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La jueza no quiere llevar el caso
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La jueza no quiere llevar el caso

La juez Marta Sierra de Stalling está a cargo del proceso en contra de la red que defraudó al Estado a través de las aduanas.
Doce funcionarios públicos y 10 particulares conformaban la red que defraudaban al fisco desde las aduanas. Entre ellos el superintendente de la Sat, Álvaro Omar Franco Chacón.
A Francisco Javier Ortiz Arriaga (alías Teniente Jerez), se le considera líder de la estructura externa media de la red de defraudación. Ortiz Arriaga quedó libre tras el pago de una fianza de Q250 mil.
Salvador Estuardo González (alías ECO), fue identificado como el líder de la estructura externa superior de la red de defraudación. González obtuvo su libertad bajo fianza.
La juez Marta Sierra considera el caso fuera de jurisdicción.
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La jueza Marta Sierra de Stalling, a cargo del proceso en contra de la red que defraudó al Estado a través de las aduanas, quiere mantenerse al margen de un caso que considera fuera de su jurisdicción. Es crítica, además, con la investigación presentada por la CICIG y el MP, por lo que defiende el haber otorgado medidas sustitutivas a los supuestos líderes de “La línea”. Otros, sin embargo, ven en sus palabras una estrategia personal para que sea apartada de un caso que le incomoda.

Tras la caída de “La Línea”, una red que defraudaba al fisco desde las aduanas, 12 funcionarios públicos y 10 particulares fueron llevados a los tribunales. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), los acusan de formar parte de una estructura con capacidad de defraudar al fisco Q2.5 millones por semana en las aduanas más importantes del país.

Antes de ser llevados al Juzgado Octavo de Instancia Penal, presidido por la jueza Marta Josefina Sierra González de Stalling, Iván Velásquez, jefe de la CICIG, explicaba que cada uno de los detenidos operaba en distintos niveles de la jerarquía de la red de corrupción, desde mandos medios hasta altos y bajos, donde los funcionarios públicos operaban como subordinados de quienes no eran empleados de la Superintendencia de Administración Financiera (SAT). “Se trata de una estructura interna y otra externa”, señalaba Velásquez en conferencia de prensa el pasado 16 de abril, el día en que fueron realizadas 22 capturas. Los altos mandos de “La Línea”, según el comisionado, integraban la estructura externa que “instruía a lo interno de la SAT para que ubicaran a determinadas personas como vistas de aduanas en turnos definidos, a quienes se les indicaba que cumpliera los objetivos de la organización criminal, y también para que ubicaran a otros funcionarios específicos en lugares estratégicos de la aduana”.

No obstante, una vez en tribunales, luego de la audiencia de primera declaración, a quienes se acusa dirigir “La Línea”, Salvador Eduardo González (alias ECO), líder de la estructura externa superior; y Francisco Javier Ortíz Arriaga (alias Teniente Jerez), líder de la estructura externa media, se les ligó a proceso pero también se les dejó en libertad tras el pago de una fianza de Q250 mil. Junto a González y Ortíz, dos particulares de la estructura externa media (Miguel Ángel Lemus Aldana y Mónica Patricia Jáuregui), y dos funcionarios de muy bajo rango en la estructura (los vistas aduaneros: Carlos Ixtuc Cuc y José Rolando Gil Monterroso), también gozaron de libertad bajo fianza.

El Comisionado Velásquez, en sus declaraciones a la prensa, había sido enfático en que González y Ortíz, eran los engranajes más importantes para el funcionamiento “estable” de la maquinaria criminal que defraudó al Estado durante los ocho meses de investigación. Sin embargo, la jueza Marta Sierra de Stalling, en su resolución señaló que “las dudas y probabilidades aún son importantes para esta acusación”.

Para la fiscalía, sin embargo, las pruebas, las escuchas telefónicas sobre todo, describen los andamiajes, el control, la coordinación directa de los rangos bajos con los mandos superiores y medios de toda la estructura que participaba en “La Línea”.

