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“La Línea”: una red de corrupción y una crisis política

Según las investigaciones del MP y la CICIG, el superintendente y el exsuperintendente detenidos no eran los máximos responsables de la red. Eran los más altos miembros de la SAT dentro de la estructura criminal, pero apenas formaban parte de las estructuras medias de “La Línea”. En las escuchas se muestran solícitos, expectantes servidores de un mando superior.
El término red se ajusta a su definición, detalló Velásquez, “ya que no son una entidad gubernamental, ni estrictamente privadas, son transicionales, se desplazan entre lo público y lo privado, lo gubernamental y lo empresarial. Buscan obtener poder político y económico, impunidad para sus acciones ilícitas y enriquecimiento indebido”. Es decir una red política/económica/ilícita.
Omar Franco, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria.
El tribunal.
El Ministerio Público muestra la estructura de la supuesta organización criminal.
Los capturados.
Dos mujeres también fueron detenidas.
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“La Línea”: una red de corrupción y una crisis política

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El trabajo del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) pone al descubierto una red de corrupción encabezada por Juan Carlos Monzón Rojas, el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Una estructura criminal con la capacidad para instalar o remover a dos superintendentes de administración tributaria, cobrar comisiones de hasta el 30% del valor del impuesto a importadores y defraudar al fisco al menos Q2.5 millones a la semana.

Los identificaban como: “La Señora”, “La Dos”, “el Presidente”, “el número Uno”, “el mero, mero”, “el Alto Señor”. Sus órdenes movilizan una estructura criminal denominada “La Línea” que desde las sombras instala o retira a superintendentes de administración tributaria (al máximo responsable de la recaudación fiscal del país). Fueron ellos los que advirtieron a sus subordinados de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) les seguía la pista, y les aconsejan dejar de usar efectivo y acudir a la banca para resguardar sus ganancias. Sus hilos movilizan una maquinaria que ha sangrado las arcas del Estado en tiempos de hospitales públicos aún más desabastecidos que de ordinario, en un país de por sí famélico. De momento ni el Ministerio Público (MP) ni la CICIG han querido identificarlos. Las escuchas telefónicas presentadas como evidencia, sin embargo, muestran cómo sus decisiones dirían las complejidades de esta red criminal. El más alto miembro de la estructura bajo ellos es Juan Carlos Monzón Rojas, el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, aún prófugo.

Separados por una fila de detenidos el hasta hace 24 horas superintendente de administración tributaria, Álvaro Omar Franco Chacón, y el anterior superintendente Carlos Muñoz Roldán, escuchan el viernes 17 de abril la acusación formal en su contra por la Fiscalía. Son parte de los 19 detenidos, supuestos integrantes de esta red, que escuchan la acusación en una maratónica audiencia de 12 horas en el tribunal.

Pronto oirán sus voces saludándose y felicitándose con otros integrantes de la banda por asumir el cargo, por tener la confianza de “la 2”, o por recibir la visita del “número 1”, “el mero, mero”.

Y pronto escucharán también los señalamientos de la fiscalía de “permitir que una organización criminal ejerza control dentro de puestos clave dentro de la SAT (Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para que obtenga un porcentaje de la recaudación”.

El procedimiento para la defraudación explicado por la fiscalía con la ayuda de las escuchas telefónicas es sencillo: al llegar un contenedor a la aduana, un técnico de la SAT reportará la carga y le asignará, después de haber hablado con un integrante de la red, un valor tributario menor del real. El importador pagará a la SAT un 40% del impuesto que le tocaría, entregará un 30% como un soborno a “La Línea” y se ahorrará (defraudará al fisco) el restante 30%. Para lograr esto “La Línea” coloca en puestos clave a miembros de la red, desde vistas aduaneros hasta jefes de recursos humanos, administradores y el mismo superintendente de la SAT. Una cadena que empieza al más alto nivel y que permite delegar en cascada las responsabilidades de la estructura.

Según las investigaciones del MP y la CICIG, el superintendente y el exsuperintendente detenidos no eran los máximos responsables de la red. Eran los más altos miembros de la SAT dentro de la estructura criminal, pero apenas formaban parte de las estructuras medias de “La Línea”. En las escuchas se muestran solícitos, expectantes servidores de un mando superior.

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Como todo peón son sacrificables.

