municipalidades, pero sólo les emitían recibos por Q35 mil; todas esas discrecionalidades se quieren evitar. Y las empresas no presentan las denuncias porque quieren avanzar en sus proyectos”, afirma el congresista del PP, pero evita nombrar municipalidades y resalta que las compañías no han presentado denuncias penales.

Sin embargo, también frente a la justificación más publicitada de la norma aprobada, el bloquear los celulares de las cárceles, surgen dudas. “No tiene ningún sentido el promover el bloqueo de celulares, cuando justamente siempre encuentran una forma de evitarlo. La solución está en el registro de los chips y evitar que los privados de libertad tengan acceso a celulares”, destaca Carmen Rosa de León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, organización que durante años aboga por la seguridad ciudadana.

“Está más que visto que con esta excusa se hizo la ley, pero la excusa no sirve de nada”, puntualiza De León. Mientras que Flores, con una experiencia de ocho años en la SIT antes de ser consultor independiente, recuerda que las compañías telefónicas se habían resistido por años a normar el bloqueo de celulares.

Una “aberración” que promueve el oligopolio

El Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC) calificó la ley como una “aberración jurídica” plagada de inconstitucionalidades que van desde atentar contra la propiedad privada, violar la autonomía de las municipalidades y promover un oligopolio.

La ley “constituye una aberración jurídica, pues en el propósito velado de favorecer intereses no nombrados, establece normas que violan preceptos constitucionales y de otras leyes”, además de que “veladamente crea y garantiza privilegios para un número reducido de participantes en el mercado de transmisión de datos, lo cual contradice las normas constitucionales que prohíben la formación de monopolios y protege la economía de libre mercado”, denunció el IPNUSAC en la edición de mayo de la Revista de Análisis de la Realidad Nacional.

También aseguró que la normativa “viola” la autonomía municipal, los preceptos del Código de Comercio que garantizan la libre competencia y prohíben la competencia desleal, y deja sin aplicación diversos artículos de la Ley General de Telecomunicaciones, cuyo marco legal debiera estrictamente observar, y “promueve el potencial irrespeto a la propiedad privada, con especial énfasis a la que corresponde a los ciudadanos pobres”.

La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), la municipalidad de Ciudad de Guatemala, el Consejo de Ancianos, Ancianas y Principales del Pueblo Maya Kaqchikel, la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas (AAGAI), la Gremial de Empresas de Cable y el Movimiento Cívico Nacional, se han unido en contra de esta ley. Cinco acciones de inconstitucionalidad han sido planteadas ante la Corte de Constitucionalidad en contra de esa normativa. Tres de éstas ya han sido rechazadas.

El punto en común de estas acciones es considerar que la Ley de Control de Telecomunicaciones viola la autonomía municipal y afecta el derecho a la propiedad privada. El propósito es adversar el pago único de Q30 mil a las municipalidades que establece el artículo 9 de la ley, ya que anteriormente las comuna podían cobrar Q50 mil, Q100 mil o hasta Q150 mil por torre instalada, según el secretario ejecutivo de la Anam, Gerson López.

López y Carlos Sandoval, vocero de la municipalidad de Guatemala, advierten que la norma obliga a los funcionarios municipales a auxiliar a las empresas telefónicas autorizadas por la SIT. El artículo 12 de la ley sanciona con hasta tres años de prisión y Q25 mil de multa a las autoridades municipales o estatales que se nieguen a apoyar a las empresas que reporten la oposición de pobladores a la instalación, uso o reparación de su equipo.

La municipalidad capitalina incluso reporta el inicio de la instalación de postes y cableado de compañías de telecomunicaciones en las zonas 18, 17, 10, 9, 7, 5 a partir del 25 de abril, lo cual según la comuna viola el derecho constitucional de las municipalidades a regular el ordenamiento territorial. También denuncia la existencia de 1,500 solicitudes de instalación de antenas telefónicas en la SIT, a lo cual ha respondido con 1,500 impugnaciones. En el resto del país, según la Anam, aún no hay denuncias de alcaldes por la instalación de equipos amparados en esta ley.

