Liveblog | Actualizaciones del #ParoNacional en Guatemala

Por Redacción Plaza Pública

Llegamos al final de octubre, con ello se finaliza una parte importante del calendario de elecciones y abre las persianas de una nueva fase previo a que haya un cambio en el ciclo de gobierno.

En este proceso el Tribunal Supremo Electoral estableció fechas clave para operativizar el proceso desde la convocatoria, pasando por la campaña, los días de las votaciones, hasta la certificación de los resultados.

Este calendario sostuvo durante un tiempo la permanencia o vigencia del partido Movimiento Semilla, pues con los resultados de la primera vuelta y su sorpresivo pase al balotaje, se activó una maquinaria en el MP para dejar fuera a la agrupación política.

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La Feci de Rafael Curruchiche presentó un caso —que hasta ahora sigue en reserva— donde solicitó al juez Fredy Orellana inhabilitar la personería jurídica del partido mientras era investigado por aparente lavado de dinero, utilizando como argumento una ley que no es la electoral.

Por su parte, la CC emitió una resolución que ha sostenido la vigencia del partido hasta el cierre del calendario electoral, pero al mismo tiempo le dio vía libre al MP para que continuara con la investigación, a pesar de que no se conozcan detalles a profundidad.

En los últimos días han ocurrido cosas importantes que cambiarán el rumbo actual del proceso. Te los recordamos así:

• El MP no dio muestras de frenar las investigaciones en contra de Semilla y del Tribunal Supremo Electoral.
• El jueves se cumple un mes del día que inició el Paro Nacional con bloqueos como una presión social organizada por los 48 Cantones de Totonicapán, que se transformaron en una protesta permanente en la sede del MP.
• El presidente Alejandro Giammattei le dio un respaldo vedado a la fiscal Consuelo Porras al declarar que no podía removerla del caso, pero tampoco ofreció a las autoridades indígenas hacer una solicitud pública de renuncia, algo que no tiene prohibido.
• En el TSE ocurrió el relevo de presidencia habitual. Irma Palencia le entregó el cargo a la magistrada Blanca Alfaro para el último ciclo de magistratura.
• Luego del cambio de presidencia, en el TSE retiraron las moñas negras y devolvieron las banderas a su altura correcta. Estos símbolos estaban ahí después del 30 de septiembre, como una medida de protesta por el allanamiento de más de 20 horas del MP que terminó con la extracción de las actas originales —4 y 8— de los resultados electorales.
• Hubo peticiones para que se ampliara el calendario electoral al 14 de enero, como una medida de blindaje a los resultados electorales. Su vigencia permite al Movimiento Semilla asegurar su vigencia pues, por ley, ningún partido político puede ser cancelado durante este periodo. El último día es hoy.
• El Registrador de Ciudadanos adelantó que con el fin del calendario electoral podría entrar en vigencia el proceso de suspensión del partido semilla ordenado por el juez Orellana. No implica que la agrupación queda anulada de inmediato, más bien es el inicio del que podría ser su fin.

Esto quiere decir que estamos en un cambio de ciclo en las acciones previas a la transmisión de mando prevista para el 14 de enero.

El presidente Alejandro Giammattei aseguró en declaraciones públicas y frente a la Organización de Estados Americanos (OEA) que sí entregará el poder, pero no hay garantía a quién.

Depende, de momento, de lo que haga el MP en los próximos días y en las acciones que «le dé tiempo» ejecutar, pues para emprender persecuciones legales a funcionarios debe existir procesos de retiro de inmunidad respaldadas por el Congreso.

Estamos a 75 días para que ocurra el cambio de mando. Cada día cuenta en esta novela política guatemalteca que no deja de sorprender.

Por Ferdy Montepeque

«Voy a renunciar para que  no tengan la necesidad de un antejuicio, sino que puedan iniciar las acciones de inmediato. Los abuelos decían que la cárcel no mata», dijo el 20 de agosto la magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Odilia Alfaro Guerra, al borde del llanto.

La solicitud para retirarle la inmunidad se cumplió, pero Alfaro no abandonó el cargo y dos meses después del anuncio de su dimisión, asumió como nueva presidenta del tribunal electoral.

