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Simone Dalmasso
Mujeres van y vienen del molino de nixtamal de Nueva Quejá, al atardecer del 29 de abril. La comunidad se conforma por 300 familias originarias de Quejá desplazadas después de la tragedia del 2020. A la fecha, siguen viviendo sin agua potable ni luz. Simo

La crisis climática es una emergencia de derechos humanos

Mientras no cambie el modelo y si no se comienza de manera urgente a mirar hacía las prácticas que no destruyen, es imposible que haya un cambio profundo y que Guatemala pueda protegerse contra los impactos del cambio climático.
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La crisis climática es una emergencia de derechos humanos

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El cambio climático no solo es un asunto de calentamiento global y alteraciones de la temperatura, las lluvias o el nivel del mar. Es una emergencia de derechos humanos. Los impactos agravan la situación para la población más vulnerable, que por las condiciones sociales y políticas del país no gozan de derechos básicos. Andrea Ixchíu y Zuleth Muñoz, ambas defensoras de derechos humanos, evalúan cómo Guatemala enfrenta los impactos de la crisis.

Guatemala es uno de los países más vulnerables ante el cambio climático. Mantra de la crisis. Desde hace años la ciencia lo advirtió, el aumento de eventos climáticos extremos lo confirmó y con el tiempo el discurso político lo adoptó. Pero sin capacidad, voluntad política y acciones para enfrentar lo que vino. Lo que viene.

El nivel de vulnerabilidad no solo se debe a la ubicación geográfica del país y las amenazas no solo se configuran en torno al calentamiento global, las alteraciones de los patrones climáticos o el nivel del mar.

La profunda desigualdad que caracteriza la sociedad guatemalteca, la debilidad de las instituciones del Estado y el ambiente político influyen tanto en el nivel de impactos y el tipo de desastres que generan, como en qué parte de la población es la más afectada.


Las personas que históricamente han sido condenadas a condiciones de vulnerabilidad generalizada y privadas de derechos básicos son las primeras y más afectadas por los impactos del cambio climático. Es una emergencia de derechos humanos.

Expone y acentúa las condiciones que caracterizan a Guatemala, como la desigualdad, el extractivismo, la discriminación y las violaciones de los derechos humanos históricas por un lado, y por otro, el privilegio, la explotación y la soberbia de los grupos que gobiernan.

En este contexto, a las defensoras de derechos humanos, Andrea Ixchíu y Zuleth Muñoz, no les sorprende que no existan acciones concretas de mitigación y adaptación en Guatemala.

Las soluciones vivas a la crisis

La crisis climática está acelerando. Y es la consecuencia de un largo modelo de despojo, destrucción de ecosistemas, de ecocidios y de genocidios, dice Andrea Icxhíu. Por años, la activista maya k’iche y defensora de derechos humanos ha formado parte de diferentes mesas y organizaciones que abordan el cambio climático en Guatemala.

Urge replantear los sistemas de gobernanza alternativas y ver hacia los pueblos indígenas y su relación con la naturaleza para lograr mitigar los impactos futuros.

«Hemos demostrado con nuestras prácticas, modelos que ponen la vida al centro, donde podemos existir y habitar en un territorio sin depredar y destruirlo. Hay pueblos y comunidades que tenemos la capacidad de vivir y coexistir con nuestro entorno de manera mucho más armoniosa y recíproca, con formas diferentes de gestionar nuestras necesidades. Somos las soluciones vivas a esta crisis», dice Andrea.

El 80% de lo que queda de biodiversidad a nivel global, está ubicado en territorios de pueblos indígenas, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).


Pero el racismo, local y global, obstaculiza el proceso de adaptación y mitigación al cambio climático. En Guatemala, se aprobó la ley del Marco de Cambio Climático en 2013. Su objetivo fue, de manera urgente, establecer mecanismos y regulaciones para prevenir y responder a los impactos del cambio climático en el país.

Casi 10 años después, la destrucción de las áreas naturales, la expansión de los monocultivos, las actividades extractivas, la contaminación de las cuencas y el incremento de la conflictividad socioambiental continúan en Guatemala.

Para Andrea Ixchíu no es ninguna sorpresa que la ley no haya generado cambios. Como presidenta de la junta directiva de recursos naturales de 48 Cantones de Totonicapán, participó en el proceso de diálogo y elaboración de la propuesta de ley. Argumenta que el fundamento de la ley estuvo mal planteado desde su inicio y replicó el racismo estructural histórico que caracteriza el Estado de Guatemala.

«¿Qué van a cosechar de un proceso que fue sembrado sin transparencia, con corrupción y sin la inclusión de los pueblos?», cuestiona la activista k’iche.

No hubo una participación amplia de los pueblos indígenas y se limitó el tiempo de discusión de documentos altamente técnicos en materia ambiental y legal, explica. Eso impidió que la discusión pasara en igualdad de condiciones.

«Fue notable el interés de imponer una agenda específica que no era en beneficio del bien común», resalta Andrea.