La solicitud (y defensa) de la jueza

Luego de la criticada resolución, la jueza Sierra de Stalling dice: “Para mí este proceso no es de un juzgado ordinario. Debería ser trasladado, por la magnitud del caso, a un juzgado de Mayor Riesgo. Es algo que ya he solicitado a la fiscalía, pero sin obtener respuesta”. No obstante, agrega que para que el caso pueda ser trasladado a una instancia de Alto Impacto, “las partes me tendrían que recusar, y si lo hacen, pues yo con gusto. Que se vaya el proceso, no tengo ningún conflicto de interés”.

En el gremio de abogados, esta jueza de Primera Instancia Penal es vista como una mujer cauta, recatada, sin aspiraciones políticas evidentes. “Anodina, no sirve para hablar con otros abogados, no convoca ni aglutina al gremio”, dice uno de los operadores de la asociación Fortaleza Jurídica, que pide anonimato. Otro operador de la Asociación de Abogados de Mixco, también con la petición de no mencionar su nombre para mantenerse al margen del proceso en contra de la red que defraudó al Estado, dice de Sierra de Stalling: “Si no fuera por su hermano (el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Arturo Sierra), o bien por su cuñada (la actual magistrada presidenta de la cámara Penal de la CSJ, Blanca Stalling), su nombre no sería muy conocido en el gremio. Se le ve como una jueza buena, apegada a derecho”.

Salvo por contados abogados que no han sido beneficiados con sus fallos, que elaboran rumores sin pruebas concretas en su contra, la jueza Sierra de Stalling cuenta, hasta cierto punto, con el respeto del gremio de abogados. Sin embargo, dentro de las organizaciones de la sociedad civil ha sido criticada por sus decisiones. Sobre todo ahora, a partir de sus últimas resoluciones que beneficiaron a los líderes del caso SAT: “Hay jueces que se distinguen por favorecer a los sindicados y la licenciada Sierra de Stalling está entre los destacados. Ella otorgó idéntico beneficio al banquero Eduardo González Rivera, principal accionista de Bancafé, luego de que éste se mantuvo prófugo por más de un año y cuando se presentó ante la juzgadora, ella le otorgó el beneficio no obstante el tiempo que se mantuvo oculto y evitando enfrentar la justicia”, señalaba el editorial del diario vespertino La Hora.

“En la época en que estuvo mi hermano nunca lo visité en su despacho. La responsabilidad de él fue en la Corte y mi trabajo es aquí, en mi juzgado. Y Blanca Stalling puede estar, también. En todo este tiempo desde el 24 de noviembre de 2014— ni la he llamado ni me han llamado. Y por este caso (“La Línea”) no he tenido presiones de ninguna forma”, defiende Sierra de Stalling, quien lleva 18 años a cargo del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal.

Los liderazgos que el MP no acreditó

Desde mayo de 2014, asegura Sierra de Stalling, la investigación de esta red se mantuvo bajo reserva, en completo secreto. Según la jueza, desde ese tiempo, la CICIG y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), se acercaron a su despacho para pedir su autorización y seguir el hilo de Ariadna en medio de un laberinto de contenedores. En ese momento, todo era apenas un indicio de contrabando, alertas de que algo sucedía con la recaudación de impuestos en algunas aduanas de Guatemala. Tras casi un año de investigación, la CICIG logró ubicar a un grupo de importadores que tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros para evitar el pago de impuestos. La red implicaba a altos funcionarios de Gobierno, como el exsecretario privado de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón Rojas, identificado como el líder principal de la red criminal, prófugo desde el pasado 16 de abril. Con la investigación avanzada hasta ese punto, la jueza dice que bajo su responsabilidad estuvo la orden de capturar a todos los implicados.

—¿Cuál es la diferencia de que 16 vayan a prisión y seis no? —se le pregunta a la jueza Sierra de Stalling.

