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Chiquimula, el hub de la cocaína y un reino de corrupción

“El crimen organizado ve posibilidades de cooptar autoridades en el área donde operan, aunque la Inspectoría General de la PNC investiga estos casos”, admite Dávila.
Gálvez afirma que Chiquimula es el segundo departamento más violento por narcotráfico, después de Zacapa.
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Chiquimula, el hub de la cocaína y un reino de corrupción

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Aunque Chiquimula es el mayor puerto de entrada terrestre de cocaína en Guatemala, es uno de los lugares donde las autoridades decomisaron menos droga en 2016. El Ministerio Público lo atribuye, en parte, a corrupción en la Policía Nacional Civil local. Tanto así, que sólo opera con unidades especiales de la capital. Aunque altas autoridades aseguran que Chiquimula es el segundo departamento más violento por el narcotráfico, es inusual la captura de grandes traficantes y más aún hallar evidencias que vinculen las muertes violentas al narcotráfico.

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A simple vista Chiquimula no parecería ser un puerto de droga. Tiene la cuarta  tasa de homicidios del país, no se incautó ni un kilo en todo el año, no hay capturas de narcotráficantes y las autoridades locales aseguran que no hay trasiego en el territorio. Sin embargo, hay quienes se atreven a calificarlo como el segundo departamento más violento por narcotráfico, como el hub desde donde se distribuye la cocaína al resto del país. Algo pasa en Chiquimula, de eso no hay duda. A pesar de que los narcotraficantes han logrado ser muy discretos, hay indicios para considerar al departamento como el mayor puerto de entrada terrestre de droga.

De los 12,818 kilos que la Policía Nacional Civil (PNC) incautó en 2016 a nivel nacional, la mitad fue localizada en aguas del Pacífico, la principal ruta marítima; el resto en nueve departamentos, pero muy poco en Chiquimula. Allí la PNC sólo reporta la incautación de 0.05 gramos.

Jorge Gálvez, subjefe de la Fiscalía de Narcoactividad del Ministerio Público (MP), cree que la droga no se detiene suficiente tiempo en Chiquimula; el departamento es solo un lugar de paso. Los narcos, explica, la mueven con rapidez para que no sea detectada, tienen más control del territorio, y cuentan con el apoyo de la PNC local. Eso les permite evitar los decomisos.

El subcomisario Yuri Ramírez, jefe de Operaciones de la Comisaría 23 de la PNC, ubicada en la cabecera departamental, asegura que en Chiquimula no hay narcotráfico. “Aquí no hay nada; esto está limpio usted”, dijo en mayo pasado. Sin embargo, cuatro meses antes, Óscar Dávila, viceministro de Asuntos Antinarcóticos del Ministerio de Gobernación (Mingob), aseguraba que Chiquimula es el departamento con mayor conflictividad por narcoactividad en el oriente.

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Para asegurarse alguna efectividad, Gálvez afirma que todas las investigaciones de la Fiscalía de Narcoactividad se apoyan con unidades especiales de la PNC, y no de comisarías o subestaciones locales porque el crimen organizado las tiene cooptadas, en Chiquimula y cualquier otra parte del país. ¿Cómo lo saben? Fuga de información. Si la comisaría o subestación local conoce sobre un operativo, por lo general, no tiene resultados y a la Fiscalía le resulta obvio que alguien alertó a los traficantes. De esa cuenta, el Mingob respalda a los fiscales por medio de la Subdirección de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) en operaciones terrestres. En los decomisos por vía marítima, el fiscal señala que la Fuerza Especial Naval (FEN) es fundamental.

“El crimen organizado ve posibilidades de cooptar autoridades en el área donde operan, aunque la Inspectoría General de la PNC investiga estos casos”, admite Dávila. El viceministro, que renunció el pasado 21 de septiembre, pero sigue en el cargo hasta que el presidente acepte su dimisión, confirma que unidades especiales antinarcóticas (como la SGAIA) lideran investigaciones y operaciones contra el narcotráfico, “para preservar la información en primer término”. Sin embargo, advierte que de ser necesario se involucran comisarías durante el desarrollo de un operativo o diligencia con orden judicial.

