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“Eco”, el narrador de La Línea
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“Eco”, el narrador de La Línea

Los testimonios de González, y de Monzón, “JC” como se le conocía dentro de la estructura, serán puestos a prueba a partir del 28 de marzo, cuando inicie la “fase intermedia” del proceso, momento en el que juez Miguel Ángel Gálvez deberá decidir si existe o no una “sospecha fundada” para iniciar un juicio.
Un aspecto clave del testimonio de “Eco” es la comunicación que afirma haber tenido con Baldetti respecto a la recaudación paralela, la “R2”, “la cola” o “la colocha” como llamaban a los sobornos cobrados a los importadores para permitirles ingresar mercancías por un valor mayor a lo reportado.
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Luego de cuatro días de maratónicas audiencias, la declaración de Estuardo González, alias “Eco”, quedó registrada como prueba anticipada. Sus revelaciones, además de detallar aspectos del funcionamiento de “La Línea”, son la antesala para que la investigación vincule a los exmandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti como cabecillas de esa estructura. González, una suerte de asesor financiero de la operación, se perfila como la pieza que, junto a Juan Carlos Monzón, enlazaría los aspectos económicos y administrativos del grupo a sus dirigentes.

En la trama del caso “La Línea” el prólogo está por concluir. Parafraseando a Churchill: “no es el principio del fin, tal vez sólo el fin del principio”. Salvador Estuardo González Álvarez, alías “Eco”, rindió su declaración como “colaborador eficaz”, con lo que se convirtió en testigo protegido de la Fiscalía. Y aunque sus palabras no se apartaron de lo que ya había dicho antes, revelar los entretelones de la estructura criminal ante un juez de Primera Instancia que lo escuchó en calidad de “prueba anticipada”, representó un duro revés para el expresidente Otto Pérez Molina, y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, porque los evidenció como los principales líderes de la estructura criminal. De ahí que el batallón de abogados —más de 30— que comparecieron en las audiencias como defensores del resto de imputados, intentaran de una y mil formas evitar su declaración. Sus palabras abrieron la puerta a otros caminos dentro de la investigación: pruebas documentales como informes dirigidos al mismo Presidente, hojas electrónicas que detallan la distribución de dinero, mensajes intercambiados por chats…

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La lucha no era para menos. La declaración de González como “prueba anticipada” es la cabeza de playa de un desembarco más grande. Desde abril de 2015, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), han ido encajando las piezas de un rompecabezas de una figura que les era conocida hasta cierto punto de la estructura. El testimonio de “Eco” ayuda a los investigadores a perfilar de mejor manera esa imagen que, según Juan Carlos Monzón Rojas, el exsecretario privado de Baldetti, él terminará de completar.

Los testimonios de González, y de Monzón, “JC” como se le conocía dentro de la estructura, serán puestos a prueba a partir del 28 de marzo, cuando inicie la “fase intermedia” del proceso, momento en el que juez Miguel Ángel Gálvez deberá decidir si existe o no una “sospecha fundada” para iniciar un juicio. Esto, siempre y cuando la defensa no logre posponer la batalla decisiva.

La antesala

A la derecha del juez Gálvez, tres filas cerradas de abogados, solo uno de ellos es mujer, trajes, corbatas y maletines apretujados; fuera del área asignada, otras tres filas de abogados, una vez más trajes, corbatas, y algunas chaquetas que terminarán colgadas ante el calor de la sala. A mano izquierda del juzgador, los representantes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP, de la CICIG, la Procuraduría General de la Nación (que luego sería separada del proceso) y Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) —detrás de ellos el trabajo documental y de análisis de investigadores, abogados, auditores, muchas veces invisible, pero clave en el caso—. Una sala abarrotada con algunos de los acusados en la carceleta y otros afuera de ella, con familiares, con amigos, con guardias de seguridad, con periodistas, con detenidos saliendo y entrando acompañados de sus custodios.

Es el lunes 7 de marzo de 2016, y a 11 meses de que se destapara la crisis del Caso “La Línea”, la parte acusadora desembarca en territorio hostil; solicita que “Eco” sea presentado ante el Juzgado B de Mayor Riesgo. Para ese momento González ya aguardaba en una sala contigua.

