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Renuncia el ministro de Gobernación, aliado clave del MP y la Cicig en el Gobierno
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Renuncia el ministro de Gobernación, aliado clave del MP y la Cicig en el Gobierno

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Francisco Rivas Lara, ministro de Gobernación, ha presentado su renuncia. Tras semanas de asedio por parte del Congreso, que lo había sometido a una interpelación, y del propio Ejecutivo, espera a que el presidente Jimmy Morales designe a su sustituto en medio de la peor crisis política que ha enfrentado el mandatario. Junto a Rivas dimiten Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas, y Leticia Teleguario, ministra de Trabajo y Previsión Social.

La posición de Rivas, uno de los primeros ministros formados en la doctrina de seguridad democrática, se había debilitado dentro del Gabinete de Morales, que por su apoyo al Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) lo vio mayoritariamente como un enemigo. El anuncio de su renuncia llega un día antes del paro nacional convocado para el 20 de septiembre en contra del Gobierno y el Congreso.

La crisis política que ha arrastrado a Morales cerró “los espacios de oportunidad” para realizar sus programas de trabajo, según indicaron los tres ministros en una declaración conjunta donde informaron de sus renuncias.

Rivas nunca contó con la venia de los diputados del partido oficial ni de los militares que rodearon al presidente Jimmy Morales desde el inicio de su mandato. Fuentes del Ejecutivo aseguran que desde el primer día el ministro fue presionado para que dejara el cargo. “Querían tener el control de la DIGICI (Dirección General de Inteligencia Civil) y Francisco no lo permitió; también querían el Viceministerio Administrativo, y tampoco pudieron”, asegura la fuente. Con sobresaltos y pocos amigos dentro del Gobierno, Rivas logró mantenerse a flote, hasta que fue considerado “un peligro” para implementar la estrategia de debilitamiento de la lucha contra la corrupción y la impunidad.

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A pesar de su oposición al fallido intento de Morales de expulsar al jefe de la Cicig, Iván Velásquez, manifestada en privado al mandatario, Rivas se negó a renunciar como dentro del Ejecutivo preveían que lo haría juntos a los ministros de Finanzas, Trabajo y Salud. Sólo la titular de esta última cartera, Lucrecia Hernández Mack, y sus tres viceministros, dimitieron en esa ocasión. Las organizaciones sociales pidieron por diversas vías a Rivas que se mantuviera en el cargo para garantizar que las fuerzas de seguridad no reprimieran a los manifestantes.  

El ministro era visto como “gente de (la embajada de) Estados Unidos y de la Fiscal General Thelma Aldana”, y aliado del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en los procesos penales en contra de varios congresistas y partidos políticos, como parte de una investigación del financiamiento ilícito de campañas políticas. Rivas fue subsecretario general del MP antes de asumir la dirección de la cartera del Interior y, según analistas como el coronel retirado Mario Mérida, este antecedente lo despoja de simpatía en el Congreso.

Comunicación Mingob

El oficialismo miraba en Rivas a un aliado de Aldana más que a uno del presidente Jimmy Morales, porque no fue elegido por el mandatario sino le fue sugerido, o “impuesto” según otras fuentes. El hecho de que Rivas se haya mantenido en el puesto, considerando que no pertenece al FCN, había sido hasta hoy una muestra de que ha realizado un buen trabajo, según una fuente del MP.

La vía para deshacerse de Rivas la encontraron sus adversarios en el Congreso. A principios de septiembre, el diputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN) Fernando Linares Beltranena solicitó interpelar a Rivas por la fuga de un reo en el Hospital Roosevelt, que llevó a una balacera en la que murieron siete personas en agosto pasado. Diputados de diversas bancadas aseguran que hasta la semana pasada, antes de que el Congreso aprobara las reformas al Código Penal —que luego debió anular—, el plan era dar un voto de falta de confianza al ministro para justificar su remoción del cargo.

