Inseguridad alimentaria: el hambre avanza mientras los recursos se despilfarran
Inseguridad alimentaria: el hambre avanza mientras los recursos se despilfarran
- 3.2 millones de personas están en riesgo de padecer hambre en Guatemala. Mientras, hay diputados que gastan miles de quetzales en restaurantes.
- El Maga y el Mides tienen presupuesto para dar alimentos a las personas vulnerables. La primera, entrega raciones valoradas en 320 quetzales. La segunda, ha sido señalada de almacenar alimentos sin justificación.
- Los funcionarios que buscan la reelección aprovechan el reparto de las pocas ayudas gubernamentales para promocionar su imagen.
En solo dos días el Congreso gastó casi 19,000 quetzales en alimentos para diputados y el personal que les asiste. Mientras, los funcionarios que buscan la reelección con el partido oficial aprovechan el reparto de ayudas por emergencia para promocionarse. La ración de alimentos que reciben las personas afectadas se valora en 320 quetzales y debe alcanzar para que coma una familia durante un mes. El país vive esos contrastes que generan desigualdad en el uso de los recursos del Estado, aún en tiempos de emergencia por hambre.
En septiembre, dos entidades de la Organización de las Naciones Unidas emitieron una alerta: 19 países del mundo, incluido Guatemala, tendrán a más personas en riesgo alimentario agudo de octubre a febrero. «Inseguridad alimentaria aguda» es una clasificación que sirve para identificar a las personas que están en situación crítica para obtener alimentos y, por tanto, corren el riesgo de padecer desnutrición. El país tiene en esa situación a 3.2 millones de personas, según este informe.
El documento se titula «Puntos críticos de hambre» e incluye a tres países de Latinoamérica y el Caribe. Haití, a la cabeza; Honduras y Guatemala. No es extraordinario que el país aparezca en este listado. Aunque no hay datos actualizados de pobreza o desnutrición crónica, porque la última vez que un gobierno realizó estas mediciones fue en 2014 y 2015, hay encuestas e informes que indican que las condiciones de la mayoría de la población no han mejorado con el tiempo, más bien se han agravado por los acontecimientos de los últimos dos años.
En 2020, miles de personas perdieron sus fuentes de empleo y los medios de subsistencia por la crisis económica que dejaron la COVID19 y las tormentas Eta e Iota. En 2022, la guerra de Rusia contra Ucrania ha provocado que los combustibles, los alimentos y los insumos para producirlos –como los fertilizantes– se eleven a costos que pocos pueden pagar. Como consecuencia de estos y otros factores, aumentó el precio de los alimentos y se redujo la capacidad de las personas para adquirirlos. A esta difícil situación hay que añadir los efectos de dos tormentas tropicales que este año provocaron lluvias excesivas en poco tiempo y, ante la falta de prevención y mantenimiento, un colapso de las vías de comunicación y la pérdida de cultivos de maíz, frijol y hortalizas debido a las inundaciones.
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Aunque el discurso oficial es que el gobierno dirige la ayuda a los necesitados y, en especial, a los más vulnerables, la realidad es que la asistencia gubernamental es insuficiente y los procedimientos para repartir la ayuda no son eficientes, ni transparentes.
Guatemala cuenta con una política, una ley y un plan ante el cambio climático, pero apenas empieza a desarrollar proyectos con apoyo de la cooperación internacional. En 2005 fue el primer país de América Latina en adoptar una política sobre seguridad alimentaria y una ley que reconoce el derecho a la alimentación. Sin embargo, diecisiete años después, la situación empeora para la población más vulnerable. Un informe del Consejo Económico y Social señaló que, a pesar de una inversión de 37.4 mil millones de quetzales, de 2008 al 2014 «toda la institucionalidad del país, tan solo pudo disminuir la tasa de desnutrición crónica a una razón de 0.33% anuales».