La petición es recibida por una primera ronda de metralla. Se adelanta uno de los abogados del expresidente Pérez Molina, César Calderón, recordándole al juez que ya ha presentado un recurso de reposición desde hace tres meses, y que no ha sido resuelto. El juez le responde que el camino es presentar su queja en un tribunal superior, pero que no se puede atrasar más el proceso.

Lo secunda otro defensor de Pérez Molina, el abogado Mario Federico Romero, quien cuestiona que se haya fijado la fecha para la declaración de “Eco”, sin resolver recursos previos, y que el MP no justificara porque se toma ese testimonio como “anticipo de prueba”, es decir, antes de que inicie el juicio. A lo cual Gálvez responde recordándole que el MP ya había expresado que temía por la vida de “Eco”, y que esto representaba “un obstáculo difícil de superar” como lo establece el artículo 317 del Código Procesal Penal, que regula el “anticipo de prueba”.

A esta primera tanda se suma otra solicitud de recurso de reposición de parte del abogado Francisco García Gudiel, quien representa al exsuperintendente Carlos Muñoz. Y a esta se añade el recurso de Mynor Augusto Valenzuela, quien defiende a Osama Ezzat Aziz Aranki, uno de los presuntos jefes operativos de “La Línea”.

Otros tantos recursos de reposición se suman a estos, hasta alcanzar, después de unas horas, al menos diez.

Estos “recursos de reposición”, de ser aceptados provocarían un bucle infinito que llevaría al tribunal a revisar sus resoluciones una, y otra, y otra vez. Aunque formalmente la defensa de los acusados es individual, poco a poco se perfila cómo coinciden en la estrategia.

El MP, por medio del jefe de la FECI, Francisco Sandoval, ataja las oposiciones: la prohibición de ser colaborador eficaz a “cabecillas” de las estructura aplica solo a delitos de lesa humanidad por los que no se investiga a González, tampoco existe incompatibilidad en que la defensa de González y Monzón sea llevada por un mismo abogado porque aún no se ha llegado al debate y las declaraciones de uno no violan el derecho de defensa del otro, finalmente, no se evitó notificar a todos los abogados defensores del convenio de cooperación de González, desde el mismo momento en que se le convocó a esta audiencia los litigantes estaban enterados que era para escuchar la declaración de “Eco”. 

Los alegatos de la defensa fueron insuficientes, el juez no resolvió suspender la audiencia, pero sípostergó la declaración de “Eco” para el día siguiente. La primera línea de defensa había caído.

Eco y JC, el dúo cantor

Los abogados de los acusados lo vuelven a intentar el martes 8, una vez más en la abarrotada sala del juzgado. Litigante tras litigantes ensayan nuevos recursos. Alexis Calderón Maldonado, defensor de González y Monzón, interviene y pone las cartas sobre la mesa: “estas acciones buscan retrasar la declaración de mi defendido y no le extrañe, juez, que presenten otras excepciones”. Por más que el abogado García Gudiel, reclamara no querer ser visto “como aquel que retrasa el proceso” la impresión general era que queman los últimos cartuchos legales para silenciar a “Eco”.

¿Por qué era tan importante para la defensa impedir el testimonio de “Eco”?

Con las capturas del 16 de abril de 2015 el MP y la CICIG apuntaron originalmente a desmantelar la “estructura interna” en la SAT y la “estructura externa” a la institución que propiciaba la defraudación aduanera. En un primer momento se cuidaron de mostrar a Juan Carlos Monzón, como el máximo cabecilla, “líder general”, y a González, como “jefe de la estructura externa”.

Tras estas primeras detenciones, el 17 de abril la jueza Marta Josefina Sierra González de Stalling, quien tenía a su cargo el caso “La Línea” los liga a proceso, pero días más tarde dispone dejar en libertad a Francisco Javier Ortiz Arreaga, alias “Teniente Jerez” (antiguo operador en el caso de defraudación de la red Moreno), Miguel Ángel Aldana, alias “Mike” y Salvador Estuardo González Álvarez, entre otros acusados, mediante una fianza Q200 mil. En ausencia de Monzón, que se encontraba con Baldetti en Corea del Sur al momento de los arrestos y que estuvo prófugo casi medio año, estos eran los máximos dirigentes de la red externa. 