La oposición al trabajo de Rivas se había manifestado en el Congreso desde siempre. Diversas bancadas y comisiones lo citaron 64 veces en los primeros ocho meses y medio de 2017 para cuestionar su trabajo en la cartera del Interior. De estas asistió a 37—un promedio de cuatro veces al mes—, y en el resto delegó a sus viceministros. La que más citaciones le hizo fue la Comisión de Gobernación, la cual cuenta entre sus once miembros a tres de la oficial bancada del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). Los diputados de ese partido votaron para que Rivas no tuviera el apoyo de sus viceministros ni del director de la Policía Nacional Civil (PNC) para responder a las preguntas durante la interpelación, aunque sí se lo permitieron al ministro de Comunicaciones, Aldo García, en otro interrogatorio.

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Sin embargo, el diputado Javier Hernández, jefe de la bancada oficial, aseguró que su partido “siempre” apoyó a Rivas, y negó que le buscaran perjudicar en la interpelación.

Linares Beltranena reconoció la intención de otorgar un voto de falta de confianza al ministro para forzar su destitución, como castigo por su supuesto mal desempeño al frente de la cartera, pero también por su acercamiento con el MP, la Cicig y la embajada estadounidense. “Francisco Rivas ha mostrado ese acercamiento porque yo he sabido que este ministro tiene la aprobación del aún embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, que tiene una agenda favorable a las manifestaciones y a muchos grupos invasores de fincas privadas”.

En enero de 2016, tras oficializarse el nombramiento de Rivas en el Ministerio de Gobernación (Mingob), la Fiscal General dijo que “habría la sintonía que tanta falta hacía al sistema de justicia guatemalteco” y que producirían resultados pronto. Seis meses después, varios excongresistas y exfuncionarios caían detenidos. En el Legislativo, estos antecedentes sumaban animadversiones hacia Rivas.

Comunicación Mingob

En diciembre de 2016, cuando extraoficialmente se discutió la posible salida de Rivas del Ministerio de Gobernación (Mingob), la Embajada de los EE.UU. se pronunció en apoyo del funcionario y de la cartera. Dos meses antes, el embajador Todd Robinson participó con otros funcionarios estadounidenses y del Mingob para celebrar los éxitos de la Policía Nacional Civil (PNC) en materia de seguridad ciudadana y la prevención de la violencia. Sin embargo, para finales de la tercera semana de septiembre en 2017, Robinson habrá salido del país al terminar su gestión diplomática en Guatemala. El nuevo embajador, Luis Arreaga, que el presidente de EE.UU. Donald Trump nominó, no puede llegar al país en tanto el Senado estadounidense no confirme la nominación. Robinson anunció que Arreaga podría arribar en un mes y medio. 

Los aciertos de Rivas

En julio pasado, Rivas dijo que en su gestión se habia priorizado el uso de recursos para disuasión, prevención e investigación criminal en los municipios dónde ocurre un tercio de los delitos a nivel nacional: Villa Nueva, Mixco, Ciudad de Guatemala, Chinautla, Amatitlán y San Miguel Petapa. El ministro dijo que se disminuyó el número de delitos contra la propiedad y hay una reducción del 1% en la tasa de homicidios, que fue 27.8 por cada 100 mil habitantes en 2016.

El ministro subrayó la desarticulación de 30 estructuras criminales con la captura de 200 personas sospechosas de integrar estas bandas, no obstante 12 de las citadas estructuras operaban dentro de cárceles como el Centro Preventivo de la Zona 18, Fraijanes, Cantel y El Infiernito, donde hay mayor hacinamiento. Rivas también dijo que el Mingob y el MP investigan conjuntamente la denuncia del juez Miguel Ángel Gálvez, respecto a cobros ilegales realizados en el Sistema Penitenciario. De confirmar la denuncia, el ministro aseguró que se tomaría el control de los centros carcelarios, sin explicar cómo.

Los problemas del Sistema Penitenciario no se originaron en la gestión actual, dice María Fernanda Galán, analista experta en temas de seguridad en la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies).