El 27 de septiembre, la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) presentó antejuicios contra todos los magistrados del TSE, incluída Alfaro, por supuestas anomalías en la contratación del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Trep).

Ese día, en una conferencia de prensa, Plaza Pública preguntó a Alfaro si renunciaría al cargo como lo anunció, pero evadió el cuestionamiento.

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Tras asumir el cargo, en una sesión privada del pleno de magistrados, Alfaro no se pronunció sobre el anuncio que hizo el día de la segunda vuelta electoral. Además, suavizó su postura sobre el secuestro de las actas originales de la primera vuelta de las votaciones que realizó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), por otro caso que se encuentra bajo reserva.

En la mañana del 30 de septiembre, cuando la Feci concluyó el allanamiento en la sede central del TSE y extrajo las actas electorales, Alfaro indicó: «Nosotros no somos garantes ya de ningún acta. No sabemos qué pueden hacer con ellas, lamentablemente se llegó a esta situación tan triste».

De inmediato, el pleno de magistrados ordenó colocar moñas negras en las puertas de todas las sedes del tribunal y las banderas a media asta. En un comunicado, el TSE indicó que el secuestro de los documentos originales fue «una violación a la democracia».  

Sin embargo, en sus primeras declaraciones públicas como presidenta del órgano electoral, Blanca Alfaro respondió que ahora el MP tiene «bajo su custodia» las actas donde constan los resultados de la primera vuelta.

Por Ferdy Montepeque

La magistrada Irma Palencia, quien presidió el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante las elecciones generales 2023, convocó para presentar una memoria «preliminar» sobre los comicios. En su discurso, Palencia dijo que los avances de la memoria están compuestos de dos tomos y que su sucesora, Blanca Alfaro, quien asume el 26 de octubre, será la encargada de elaborar la tercera parte del documento que deberá incluir «los desafíos» de su periodo.

Esta acción del TSE es inusual, pues las memorias electorales deben incluir todos los resultados de un proceso electoral, desglosado por municipio, además incluye datos sobre el padrón y la participación ciudadana. Siempre se realizan al terminar los procesos electorales. Pero los comicios de 2023 concluyen hasta el 31 de octubre próximo, si el pleno no decide prorrogar ese plazo.

«Fue sin duda un destacado evento electoral, sus logros trascendentales por su impecable logística, compromiso y eficiencia, colocándonos a la vanguardia de órganos electorales de América, por las herramientas tecnológicas e innovaciones como la integración del Cope (Centro de Operaciones del Proceso Electoral), el CNI (Centro Nacional de Información), además de herramientas como Infocamp (los informes sobre financiamiento de campañas electorales), el Opasam (Lista de Organizaciones Políticas y Asambleas Municipales), el ICO (Portal para inscripción de candidatos), el geo empadronamiento, el Trep (Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares), el blockchain (seguridad de almacenamiento de actas electorales), la ciberseguridad y la conectividad satelital, como servidores en nube. Toda esta transparencia, alta disponibilidad y eficiencia en toda la operación electoral, la pusimos al servicio de Guatemala», indicó Palencia.

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Sin embargo, el TSE no presentó ninguno de los documentos «preliminares» de los que habló Palencia. Su discurso duró ocho minutos.

A la actividad se ausentó la magistrada Blanca Alfaro, quien asume la presidencia del tribunal el 26 de octubre, así como su colega Mynor Franco. El acto se realizó en la sede del Cope, en el Parque de la Industria, después de que a última hora cambiaron el lugar del evento, debido a que el Ministerio de Cultura les negó el uso del Teatro de Cámara en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, de lo cual fueron notificados la noche del 23 de octubre, indicó Palencia.

Los magistrados del TSE deben resolver si extienden el periodo electoral, cuya finalización estaba prevista para el próximo 31 de octubre. La decisión es de interés, debido a que del final del proceso depende la solicitud de suspender al partido Semilla, con el que ganaron las elecciones presidenciales Bernardo Arévalo y Karin Herrera.

Por Elsa Coronado

La ruta Interamericana quedó liberada por completo la noche del sábado 21 de octubre.

Los 48 Cantones de Totonicapán desistieron del bloqueo el viernes 20 para adoptar una nueva estrategia, que consiste en trasladarse por grupos a la capital.