Escuchas telefónicas del mismo 16 de abril entre Ortiz, y un colaborador de la estructura, Luis Alberto Mendizábal Barrutia, dan cuenta de sus esfuerzos para lograr mediante la intermediación de un bufete la liberación de los cabecillas, según hipótesis de la fiscalía en el caso Bufetes de la Impunidad, a través de un soborno a la jueza. En una intercepción de ese día Mendizábal discute con Ortiz la conveniencia o no, de gestionar también la liberación de Estuardo González.

16 de abril, 13:16 hrs
MENDIZÁBAL: Pero no sé hasta qué punto nos convenga Estuardo. 
ORTIZ: Ajá. 
MENDIZÁBAL: Porque eso amarraría un montón de cosas, ¿verdad? 
ORTIZ: Ajá. 
MENDIZÁBAL: Y parece que tienen a Estuardo y también a GM. 
ORTIZ: Ajá. 
MENDIZÁBAL: Entonces, lo que sí es seguro es lo tuyo y lo de Miguel (Lemus Aldana). Eso ya está hablado… 

Estas escuchas, divulgadas por la fiscalía tres semanas después de las primeras capturas, pudieron pesar sobre el ánimo de “Eco” para ser “colaborador eficaz”.

El martes 8, un González impoluto, chaqueta gris, corbata azul clara y camisa blanca, finalmente habla ante el tribunal. Su declaración va esbozando el punto de contacto con Monzón, amigo de la infancia que lo relaciona con el Partido Patriota en la campaña de 2011, mediante el alquiler de radios, y a partir de mediados de 2013 como asesor financiero de Baldetti. González, economista de profesión, egresado en el Instituto Adolfo V. Hall e hijo del general Mario Antonio González Taracena, exdirector de Inteligencia y Ministro de Defensa entre 1995 y 1996, pasa entonces, según su declaración a administrar las empresas de la exvicepresidenta.

Dentro de ese rol le piden presidir la Junta Directiva del Corporación de Noticias, grupo al que pertenecen los diarios Siglo21 y AlDía, sobre el cual habría adquirido control Baldetti mediante testaferros. En este punto dice González, entra en contacto con Julio César Aldana Franco, a quien la revista Contrapoder identifica como el supuesto banquero de Baldetti.

El relato de “Eco” vino a comprobar la forma de operar de “La Línea”, tanto en sus estructuras interna como externa establecida en la fase de investigación por MP y la CICIG. La coordinación operativa en un primer momento de Osama Ezzat Azziz Aranki, su sustitución por Francisco Javier Ortiz Arriaga; al igual que el reemplazo dentro de la estructura interna del exsuperintendente Muñoz por Franco. Pero, sobre todo, el estrecho vínculo entre “Eco” y “JC”, entre el administrador de lo recaudado y el contacto con el poder político del cual emanaba su influencia en la SAT. Acciones por las cuales Pérez y Baldetti, “el nivel 1 y 2”, según Eco, recibieron en un principio el 61% de lo ingresado como cobro ilegal, y luego el 51%.

Un aspecto clave del testimonio de “Eco” es la comunicación que afirma haber tenido con Baldetti respecto a la recaudación paralela, la “R2”, “la cola” o “la colocha” como llamaban a los sobornos cobrados a los importadores para permitirles ingresar mercancías por un valor mayor a lo reportado. Refiere en su testimonio que se reunía, primero todos los martes y jueves, y luego todos los miércoles para rendir su informe a Baldetti. La exvicepresidenta además le pedía cuentas vía chats de manera constante y González respondía a sus requerimientos por correo electrónico.

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Refiere “Eco” que Baldetti “tenía una gran desconfianza y quería control”. La comunicación por la mandataria incluía tablas de Excel y reportes minuciosos de lo recaudado quincenalmente, por lo regular, y la distribución de los recursos. Para esta labor contaba, además con la estrecha colaboración de la exintendente de Aduanas, Claudia Méndez Ascencio, quién asegura también era muy allegada a la exmandataria.