En una de las escuchas telefónicas presentada por la fiscalía de una conversación entre Juan Carlos Monzón y Carlos Muñoz, del 10 de noviembre de 2014, cuando los rumores de la destitución del Superintendente corrían por todo el mundo político, el Secretario Privado de la Vicepresidenta le asegura a Muñoz que su cambio por “el de lentecitos” (Omar Franco, quien asumiría la SAT el 27 de enero) es sólo un rumor. Muñoz se colocará sus lentes en la sala de la audiencia al momento de escuchar su grabación, como si quisiera entrever algo. Franco permanece todo el tiempo con ellos puestos.

Juan Carlos Monzón: —Mirá, rapidito, voy a ser bastante breve y no muy claro. Espero que me comprendas. El amigo que ha tenido interlocución, completamente fuera del tema, no tiene nada más que hacer ahí contigo.

Carlos Muñoz: —¿El dos? ¿El de lentecitos? (Franco era el Intendente de Recaudación de la SAT en ese momento, el número dos de la institución).

Juan Carlos Monzón: —Correcto, el que tuviste en la última reunión aquí en mi lugar, aquí en mi…

Monzón jugará con Muñoz haciéndole creer que su continuidad en la SAT está asegurada, mientras ya fragua su salida.

Carlos Muñoz: —(…) entonces todos los famosos cambios, nada.

Juan Carlos Monzón: —Al tiempo, papaíto, jamás, nada que ver. Ahí sos el dueño absoluto de la tienda.

Carlos Muñoz: —Ah, entonces te quiero mucho, mano. Qué bueno.

Juan Carlos Monzón: —Un fuerte abrazo, mi rey, te agradezco mucho.

Carlos Muñoz: —Hala, no sabés, vos, ahora si voy a dormir tranquilo. Gracias, mano. Y los cambios del lado externo continúan. La pobre Claudia (no identificada por el MP) la tuve aquí sentada y está preocupada.

Juan Carlos Monzón: —Out a todo. Te agradezco mil, solo la R se va para arriba. Él está informado también.

El audio evidencia, según la fiscalía, la subordinación de Muñoz a Monzón, máximo responsable de la red. Lo que no dice el MP, pero que es deducible de la Ley Orgánica de la SAT, es que el cargo de Muñoz dependía de la decisión del Presidente Pérez Molina.

“La Línea” no sólo es el nombre que se dio a sí misma esta red de defraudación, es también la línea de mando en la cual Muñoz y Franco, pese a sus altos puestos, son sólo piezas intercambiables, y es asimismo una referencia a la línea telefónica que permite contactar al importador evasor de impuestos con un miembro de la estructura. Y, de manera irónica, es también el principal mecanismo para aportar pruebas al caso.

En otra escucha telefónica,Franco mostrará igual subordinación el 23 de diciembre de 2014. Esta vez con respecto a otro miembro de la estructura, externo a la SAT, Giovanni Marroquín.

Giovanni Marroquín: —¿Qué tal, usted? ¿Ya listo para tomar la silla?

Omar Franco: —Ahí le entramos, usted. Yo le dije que…

Giovanni Marroquín: —Ahí vamos, ahí vamos.

(…)

Omar Franco: —Mire, me llamó el privado de la Dos, que quiere una reunión hoy conmigo, pero no quiere que yo llegue allá a sus oficinas, sino que nos encontremos en algún lugar.

Giovanni Marroquín: —Yo sé dónde.

En otra llamada interceptada, del mismo 23 de diciembre de 2014, Marroquín habla con otro miembro externo de la red, Francisco Javier Ortiz Arriaga, alias “Teniente Jerez”, viejo conocido de las redes de defraudación apresado a finales de los noventa en la “Red Moreno” por el mismo delito.

Francisco Ortiz: —Cien por ciento que él llega. La señora quiere que sea él.

Giovanni Marroquín: —Si ella quiere, es así.

Francisco Ortiz: —Así que es Anteojitos el elegido.