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Un investigador del MP admitió que es común —en Chiquimula y otros departamentos— que la PNC instale retenes en la carretera y detenga los vehículos de la Fiscalía de Narcoactividad de la capital para exigir a los fiscales que divulguen el motivo de su presencia en el lugar. “Si estamos en un cateo, quieren ingresar para averiguar qué encontramos y qué estamos investigando, y he tenido que llamar hasta al director de la PNC para pedirle que ordene el retiro de los agentes, o hasta decirle a los policías que voy a pedir que los consignen por obstrucción”, afirmó la fuente.

La corrupción del narcotráfico suele ser mayor en lugares aislados como las fronteras, que en las zonas urbanas, según Michael Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA. “En un país como Guatemala es muy difícil que las agencias de policía, que están en las oficinas centrales en la capital, puedan ejercer control en sectores alejados”, dice Vigil, quien trabajó como agente encubierto de la DEA en México y Colombia.

En marzo de 2017, semanas antes de que el subcomisario Ramírez negara la existencia del narcotráfico en el departamento, la PNC capturó en la zona 10 capitalina a un hondureño que traficaba cocaína en el corredor de Honduras a Guatemala vía Esquipulas: Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”. Díaz había heredado una parte de la cuota de trasiego de los hermanos Valle Valle de Honduras, después de la captura de estos en 2014, según un reporte de InSight Crime.

PNC

“El Rojo” no era buscado por la justicia en Guatemala. La PNC lo capturó porque Estados Unidos lo solicitaba en extradición para que enfrente cargos de narcotráfico en ese país. Julia Barrera, vocera del MP, explica que una vez que otro país requiere la captura y extradición de una persona, el MP no inicia un proceso judicial para no entorpecer la extradición. Sin embargo, el MP debió esperar a que Díaz se movilizara a la capital para que fuera capturado. En Esquipulas este narcotraficante se desplazaba con impunidad, según un testigo que vivía en la misma cuadra que él.

Vigil reitera que es fácil para los narcotraficantes corromper a los oficiales de policía en un contexto como el de Chiquimula. “Les ofrecen plata o plomo, y bueno, algunos policías escogen la plata”, dice. La Fiscalía Contra la Corrupción no ha procesado a ningún policía en Chiquimula por su complicidad con narcotraficantes en los últimos dos años.

Droga con paso libre

Un investigador del MP, quien pidió no ser identificado, dijo que la policía tampoco detiene el paso de la droga. “Por (la aldea) Chanmagua, en Esquipulas, frontera con Honduras, pasan los camiones cargados con droga y fuertemente custodiados por hombres armados”, revela el investigador. “¿Hay alguien que autoriza el contrabando de droga?”. La fuente no responde su propia pregunta, pero sacude la cabeza. Asegura que debe trasladar cualquier dato de narcotráfico que recopila a la Fiscalía de Narcoactividad en Chiquimula, que tiene jurisdicción sobre los casos de narcotráfico en el departamento, pero se queja de que esta se limita a perseguir casos de narcomenudeo. Es una de tres fiscalías de narcoactividad en el país, junto a la de la capital y la de Quetzaltenango. Otra fuente del MP explicó que esta fiscalía tiene pocos recursos, aunque también cubre Jutiapa, Zacapa, Izabal, Petén y Alta y Baja Verapaz. Fue imposible conseguir una entrevista con el jefe de esta unidad, Hugo Pérez, durante tres visitas a Chiquimula porque, indicaron en su oficina, se encontraba en otros departamentos participando en operativos o audiencias.

