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Aceros de Guatemala: Una red de empresas y fantasmas para defraudar al fisco (2/3)
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Aceros de Guatemala: Una red de empresas y fantasmas para defraudar al fisco (2/3)

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Empresas inexistentes, propietarios que crean compañías después de muertos, direcciones falsas que se repiten entre entidades que supuestamente no tienen relación. A partir de informes contables, documentación del Registro Mercantil, Registro Nacional de Personas, Organismo Judicial e información presentada en las audiencias por el Ministerio Público y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Plaza Pública ha establecido la existencia de una amplia y organizada red de empresas de cartón que sirvieron a Aceros de Guatemala, la principal empresa de productos metálicos del país, para defraudar al fisco. La red suma al menos 27 propietarios, una treintena de empresas y sociedades anónimas, y una docena de abogados y contadores.

Dora Alicia Alvarado Zetino y su tía Aída Consuelo Orellana Barahona trabajan en una tortillería en una colonia de Villa Flor, zona 6 de Mixco. Tienen en común el hecho de que pasan largas jornadas frente a un comal metálico dando forma a las tortillas que compran los vecinos del barrio. Y también el ser dueñas de dos empresas cuyas operaciones aseguran desconocer: Inversiones Globales y Comercializadora Mundial. Esas empresas son parte de una red que en 2008 facturó Q422.42 millones a Aceros de Guatemala S.A. “Facturar” es el verbo, porque según el MP y la SAT, nunca vendieron nada. Todo fue fingido.  Dora Alicia y Aída consuelo coinciden en otra cosa más: ambas reportaron que hace tres años les robaron sus cédulas de vecindad. Un año después fueron creadas las empresas de las que aparecen como propietarias.

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Todo empieza con cinco nombres: Luis Alejandro Aguirre Lagunas, Haydee Jeanethe de la Rocha Robleto de Batres, Bilma Marisol Ayala Chan, María Fabiola Morales Palencia y Raúl Morales Quintanilla. A nombre de estas cinco personas aparecen registradas las empresas individuales creadas entre 2006 y 2007: Recicladora Nacional, Transportes Águila, Transportes Génesis, Transportes Halcón y Transportes Quintanilla.  Un año después empezaron a reportar ventas que no sucedieron.

Según la SAT, este círculo de empresas registró, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008, Q422.42 millones (US$ 57.59 millones) en ventas simuladas. La defraudación se realizaba al consignar como válidas auditorías realizadas por funcionarios de la SAT, las cuales certificaban la adquisición de facturas por parte de Aceros de Guatemala por productos y servicios con los cuales nunca se contó.  Y cuando los dictámenes eran desfavorables, se modificaban para exculpar a la empresa.

Un total de Q50.69 millones fueron registrados como crédito fiscal (la devolución del 12 % del Impuesto al Valor Agregado), a favor de esas compañías. La fiscalía también  investiga auditorías realizadas en 2007 y 2009.

 

 

 

Según el MP, las cinco empresas fingían suministrarle a Aceros de Guatemala transporte y chatarra que servía a esta como materia prima para su planta siderúrgica. 

Detrás de estas empresas había un segundo círculo de sociedades anónimas (Proyectos Arquitectónicos, Inversiones Sigma, Importadora y Distribuidora Montego y Margusta) y empresas individuales (Distribuidora General, Transportes La Nacional, Humasa, Transportes Sin Frontera, Combustibles en Cisternas e Importaciones AP. Estas empresas estaban registradas en direcciones que en algunos casos coincidían con compañías reales, pero de distinto nombre y propietario, o en otros casos, como en el de Dora Alicia Alvarado Zetino y su tía Aída Consuelo Orellana Barahona, correspondían a personas sin ningún historial empresarial.  

Pero también hay casos más extremos: empresas registradas por “fantasmas”.  Comercializadora General, por ejemplo, se inscribió a nombre de María Laura Ortíz Vásquez de Salazar, cuando ella ya había fallecido. Inversiones Globales, al de Oscar Daniel Gramajo Montenegro, cuando ya estaba muerto. Distribuidora Jumay, al de Bayron Enrique Torres Agustín, de igual forma. Arrenda Equipos Pesados del Norte, al de Andrés Domingo Sebastián. Colimsa, al de Luis Fernando Lima Aguilar; Inversiones SAB, al de Carlos Alberto Villeda. Comercializadora Mundial, al de Axel Alexander Yapan Martín. Induequipos, al de Fredy Camilo Estrada Rodas. Transportes Camionica VTA, al de Aracely Hidalgo Monterroso. Todos reportados como fallecidos.