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Le quedó claro, que trataba más de encontrar mecanismos para que funcionarios, agencias de gobierno y oenegés pudiesen acceder a ciertos recursos y fondos internacionales en materia del cambio climático dentro de una lógica conservacionista, como establecer más áreas protegidas y la privatización de zonas de reservas de biosfera, que cómo robustecer temas ambientales.

«Fue penoso. Sobre todo tratándose de un tema tan determinante para la vida de la población. Estuvo muy lejos de la visión del mundo de los pueblos originarios. No hubo voluntad para buscar ese trabajo conjunto con comunidades indígenas. Lo que yo percibí es que fuimos usados», explica Andrea.

Finalmente 48 Cantones y otros representantes decidieron retirarse del proceso en protesta, cuando no se permitió que presentaran el borrador de la ley en las asambleas para fomentar la inclusión de las comunidades guardianes de los recursos naturales.


«Estamos cuidando el bosque que es un patrimonio mundial y de producción de agua para toda la región mesoamericana. Pero no hubo voluntad política de entender las causas y generar protocolos reales. Incluso a mi me pasaron cosas que comprueba justamente eso, me terminaron ofreciendo sobornos con tal de que dejara de chingar el proceso», denuncia.

La inclusión fingida de los pueblos indígenas no solo se da en Guatemala, también se dio en la COP26. La más reciente conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se realizó en Glasgow entre octubre y noviembre de 2021 y reunió a países de todo el mundo. Representantes de los pueblos indígenas fueron invitados, incluyendo a Andrea Ixchíu, pero fueron excluidos de los procesos de decisión.

La injusticia climática

Zuleth Muñoz, de la Defensoría Socio Ambiental, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), señala que la falta de compromisos reales y acciones concretas, a nivel local y global, obstaculizan la posibilidad de mitigar los impactos del cambio climático.

«Los países se siguen reuniendo en las COP, pero realmente los acuerdos de los países que más producen gases de efecto invernadero (GEI) no son contundentes. Son países que han producido y están produciendo, y van a seguir produciendo una gran cantidad de GEI.  No se responsabilizan ni en sus propios países ni a nivel mundial por los impactos que generan», dice Zuleth.

Oxfam Intermón ha señalado que el 1% de la población más rica del planeta emite más gei que el 50% más pobre. En 2021 alertó que en vez de disminuir, el consumo del 1% sigue aumentando por lo que para 2030 será responsable del 16% de las emisiones totales en el mundo. Así resulta imposible alcanzar la meta del Acuerdo de París, de detener el calentamiento global a 1.5 grados.

Todos los países deben bajar sus emisiones, resalta. Pero en el caso de Guatemala, que emite 0,05% de los GEI en el mundo según Our World In Data, lo más urgente son las acciones de adaptación y mitigación. Y está fallando.


Con la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático se creó el Consejo Nacional de Cambio Climático conformado por varios actores gubernamentales, municipales, de sociedad civil, universitarios y de comercio. El consejo funciona como ente regulador y de supervisión e implementación de acciones y resoluciones de conflictos. Pero las reuniones han sido escasas.

Después de más de cuatro años, las y los integrantes del consejo se volvieron a reunir por primera vez en noviembre del 2021.

«A la vulnerabilidad que existe en el país por la ubicación geográfica se le suma por ejemplo el tema de la corrupción que existe en el Estado, y el hecho que no se ha ejecutado ni reglamentos ni sanciones ni políticas públicas encaminadas al tema de cambio climático. Eso endurece más los efectos que estamos viendo ahora», explica.

La defensora se mantiene crítica ante las reuniones realizadas por el consejo actual, que tampoco trasciende de ser «un requisito» a acciones concretas.

El clima es un tema de derechos humanos

Andrea Ixchíu lamenta la falta de interés genuino en generar cambios por el bien común de la población, aunque no le sorprende. Nada iba a cambiar en 10 años con una ley que surge del mismo modelo de país que fue implementado hace 500 años. Y la crisis climática actual, tiene sus raíces en un sistema global de desigualdad.

«Es una mirada colonial, mercantilista de la vida. Ven madera, ven dinero, ven ríos para ser convertidos en drenajes, ven negocios. Es un modelo racista y clasista que genera una burocracia que limita otras formas de vivir. Es un obstáculo para mitigar la crisis», dice.

Esa lógica que percibe los recursos naturales como mercancía, podría explicar porqué varios gobiernos, incluyendo el de Guatemala, se oponen a ratificar el Acuerdo de Escazú, una herramienta que facilitaría la protección de los recursos naturales sobre por ejemplo proyectos extractivistas.


Es el primer tratado regional de América Latina y el Caribe en el tema de medioambiente y promueve, entre otras cosas, la justicia en asuntos ambientales y la protección de defensores medioambientales.

Solo en 2021, UDEFEGUA registró 206 ataques contra personas, comunidades u organizaciones que defienden derechos campesinos, de desarrollo, del territorio y ambientales en Guatemala. La violencia es más común en las regiones donde se ha impuesto el modelo extractivista que la activista señala, como Huehuetenango, Alta Verapaz e Izabal. De las y los 11 defensores de derechos humanos asesinados, seis eran defensores de territorio y recursos naturales.

