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Álvaro Arzú, el intocable se balancea en su pedestal
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Álvaro Arzú, el intocable se balancea en su pedestal

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El acalde capitalino desafió al MP y a la CICIG en su propio territorio. Lo hizo con aires de infalibilidad y soberbia de quien se cree intocable por la justicia. Pero no logró su objetivo. Debió regresar a pequeño reino en el Palacio de la Loba, donde se atrincheró para preparar la que quizá será la más importante batalla de su carrera política.

Álvaro Arzú entró al salón de prensa del Ministerio Público (MP) con el paso apresurado y el ceño fruncido. Como un gallo de pelea recién azuzado, el alcalde se dirigió hacia el frente del salón, donde la fiscal general, Thelma Aldana y el comisionado contra la impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, ofrecían una conferencia de prensa. Arzú iba directo al escenario, dispuesto a tomar los micrófonos para increpar a quienes exponían los hallazgos preliminares de una investigación criminal en la que encontraron indicios de que, alrededor su relación con el asesinado capitán Byron Lima Oliva, había incurrido en los delitos de peculado por sustracción y financiamiento electoral ilícito. En otras palabras, de haber otorgado al menos dos plazas fantasmas en la municipalidad que dirige, y de alterar facturas para encubrir gastos de campaña con fondos del Estado a favor del partido Unionista.

Hubiera logrado llegar con facilidad al escenario de no ser por el personal de seguridad de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP), que le cortó el paso a pesar de su colérica insistencia. Sin mencionar palabra, dos agentes de seguridad impidieron al alcalde que hasta hacía unos minutos se creía intocable, interrumpir la conferencia. Por primera vez en años, Arzú fue tratado como un ciudadano más en un espacio público. Era simplemente Álvaro Enrique, un ciudadano que debía esperar a que las autoridades terminaran de hablar para pedir la palabra. Nadie obedeció sus órdenes, nadie atendió sus gritos, nadie le alcanzó el micrófono. No hubo reverencias para el jefe edil eterno, saludos especiales para el expresidente que firmó la paz, ni aplausos y hurras para el último cacique de los criollos. 

Con el rostro desencajado y actitud desafiante, Arzú escuchó a Aldana y Velásquez explicar la oscura relación que mantuvo con Lima Oliva, quien durante su mandato (1996-2000) formó parte de su Estado Mayor Presidencial (EMP), y que fue condenado por el asesinato, en abril de 1998, de monseñor Juan José Gerardi Conadera.

Comunicación MP

El comisionado observó con atención el intempestivo ingreso del alcalde a la sala, detuvo su presentación durante unos segundos y tras cruzar una mirada fugaz con la fiscal general, continuó con la exposición de los hechos. Aldana tomó un respiro profundo y tensó la espalda. Era la primera vez que alguna de las decenas de personas que en los últimos dos años han sido sindicados por el MP y la CICIG en casos de corrupción e impunidad acudía a la conferencia de prensa en donde era revelado el caso en el que le implicaban. Velásquez, acostumbrado a enfrentar a en su país, Colombia, a sanguinarios delincuentes como Pablo Escobar o populares políticos como Álvaro Uribe, no se inmutó por la presencia de Arzú. Llegado el momento, sin que le temblara la voz, anunció que junto al MP solicitarían a la Corte Suprema de Justicia retirar la inmunidad al alcalde para que pueda ser investigado y procesado. Horas después, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, presentó la petición de antejuicio contra Arzú.

“La relación entre Álvaro Arzú y Byron Lima se refleja además en la adjudicación de dos plazas fantasmas desde 2007 para su compañera sentimental, Alejandra Saraí Reyes Ochoa, y su madre, Elizabeth Ochoa Barrios”, explicó Velásquez mientras sostenía su mirada fija en el jefe edil. La relación entre el alcalde y el asesino de Gerardi, que el MP y la CICIG demostraban con documentos y la ayuda de Reyes Ochoa, quien aceptó ser colaboradora eficaz en la investigación, era uno secreto a voces dentro de los círculos políticos y económicos del país, que del que nadie se atrevía a hablar.