Santa Lucía Utatlán y Sololá resolvieron permitir el paso del sábado al lunes.

El martes volverán a bloquear como medida de presión para pedir la renuncia de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana.

La Alcaldía Indígena de Sololá y la de Santa Lucía Utatlán abrirán el paso a vehículos con alimentos, combustible, gas y productos de primera necesidad.

Anunciaron que estará prohibida la circulación de vehículos de transporte, taxis, gaseosas, licor y otros productos de grandes empresas.

Por Elsa Coronado

La ruta Interamericana estuvo cerrada durante 19 días, pero este 20 de octubre la organización 48 Cantones de Totonicapán liberó el paso desde Cuatro Caminos hasta el kilómetro 177.

La toma de la carretera buscaba forzar la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, porque llevaron al ámbito penal los resultados electorales.

Después de 19 días en la carretera, la Asamblea de Alcaldes resolvió despejar la ruta y continuar con la resistencia a través de otra estrategia. La población se trasladará a la capital y reforzará el plantón frente a la sede central del Ministerio Público y otras instituciones de gobierno de manera indefinida.

De cada comunidad saldrán dos buses con personas que harán turnos de 24 horas. El balance de la toma de la carretera es positivo para los líderes locales. «Desnudamos la cooptación del Estado. Nos dimos a conocer a nivel internacional como organización indígena y seguimos en resistencia», dijo uno de los alcaldes a la población en Xecanchavox, kilómetro 177, Totonicapán.

La jornada del aniversario de la Revolución de 1944 estuvo marcada por discursos de agradecimiento a las miles de personas que sacrificaron tiempo y recursos económicos en una protesta histórica contra la corrupción y en favor del sistema democrático, amenazado por denuncias de irregularidades en el conteo de votos que han sido  acogidas por el Ministerio Público y avaladas por el juez Fredy Orellana.

Los 48 Cantones, junto a otras organizaciones ancestrales de Quiché, Sololá, Nebaj, pueblo q’eqchí’', xinca, entre otras, convocaron al Paro Nacional luego de agotar otras vías para pedir la renuncia de los tres funcionarios.

Primero buscaron reunirse con diputados y otros funcionarios, también hicieron caminatas y presentaron recursos legales, pero nada funcionó. Lo que sigue, dicen, es mantener la presión en el territorio de los funcionarios cuestionados.

La decisión de 48 Cantones no ha sido respaldada por la Alcaldía Indígena de Sololá.

En este territorio hay por lo menos cuatro puntos bloqueados y hasta la noche del viernes 20 de octubre mantenían el cierre. Sin embargo, en redes sociales del departamento circuló información sobre la liberación del camino desde el viernes hasta el lunes por la noche.

La confusión es el denominador en este departamento. En conferencia de prensa, Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones dijo que las decisiones de los pueblos indígenas son «autónomas», aunque refirió que siguen unidos en la resistencia hasta lograr la renuncia de Porras, Curruchiche y el juez Orellana.

Por Jody García

Las autoridades indígenas que lideran el Paro Nacional en Guatemala se sentaron en una mesa a dialogar, la tarde de este miércoles 18 de octubre, con representantes del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil, con mediación de la Procuraduría de Derechos Humanos.

Esto ocurrió horas después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó a Gobernación que en un plazo de seis horas liberara los accesos al edificio principal del Ministerio Público en Gerona y otras sedes a nivel nacional y que capturara a manifestantes que «cometieran delitos».

Esta orden levantó las alarmas, ya que un día antes Napoleón Barrientos, renunció como ministro de Gobernación y fue señalado por  el mismo MP de no usar la fuerza pública para disolver las protestas; en su lugar fue nombrado Byron René Bor.

Cuando se conoció la noticia de la orden de la CC, las autoridades indígenas llamaron a la calma, pidieron a los manifestantes no caer en violencia y pidieron a la policía «no agredir al pueblo». Frente a la sede central del MP se observó que llegaron más policías, portaban macanas, pero se mantuvieron al margen, observando.

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En la PDH, en una reunión de dos horas, las autoridades recalcaron que las manifestaciones son pacíficas y que nunca impidieron que personal del MP o usuarios ingresaran al edificio. Sin embargo, se comprometieron a liberar el ingreso a trabajadores y usuarios de la institución; esto sin comprometer el plantón, ya que las protestas continuarán hasta que renuncie la fiscal general Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana.