Estas empresas eran proveedoras de las primeras, que facturaban a Aceros de Guatemala en 2008.

El mismo contador

El primer círculo de proveedores de Aceros de Guatemala está formado por las empresas asociadas a Luis Alejandro Aguirre Lagunas, Haydee Jeanethe de la Rocha Robleto de Batres, Bilma Marisol Ayala Chan, María Fabiola Morales Palencia y Raúl Morales Quintanilla. Cuatro de estas personas comparten al mismo contador registrado ante la SAT, Mario Federico Higueros Girón. Tan sólo en 2008 registran ventas simuladas a Aceros de Guatemala por Q422.42 millones. Estas empresas de primera fila a su vez tenían como proveedoras a las compañías de segunda fila investigadas.

La alarma saltó en 2009 en las revisiones de rutina de la SAT en el periodo fiscal anterior. El intendente de jurídico de la SAT, Adrián Zapata, arroja luz sobre este detalle y lo elaborado del entramado: “Como muchos de los casos de defraudación, tienes facturas y en libros te cuadra perfecto, pero en realidad no se realizaron las ventas. Las empresas si existen e incluso están registradas en la SAT, pero en realidad no realizan la venta”.

En el caso de Aceros de Guatemala la información contable, los cheques e incluso los detalles como el peso de la chatarra comprada se registra en la documentación de la compañía, aunque según apunta el intendente, “todo es manipulable”. “El problema es cuando llegas a los de segunda línea, y resulta que hay personas ya fallecidas”, explica Zapata. “Eso hace creer que la chatarra nunca existió. Y casualmente la empresa de la primera línea reporta ventas por Q1 millón y gastos por Q1 millón, con lo cual tampoco va a pagar impuestos. ¿Y quién es el beneficiado de todo? Pues Aceros”.

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El 14 de marzo de 2012, la SAT denunció a Aceros de Guatemala por defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria. A finales de 2014, la División de Fiscalización de la SAT  constató que los proveedores de primera línea —Aguirre Lagunas, de la Rocha, Ayala Chan, Morales Quintanilla y Morales Palencia— no existían, y que “los localizados” no vendían chatarra.  Se concluía que eran ventas ficticias.

Semanas después, la Gerencia de Contribuyentes Especiales Grandes de la SAT exculpó a Aceros de Guatemala con el siguiente argumento: “quienes probablemente cometieron los ilícitos fueron los proveedores de primera línea de la entidad Aceros de Guatemala, Sociedad Anónima, así como los proveedores de segunda línea debido a que se estableció que algunos no fueron localizados, otros indican no haber realizado ventas y otros fueron inscritos ante la SAT”.

Por este caso se encuentran procesados los exintendentes jurídicos y de fiscalización y el exgerente de contribuyentes especiales de la anterior administración de la SAT; así como el representante legal de Aceros de Guatemala, Pedro José Raúl Paiz Váldez, quien aún se encuentra en investigación por el delito de cohecho activo (pago de sobornos), aunque está en libertad  y le fue suspendida la persecución penal en su contra por el delito de defraudación tributaria tras el pago de la multa por Q782.9 millones por parte de la empresa. Acá el listado de los indagados en el caso.  

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La Gerencia de Contribuyentes Especiales Grandes verificó los documentos, pero las cosas no encajaron, detalla Zapata. “Hay una investigación administrativa y allí es donde todo el entramaje se vuelve un ente perverso, en auditoría decía hasta que líneas hacia abajo (de proveedores) se podía buscar, cuando en realidad se trata de seguir buscando ante esa sospecha cuando no se localiza al proveedor”.