“La sobrepoblación en las cárceles no es culpa del Ministerio de Gobernación”, señala Galán. “El hacinamiento, la infraestructura, el traslado de reos tienen mucho que ver con el presupuesto”. La analista observó que la cultura de la prisión preventiva lleva a su uso excesivo, aunque debería ser la última medida en proceso y no la regla porque una medida sustitutiva no es sinónimo de impunidad.

Mientras tanto, Mérida, analista y exjefe de la Dirección de Inteligencia Militar, dijo que el Mingob no ha logrado crear los cuadros profesionales necesarios para hacerse cargo del Sistema Penitenciario, y que ha adoptado enfoques empíricos. “No hay profesionales con competencia en la administración de cárceles, y nombrar a un fiscal (Juvell De León De Paz) no es la mejor decisión porque un fiscal guía una investigación, pero administrar un sistema penitenciario es muy complejo”, agrega Mérida.

Un logro que Rivas no destacó fue la mayor incautación anual de cocaína en la historia del país en 2016, con un total de 12,818 kilos (casi 13 toneladas). El ministro ha declarado que la incautación debió ser mayor. El logro ocurrió en un año en que el Departamento de Estado de los Estados Unidos estimó que por Centroamérica se traficaron por lo menos un millón de kilos de cocaína, que se trasladaron vía Guatemala. La cantidad incautada en el país equivale solo al 1.28% de lo supuestamente traficado.

Comunicación Mingob

La mitad de la droga decomisada fue interceptada en el océano Pacífico, frente a las costas de Guatemala, con la intervención de la Fuerza Especial Naval (FEN) del Ministerio de la Defensa (Mindef), según Jorge Gálvez, segundo jefe de la Fiscalía de Narcoactividad. No obstante, Mérida sostiene que las autoridades actuaron en un 90% de los casos con base en información que recibieron de organismos de inteligencia de EE.UU.

Para el fiscal Gálvez, en las incautaciones en los puertos (por lo general, en contenedores), fue clave la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC, así como información de inteligencia compartida por Colombia, Panamá y Ecuador. Parte de estos resultados, a raíz de la colaboración internacional, se atribuyen a la capacidad del Mingob para coordinar operativos con otras entidades nacionales y agencias internacionales.

Rivas demostró la habilidad para trabajar en conjunto con otras instituciones como el MP y el Inacif (Instituto Nacional de Ciencias Forenses), y para coordinar operativos de una magnitud no vista antes como en el caso de las extorsiones, afirma Galán. La analista dice que la capacidad para un despliegue masivo de la PNC en estos operativos demuestra una logística fortalecida en el Mingob, pese a las limitaciones presupuestarias de la cartera. Su presupuesto actual es de Q5,465 millones (menos de la mitad que Educación, y un millón menor que Salud), equivalente al 6.50% del presupuesto nacional.

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El fiscal Gálvez subraya que la incautación de cocaína para mediados septiembre de 2017 ya supera la incautada en el mismo lapso en 2016, y que ninguna incautación ni captura sería posible sin el apoyo del Mingob. “Simplemente no habría resultados sin la fuerza operativa del Ministerio de Gobernación, por medio de la SGAIA, ni de Defensa, por medio de la FEN”, dijo. El encargado del Viceministerio de Narcoactividad en el Mingob, Óscar Dávila, integró la Fiscalía de Narcoactividad antes que se incorporó al Mingob con Rivas.

“Nosotros lo conocemos —dice Gálvez de Rivas—. Hay amistad y hubo mucho apoyo a la fiscalía (de Narcoactividad) cuando era subsecretario general del MP”. Y esa colaboración continúa. “También recibimos apoyo en las investigaciones por medio de la Digici (Dirección General de Inteligencia Civil), y rapidez en la actuación en operativos y el apoyo de las unidades especiales de la PNC”, agrega.