El comisionado se valió de dos hechos históricos para establecer la conexión entre Arzú y Lima. El primero fue el asesinato del lechero Pedro Sas Rompich, quien fue muerto a tiros por José Obdulio Villanueva en un confuso incidente ocurrido en las primeras semanas del gobierno de Arzú, en 1996, y en el que también estuvo implicado Lima Oliva. El segundo es el caso con más evidencia, el asesinato de monseñor Gerardi, por el cual fueron condenados Lima Oliva, su padre Byron Lima Estrada, quien en ese momento era coronel retirado del Ejército, y Villanueva.

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El religioso fue asesinado dos días después de presentar el Informe de la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), que detalla las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno. Este asesinato le causó un fuerte desgaste a la administración de Arzú, que creó una comisión para esclarecer el hecho y la disolvió meses después tras negar la relación del padre de Lima Oliva con el caso y no investigarlo.

La investigación del MP y la Cicig determinó que las relaciones de Lima Oliva con Arzú y los antiguos compañeros de su administración se mantuvieron desde la captura del capitán, y facilitaron que tras su condena a 20 años de prisión tomara el control del Sistema Penitenciario y estableciera negocios con la Municipalidad de Guatemala a través de Torre Fuerte, la cooperativa que creó en la cárcel.

Comunicación MP

Además de su testimonio, Reyes Ochoa entregó al MP copias de las cartas que Lima Oliva enviaba a Arzú, en las que reclamaba grandes sumas de dinero para cubrir sus gastos. En estas, el capitán se refería al alcalde como “Señor Oro”. Para garantizar la seguridad, explicó Aldana, la testigo protegida fue sacada del país junto a su familia a un destino no revelado.

*  *  *

El MP había tenido un día agitado. En la mañana mandó a diligenciar 14 órdenes de captura y 14 allanamientos relacionados al caso denominado “Caja de Pandora”, como denominó a la investigación que involucra a Arzú. Uno de estos allanamientos se realizó en los niveles tercero y cuarto de la Municipalidad de Guatemala.

En la primera parte de la conferencia de prensa, Aldana y Velásquez explicaron la manera en la que Lima Oliva había cooptado el Sistema Penitenciario (SP), al punto de que logró tener control sobre el traslado de reos, nombramiento de guardias y funcionarios y el soborno de autoridades para entrar artículos prohibidos a la Granja Penal de Pavón. La Fiscal explicó la relación entre Lima y el Partido Patriota (PP), específicamente con el entonces ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. La explicación sirvió para entender la captura del abogado Moisés Galindo —miembro de la Fundación contra el Terrorismo y defensor de Otto Pérez Molina— y de Kevin Overdick, hijo del narcotraficante Walter Overdick. Los detalles de la manera en que Lima Oliva controlaba las cárceles del país, ya son ampliamente conocidos.

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“De esta investigación, surgen otras”, afirmó la fiscal refiriéndose a la del Sistema Penitenciario. Por eso, agregó, es que este caso fue denominado “Caja de Pandora”. De ahí es que descubrieron la relación del alcalde con Lima Oliva y los indicios sobre los supuestos delitos del jefe edil y algunos de sus colaboradores.

El comisionado aseguró que la municipalidad contrató a la cooperativa Torre Fuerte para adquirir artículos promocionales. “Esto no es un delito”, aclaró. Lo que sí fue ilegal, dijo, fue la alteración de facturas para encubrir gastos de campaña del partido Unionista, que Arzú lidera desde hace una década. Según los fiscales, esos gastos se pagaron con fondos municipales. También es ilegal, indicó, las plazas fantasmas que la municipalidad otorgó a favor de Alejandra Reyes Ochoa, su madre Elizabeth Ochoa, y la viuda de Obdulio Villanueva, Andrea Monzón Ramos.

Obdulio Villanueva fue asesinado en febrero de 2003 durante un motín en el Centro de Detención Preventiva para Varones de la zona 18, por supuestos pandilleros en un hecho que las autoridades atribuyeron a “pugnas de poder”. Lima Oliva murió baleado en julio del año pasado en el interior de la Granja Penal de Pavón, en un ataque en su contra dirigido, según el MP, por el narcotraficante Marvín Montiel, alias “El Taquero”, por supuesta rivalidad con el capitán.