El fiscal Gálvez desconoce exactamente cuánta droga ingresa a Guatemala vía Chiquimula, pero sabe que es mucho más de lo que la PNC incautó el año pasado en ese departamento. En marzo de 2017, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que Centroamérica ya era un “revitalizado corredor del narcotráfico”. Sin embargo, lo incautado en el país fue solo el 1.28% del millón de kilos que las autoridades estadounidenses estiman que se traficó vía Guatemala y el resto de Centroamérica. El MP solo puede estimar que una parte considerable del 98.72% no incautado pasa por Chiquimula, y se trafica hacia otros departamentos y México. El resto se trasiega por vía marítima.

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De los 12,818 kilos incautados en 2016, cifras policiales sitúan 6,115 kilos decomisados en Escuintla, aunque la mayoría fueron interceptados en el Océano Pacífico, aguas guatemaltecas o internacionales, y llevados a tierra. Dávila sostiene que ese es el principal sector de trasiego marítimo. La mayor cantidad incautada en tierra se halló en Izabal: 2,216 kilos. Le siguen Quetzaltenango, con 1,533 kilos; Guatemala, con 862 kilos, y Huehuetenango, con 671 kilos, que están en la ruta de trasiego hacia México. En Zacapa, la PNC incautó 583 kilos.

“Por lo general, la cocaína incautada en Zacapa y en Izabal es droga que pasó por Chiquimula”, explica Gálvez. El funcionario afirma que los traficantes trasladan la droga a ambos departamentos desde Chiquimula. Una excepción es la cocaína encontrada en contenedores en el Puerto Santo Tomás de Castilla, transportados desde Panamá o Colombia.

La conexión Chiquimula-Zacapa-Izabal no es nueva. En 2000, los narcotraficantes guatemaltecos Otto Herrera García y la familia Lorenzana trasladaban cocaína desde El Salvador a Zacapa vía Chiquimula. En un mes, movían entre 1,500 a 1,800 kilos. Trasladaban parte de los cargamentos hacia Izabal, Petén y la capital. Un socio de Herrera García relató en el juicio contra los hermanos Waldemar y Eliú Lorenzana Cordón en marzo de 2016, en Washington, D.C., Estados Unidos, que se encargaba de sobornar a la policía para evitar decomisos. Otra testigo relató que la PNC escoltó algunos cargamentos desde Zacapa hasta San Marcos entre 2001 y 2011.

PNC

La captura de Hugo Arita Rivera en marzo de 2015, en Chanmagua, Esquipulas, demostró que esa ruta permanecía activa. El MP vinculó a Arita con una incautación de 30 kilos de cocaína en Zacapa dos meses antes, y de US$2.2 millones de dólares en la ruta al Atlántico en 2014. También lo asoció con el traslado de dinero del narcotráfico de Chiquimula a México vía Huehuetenango, y con los Valle Valle. Estos narcotraficantes hondureños también tuvieron relación con los Lorenzana en Zacapa y el hondureño “El Rojo” Díaz, en Chiquimula.

Narcotráfico y muertes violentas, una relación elusiva

Gálvez afirma que Chiquimula es el segundo departamento más violento por narcotráfico, después de Zacapa. Aunque tuvo la cuarta tasa de homicidios departamental más alta en 2016 (54.1) después de Guatemala, Escuintla y Zacapa, es el segundo cuando se habla solo de crímenes relacionados con el narcotráfico.

Para Hugo Rosales, Fiscal Distrital de Chiquimula, y el subcomisario Ramírez, los municipios más violentos por número de homicidios—y no por la tasa de homicidios—son Chiquimula cabecera, Jocotán y Esquipulas. De los tres, solo en Esquipulas hay referencias de capturas, como la de Arita, y de trasiego, como en Chanmagua. Aunque la Fiscalía Distrital no lleva casos de narcotráfico, Rosales afirma que el móvil principal de los homicidios es el conflicto de tierras o el crimen pasional o venganza. Lo confirma el subcomisario Ramírez.