Los resultados en los operativos contra el narcotráfico y las extorsiones las atribuye Mérida al fortalecimiento en la investigación. “Una de las primeras áreas que hay que reconocerle (a Rivas) es su aporte en el impulso a la investigación criminal, que es importante para generar escenarios en el tema de la violencia”, afirma el también ex viceministro de Gobernación y exdirector de la antigua Policía Nacional en los años 90.

“Quiero creer que parte del trabajo del MP con la captura de extorsionistas se debe en un 90% al trabajo de la Digici, apoyando en documentar casos”, agrega Mérida. No obstante Gálvez afirma que el MP ha recibido ayuda de la Digici, el ex militar advierte que esa dirección “no está a la altura de (la magnitud) narcotráfico”.

Mérida atribuye la efectividad en la incautación de dinero (del narcotráfico) en el país al trabajo operativo de la PNC. “Ese es un esfuerzo que no se ha medido”, indica, y que ocurre aun en coyunturas complejas como el conflicto entre presidencia y la Cicig, que genera incertidumbre en el Estado, y que el crimen organizado aprovecha para hacer grandes movimientos de dinero. Mérida se refiere a cuando el presidente Morales intentó expulsar del país a Iván Velásquez, jefe de la Cicig. De ese lapso, julio pasado, por ejemplo, destaca la incautación de US$200 mil dólares.

Además, rescata el hecho de que altos mandos en la PNC, como el director general Nery Ramos y el subdirector de Investigación Criminal, Stu Velasco, son egresados de la universidad con maestrías en seguridad y criminalística. También observa un alto nivel de preparación en la Inspectoría de la PNC y en la Oficina de Responsabilidad Profesional, aunque advirtió que la cartera y la PNC necesitan blindarse mejor para evitar la infiltración de organizaciones criminales.

En la crisis que desató el mandatario, tras intentar expulsar a Velásquez, se conoció extraoficialmente que Rivas y los ministros de Salud, Lucrecia Hernández Mack; Trabajo, Aura Teleguario Sincal; Finanzas, Julio Héctor Estrada, y Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, tenían un plan para renunciar juntos. Al final solo renunció la ministra de Salud. El canciller Morales fue removido del cargo. Después de su destitución, Morales dijo que seguía apoyando la permanencia en el país del comisionado Velásquez, y admitió que probablemente ese apoyo ocasionó su salida de la Cancillería. Supuestamente, el sector empresarial habría solicitado a los ministros de Trabajo y Finanzas permanecer en sus cargos, mientras que líderes de sociedad civil habrían pedido a Rivas permanecer en el Mingob para evitar la represión a manos de la fuerza pública. No obstante, ninguna fuente lo ha confirmado en declaraciones.

Tareas pendientes

Mérida cree que el trabajo del Mingob en prevención no supera una calificación del 60%, por su carencia de participación ciudadana, entre otros aspectos. Sin embargo, Galán aplaude el seguimiento a políticas de prevención y de funcionarios que trabajaban en ese tema en la administración anterior de Otto Pérez Molina, como el actual viceministro de Prevención en el Mingob, Axel Romero.

Mientras que Galán observa que Rivas ha sido un político cauto, que ha sabido manejar sus relaciones con el gobierno central, y desplegado mística de trabajo con sus viceministros, Mérida considera que el ministro está perdiendo la batalla en el campo político, particularmente en el Congreso. “No tiene la habilidad ni el equipo adecuado para defenderse en ese campo, aunque es uno de los ministros más expuestos públicamente junto a los ministros de relaciones exteriores y defensa”, agrega.

En junio de 2016, cuando Rivas solo tenía seis meses en el puesto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), aplaudió los esfuerzos contra la corrupción después de la captura de 25 personas sospechosas de participar en una red de financiamiento ilícito al Partido Patriota, previo a los comicios de 2011, y que incluían a varios exministros, como el ex titular de Gobernación, Mauricio López Bonilla.

Diversas bancadas y comisiones lo citaron 64 veces en los primeros ocho meses y medio de 2017.
Mérida: “Hay que reconocerle a Rivas su aporte a la investigación criminal".
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