Los fondos para alimentos de emergencia
La noche del 18 de octubre el jefe de la bancada Valor, diputado José Francisco Zamora Barillas, pagó con fondos del Congreso 3,040 quetzales por un churrasco y ensalada para él, su asistente, la secretaria y el asesor. Fueron 760 quetzales por persona. No es el primero ni el único parlamentario que dispone de la caja chica para comprar comida y, mucho menos, el único funcionario que utiliza los fondos públicos como si la realidad del país fuera de bonanza. El Tribunal Supremo Electoral pagó 45,000 quetzales para que crearan un himno a la institución y los 14 integrantes de la municipalidad de Villa Nueva han cobrado en dos años y nueve meses 30.2 millones de quetzales por sesionar. El Congreso hizo 27 «compras de baja cuantía» el 18 y 19 de octubre por un monto de 18,764.90, según el portal de Guatecompras, que registra las adquisiciones estatales.
Por segunda ocasión el país se encuentra en un Estado de Calamidad, esta vez por los efectos de la tormenta tropical Julia. Además de la parrillada del diputado Zamora y otros desayunos y comidas en restaurantes por los integrantes de varios partidos, el Congreso pagó poco más de seis mil quetzales por 177 almuerzos para los empleados que estuvieron de «apoyo» en la plenaria del 19 de octubre. Era un día hábil.
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A 279 kilómetros del Congreso, Francisco Coc, integrante del caserío San Vicente 1 El Quinel, cuenta por teléfono que las 37 familias que componen la comunidad están albergadas en la escuela del municipio de Panzós, en la zona este de Alta Verapaz y que están «comiendo bien» porque tienen acceso a tres tiempos de comida en el albergue. La municipalidad les ha dado granos básicos para que cocinen y alguna iglesia o institución no gubernamental eventualmente les ha dado raciones preparadas. Debido a la tormenta Julia, en Panzós hubo un derrumbe que sepultó a cinco personas, incluido un recién nacido y 406 personas debieron albergarse por el riesgo de inundación o derrumbe.
Francisco Coc cuenta que, antes de evacuar, cada familia empacó la pequeña reserva de alimentos que les quedaba para sobrevivir lo que queda del año. La colgaron a tres metros de altura para evitar que el agua la inundara o la corriente la arrastrara. Los víveres que les han dado en el albergue y lo que dejaron en las casas es lo único que tienen. En junio, perdieron toda la cosecha porque el río Polochic volvió a inundar sus terrenos y solo pudieron rescatar algunas mazorcas.
En septiembre, el gobierno les mandó ayuda. «Vino un diputado de Alta Verapaz que se llama Polo Salazar, pero no dijo de qué institución venían los alimentos. Solo dijo que él estaba buscando la ayuda para nosotros». Leopoldo Salazar (expulsado del partido Valor por aliarse al partido oficial) y el alcalde Ernesto Ramírez (quien fue electo por la UNE pero que podría buscar la reelección con el partido de gobierno), les dijeron que ellos consiguieron la ayuda. En las redes sociales del diputado hay pruebas de que citó en su oficina del Congreso, en la capital, a los funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) y de la Secretaría de Seguridad Alimentaria (Sesan) para señalar la urgencia de asistencia para los afectados por la tormenta Celia. No hay señales de que haya ido a las comunidades inundadas.
El alcalde hizo la gestión de alimentos para 4,009 personas. El Maga envió raciones con 10 libras de arroz, 15 libras de frijol, dos botellas de aceite, 25 libras de harina de maíz nixtamalizada, 4.4 libras de avena y 5.5 libras de azúcar valorados en 320 quetzales y que, según los cálculos de la institución, deben alcanzar para alimentar a una familia de cinco personas durante un mes. Esto equivale al 10.5% de lo que costó la cena del diputado Zamora Barillas y sus acompañantes. O, visto de otra forma, no es ni la mitad de lo que consumió esa noche cada comensal.
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Francisco Coc desconoce cómo se maneja el presupuesto del estado, pero le queda claro que la ayuda que les llega es insuficiente. Los alimentos que les dieron no pueden alcanzar para un mes «porque hay familias grandes» que necesitan más para alimentarse. Lo segundo que señala es que aunque en 2021 recibieron más alimentos (un quintal de maíz y casi el doble de los otros productos que ahora les entregaron), así como un estipendio de 1,000 quetzales, cada nueva tormenta les ha vuelto a dejar con lo mínimo o nada para subsistir.