Velásquez describía la participación en el caso de Zorayda Herincx, actual subdirectora de atención a las comunidades precarias de la Municipalidad, y de la síndico primera de la corporación edil, Luisa María Salas, cuando Arzú irrumpió en el salón.

El comisionado Velásquez cerró su presentación con la diapositiva que anunciaba la solicitud del retiro de antejuicio de Arzú.

Comunicación PNC

El alcalde, un político acostumbrado a hacer lo que quiere y que la gente lo escuche, pretendió hacer suya la conferencia de prensa para refutar las acusaciones en su contra, pero fracasó en su intento. Su rostro denotaba enojo. Un enojo propio de alguien acostumbrado a tener la última palabra. Cuando Arzú cayó en cuenta de que la solicitud de antejuicio en su contra era un hecho, por primera vez se balanceó del pedestal en el que ha permanecido desde hace más de dos décadas. 

Al iniciar la ronda de preguntas de los periodistas, el alcalde exigió que se le diera el micrófono, pero nadie le obedeció. Si quería, le indicaron, podía acercarse y esperar su turno para hablar como el resto de periodistas. Una reportera dijo que agradecería que el jefe edil contestara preguntas, pero al final de la conferencia. Encolerizado, dio la vuelta y salió del salón; la marea de reporteros lo siguió para abordarlo en el pasillo, y Aldana y Velásquez dieron por concluida la conferencia.

Ya con la atención de los periodistas solo para él, Arzú, con su tradicional actitud de hostilidad hacia la prensa, no esperó a las preguntas. “Yo vine acá para verles la cara, porque la verdadera razón de este extranjero y esta señora es que no pudieron, gracias a mí, darle el golpe de Estado que querían al presidente constitucional de la República. Esa es la razón por la que yo defendí al presidente, porque considero que otro golpe de Estado en Guatemala sería fatal", indicó. Luego reconoció haber contratado en la Municipalidad a la pareja de Lima y a su madre, así como a la viuda de Villanueva. Lo hizo por caridad, dijo, y “lo volvería hacer”, porque Lima estaba “injustamente detenido”.

Sobre los indicios de los supuestos delitos que el MP y la Cicig recién le habían mostrado, ni una palabra. Se limitó a asegurar que él no había hecho campaña electoral para ganar la alcaldía, que le pueden quitar el antejuicio, que no tenía "ningún problema” con ello, ofreció someterse “a cualquier investigación”, y de pasó, pidió a los reporteros que renuncien a su "fuero especial" de periodistas.

El alcalde reiteró el apoyo hacia el presidente Jimmy Morales, quien desde agosto pasado enfrenta una crisis política tras declarar “non grato” al comisionado Velásquez.

Arzú salió del edificio del MP por la salida que da a la 17 calle, luego de que fuera escoltado por guardias de seguridad por un espacio al que la prensa no tenía acceso. Mientras, en las afueras de la Municipalidad se congregaban cientos de trabajadores, y algunas vendedoras del mercado de La Placita. Arzú regresó a su feudo para ser aclamado por sus empleados —no se sabe cuántos fueron por voluntad propia y cuántos fueron obligados—. A ellos dijo lo que no pudo decir a Aldana y Velásquez en la sede del MP. “Guatemala no debe ser gobernada por extranjeros”, gritó, y una lluvia de aplausos y vivas de los empleados le motivó a seguir. Con aire autoritario, citó la famosa frase de Efraín Ríos Montt: “Usted, mamá. Usted, papá”, y agregó: “piense en sus hijos y en sus nietos. Guatemala es un país próspero porque tiene gente como ustedes. Y ustedes no son corruptos”.

Luego se refugió en su trinchera, a preparar la estrategia de la guerra que el pasado 29 de agosto dijo que podía hacer para defender al presidente Morales, pero que ahora deberá impulsar por causa propia.

Horas más tarde, a través de las redes sociales circulaban fotografías de una sonriente fiscal general y un sereno comisionado de la Cicig, durante un encuentro con el recién llegado embajador de los Estados Unidos, Luis Arreaga. “Embajador Arreaga confirmó compromiso de Estados Unidos hacia esfuerzo lucha contra corrupción en reunión con Fiscal General y Comisionado de la Cicig”, se leía en un tuit de la cuenta oficial de la embajada estadounidense.

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