Rosales explicó que Chiquimula tiene el único hospital público del departamento. Si un herido muere ahí, la muerte se registra en ese lugar aunque la víctima haya sido trasladada desde otro municipio. No hay cifras públicas que reporten cuáles son los municipios donde ocurrieron los hechos violentos que generaron estos casos.

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En Jocotán hay 41 de los 54 conflictos de tierras que registra la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) en Chiquimula. También es el tercer municipio con el mayor número de homicidios, aunque no tiene una de las mayores tasas. Sin embargo, a nivel departamental, los muertos que generan los conflictos de tierras no son más del 30% del total, según Carlos Humberto Ramírez, catedrático de Conflictividad Agraria, en la carrera de Administración de Tierras, de la Universidad San Carlos de Guatemala en Chiquimula. Por aparte, una fuente del Registro de Información Catastral (RIC), que prefirió no ser identificada porque no habló a título institucional, reveló que en ocasiones hay conflictos de tierra entre campesinos y terratenientes “con fama” de narcotraficantes, pero que el caso no es vinculado al narcotráfico. El MP no ha acusado a ningún terrateniente en la zona ni la PNC ha detenido a ninguno por trasiego de drogas.

Mientras que la Fiscalía Distrital, ubicada en Chiquimula cabecera, cubre siete de los once municipios del departamento, la de Esquipulas cubre ese municipio, Quezaltepeque, Concepción Las Minas y Olopa. El jefe de la fiscalía en Esquipulas, Salvador Samayoa, atribuye las muertes violentas en ese municipio a los mismos móviles que mencionan el fiscal Rosales y el subcomisario Ramírez, pero suma otras razones: contrabando en la frontera, movimiento en el triángulo norte de bandas de robacarros y tumbes de droga. Es la única autoridad identificable en Chiquimula que dice algo de narcotráfico.

Una investigación que InSight Crime publicó en 2017 divulgó que, a nivel nacional, la PNC solo relacionó preliminarmente con el narcotráfico el 0.001% de los homicidios (25 casos) entre 2012 y 2015, con base en datos que recabaron los primeros agentes policiales que llegaron a la escena del crimen: evidencia hallada en el lugar o entrevistas a testigos o familiares de la víctima. La relación entre la violencia y el trasiego de drogas en Chiquimula es más débil. La PNC y el MP locales no hablan de muertes por narcotráfico. Este tipo de hechos tampoco se reportan en los municipios donde algunas autoridades han identificado actores del narcotráfico. Si la cocaína que pasa por Chiquimula no deja rastro, menos las posibles muertes violentas derivadas directa o indirectamente de su trasiego. El caso más obvio data de hasta hace siete años.

PNC

En 2015, un periodista que vivió en Chiquimula dijo que la PNC no reportaba algunas muertes violentas relacionadas con el narcotráfico. El cadáver era removido sin ser documentado, ni siquiera por la prensa. Había amenazas de por medio. No obstante, diferencias en las cifras de la PNC y el Inacif indican que, en 2016, la PNC reportó 30 muertos menos por arma blanca o de fuego en Chiquimula: 229 contra 259 del Inacif. La diferencia, que no refleja el móvil, también ocurre en otros departamentos. En todo el país, el Inacif registró 939 muertes más por arma blanca o de fuego, un 17.20% más, que la Policía.

El jefe del Inacif en Jalapa, y para la región oriente, Luis Herrera Lemus, atribuye la diferencia a que la PNC sólo contabiliza los muertos en la escena de crimen, y no las víctimas que mueren en los hospitales. Adolfo Mansilla, jefe de la Sección de Estadística en la PNC, asegura que sí los cuentan, pero no explica la diferencia en las cifras.