San Vicente 1 El Quinel es un caserío ubicado a unos 200 metros del río Polochic. La comunidad carece de servicios básicos. Las personas no cuentan con energía eléctrica, no hay agua potable, no hay fuentes de trabajo, deben salir de su pequeña comunidad para estudiar y sus pocos ingresos por agricultura son insuficientes para que puedan hacer una inversión de ese tipo.
Ivan Aguilar, gerente Humanitario de la organización Oxfam, asegura que la «respuesta estatal no ha sido adecuada» en esta emergencia y que «la inversión gubernamental es insuficiente para evitar que la cifra de personas en riesgo alimentario escale». En 2022 el Maga destinó 360 millones de su presupuesto para comprar raciones que deben incluir arroz, frijol, aceite, azúcar, harina de maíz y avena. Los fondos fueron entregados al Programa Mundial de Alimentos (PMA) para que entregue 985,250 raciones adquiridas. De estas, 360,000 quedarán como un banco de almacenamiento, o «reservas estratégicas», como las denomina el gobierno.
Sin embargo, estas ayudas no llegan a todos, ni van acompañadas de otras acciones de asistencia que también son urgentes. La pobreza, como ya lo han indicado diversos estudios, es multidimensional. Afecta la situación de ingresos, pero también considera el entorno en el que viven las personas, su acceso a servicios de salud, agua, educación, entre otros.
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La ayuda no llega a todos
En Panzós hay conflicto porque una organización señala que varias comunidades no han recibido ayuda. Mientras, la municipalidad la acusa de cobrar por armar listados y ofrecer gestiones de alimentos. Esta situación ejemplifica el desorden en la distribución de asistencia.
Benjamin Rax, representante de la Coordinación de Acción Social de Desarrollo Rural del Área del Polochic (Casdrap), reclama que en el reparto de alimentos por la emergencia de la tormenta Celia, ocurrida en junio, las autoridades dejaron fuera a 554 familias de las comunidades Limón Zarco, Agua Caliente, El Nazareno y Cancoy, todas de Panzós, Alta Verapaz. De las cuatro, las últimas dos no aparecen en una base de datos a la que Plaza Pública tuvo acceso y que muestra los registros de las personas que recibieron las 4,009 raciones en 58 comunidades. El alcalde Ernesto Ramírez dice que presentaron una denuncia contra Rax porque descubrieron cobros a los comunitarios por la gestión de alimentos. Al consultar cómo determinan a quién llega la ayuda, el Maga se desentiende porque asegura que su función es «entregar alimentos exclusivamente por requerimiento y no por oficio». Zanjan el tema con el argumento de que la cartera «no selecciona beneficiarios».
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El registro de beneficiarios ha sido un tema polémico desde 2012, cuando el gobierno de Álvaro Colom implementó los programas sociales. Desde entonces ha habido desconfianza en la selección de los receptores de la ayuda, pero el listado de beneficiarios debería hacer más que transparentar el uso de los programas de protección social. Permitiría dar seguimiento a las múltiples necesidades individuales y comunitarias además de asegurar que nadie quede desprotegido.
El Maga tiene en su estructura al Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Visan), que ha distribuido 1.2 millones de raciones en los casi tres años de este gobierno. A través de la Sesan atienden pedidos para asistir a familias con niños en condición de desnutrición aguda, que gestiona el Ministerio de Salud; personas en riesgo identificadas por la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria (Comusan), que coordinan los alcaldes. Los requerimientos a los Centros de Operaciones de Emergencias Municipales (COE), se activan con participación de instituciones de gobierno y sociedad civil. También deben tramitar las solicitudes de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) en cumplimiento a medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La alcaldía de Panzós explicó que el listado de personas que recibió alimentos en septiembre pasado fue elaborado por los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) de las comunidades en donde la comuna, la Conred, y otras instituciones como el MAGA identificaron daños.
