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Opinión

Repúblicas «lavanderas»

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El título podría aplicarse perfectamente a cualquier país de América Latina, pero México se lleva la presea de oro al encontrarse en el top 5 de los países donde se facilita el blanqueo de capitales y la recepción de flujos ilícitos.

El ranking fue elaborado por Global Financial Integrity y mide los flujos de capital en más de 100 países durante el período 2003-2014. México es el tercer país a nivel mundial con el mayor flujo de dinero ilícito, solo debajo de China y Rusia, según muestra el citado estudio. En el período que el estudio refiere, el flujo de dinero ilícito fue de 52 844 millones de dólares en promedio al año. Así es, al año. Y aunque existe un entorno especializado en monitorear este flagelo, resulta que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene que monitorear el desempeño nacional de más de 3 200 instituciones financieras. Un trabajo casi imposible.

Lavar dinero, es decir, legitimar en el sistema económico-financiero flujos de capital (por lo general en efectivo, aunque no exclusivamente) cuyo origen está vinculado a actividades ilícitas (tráfico de influencias, corrupción, evasión fiscal, narcotráfico…), es una de las dinámicas contemporáneas que más afecta las economías libres. Precisamente la agilidad con que las economías fomentan el proceso de capitalización (captar capitales externos o internos) es uno de los componentes que permiten la expansión del ciclo de producción. Esas facilidades (y las lagunas existentes en los sistemas financieros) son aprovechadas por el crimen organizado. Los casos abundan. Ha quedado prácticamente en el olvido la millonaria multa que el grupo bancario HSBC tuvo que pagar (1 900 millones de dólares) porque entre 2007 y 2008 trasladó a Estados Unidos 7 000 millones de dólares estadounidenses desde sus sucursales en México. Activos vinculados al narco. Entre esos activos, HSBC introdujo en territorio estadounidense cuentas bancarias del empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, quien a su vez estaba vinculado al Cartel de Sinaloa. A Yen Gon la Procuraduría General de la República (PGR) le decomisó 20 toneladas de acetato de pseudoefedrina (precursor para producir metanfetaminas), así como 200 millones de dólares estadounidenses en efectivo.

Claro. Cualquiera dirá que este fue un caso de empresarios, testaferros y operadores relacionados claramente con el narco y que no es una situación endémica. Todo bien hasta que llegamos a la narconovela de Rafael Márquez, acusado por el Departamento del Tesoro estadounidense de ser testaferro del capo mexicano Raúl Flores. ¿Por qué el caso de Márquez es tan simbólico de estas nuestras repúblicas lavanderas? Porque demuestra cómo no es necesario llamarse Guzmán, Beltrán o Zambada (apellidos relacionados con los clanes del narcotráfico en Sinaloa) para jugar en el mundo del crimen organizado. Este caso revela que basta con ser económicamente exitoso y tener la voluntad de ser transa, lo cual parece que es increíblemente fácil en estas repúblicas lavanderas. Por cierto, las investigaciones van apuntando a que este no fue un hecho aislado, sino uno recurrente, en el que Márquez invirtió dinero en varias empresas que públicamente listaban al capo Flores como dueño.

No hay ninguna justificación válida para los hechos cometidos por Márquez, como tampoco la hay para el más de medio centenar de personas que están vinculadas a la red de empresas que lavaban dinero para la organización de los Flores, que incluye artistas, empresarios, reinas de belleza y más exfutbolistas. De hecho, la PGR mexicana acaba de confirmar algo que prácticamente todo mundo sabe: que los conciertos, los palenques, los grupos norteños que cantan narcocorridos, las fundaciones de caridad, las casas de cambio, empresas de turismo, empresas de transporte pesado y boutiques, entre muchos otros, son entornos que tienden a codearse con actividades criminales. Y quienes se codean por una cuestionable ignorancia, entre sentirse compelidos a colaborar con el crimen organizado y ante todo ser voraces, simplemente mantienen un sistema en el que todo tiene cabida. Se lava dinero del narco, se legitima dinero extraído del erario público y se formalizan flujos que sirvieron como coimas. Usted escoja, pero aquí, en estas repúblicas lavanderas, todo se puede. Por eso es que el escándalo Odebrecht tiene la magnitud que tiene. Por eso es que un gigante financiero como HSBC le lavó fácilmente tanta lana al Cartel de Sinaloa. Por eso es que en Guatemala la trama de corrupción involucra a más de 80 personas (entre las que destacan empresarios de renombre y políticos de alto nivel). Y ni se diga Mexiquito, que es literalmente un paraíso para los flujos de capital de origen cuestionable. Todos tienen precio, pero las élites (de todo tipo) tienen mayor responsabilidad, ya que su existencia física no está condicionada a vincularse al crimen organizado.

Ahora bien, en un análisis más técnico debe distinguirse entre actores corruptos y agentes corruptores. De los primeros hemos dicho suficiente. Y de los segundos hay que pasarle una factura a la clase política por privatizar lo político al ponerle precio a la democracia (el Estado transformado en un botín). Ahora, para que la mancuerna entre actores corruptos y agentes corruptores se cierre, se necesitan instituciones financieras dispuestas a recibir dinero de procedencia claro-oscura. Sin hacer preguntas incómodas, dicho sea de paso. Son ellas los instrumentos fundamentales con los cuales se materializa el acto conspiratorio del crimen organizado en todas sus tipologías, dígase narcotráfico, testaferros del narco, constructoras brasileñas, constructoras guatemaltecas, defraudadores del erario, financiamiento ilícito a partidos, etc. Mientras no se quiera entender que el crecimiento de la economía, la expansión del ciclo y la creación de fortunas no se pueden desarrollar a cualquier precio (se incluye aquí la corrupción sistémica), será muy difícil desmentir el dicho de que detrás de cada gran fortuna hay un gran crimen.

Por cierto —y con esto concluyo—, lo dicho en este artículo no tiene por qué entenderse exclusivamente desde una posición de izquierdas. Si bien es cierto que los primeros intentos de combatir el flagelo del crimen organizado fueron impulsados por los comunistas italianos (para quienes el empresario y el mafioso parecían confundirse), yo estoy hilando ideas desde un plano republicano. Aquí se trata de materializar precisamente el ideal republicano en términos de que todos sin excepción estamos obligados a jugar con las mismas reglas de juego. Y esas reglas se expresan, por cierto, en la cultura de la legalidad.

El caso Rosenthal en Honduras sentó un precedente en la región. Quizá se necesitan algunos más.

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