Gálvez y Dávila hablan de violencia por narcotráfico en Chiquimula, pero las cifras no visibilizan casos. El de 2010 fue una excepción. Jenny Pearce, politóloga de la London School of Economics en Inglaterra, afirma que la violencia sin atribución, y el silencio respecto a la misma, generan el mensaje de que es una realidad que se debe aceptar, como ocurre con el narcotráfico. Según Pearce, esta impunidad normaliza la violencia. “Como no hay (un) sistema de justicia que funcione, (…) entonces (la gente) internaliza que la violencia es normal e inevitable”, dice.

¿Quiénes mueven la coca en Chiquimula?

Si la PNC y el MP en Chiquimula no hablan de narcotráfico, algunos miembros de la comunidad, autoridades en la capital y reportes de prensa apuntan a una trinidad: Esduin Javier Javier, alías “Tres quiebres”, actual alcalde de Ipala; José Manuel López Morales, alias “Ché Manuel”, en San Juan Ermita; y Eduardo Chegüén Sagastume (capturado en 2014).

En julio de 2015, Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se refirió a Javier (entonces candidato a alcalde) como a un caso paradigmático de integrantes de grupos criminales que participaban como candidatos a cargos de elección popular. Javier, electo con el 78% de los votos y un 36% de abstencionismo, en una contienda con solo otro candidato (los demás renunciaron a la candidatura aduciendo amenazas), calificó los señalamientos como falsos. Agregó que, en caso contrario, Estados Unidos habría pedido su extradición y cancelado su visa. Antes de tomar posesión, Javier viajó a ese país sin problemas.

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En septiembre de 2010, Javier escapó a un atentado tres meses después del asesinato del empresario de Chiquimula Yovani España Arrué y sus cuatro guardaespaldas. Según las autoridades, España heredó el mando de una estructura de narcotráfico de Juan “Juancho” León, a quien los Zetas acribillaron en 2008 en Zacapa, y Javier supuestamente heredó el liderazgo de España; por eso lo intentaron matar. Javier negó su relación con el narcotráfico, y dijo que los Zetas lo atacaron porque no les pagó una extorsión. Cuanto recibía como contratista del Estado, aparecía en el portal Guatecompras. Pero el empresario fue detenido cuando la PNC le encontró fusiles de asalto y granadas después que escapó al ataque armado. Según Javier, lo excarcelaron cuando se comprobó que el armamento era de los sujetos que lo atacaron.

En la Fiscalía de Narcoactividad en la capital no hay una investigación abierta respecto a Javier. Goza de inmunidad por ser alcalde. En los primeros tres meses de la administración de Javier, las autoridades capturaron a dos mujeres en Ipala que Estados Unidos requería por narcotráfico. Aunque fueron identificadas como actores en el trasiego internacional de drogas (metanfetaminas, cocaína y heroína), el MP no llevaba un proceso en su contra.

En 2016, el primer año de la administración de Javier, Ipala también tuvo la tercera tasa de homicidios más alta de Chiquimula (después de Olopa y San Juan Ermita): 68 por cada 100 mil habitantes, aunque fue uno de los seis municipios donde la tasa de homicidios bajó. La reducción es corta en número de muertes: hubo 11 en 2014, y 15 en 2015, año de las elecciones; la cifra bajó a 14 en 2016.

Dávila dice que la captura en mayo de 2014 del narcotraficante Jairo Orellana, quien vivía en Zacapa, redujo el trasiego en Chiquimula. Cuatro meses después, en septiembre de 2014, en San Juan Ermita, en un masivo operativo policial y militar, las autoridades intentaron capturar a López Morales. El Mingob también lo vinculaba con los Valle Valle en Honduras, y Estados Unidos también lo requiere por narcotráfico. “Ché Manuel”, sobrino del alcalde de San Juan Ermita, Mario Rolando Lemus Martínez, escapó aunque las autoridades capturaron a su esposa Deidy Nufio Franco y a su guardaespaldas. En 2017, vecinos de Chiquimula todavía identifican a “Ché Manuel” como uno de los narcos de peso en el departamento, pero solo en voz baja.