El problema con este sistema es que hay poblados que quedan fuera del radar. Una fuente del COE, que pidió la reserva de sus datos para evitar represalias porque tiene un contrato temporal, confirmó que hay caseríos a los que no han podido ingresar porque están aislados debido a la crecida de los ríos. La municipalidad no tiene lanchas para ir a las áreas aisladas y los comunitarios no tienen acceso telefónico para comunicarse y pedir ayuda. También quedan fuera de cualquier asistencia las familias asentadas en terrenos registrados a nombre de particulares o áreas protegidas del Estado, porque al no tener «legalidad» de los territorios que habitan su organización comunitaria no es reconocida por la municipalidad. Por lo tanto, quedan excluidos.
Aunque las instituciones tienen el registro de personas en riesgo por eventos pasados, como las tormentas Eta e Iota, con cada evento climático que afecta a las poblaciones, deben levantar un nuevo registro para determinar el tipo de daño y necesidades que requieren atención. Además de alimentos, hay otras necesidades. En Panzós, por ejemplo, urge la construcción de 80 kilómetros de bordas, para evitar las inundaciones, pero el Ministerio de Comunicaciones no le ha dado una respuesta a la petición de la alcaldía. Adicional a esto, aparece la «politización» del reparto de asistencia estatal, como ya lo han indicado diversos analistas, lo cual se agrava en temporada preelectoral.
El presidente Alejandro Giammattei ha estado de gira por varios departamentos del país para entregar alimentos y oficializar la incorporación de más personas al Programa del Adulto Mayor, que otorga 500 quetzales mensuales a quienes no poseen una pensión de gobierno o privada. En Santa Rosa, ante los beneficiarios dijo: «esa gestión hay que agradecerla (porque) es una gestión de los alcaldes y del diputado (Napoleón Rojas)», electo por la Unión del Cambio Nacional y que ahora busca la reelección con el partido Vamos, de Giammattei. «(Napoleón Rojas) ha sido uno de los diputados más leales que hemos tenido en el Congreso y no es de mi partido», le dijo Giammattei a los receptores de la ayuda y a los alcaldes de los municipios de Santa Rosa que escuchaban el discurso y una invitación para que mantuvieran el apoyo para la aprobación del presupuesto estatal 2023.
Para evitar la politización de la distribución de ayudas, como históricamente ha sucedido, la solución es contar con un registro de beneficiarios. La responsabilidad de crearlo es del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que funciona desde hace una década. A lo largo de varios gobiernos, y tormentas que suceden cada año no ha levantado un censo apropiado. Melvyn Caná, nuevo ministro del Mides informó ante la ONU que desarrollan un proyecto piloto de registro de beneficiarios con ayuda internacional.
La organización Acción contra el Hambre, una de las 72 entidades no gubernamentales que trabajan en seguridad alimentaria en el país, realizó en mayo una encuesta en hogares de 14 departamentos del Corredor Seco afectados por las tormentas Eta e Iota. El resultado, antes de las tormentas Celia y Julia y sin considerar el aumento de precios de los alimentos de los últimos meses, era que la población mostraba un «empeoramiento» de sus condiciones.En aquella fecha ya había personas que comían menos veces al día y otras que consumían más frijoles y tortillas porque no podían costear verduras ni otros alimentos. Una de las conclusiones de esta encuesta es que en esta escasez, sin ahorros, y con la previsión de un aumento de precios, la situación de las familias será cada vez peor.
Iván Aguilar, de Oxfam, señala otra problemática institucional. El Maga y el Mides duplican funciones al encargarse de entregar alimentos. «El Mides tendría que tener presupuesto suficiente para dar alimentos a todos los afectados, mientras el Maga se ocupa de fortalecer la agricultura familiar», dice. Las funciones del Mides son confusas: le han dado fondos para que construya escuelas, que es una atribución que también tiene el Ministerio de Comunicaciones. Y entrega becas, como lo hace el Ministerio de Educación. En tanto, las actividades de protección social son foco de denuncias. Almacena alimentos al punto de vencimiento, concentra los comedores sociales en áreas urbanas y no llega a los que padecen hambre, mientras que las transferencias monetarias están estancadas. Para este último rubro le asignaron 476 millones y la ejecución a septiembre apenas llegaba al 60%.