Omar Franco sería juramentado como nuevo Superintendente de la SAT el 27 de enero del 2015, poco más de un mes después de la anterior conversación. Al momento de su designación el Presidente indicó: “Revisé los currículum y experiencias de los candidatos y él (Franco) reúne todas las características que nosotros estamos buscando”. En el mismo salón de Casa Presidencial donde le dio juramento a Franco, el Presidente (flanqueado por el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla) repitió casi las mismas palabras al ser consultado unas horas antes de que se escuchara el anterior audio en Torre de Tribunales:

“El Directorio (de la SAT, su máximo órgano consultivo) trasladó el nombre de Omar Franco, en dos oportunidades. Cuando yo reviso el currículum, resulta que es fundador de la SAT, venía de ser Intendente de Recaudación, tenía todas las calidades y cualidades que uno podría… esperar en un Superintendente de Administración Tributaria”, dijo Pérez Molina el pasado viernes 17 de abril, al reaccionar por el desbaratamiento de la red. “Pero que ya estando en el puesto, que se vean involucrados o se dejen influenciar por otras personas, como es que sucedió en este caso, es diferente. Que adivino sí no puede ser uno”, justificó.

El Presidente no pudo predecir el futuro. Pero al menos tres integrantes de “La Línea”: Giovanni Marroquín, Francisco Ortiz y, sobre todo, Juan Carlos Monzón, el Secretario Privado de la Vicepresidencia, sí que lo hicieron. Más de un mes antes ya sabían que Franco sería el designado.

Gobierno en crisis

La revelación de las escuchas telefónicas entre los integrantes de “La Línea” desató una crisis de cuatro caras dentro del Gobierno.

La primera es tipo político, pues lesiona la credibilidad de la Administración de Pérez Molina y Baldetti, al señalarse al Secretario Privado de la Vicepresidenta, y su principal asesor contra el contrabando, de coordinar una red de defraudación aduanera casi desde los mismos despachos de la Casa Presidencial.

La segunda es de tipo económico: la confianza, un ente abstracto que gravita sobre los mercados financieros, se ve lesionada al salir a luz la red de corrupción que operaba en la SAT. Además se teme una baja en la “moral tributaria” y una creciente resistencia a tributar.

La tercera es de tipo partidario: Alejandro Sinibaldi, el precandidato presidencial del Partido Patriota (PP) y exministro de Comunicaciones de este gobierno, abandona esa agrupación a apenas dos semanas de la convocatoria a elecciones.

[Sandra Sebastián]

La cuarta, depende de una decisión del Presidente. La continuidad de la CICIG está en juego en las próximas semanas. Si Pérez Molina decide no renovar el mandato, o renovarlo pero con funciones limitadas, levantaría aún más sospechas sobre la supuesta preocupación del Ejecutivo por que las investigaciones avancen.

Desde el mismo estrado desde el cual el presidente Pérez Molina juramentó en su momento a Carlos Muñoz y a Omar Franco como máximas autoridades de la SAT, llega la respuesta del mandatario a la pregunta del porqué de su elección de ambos funcionarios: “Sí yo hubiera querido que esta estructura siguiera funcionando nunca le hubiera pedido a la CICIG que hiciera esta investigación, así que aquí está claro cuál es la intención del gobierno: luchar en contra de las estructuras criminales, luchar contra estas estructuras que están aprovechándose del Estado”.

¿Quién designó a Muñoz y Franco al frente de la SAT?

Esta pregunta remite al dilema del huevo y la gallina: ¿qué fue primero? Una Comisión de Postulación con representantes de distintos sectores del país, según la Ley Orgánica de la SAT (Rector de la Universidad de San Carlos (Usac), decano de la Facultad de Derecho de la Usac, un representante de las universidades privadas… (en total nueve titulares y sus suplentes), según el artículo 12 de esta ley la Comisión de Postulación, es la encargada de proponer a los doce candidatos a miembros del directorio de la SAT. De esa nómina el Presidente elige a cuatro titulares y sus suplentes.

El artículo 24 de esa misma ley establece que el Superintendente “será nombrado por el Presidente de la República, quien lo seleccionará de una terna propuesta por el Directorio de la SAT. El nombramiento será por tiempo indefinido”.

El Presidente elige al Directorio y el Directorio le presenta la terna al Presidente de entre los cuales el mandatario designará al nuevo Superintendente de la SAT. Un procedimiento por el cual pasaron tanto Carlos Muñoz como Omar Franco. Un integrante del directorio gana entre Q16 mil y Q18 mil al mes en concepto de dietas por asistir dos veces a la semana a una reunión. Algunos de sus integrantes tienen más de diez años de formar parte de él.