Un año antes de la captura fallida de “Ché Manuel”, San Juan Ermita tuvo una tasa de homicidios de 58 (8 muertes). En 2014, la tasa bajó a 14 (2 muertes), pero subió a 28 (4 muertes) en 2015, y a 70 (10 muertes) en 2016. Fue la segunda tasa más alta de Chiquimula después de Olopa. Ningún dato público indica que las muertes tuvieron relación con “Ché Manuel”.

En 2015, el jefe de la Fiscalía de Narcoactividad en la capital, Aldo Chapas, agregó que el número de muertes violentas se redujo en la cabecera de Chiquimula después de la captura de una banda activa desde al menos 2011. El líder, Eduardo Chegüén Sagastume, de 45 años de edad, fue capturado en noviembre de 2014. Chapas lo vinculó al narcotráfico; también reveló que estaba involucrado en sicariato y extorsión.

Pese a cuanto afirma Chapas, los homicidios continuaron después de la captura de la banda de Chegüén. En 2014 la tasa de homicidios fue de 71.7 (71 muertes), pero en 2015, subió a 73 (74 muertes), cuando todavía había al menos siete miembros de la estructura de Chegüén en libertad. Según un periodista que vivió en Chiquimula en 2015, “un chenquito (cojo) estuvo unos seis meses de lleno, limpiando (matando) a los Chegüenes, pero cuando sólo quedaban dos, cayó (detenido) con una orden de captura”. Para diciembre de 2016, la tasa bajó a 55 (57 muertes), con Chegüén ya condenado a 68 años de cárcel por asesinato y otros delitos. Sin embargo, su captura no tuvo impacto en la incautación de cocaína en Chiquimula, que se redujo de 0.81 gramos en 2014 a 0.05 el año pasado.

Michael Vigil sostiene que los puntos de tránsito de droga aislados, como Chiquimula, donde la policía no está muy capacitada, las incautaciones son pequeñas y hay potencial para la corrupción, que la información es escasa sin un adecuado sistema de inteligencia. “En Guatemala, lo ideal sería el uso de informantes para comunicar lo que está pasando, las rutas de trasiego, quiénes son los policías corruptos y a quiénes protegen, porque los capos grandes van a desparramar dinero no solo a los políticos, sino a la policía”, agrega.

El fiscal Gálvez dice que el trabajo con la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) ha sido clave para la incautación de droga a nivel nacional. No obstante, el exviceministro de Gobernación, Mario Mérida, sostiene que  la Digici “no está a la altura de la magnitud del narcotráfico” en el país. Mérida, quien fue exjefe de la Dirección de Inteligencia Militar a principios de los años 90, afirma que el 90% de las incautaciones recientes se ha logrado con inteligencia de agencias de Estados Unidos.

En julio de 2016, el viceministro Dávila reveló que el gobierno trabajaba “de la mano de la DEA” en las operaciones antinarcóticas. Pero esta cooperación todavía no incrementa las incautaciones en Chiquimula, ni siquiera con la Fuerza de Tarea Interinstitucional Chortí, una fuerza combinada entre la PNC y el Ejército inaugurada en 2014 con financiamiento de Estados Unidos, para combatir el crimen organizado en la frontera con Honduras. Según Dávila, los bajos decomisos obedecen “al efecto disuasivo” de la Fuerza de Tarea Interinstitucional Chortí y la Fuerza de Tarea Interinstitucional Xinca, que cubre la frontera de Guatemala con El Salvador. “Tal vez (el resultado) no es tangible en estadísticas, pero sí en las cifras de reducción de criminalidad (en la zona donde opera), bajo la dirección del Quinto Viceministerio de Gobernación”, agrega el funcionario.

Hasta el 25 de septiembre de este año, las incautaciones de cocaína en el país sumaban 8,390 kilos. Según Gálvez, ni un solo gramo fue incautado en Chiquimula.

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