El Maga tuvo más presupuesto que el Mides en 2022: 1,607.3 millones versus 1,406.1 millones de quetzales. Ni el Ejecutivo, ni el Legislativo tienen intenciones de reorientar las funciones de los dos ministerios. El Maga programó menos presupuesto para alimentos en 2023. De 318.9 millones en el periodo actual, pasará a 187.6 millones si el Pleno de diputados no hace modificaciones. En cambio, para Servicios para el Mejoramiento de la Producción Agrícola pasará de 9 a 189 millones de quetzales, sin que se conozca el destino que tendrá la inversión de estos fondos.
Acciones para cambiar el futuro
En Chicamán, del departamento de Quiché, Herculano Alvarado lleva un reporte en un cuaderno de doble línea con el nombre de cada jefe de hogar y la pérdida de maíz que cada uno tuvo por la tormenta Julia. Como coordinador del Cocode, señala que cumple con su responsabilidad de llevar este registro para comunicarlo a las autoridades. «Hace tres o cuatro meses fui a la aldea Pancur, porque me invitaron a una reunión del Sesan y nos dijeron que iba a venir ayuda», dice. A este líder comunitario le tiene que sobrar la paciencia. Le pidieron que llenara una solicitud, pero los víveres todavía no llegan, a pesar de la necesidad alimentaria cotidiana. La municipalidad le ofreció láminas para diciembre o enero del próximo año y espera respuesta de la petición que le hizo a la hidroeléctrica, porque el río Chixoy se rebalsa sobre los caminos, siembras y amenaza con erosionar el cerro en el que están las viviendas.
En la aldea hay 48 familias. Aunque todos se dedican a la agricultura, no han podido incorporarse como productores de verduras para la escuela, porque ninguno de ellos tiene excedente para vender. Intentaron implementar un proyecto de hortalizas pero «le pegó el hongo» y se perdió. Una entidad internacional desarrolla un proyecto que otorgará cinco desembolsos de 700 quetzales mensuales a un grupo de madres con niños y niñas de menos de cinco años. Del gobierno no saben nada desde 2021, cuando les entregaron los alimentos por la COVID19. «Ya nos conformamos, porque no nos escuchan», apunta el líder comunitario.
Este relato sirve para entender la visión de Rolando Cifuentes, director del Centro de Estudios Agrícolas y Alimentarios de la Universidad del Valle. Después de haber acompañado a comunidades afectadas por la sequía en 2013-2016 y de ver el impacto en la agricultura por el exceso de lluvias, señala que hay dos cosas que el Maga debería hacer para atender a quienes desarrollan la agricultura familiar: más desarrollo en investigación y mejores esfuerzos por dar asistencia técnica. «Hay poco apoyo de la Senacyt (Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología)» dice, cuando se necesitan esfuerzos para dar asesoría técnica a los productores porque esto «puede cambiar sus circunstancias».
Una de las acciones que sugiere implementar es la creación de bancos de semillas criollas para que los productores puedan usarlas en caso de una pérdida. En la actualidad, cuando se pierde una cosecha desaparece la tradicional reserva de la mejor semilla para una segunda siembra y se obliga a la compra de granos modificados. Otra sugerencia de Cifuentes es ampliar las capacidades para las reservas de agua, porque con la variabilidad climática es probable que en el futuro regrese el fenómeno del Niño con ausencia de lluvias.
Cifuentes explica que para implementar estas acciones, el Maga debería cambiar el sistema de contratación de los extensionistas rurales, que son los encargados de ayudar a los agricultores a mejorar sus prácticas productivas. A los extensionistas les contratan como personal temporal y muchas veces son seleccionados por su trabajo en campaña política y sin contar con las capacidades técnicas requeridas. En el proyecto de presupuesto 2023, en la sección de Gestión por Resultados, el Maga indicó que otorgará estipendios a 47,412 jóvenes para que presten servicio cívico como extensionistas rurales. El presupuesto para este programa será de 34.1 millones de quetzales si el Congreso lo aprueba.
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