La semana pasada causó revuelo la captura en los Estados Unidos de América de Mario Estrada, a la sazón candidato presidencial, y de Juan Pablo González Mayorga, tercer secretario del partido Unidad del Cambio Nacional (UCN). Las autoridades estadounidenses los señalan de colaborar con el Cartel de Sinaloa en el trasiego de drogas a cambio de financiamiento electoral, en el más leve de los casos, y de pedirles a los narcotraficantes que asesinaran a sus rivales políticos, en el más grave.
Con el debido y riguroso respeto al derecho de presunción de inocencia de ambos, de ser ciertos los señalamientos de las autoridades estadounidenses, estamos frente a un caso típico de lo que dimos por llamar la vieja política: la normalización cotidiana de crímenes graves como recibir de los narcotraficantes dinero para financiar una campaña electoral o del asesinato de los competidores a los que no se les puede vencer por medios lícitos y legítimos. El círculo vicioso de nuestra más trágica y lamentable historia sigue dando vueltas con vigor.
La captura de Estrada y de González Mayorga reafirma la validez de lo dicho por Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en cuanto a que el financiamiento electoral es el pecado original de la democracia, por un lado, y en cuanto a que dicho flagelo continúa, por otro. Las razones que explican la agresividad y la vehemencia del ataque a la Cicig en la coyuntura actual son muy claras: dicha entidad alcanzó a rozar a las estructuras criminales del financiamiento electoral ilícito, pero se quedó corta y estuvo lejos de lograr afectarlas severamente o de erradicarlas.
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Porque para Jimmy Morales y su gabinete, así como para algunos empresarios y para la mayoría de los diputados, alcaldes, ministros, jueces, gobernadores y militares, todos ellos corruptos o engranajes del ciclo vicioso de la corrupción agrupados en el colectivo que hemos denominado Pacto de Corruptos, está muy claro: destruir a la Cicig y erradicar sus efectos es una lucha por la supervivencia. Para ellos es una de dos: tener éxito en esa lucha o perderlo todo e ir a la cárcel.
Por ello, como ocurre en toda comunidad criminal, cuando uno de sus integrantes cae, como parece haberle ocurrido a Mario Estrada, se abren ventanas de oportunidad para fracturar su cohesión. Con las capacidades de la Cicig hoy severamente afectadas, el hecho de que hayan sido las autoridades estadounidenses las que capturaran a Estrada es una amenaza seria a las esperanzas de impunidad del Pacto de Corruptos. Quienes brindaron y se embriagaron de felicidad festejando la supuesta derrota de la Cicig deben de sentir una frustración profunda porque vuelven a ver, seguramente con horror, que la posibilidad de que la justicia los alance sigue siendo real.
Prueba de ello es la amenaza del hijo de Estrada, la cual no solo reafirma la creencia de que los señalamientos en contra de su padre tienen fundamento veraz, sino que además demuestra que hay muchos más miembros de la red criminal. También quedan demostradas la validez y la necesidad urgente de continuar con los métodos que empezó a usar la Cicig: urge que los estadounidenses le ofrezcan a Estrada acogerse a la figura del colaborador eficaz para que así él delate a sus compinches. Todo un banquete servido.
Esta situación evidencia, además, la dificultad enorme, si no la imposibilidad, de luchar de manera efectiva contra la corrupción y la impunidad sin apoyo internacional. Si los estadounidenses no hubiesen capturado a Mario Estrada, ¿lo habrían hecho las autoridades guatemaltecas?
Con dolor debo opinar que no.
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