—En primer lugar la evidencia que aportó el Ministerio Público no es una evidencia en la cual ellos estén indicando que verdaderamente sean responsables del delito. En audiencia, muchas personas fueron únicamente mencionadas por su nombre. Una identificación completa de una persona es con nombres y apellidos. Pero aquí sólo presentaron las sesiones, los informes de análisis telefónico. No hay otro medio de investigación (como testigos) dentro del presente proceso —explica.

—¿Por qué a unos sí y a otros no se les envió a prisión preventiva?

—Porque a unos les motivé auto de prisión provisional y a otros no. Algunos no presentaron la documentación que el artículo 262 del Código Procesal Penal requiere y que se refiere al peligro de fuga. Eso cómo se determina: con el arraigo de la persona en el país. Con su residencia, con su familia, con su trabajo, y las facilidades que cada acusado tiene para abandonar el país. Se acredita con cartas laborales, con cartas de recomendación, recibos de luz, movimiento migratorio —responde Sierra de Stalling.

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Según la jueza, los encargados de la estructura media y superior, Ortíz y González, acreditaron, mediante sus abogados defensores, la dificultad para salir fuera del país mediante el arraigo que establece su residencia, trabajo y cartas de recomendación. Por ello, por las mismas razones, a cuatro de los 10 particulares, explica Sierra de Stalling, les otorgó la medida sustitutiva. “La ley es clara, yo tengo la facultad de otorgar medidas sustitutivas cuando el delito goza de ese beneficio”, dice.

Pero, en tal contexto, si los 22 acusados de defraudar al fisco hubiesen demostrado su incapacidad para la fuga, ¿habría posibilidad para todos de no ir a prisión preventiva y salir en libertad tras pagar una fianza? La jueza dice que no. Eso no sería posible. Sierra lo explica: “Ahí hay supervisores, administradores, secretario del sindicato, jefe de recursos humanos, y son funcionarios públicos que dependen de una relación laboral con la SAT, con el Estado. Hay empleados menores, y la medida sustitutiva se la di también a empleados menores, porque supuestamente hay una línea y hay una jerarquía. Cumplen órdenes, legales o ilegales, están bajo un mando superior. Para resolver, en cada caso, tomé en cuenta que eran funcionarios públicos, tomé el cargo que ellos ostentaban. Tomé en cuenta las funciones. La responsabilidad penal, de cada cargo. Y tomé la relación laboral, y la no relación laboral con una dependencia del Estado”.

—La CICIG ubica a Ortiz y a González como líderes de las estructuras medias y superiores de la red criminal de este caso. Incluso hay un audio donde Ortiz confiesa tener 18 años de experiencia en este “negocio”.

—Ellos (CICIG y MP) ubican al teniente Jerez como cabecilla. Pero hay que entender que no es funcionario público sino un particular. No depende de la SAT. Entonces yo pregunto: ¿cómo llegó a ser cabecilla? ¿Quién le dio facultad? Un audio no es una confesión. Ahora ellos (CICIG y MP) dicen que integran esa estructura, pero no cumplieron con el artículo 17 y 24 de la Ley del Crimen Organizado, que dice que cuando el MP tiene conocimiento de que existe una estructura, debe ordenar a la PNC que investigue, y que acredite qué cargos contemplan dentro de la estructura. Qué función cumple cada uno. La fiscalía no lo dijo. El punto débil de la estructura, todo eso no lo acreditó el MP. Pusieron un organigrama (en la conferencia de prensa de la CICIG luego de las capturas) en el que dijeron éste es el puesto que ocupa cada quien. “Este es el puesto y el cargo. Este es el enlace”. En los medios de prueba, ¿dónde dice que hay una estructura interna y otra externa? Jamás lo acreditaron.

—A pesar de todo había que dictar una resolución…

—Yo los ligué por asociación ilícita por el clamor popular. Porque si yo a ellos no los ligo a proceso, ahora estaría allá a la par de la Vicepresidenta, Roxana Baldetti, con la gente pidiendo mi renuncia, o con un antejuicio —responde la jueza Sierra de Stalling.

