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A dos años de La Línea, ¿Guatemala ha cambiado?
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Opinión

A dos años de La Línea, ¿Guatemala ha cambiado?

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Los eventos del 16 de abril de 2015 sacudieron nuestra sociedad y generaron una crisis política. Pero ¿marcaron la historia por haber cambiado Guatemala?

Nadie puede negar la relevancia de lo que pasó en 2015. La evidencian el derrumbe del gobierno patriotero, el que Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y toda su gavilla de ladrones estén ligados a proceso y enfrentando juicio, y la sucesión de casos en los que se está persiguiendo penalmente la corrupción.

Sin embargo, lo que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) han logrado hasta ahora son, precisamente, esa colección impresionante de casos de alto impacto. Pero no transformaciones estructurales. La corrupción continúa arraigada en las instituciones del Estado, una maquinaria pérfida que funciona por la podredumbre no solo de algunos funcionarios y empleados públicos, sino también de empresarios, personas particulares y gran parte de la ciudadanía misma. Bien se dice que la corrupción es un tango que se baila bien pegado entre dos: corruptor y corrupto.

La corrupción, entendida como el abuso de un poder para beneficio propio, ha corroído prácticamente todos los estratos de la sociedad guatemalteca. Desde el estudiante que aprueba fraudulentamente un curso por copiar o hacer otra trampa hasta conductores de todo tipo de vehículos que no tienen pudor en ofrecer un soborno al policía de tránsito, empresarios que evaden impuestos y esperan que con un soborno la autoridad tributaria o aduanera no los sancione y así una lista trágicamente larga de ejemplos de cuán profunda es la corrupción y de cuán arraigada la tenemos.

Vimos con esperanza, y con más entusiasmo quizá, la persecución penal de los funcionarios y empleados públicos corruptos, que como una batalla por lo digno arrancó hace dos años. Desde la plaza abrazamos la ilusión de un proceso depurador de las entidades del Ejecutivo, del Organismo Judicial y del Congreso para limpiarlas de corruptos. Pero ¿estamos todos dispuestos a que este proceso depurador también nos alcance a nosotros? ¿Estamos dispuestos a que nosotros también seamos parte del cambio, por ejemplo pagando cabal y puntualmente nuestros impuestos o cumpliendo con rigor las leyes y los reglamentos, como el de tránsito o el del ornato de las calles?

Con lo de los impuestos, por ejemplo, haga usted una pequeña encuesta. ¿Cuántas de las personas que venden o compran un bien inmueble ajustan la matrícula fiscal al valor de compraventa y pagan el impuesto único sobre inmuebles sobre el valor correcto? ¿O cuántos estarían dispuestos a pagar un impuesto sobre la renta más progresivo, en el que tributarían mucho más porque su nivel de ingresos en realidad es alto cuando se lo compara con el de la vasta mayoría de la población? O con lo de la Ley de Tránsito, ¿cuántos aceptarán con responsabilidad un régimen estricto de aplicación de multas por exceso de velocidad o sanciones severas como la cancelación de la licencia de conducir por hacerlo en estado de ebriedad de forma reiterada?

Los casos de alto impacto que han logrado la Cicig y el MP son un primer paso, una oportunidad enorme para iniciar los cambios estructurales. Pero en realidad depende de todas y todos que esos cambios estructurales ocurran, lo cual no sucederá en tanto se siga ofreciendo un soborno para evadir responsabilidades, en tanto continuemos considerando que la aversión a tributar es algo cultural.

De nada servirá una cacería de funcionarios corruptos si el resto de la sociedad continúa tan corrupta como lo es ahora. Es un proceso difícil que requiere un altísimo grado de madurez política, una democracia funcional.

Requiere que la corrupción deje de ser parte de nuestra cultura.

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