La discusión sobre la responsabilidad en la designación de ambos funcionarios fue llevada al Congreso el mismo viernes 17 de abril en el que el Presidente se declararía incapaz de ver el futuro (y prever las acciones criminales de sus designados) y el mismo día que ellos escucharían la acusación en su contra. En esta ocasión en un salón de la bancada opositora de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), agrupación que desde 2012 criticó la baja en la recaudación de la SAT, durante la administración de Miguel Gutiérrez, y que desde 2013 señaló que esta baja se debía defraudación fiscal en las aduanas. En la sala en donde tantas veces comparecieron Muñoz y Franco en citaciones, en esta ocasión asistieron tres miembros titulares y una suplente. La pregunta del jefe de bloque de la UNE, Orlando Blanco, fue clara:

—¿Quién propuso a Muñoz? ¿Quién propuso a Franco para dirigir la SAT?

Los representantes titulares Rodrigo Montúfar Rodríguez, Jorge Borstcheff Boyarinoff y Mario Leonel Velasco López, y la suplente Gladys Gil Barrios de Hernández, negaron haberlos propuesto. Pero sin su designación, Omar Franco, por ejemplo, que estuvo dos veces en la terna propuesta al Presidente, no pudo ser electo.

El director titular Montúfar buscó evitar la responsabilidad aduciendo que en varias ocasiones había propuesto que se reformara la Ley Orgánica de la SAT, para que la decisión de la designación del Superintendente recayera en el Directorio y no en el Presidente. “Hay un divorcio entre el Directorio y el Superintendente”, adujo. Es más, Montúfar reconoció que la principal tarea del Directorio, que es garantizar la recaudación tributaria, sólo lo es “en teoría”, porque en la práctica esa tarea la cumple el Superintendente.

A pesar de que la recaudación en Aduanas experimentó una baja en 2013, y que los integrantes del directorio lo advirtieron en su momento, nadie dijo nada. No hay ninguna denuncia, no hay ningún reporte que identifique la caída en los ingresos por la defraudación. Presurosos, los integrantes del directorio salieron del salón luego de que los diputados Blanco y Carlos Barreda les recordaran que sus declaraciones fueron bajo juramento, y que similares respuestas obtuvieron en otro momento de parte de Muñoz y Franco.

De la Red Moreno a "La Línea"

La calamitosa situación que afronta la SAT empezó a gestarse en 2012, cuando entraron en pugna el entonces ministro de Finanzas, Pavel Centeno, y el Superintendente de turno, Miguel Gutiérrez, por los problemas para cumplir con las metas de recaudación tributaria establecidas. En los primeros meses de ese año se aprobó la Ley de Actualización Tributaria, un conjunto de normas que gravó más a sectores medios y asalariados, y pese a todo logró mejorar la recaudación.

Una vez implementada la reforma se registró un crecimiento de 20.6% (Q2,180.1 millones) en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) entre el 2012 y el 2013, y de un 6.1% (Q602.6 millones) en la recaudación del Impuesto Sobre el Valor Agregado (IVA) en ese mismo periodo. De manera significativa los ingresos totales de todas las aduanas caen un  2.0% (Q314 millones) al iniciar 2013, junto con la administración de Muñoz.

En las aduanas investigadas por CICIG, en las cuales se cree operaba “La Línea”, la caída es aún más dramática: en la Aduana Central y en Santo Tomás un -8.4% y en Puerto Quetzal un -3.7%, esto representa una baja de Q184.2 millones en la Aduana Central; Q211.6 millones en Puerto Quetzal; y de Q235.6 millones en Santo Tomás. En total se trata de Q631.4 millones de recaudación menos.

El agujero en el bolsillo de la SAT en las aduanas tenía un nombre, según la investigación de CICIG: “La Línea”.

El comisionado Iván Velásquez, lo explicó así durante su conferencia de prensa del 16 de abril pasado. La estructura externa de “La Línea” ejercía tal grado de control sobre la SAT que implementó un procedimiento paralelo de “ajuste”, dándole una impresión de legalidad. “Todo el mundo tenía que celebrar porque se estaba incrementando la recaudación, lo que ocultaban era que otro sector importante de los recursos se apropiaba la estructura”, detalló el comisionado. Todo el mundo parecía contento en el proceso, el importador que ingresaba sus productos y tenía contacto con la red paga 40% de la tributación real que le tocaba pagar, cancelaba un 30% a “La Línea” (al principio en efectivo y luego en depósitos en bancos), y se ahorraba 30%, el cual el Estado no percibía. En total el Estado dejaba de recibir 60% de lo debía haber recaudado por cada uno de los contenedores ingresados de esta forma".