Al otro extremo de “La Línea”, sin embargo, no se encontraba únicamente Baldetti. Según reconoció “Eco”, se reunió al menos en dos ocasiones con el entonces presidente Otto Pérez Molina en Casa Presidencial, la primera de ellas junto con el Superintendente en 2013, Carlos Muñoz. Esto porque el mandatario requería una persona de confianza que fuera “el filtro a las llamadas de diputados, ministros (sobre temas aduaneros)”, y que además le pudiera ayudar a manejar los negocios de sus empresas. El padre de “Eco”, el general González Taracena fue jefe de Pérez Molina cuando este formaba parte del Estado Mayor Presidencial a comienzos de los años 90.

Dichas reuniones entre Pérez Molina, Claudia Méndez, Carlos Muñoz y “Eco” fueron negadas en un principio por el entonces Presidente, aceptadas después, y luego confirmadas por la misma Méndez en audiencias anteriores, aunque sin admitir que fueran concertadas para cometer algo ilegal.

Antes de la declaración de “Eco” el otro gran actor en las sombras, Juan Carlos Monzón se presentó al tribunal para confirmar que lo revelado por su amigo era cierto, y que no tenía problema en compartir al mismo abogado defensor. Monzón reiteró una vez más que él posee “la otra mitad de la historia”, y su abogado admitió que ha solicitado a la Fiscalía ser aceptado como “colaborador eficaz” al igual que “Eco”.

El contrataque

Vapuleada la defensa con el testimonio de “Eco”, entre el martes 8 y el miércoles 9, y el uso, cuestionado durante la audiencia por los abogados, de la información que guardaba en su computadora personal. El jueves 10, al tener la oportunidad de preguntar al “colaborador eficaz”, los litigantes trataron de atacar el origen de la evidencia aportada y la declaración de “Eco”.

El más efectivo en esta tarea fue Óscar Poroj el defensor de la exintendente Claudia Méndez. El abogado hizo ver a “Eco” que en su declaración la computadora Sony Vaio negra, cuyos documentos utilizó en su prueba anticipada, había asegurado que fue incautada el 16 de abril en su casa, pero el sello del embalaje del equipo es del día siguiente y con dirección en la sede del Ministerio Público. Esta falta en la cadena de custodia invalidaría el uso de los documentos extraídos de este equipo, según Poroj.

El abogado también apuntó al uso de las palabras “supongo” y “creo” en varias partes del relato de “Eco” durante el interrogatorio del MP. En relación a varios aspectos del funcionamiento de la organización con las cuales González no estaba en contacto directo, como la entrega de dinero en efectivo, salvo en un par de ocasiones.

También de importancia, pero de una forma menos estridente en esta ocasión, fue la participación del abogado del exsuperintedente Muñoz, el litigante García Gudiel, quien con varias preguntas logró que “Eco” confirmara que en algunos meses de 2014 sí se había cumplido con la meta de recaudación de tributos de la SAT en materia de importaciones. La tapadera de “Eco” como consultor del Presidente, era justamente el lograr un incremento de la recaudación de los impuestos.

Si se cumplía con la meta, la cual era responsabilidad del Superintendente, designado por el Presidente de entre una terna propuesta por el directorio de la SAT ¿cuál era entonces el delito por el que se perseguía a Muñoz (y por extensión a Pérez Molina)? Podía leerse entre líneas en las preguntas de García Gudiel.

La defensa tampoco se libró de recibir nuevos golpes. Tras las declaraciones del día anterior “Eco” denunció a Ricardo Grijalba de amenazarlo en nombre del expresidente, y reiteró que originalmente había recibido al abogado César Calderón (ahora representante del exmandatario) como su defensor por contacto de Grijalba quien previamente le había advertido: “vos tranquilo, sólo no digas nada de Otto Pérez”. Es más, “Eco” afirma haber entregado las claves de sus correos electrónicos a Grijalba para que borrara otras evidencias que involucraban al Ejecutivo.

La trama de “La Línea”, que llevó a la caída del gobierno del Partido Patriota en 2015, una historia de dinero, poder y traiciones, se encuentra a un paso de abrir un nuevo capítulo. El eslabón, el enlace administrativo, “Eco” ha hablado; resta el operador político, la conexión directa con los mandatarios, “el privado de la 2”, “el Moreno”, “JC”, Juan Carlos Monzón. Falta el otro narrador de la historia. 

 

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