Los testigos –los empresarios- dónde están

Con más de 66 mil grabaciones de conversaciones telefónicas y 6 mil correos electrónicos como medios de prueba, la CICIG y el MP no propusieron un solo testigo para este caso de corrupción contra el Estado. En el mundo de los abogados, los testigos son la prueba principal para respaldar la acusación en cada caso. El comisionado Velásquez, durante la conferencia de prensa, explicó que “no había necesidad de un solo testimonio, todo está documentado a través de pruebas científicas”.

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Para la jueza Sierra de Stalling, sin embargo, este manejo de los testimonios también es criticable, sobre todo cuando no se ha presentado un solo nombre de las empresas que estuvieron de acuerdo en la manera en que esta red defraudó al Estado desde el sistema de aduanas. “La investigación la iniciaron con base a una sesión, en donde una empresa evidencia el ilícito de defraudación. Son medios que también debieron ser presentados. Las empresas debieron ser escuchadas, y al propietario sindicarlo del delito de defraudación tributaria. Porque ellos se estaban prestando a esta situación. Cosa que no ha sucedido porque no han dado el nombre de nadie”, reclama la jueza.

En las aduanas investigadas por CICIG, en las cuales se cree operaba “La Línea”, la caída de recaudación tributaria es dramática: en la Aduana Central y en Santo Tomás un -8.4%, y en Puerto Quetzal un -3.7%, esto representa una baja de Q184.2 millones en la Aduana Central; Q211.6 millones en Puerto Quetzal; y de Q235.6 millones en Santo Tomás en años recientes. En total se trata de Q631.4 millones de recaudación menos.

“Si ustedes hicieran una estadística dentro de los juzgados para ver cuántas personas hay presas por el delito de defraudación tributaria, se van a dar cuenta de que no hay una sola persona aparte de los que hoy están detenidos”, dice la jueza. Y añade que hay un procedimiento especial que está estipulado en una ley (decreto 58-90) para que la SAT, pueda realizar convenios con el Organismo Judicial, el Instituto de la Defensa Pública Penal y los abogados defensores cuando se comete fraude al fisco. “Cuando una persona comete el delito de defraudación tributaria, se ve un modo para cancelar el impuesto omitido. Entonces vienen a tribunales y el MP, en acuerdo con la SAT, piden una medida desjudicializadora, que es la suspensión condicional de la persecución penal. Y quedan libres de todo, tras haber hecho un convenio con la SAT para ir cancelando el impuesto omitido, más multas o intereses. Y ellos lo van pagando y salen del proceso”, indica Sierra de Stalling.

A pesar de lo que dice la jueza, sí existen condenas por defraudación tributaria. Uno de los casos con sentencia es el del empresario Mario Brol, condenado a 14 años de prisión por los delitos de defraudación aduanera, defraudación tributaria, lavado de dinero y alzamiento de bienes. En el proceso contra Brol, la SAT y el MP, lograron respaldar ante el Tribunal Octavo de Sentencia, la manera en que el fisco dejó de percibir Q718 millones 686 mil 227.

Plaza Pública intentó contactar al Superintendente de Asuntos Penales de la SAT, Óscar Vinicio Madrid Madrid, pero luego de varios intentos de comunicación –con su asistente en modo cortafuegos– no quiso contestar sobre los convenios legales que utiliza la SAT con el MP para suspender condicionalmente la persecución penal de aquellos que defraudan al Estado.

Óscar Schaad, jefe de la FECI del MP, sostiene que este tipo de convenio, respaldado por una ley, entre la SAT y el MP no es aplicable cuando se trata de casos en contra de una estructura, sino únicamente a personas individuales que han defraudado al fisco. Por ello la jueza lo menciona cuando habla de empresarios y no de los integrantes de “La Línea”.