La explotación desproporcionada de los recursos naturales, la contaminación, el cambio del suelo, la deforestación y otras prácticas que alteran el medioambiente en sí tienen un impacto catastrófico, especialmente para las comunidades cuya subsistencia depende de los recursos naturales.

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Pero además pueden aumentar los impactos de los eventos climáticos extremos causados por el cambio climático, como el aumento de tormentas y sequías prolongadas, y así crear condiciones de vulnerabilidad aún mayores. Un ejemplo son los manglares. Funcionan como hábitat y criadero para miles de especies marinas que aportan a la biodiversidad, a la base alimenticia y económica local, y son barreras naturales que amortiguan el oleaje y protegen a las costas. Perderlos reduciría la diversidad de especies y agravaría la seguridad alimentaria, la salud, la situación de pobreza y vivienda de miles de personas.

Desencadena una avalancha de tragedias humanas. El análisis sobre la inseguridad alimentaria aguda que realiza la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán) señaló que entre junio y septiembre 4.6 millones de personas están en situación de crisis y emergencia. Cada vez son más las personas que se ven forzadas a huir de Guatemala para sobrevivir. Desde 2018 más de 365 mil personas han sido retornadas en su intento por llegar a Estados Unidos. 61.301 de ellas en los primeros siete meses de 2022.

La defensora de PDH concuerda con Andrea Ixchíu; las tragedias humanas y la crisis climática tiene que ver con un Estado que no prioriza el bienestar de las personas.


«Todo lo que estamos pasando y lo que vamos a pasar es el resultado de muchos años de ausencia de políticas públicas, de legislación y de inacción del Ministerio de Ambiente y otras instituciones, como el Inab. Sigue la tala ilegal, faltan planes de ordenamiento territorial, se realizan construcciones en cualquier lado. Pero no se toma en consideración que se tala bosque que da estabilidad a esa fracción», dice Zuleth Muñoz.

Es indispensable que la legislación, las políticas públicas y los reglamentos relacionados al cambio climático se hagan desde un enfoque integral de derechos humanos y no solo del medio ambiente, y debe incluir a las empresas.

«Existe una corresponsabilidad de las empresas bajo la premisa de siempre tener esa debida diligencia de incorporar los principios rectores de derechos humanos en sus acciones. Las empresas tienen los recursos económicos para poder invertir en infraestructura y usar por ejemplo energías limpias o renovables. Y el ministerio de ambiente tiene la responsabilidad de monitorear todo el accionar de las empresas en el tema ambiental y de asegurar la participación de la población en la toma de decisiones», dice Zuleth.

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En diciembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) emitió la resolución 3/2021 que afirma que el cambio climático es «una de las mayores amenazas para el pleno disfrute y ejercicio de los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras, para la salud de los ecosistemas y de todas las especies que habitan el planeta».

La resolución hace mención particular de la alta vulnerabilidad en Centroamérica y los impactos desproporcionados que la emergencia climática causa en los países de la región y advierte que la crisis alimentaria, la migración, la desigualdad y la pobreza podrían incrementar «de manera desproporcionada».

Qué futuro queremos sembrar

«En la vida real, no es el Estado el que cuida los recursos. Es un Estado profundamente hipócrita y corrupto que pone el dinero y los intereses de las élites y el crimen organizado al centro, y no la vida», argumenta Andrea Ixchíu.

Al resumir los desastres humanos y a la infraestructura que ocurren cada vez más frecuente con las lluvias y las sequías, después de casi una década de aprobarse la Ley Marco del Cambio Climático, concluye que es un documento muerto y que las acciones del Gobierno de Guatemala son una simulación. Pone como ejemplo las tormentas Eta e Iota en 2020.

«Las familias que fueron afectadas siguen completamente desprotegidas, sin acceso a agua potable, algunas desplazadas, muchas migrando a Estados Unidos. Nos muestra la completa incapacidad del aparato estatal para la resolución de las necesidades de la gente. Pero sí los vemos operar con mucha agilidad alrededor de la agenda extractiva y del monocultivo, y de la protección de los intereses de grandes capitales en Guatemala», explica Andrea.


Es una crisis que comenzó hace 500 años y en las últimas décadas las cifras que muestran la cantidad de personas que sobreviven en pobreza y pobreza extrema, niñas y niños que sufren de desnutrición y los índices de desigualdad, comprueban que la crisis empeora y más con los impactos del cambio climático.

Mientras no cambie el modelo y si no se comienza de manera urgente a mirar hacía las prácticas que no destruyen, es imposible que haya un cambio profundo y que Guatemala pueda protegerse contra los impactos del cambio climático.

Andrea asegura que las soluciones no van a venir de las potencias mundiales ni de las grandes corporaciones multinacionales que son causantes de la crisis, sino que las respuestas se construyen desde la población, sobre todo los pueblos indígenas que son las alternativas vivas, reitera.

«El calentamiento global es la fiebre de un cuerpo vivo que está enfermo. Hay que preguntar, ¿qué futuro quiere sembrar la gente?».

 
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