Los callejones sin salida

De la Rocha, Morales Palencia, Ayala Chan y Morales Quintanilla, la primera línea de proveedores de Aceros, figuran como propietarios empresas independientes. Las respectivas Transportes Águila, Transportes Halcón, Transportes Génesis, Recicladora La Nacional y Transportes Quintanilla. Sin embargo, tienen nexos entre sí: por ejemplo, comparten el mismo contador y auditor registrado en la SAT, Mario Federico Higueros Girón.  O también al notario Mario Roberto Quiñónez Menéndez, quien certificó el registro tanto de Transporte Quintanilla y Transportes del Águila (primera línea) como el de las compañías de la segunda línea Arrenda Equipos Pesados del Norte, Induequipos, Distribuidora Jumay y Transportes Sin Frontera.

Las conexiones entre empresas se suceden unas a otras, e incluyen nexos familiares.La propietaria de Transportes Sin Frontera, también registrada por el Quiñónez, es Silvia Karina Batres Pérez de Gómez. Según información del Registro Nacional de Personas (RENAP), ella es hermana de Adolfo Batres Pérez. Adolfo es esposo de Haydee Jeanethe De La Rocha Robleto De Batres, de nacionalidad nicaragüense, propietaria de Transportes del Águila, que facturó Q70.67 millones en ventas a Aceros de Guatemala.

La misma dirección

Aunque las empresas del primer y segundo círculo de proveedores de Aceros de Guatemala están constituidas como entidades independientes tienen nexos entre sí.  Por ejemplo, la empresa Transportes Sin Frontera, proveedor de segunda fila, comparte una de sus direcciones registradas con el proveedor de primera fila Transportes Halcón. A su vez, el propietario de Transportes Sin Frontera, Silvia Karina Batres Pérez de Gómez es hermana del esposo de la propietaria de otra empresa de primera fila, Transportes Águila, entre otras conexiones.

Cuando el vínculo no es notarial o familiar, hay ocasiones en que se da a través de las direcciones registradas para la empresa. Transportes Génesis, que facturó Q81.7 millones para Aceros de Guatemala, y es una compañía de la primera línea propiedad de Bilma Marisol Ayala Chan, tiene por dirección registrada la 5 Ave 2-50 San Antonio Zona 9, San Miguel Petapa. La misma de Silvia Karina Batres. Plaza Pública confirmó que la dirección corresponde a una propiedad de la madre de los hermanos Batres.

En esta red de empresas, también hay nudos ciegos.  El notario más activo de la red, Mario Roberto Quiñónez Menéndez reporta su oficina en la colonia Monte Verde de la zona 4 de Mixco, donde hay un colegio privado. El contador de Transportes Sin Frontera, Genaro Rufino Gómez López, reporta como dirección personal y de Transportes Quintanilla, un domicilio en la Colonia Salud Pública, zona 17. Un informe elaborado por el Ministerio Público en 2006, reporta a Gómez López como asesinado.

Al ser consultados por Plaza Pública, algunos notarios relacionados con estas empresas negaron su relación con Aceros de Guatemala. Es el caso de Armando Uriel García Solís, notario de la inscripción de las empresas Humasa, Importaciones AP y Colimsa. Al preguntarle sobre la identidad de las personas que registran estas empresas aseguró que “no se investiga si los papeles son falsos”, y que en todo caso pueden ser “robos de identidad”. El notario no se hace responsable por certificar la autenticidad de los documentos que le presentan y aduce ser sorprendido en su buena fe en al menos tres oportunidades.

Una respuesta similar dio el notario Eduardo Arévalo Lone, que registró Distribuidora General e Inversiones Sigma. La oficina de Arévalo se encuentra en la 8 ave y 20 calle de la zona 1, cerca de la Torre de Tribunales, “un sector”, según el abogado, “donde hay mucha falsificación”. Las empresas se registraron en 2005. Arévalo lleva 40 años en su despacho actual. En otras épocas fue asesor jurídico de la Dirección General de Migración, del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y del Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (INDECA).

La misma familia

Las relaciones familiares también se encuentran dentro de empresas de segunda fila de proveedores. Ese es el caso de Comercializadora Mundial e Inversiones Globales, la primera propiedad de Aída Consuelo Orella Barahona y la segunda de su sobrina Dora Alicia Alvarado Zetino. Ambas empresas además comparten una dirección en común en un barrio popular del municipio de Mixco.  Inversiones Globales también se vincula a otra empresa de segunda fila, Constructora y Recicladora del Norte¸ entidad que a su vez conecta por medio de su contador con otra compañía de segunda fila Inversiones Sab.