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“La Línea”, como toda red ilegal incrustada en el Estado, se mueve en las esferas grises del poder. Se tiene evidencia de sus operaciones al menos desde mayo de 2013, según el comisionado Velásquez. El grupo ejerció “influencias políticas indebidas para hacerse del control de la SAT, a través de poner en puestos medios y altos a individuos leales a la organización criminal, logró cooptar la SAT, y se fortaleció luego de (la designación) de Omar Franco, la cual fue gestionada por influencias ilícitas”.

El término "red" se ajusta a su definición, detalló Velásquez, “ya que no son una entidad gubernamental, ni estrictamente privadas, son transicionales, se desplazan entre lo público y lo privado, lo gubernamental y lo empresarial. Buscan obtener poder político y económico, impunidad para sus acciones ilícitas y enriquecimiento indebido”. Es decir una red política/económica/ilícita.

Una estructura de este tipo, sin embargo, no aparece en el vacío. Algunas de las escuchas telefónicas presentadas por el Ministerio Público dan cuenta, en discusiones entre tramitadores y miembros de la red, que el sistema de cobros no es nuevo. Pero que ha llegado a nuevos extremos con la estructura de “La Línea”. Tampoco excluye a viejos conocidos. Entre ellos están Francisco Javier Ortiz Arreaga, quien desde el caso Moreno tiene por seudónimo el teniente Jerez, o Luis Méndizabal, propietario de la la Boutique Emilio, quien grabó y difundió el video de Rodrigo Rosenberg en 2009, en el cual se acusó al presidente Álvaro Colom, la entonces primera Dama, Sandra Torres, y el secretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos, de ordenar el asesinato de Rosenberg, una de las primeras investigaciones de CICIG en Guatemala.

La conexión con Ortiz no es casual y entronca con una larga tradición del control de aduanas de redes criminales ligadas a militares, y en particular a oficiales de inteligencia con las estructuras denominadas La Cofradía y El Sindicato, quienes mantendrían operaciones en aduanas desde los años 70.

“La Línea” constituiría la penúltima reencarnación de redes de este tipo, siguiendo el análisis que platea la CICIG de una continuidad en el tiempo de estas prácticas criminales. En un giro más de la historia esta red también llega hasta los medios de comunicación. En rango de importancia entre los máximos operadores externos, justo debajo de Monzón, figura Salvador Estuardo González, alias “Eco”, representante legal y presidente de Corporación de Noticias, casa matriz de los diarios Siglo21 y AlDía, compañía que según un campo pagado del 17 de abril convocó a asamblea de accionistas y canceló el nombramiento de González como presidente. La investigación de CICIG incluye audios en los que se vincula a González y fotografías de su llega a la Boutique Emilio, donde presuntamente se repartía el dinero resultado de la defraudación.

“El Privado”, “JC”, “J2” o “el Moreno” en paradero desconocido

Juan Carlos Monzón, identificado en las escuchas telefónicas por los seudónimos de “El Privado”, “JC”, “J2” o “el Moreno”, se encuentra en paradero desconocido. El secretario privado de la Vicepresidenta, criticado por la prensa local por su reciente prosperidad económica, viajó el pasado 13 de abril a Corea del Sur acompañando a Roxana Baldetti, quien recibió un doctorado honoris causa en una universidad católica de ese país.

Juan Carlos Monzón y Roxana Baldetti.

El presidente Pérez Molina aseguró que el viaje de Baldetti a Seúl fue de carácter “personal” y reconoció que lo hizo acompañada de Monzón, quien incluso estuvo presente en la entrega del reconocimiento a la vicepresidenta. Pero el jueves, cuando se realizaron las capturas de los demás integrantes de la red, Monzón ya no estaba con la Vicepresidenta, aseguró Pérez Molina. Como en un acto de prestidigitación el secretario privado de Baldetti se esfumó y ella solo pudo llamarle para decirle que estaba destituido y pedirle que regresará al país, según declaraciones del Presidente.

El rastro de Monzón se ha enfriado. Tras su paso por Corea su último destino conocido, según la CICIG, es Estados Unidos. Otras fuentes lo ubican en España. El rostro visible acusado de dirigir “La Línea”, el hombre que llegó a estar a unos pasos del despacho presidencial, y presidía junto a la vicepresidenta de la Comisión Nacional Contra el Contrabando, es de momento una sombra.

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