La lucha del alcalde capitalino, Álvaro Arzú, en contra la Ley de Control de Telecomunicaciones va más allá de los ingresos de la municipalidad o el control territorial. La Ley General de Telecomunicaciones, aprobada durante su Gobierno, en 1997, abrió la puerta a la privatización de la empresa pública de telefonía, Guatel, contribuyó a la expansión de la telefonía celular y garantizó el monopolio de la televisión abierta de Ángel González y Albavisión. Hoy en día, una industria que se expandió a la sombra de esta ley amenaza con alcanzar la mayoría de edad y crecer en un nuevo nicho.

El alcalde capitalino, omnipresente en los noticieros de la televisión abierta de Albavisión, encara ahora una disputa que se dirimirá en la Corte de Constitucionalidad. Un enfrentamiento contra Tigo, una empresa beneficiada de las prácticas desregulatorias del gobierno de Arzú y ahora un fuerte rival en financiamiento electoral, aseguran opositores al gobierno de la comuna capitalina.

La batalla legal sobre esta norma apenas empieza para las comunas, luego de que iniciaran cabildeos en el Congreso para buscar una reforma, y percibieran pocas posibilidades de éxito, los agremiados en la Anam optaron por las acciones de inconstitucionalidad. Las dos solicitudes de suspensión provisional presentadas por la AAGAI y la comuna capitalina, de manera independiente, fueron denegadas. El siguiente paso en ambos casos sería una audiencia entre las partes y el fallo definitivo de la CC. Como prueba de la instalación del equipo sin la autorización de la SIT, la comuna presentará fotografías y videos. Desde la aprobación de la ley, Eddy Padilla, Superintendente de Telecomunicaciones (SIT), sólo ha expresado a los medios de comunicación que acatarán las resoluciones legales.

La disputa también tiene implicaciones al interior del sector privado y consecuencias en la política partidaria. El presidente de la Cámara de la Industria, Fernando López, se ha pronunciado en contra de la aprobación de la norma por no haber consultado a las partes afectadas y los cambios en los arbitrios que cobrarán las comunas. Las 80 empresas reunidas en la Gremial de Empresas de Televisión por Cable, así lo solicitaron.

Mientras que el Consejo Empresarial de Telecomunicaciones, que reúne a Tigo y Claro, se ha expresado a favor de la ley, con el argumento de que pone orden en un sector sin regulación. Pero la Gremial de Telecomunicaciones de Guatemala se muestra dividida al expresar en un comunicado que “en su mayoría” considera que la ley “crea condiciones diferenciadas y no equitativas para todas las empresas que ofrecen el mismo servicio, lo cual abre la puerta a privilegios, ahuyentando nuevas inversiones” . También advierten “sobre las consecuencias negativas de dicha ley y de la responsabilidad del Congreso de la República de aprobar normas de forma apresurada, sin transparencia y sin sustento técnico ni jurídico, lo cual podría sentar un precedente nefasto para el país”.

El jefe de asuntos corporativos de Tigo, Acisclo Valladares, postergó las consultas de Plaza Pública sobre las consecuencias de la Ley de Control de Telecomunicaciones al cierre de este reportaje. Vía correo electrónico también se consultó a los directivos de la Gremial de Telecomunicaciones, la cual es presidida por Valladares, por los señalamientos contra la aprobación del decreto 12-2014. La junta directiva, por vía escrita, respondió que todavía evalúan “de manera interna” la ley por lo cual no pueden expresar su opinión. Telefónica, la tercera empresa favorecida con esta ley, cuyas operaciones en Centroamérica están desde abril del año pasado en manos de Multi Inversiones, el emporio de la familia Bosch-Gutiérrez, no se ha pronunciado oficialmente al respecto.

Mientras tanto, de vuelta al Congreso, los diputados están a la espera de la llamada, desde un teléfono azul, rojo o verde para discutir el futuro de las telecomunicaciones en el país. El siguiente punto en agenda, se prevé, será sobre la legislación de la televisión digital. Porque... en el Congreso todos quieren estar con "Tigo".

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