“Hay casos donde los sindicados pagan montos defraudados, más la multa e intereses, es cierto, y en esos caso se aplica la medida desjudicializadora de suspensión de la persecución penal. Se hace en primera declaración ante el jueza y el sindicado presentea los formularios donde ya hizo efectivo el pago de los impuestos defraudados; pago directo en la SAT. En la audiencia sirve para que se otorgue el beneficio de la suspensión condicional”, dice Schaad. Cualquier fiscalía que lleve un caso de defraudación tributaria puede hacer uso de esta ley para reducir la pena.

La estrategia de la jueza

La investigación, luego de que 22 personas fueran ligadas a proceso por la defraudación fiscal en la aduanas, continúa. La fiscalía apenas ha colocado el caso en la primera etapa procesal. Ante el juzgado, como detalla la jueza contralora de esta investigación, fiscales de la FECI han llegado a solicitar nuevas autorizaciones judiciales, esta vez, para recopilar información de las cuentas bancarias de cada uno de los acusados.

Para algunos abogados, el hecho de que un jueza dé tanta información u opine demasiadas veces de un proceso judicial, es extraño. El abogado operador de Fortaleza Jurídica sospecha que la estrategia de Sierra de Stalling, en este proceso, es la búsqueda de una recusación en su contra. Quedaría apartada del proceso y se ahorraría la incomodidad mediática que representa este caso. “Quitarse de debajo de los reflectores”, dice.

Una fuente cercana a la FECI confirma que la estrategia de la jueza está enfocada en lograr ser recusada. Entonces el MP tendrá que solicitar que dicho caso sea conocido por una Sala de Mayor Riesgo. Óscar Schaad, jefe de la FECI, dice que para no estropear la investigación, prefiere no dar una opinión respecto a la recusación en contra de la jueza Sierra de Stalling, salvo remitirse al artículo 314 del Código Procesal Penal, que establece la reserva de información que se produzca de cada caso.

En ese artículo, no obstante, indica que quienes tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante la investigación –como defensores y jueces encargados del proceso–, estarán obligados a guardar reserva. Ante la resolución dictada por la Jueza Sierra de Stalling el pasado 20 de abril, en la que seis de los 22 implicados de “La Línea” quedaban ligados a proceso pero con medida sustitutiva, el MP ha presentado un recurso de apelación. Será la Sala Segunda de Apelaciones, presidida por Gustavo Adolfo Dubón Gálvez, la que resuelva si la decisión de la encargada del Juzgado Octavo Penal estuvo apegada a derecho.

No obstante, la jueza indica que le ha parecido curioso que la apelación de la fiscalía haya sido únicamente por tres de los seis acusados a los que se les dictó medida sustitutiva. “¿En dónde está el principio de igualdad con que me critican?”, pregunta ella. Óscar Schaad, jefe de la FECI, ante el cuestionamiento de la jueza Sierra, explica que los argumentos para apelar de esta forma fue “porque cuando se realizó la primera declaración se presentaron los informes en los cuales se hace relación a que ellos (Ortíz y González, sobre todo) son parte de la estructura alta externa y de su participación dentro de la estructura a través de las escuchas. Por lo cual consideramos que existía peligro de fuga o una posible obstrucción a la averiguación de la verdad. Por el lugar que ocupan en la estructura”, indica.

“El tiempo y la Corte de Constitucionalidad, siempre ha respaldado mis distintas resoluciones. Porque han sido apegadas a derecho”, señala Sierra de Stalling al preguntarle sobre la últimas resoluciones en el Caso de la defraudación en la SAT, o las medidas sustitutivas que también otorgó para los acusados del caso Bancafé, o bien cuando decidió excusarse de conocer el proceso contra el alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, sindicado por las autoridades del delito de lavado de dinero.

Dijeron: “Este es el puesto y el cargo. Este es el enlace”. En los medios de prueba, ¿dónde dice que hay una estructura interna y otra externa? Jamás lo acreditaron. Jueza Sierra de Stalling
El abogado operador de Fortaleza Jurídica sospecha que la estrategia de Sierra de Stalling, en este proceso, es la búsqueda de una recusación en su contra. “Quitarse de debajo de los reflectores”, dice.
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