Por su parte, la abogada Berta Eugenia Cáceres Barrios, también consultada para este reportaje, figura en la constitución de la empresa Inversiones Sigma y en modificaciones de dirección en la empresa Comercializadora General. En el caso de Comercializadora General la modificación se realizó el 31 de marzo de 2004, pero su propietaria, María Laura Ortíz Vásquez De Salazar, falleció el 20 de enero de 2004, dos meses y medio antes. La notaria asegura desconocer a la empresa y a la propietaria, y dice que en todo caso “autentificar la firma es lo único que hace el notario y es posible que se falsifiquen las firmas y sellos del notario, lo cual ya me ha pasado”. La oficina de la notaria se encuentra en un edificio junto al Registro Mercantil, en la zona 4.

Patrones y reiteraciones

Las empresas de cartón de esta estructura reflejan dos patrones muy distintos. Por un lado, están las registradas cerca de zonas industriales o con alguna relación con otras dedicadas a la manufactura de productos metálicos. Por el otro, las compañías cuyas direcciones son inexistentes o están registradas en terrenos baldíos y bodegas vacías. Pero ambos patrones muestran la promiscuidad de relaciones entre empresas de primera y de segunda línea.

Entre las primeras, se encuentran la empresa Transportes La Nacional, a nombre de Juan Gabriel Bernal Andreu, hermano de Juan Pablo Bernal Andreu. En 2002 Juan Pablo registró la Fundidora Vulcano a nombre de Luis Alejandro Aguirre Lagunas, proveedor de Aceros de Guatemala, a través de su empresa Recicladora La Nacional constituida en 2007.  Una de las direcciones de Aguirre Lagunas coincide con una fundidora de metales registrada por Juan Gabriel Bernal Andreu, Fundrec Bernal, en la 19 Ave Sector C Lote 28, 29, 30, Colonia Hunapú, Escuintla.

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Otro caso semejante es el de Distribuidora General, registrada a nombre de Walter Enrique Quej Choc, con dirección es la 12 Ave A Apto A 2-29 Colonia La Escuadrilla, Zona 2, Mixco. Esta ubicación corresponde a la empresa Cortiacero, propiedad de Héctor Manuel González Gordillo. González confirmó a Plaza Pública que durante años se recibió correspondencia a nombre de esa empresa y que posteriormente fueron visitados por inspectores de la SAT y agentes del MP que preguntaron por el funcionamiento de Distribuidora General.

Cortiacero se encuentra en un callejón, rodeada de bodegas y fábricas, y se mimetizaba perfectamente con el barrio.  Otras dos empresas fantasmas de segunda línea usan esa dirección: Inversiones Sigma y Comercializadora Mundial. Las cuales tampoco funcionan en ese sitio.

 

En el otro extremo se encuentran las compañías de cartón ubicadas en direcciones falsas, terrenos baldíos o bodegas.  Proyectos Arquitectónicos, de Fredy Amílcar Díaz Ovalle, refiere a una bodega vacía en la que funcionó Consulting S.A., una empresa del mismo dueño dedicada a proyectos de ingeniería. Su rótulo aún es visible bajo una capa de pintura en el edificio. La empresa Proyectos Arquitectónicos fue cancelada cuando Díaz Ovalle denunció la falsificación de sus facturas por parte de Haydee Jeanethe de la Rocha Robleto de Batres, proveedora de Aceros de Guatemala a través de la empresa Transportes Águila. El 14 de enero de 2010, Díaz Ovalle publicó este anuncio en Prensa Libre: “La empresa individual PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS, NIT 472195-0, informa que a partir de diciembre de 2007 dejó de emitir facturas contables por problemas de falsificación de facturas. Por lo que no se hace responsable del mal uso que hoy estén haciendo de ellas”.

Hay otros casos en los que la dirección remite a oficinas en bodegas o hangares del aeropuerto. Inversiones Sigma y Comercializadora General, por ejemplo, tienen también la dirección Avenida Hincapié, 18 Calle Final Hangar N8A de la Zona 13. Esta ubicación corresponde a una bodega, verificada por Plaza Pública, cerrada con un candado oxidado y cuyo último registro corresponde a una empresa de transporte aéreo, Demotors Air.