Héctor Alarcón, viceministro de Prevención del Delito del Ministerio de Gobernación, aseguró que no buscaban confrontación ni un desalojo, solo la liberación del acceso al MP.

Con el acuerdo entre ambas partes hecho, frente a la entrada principal del MP los manifestantes hicieron una valla humana para despejar la entrada al edificio mientras cantaban el himno nacional y gritaban «¡El pueblo unido jamás será vencido!».

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Esta misma tarde, Bernardo Arévalo y Karin Herrera —el binomio electo— dieron una conferencia para expresar su preocupación por la situación tensa del país. Entre otras cosas anunciaron que en los próximos días se reunirán con sectores  sociales, económicos y políticos «para encontrar una ruta que nos permita avanzar en soluciones para mantener la unidad de los guatemaltecos y evitar el escalamiento de la violencia».

Por Kimberly López

Las movilizaciones y acciones relacionadas al Paro Nacional continuarán, pese a los sucesos que han ocurrido en los últimos días, entre los cuales ha habido incluso manifestantes heridos y un fallecido. En conferencia de prensa, la mañana de este martes 17 de octubre, las autoridades ancestrales de diferentes departamentos informaron que permanecerán en distintos puntos del país con la misma consigna: pedir la renuncia de la fiscal Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana.

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La cantidad de puntos bloqueados, aclararon, dependerá de la decisión de cada comunidad. «Cada pueblo es autónomo al sumarse al paro», dijo Luis Pacheco, presidente de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán. 

También lamentaron las acciones represivas que se han suscitado en lugares como Chiquimula, Jutiapa, Escuintla, Petén, Retalhuleu, Carretera a El Salvador y recientemente en San Marcos. «Rechazamos los desalojos violentos por grupos armados, los cuales según vecinos de los territorios están vinculados con el crimen organizado y el partido oficial (Vamos)», denunciaron los representantes.

Las autoridades solicitan al Ministerio Público investigar estos actos violentos.

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El llamado de los líderes indígenas hacia la población es a continuar con el paro indefinido e insistir en la renuncia de los cuatro funcionarios mencionados. Además, piden no caer en vandalismo y en los diferentes puntos permitir el paso de vehículos con medicamentos, personal de salud, productos perecederos.

Las comunidades mencionaron que están dispuestas a entablar un diálogo con la fiscal Consuelo Porras, sin desalojar la manifestación ubicada frente a la sede del MP. Exigen que se desarrolle con presencia de medios de comunicación y representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, hasta el momento, no han recibido una confirmación de parte de la institución.

Esta mañana, las autoridades indígenas presentaron denuncia penal contra los actores a los cuales solicitan su renuncia por violentar derechos constitucionales de los ciudadanos guatemaltecos. Asimismo, denunciaron al juez Fredy Orellana ante la junta de disciplina judicial del Organismo Judicial por haber violentado el proceso electoral.  «No es de su competencia conocer casos relacionados a un proceso electoral», explicó Edgar Tuy, representante de la alcaldía indígena de Sololá.

Por Redacción

David Napoleón Barrientos presentó su carta de renuncia al presidente Alejandro Giammattei la noche de este lunes 16 de octubre. La salida del funcionario ocurre en medio de una crisis política protagonizada por quince días de bloqueos y protestas que exigen la dimisión de la fiscal Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana.

Barrientos argumentó en su carta que se retira «privilegiando en todo momento, el respeto a los derechos humanos, de los integrantes de esta noble institución y principalmente el derecho humano fundamental a la vida de todos los ciudadanos (...)».

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El Ministerio de Gobernación fue presionado por el Ministerio Público para que desarticulara los bloqueos y que utilizara la fuerza pública para dispersar a los manifestantes. Sin embargo, desde el 2 de octubre, día en que iniciaron las medidas de hecho en decenas de puntos carreteros del país, la PNC evitó reprimir a las personas que se iban sumando a los bloqueos. Según reportes en cada punto, llegaron a dialogar con quienes dirigían los piquetes, pero no usaron la fuerza.