Cerrando el círculo

Las conexiones de este grupo de empresas van más allá de su círculo inmediato. Una de las de segunda línea, Margusta S.A., registra como contador a Eddie Samuel Merrón Juárez, detenido en octubre de 2010 y nuevamente en agosto de 2011, por un caso de defraudación tributaria. En esa oportunidad, según detalla una publicación de elPeriódico, el contador fue capturado por la venta de 10,533 facturas por un monto de Q1.65 mil millones a distintas empresas “cafetaleras, inmobiliarias, telefónicas, petroleras, multinacionales (…) una municipalidad y una entidad de gobierno”, entre una lista de 261 clientes.

En el recurso de casación (un alegato contra el fallo de un tribunal) presentado por la defensa de Merrón en 2011 se consigna que para la SAT y el MP el acusado “habría creado entidades ficticias, registrado y declarado facturas de proveedores que no fueron localizados, sin evidenciar el pago de las mismas”. Justamente el mismo procedimiento observado en las empresas relacionadas con el caso de Aceros de Guatemala. 

El mismo notario

En otras ocasiones la conexión entre empresas se da a través de los notarios que certificaron la constitución de las empresas o modificaciones como el cambio de dirección de la compañía. Es el caso de Inversiones Globales, Distribuidora General y Comercializadora General relacionadas por medio de los notarios Berta Eugenia Cáceres Barrios y Eduardo Arévalo Lone. En algunos casos los propietarios están fallecidos antes de que estas se registraran como María Laura Vásquez de Salazar, dueña de  Comercializadora General, y Bayron Enrique Torres Agustín, de Distribuidora General.

Esta práctica conecta además a Merrón con una red más amplia. En 2012, el sitio web anónimo ya caído www.wikisatguatemala.unlugar.com filtró un listado con 3,338 empresas y personas que presuntamente habían comprado facturas a Merrón Juárez y al empresario Norman Fernando Tejeda Velásquez, propietario de un conglomerado de compañías conocido como Grupo Pirca, N.F.T.V.  Por este caso la SAT notificó a 2,050 contribuyentes para que rectificaran sus pagos y evitaran un proceso penal.

En un caso más reciente, el 11 de julio del 2016, el MP y la SAT denunciaron al Hotel Camino Real por la evasión de Q44 millones en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Sobre la Renta (ISR), multas e intereses. En la auditoría de este caso se reveló que el hotel utilizó facturas de empresas de Tejada Velásquez.

Según el Registro Central de Detenidos del Organismo Judicial, Tejeda Velásquez se encuentra detenido desde su captura el 12 de marzo de 2011 en el Centro de Detención Preventiva de zona 18. El empresario fue sentenciado en agosto de 2013 a seis años de prisión y el pago de una multa de Q90.5 millones. Por su parte Merrón Juárez no figura como detenido en las bases de datos del Organismo Judicial y su paradero es desconocido.

Para los investigadores, auditores, fiscales y demás funcionarios involucrados en la investigación de estos casos no es extraño encontrar a personajes reincidentes, a mecanismos ya vistos en otros procesos penales y hasta reconocer la intervención de funcionarios públicos para garantizar la impunidad. “Resiliencia” es una de las palabras que más repiten cuando apartan la mirada del caso inmediato y tratan de ver el conjunto. La resiliencia, la capacidad de adaptarse en respuesta a un ambiente hostil, es una de las características que observan en las redes criminales, en este caso de cuello blanco, que intercambian las piezas del juego para seguir con la partida.

La red

Nota: Plaza Pública solicitó una entrevista con responsables del departamento jurídico de Aceros de Guatemala. A la fecha, no han ofrecido una cita. La solicitud se hizo en las oficinas centrales de Aceros de Guatemala, en Avenida las Américas 18-81 Zona 14, Edificio Columbus Center, nivel 14. Personal de la compañía indicó que el pedido debía realizarse vía correo electrónico a la gerencia de la empresa, lo cual se efectuó el 20 de marzo de 2017.

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