Incluso, en el episodio de intento de desarticular un bloqueo —según ordenó en una resolución la Corte de Constitucionalidad— se presentaron decenas de policías antimotines frente a la Península Bethania pero tras un diálogo con los vecinos se retiraron del lugar.

Este lunes el MP presentó un recurso ante la CC para que removieran del cargo a Barrientos por «incumplir» con su mandato de usar la fuerza contra los bloqueos. Sin embargo, el ministro renunció antes de que fuera resuelta la acción.

En las próximas horas se conocerá quién asume el cargo y el futuro de las protestas. Entre la dirigencia de las manifestaciones temen que exista represión ordenada en el reacomodo de las autoridades policiales.

Por Jody García

Desde el pasado 2 de octubre la sede principal del Ministerio Público —en el Barrio Gerona de la zona 1 capitalina— ha estado cerrada debido a que allí se instaló un plantón para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso. Los manifestantes anunciaron que no dejarían entrar a nadie sino se resolvía su petición. Ante esto, la institución giró órdenes para que las fiscalías trabajaran a distancia.

El MP de Porras presentó acciones ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se ordene a la Policía Nacional Civil que libere el área para que sus trabajadores puedan ingresar; sin embargo, la misma Corte ha reconocido el derecho a las manifestaciones.

Ante este impasse, este lunes la Fiscalía de Asuntos Constitucionales solicitó ante la CC la destitución de David Napoleón Barrientos, Ministro de Gobernación, entidad a cargo de la PNC, por «desobediencia e incumplimiento» de las órdenes de «tomar todas aquellas medidas necesarias a efecto de preservar el orden público y la coexistencia del derecho de manifestación con otros derechos que asisten a la población».

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Para el MP, el plantón que impide el acceso a su sede atenta contra los derechos humanos de las personas víctimas del delito. Según la oficina de prensa de la institución, la manifestación permite a diario que ingrese el personal del Departamento de Seguridad que está de turno, es decir, unas 15 personas.

El plantón es el epicentro de las protestas contra Porras en la ciudad de Guatemala. La fiscal general no ha aparecido de manera pública desde el inicio de las protestas, y según Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, está trabajando de forma remota «y ejerciendo sus funciones con normalidad». Pese a eso, en una carta enviada al presidente Alejandro Giammattei no firmó Porras, sino su Secretario General, Ángel Pineda, que como ella fue incluido en la Lista Engel, con la que Estados Unidos sanciona a actores que considera antidemocráticos y corruptos.

Por Yuliana Ramazzini

Han transcurrido 15 días del Paro Nacional Indefinido. Aunque el carácter de estas manifestaciones y bloqueos ha sido pacífico, hace una semana infiltrados causaron disturbios en las manifestaciones. Estos hechos y el cansancio de permanecer en la lucha, eleva la tensión entre quienes respaldan las protestas y las personas que aseguran estar siendo afectadas por los bloqueos.

En consecuencia, este lunes, hubo disparos en Malacatán, San Marcos. Un comando armado atacó a los manifestantes para liberar el paso; esto dejó al menos una persona fallecida y cuatro heridos, informaron los Bomberos Voluntarios.

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Las personas que presenciaron el hecho señalaron que los hombres armados los amenazaron con repetir el incidente si las manifestaciones continuaban. También indicaron que los vieron correr a refugiarse a la base militar.

En redes sociales circularon videos en los cuales se muestra a picops de la PNC circulando tras los vehículos en los que huyeron. Este mismo material gráfico sirvió para identificar a algunos de los atacantes.

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Los locales responsabilizan al presidente Alejandro Giammattei y a la fiscal general Consuelo Porras y lanzaron piedras a las patrullas de la PNC que se retiraron de la escena con los atacantes, en señal de repudio.

Por Elsa Coronado

Desde el viernes hasta el domingo, los bloqueos en el occidente del país tuvieron una pausa intermitente para permitir el ingreso de cisternas con combustible. Cientos de personas esperaban afuera de las estaciones de servicio en departamentos como Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá para comprar gasolina.

Además de las filas de vehículos y motocicletas, se sumaron cientos de personas a pie que esperaban llenar con gasolina recipientes plásticos que alguna vez almacenaron cloro, agua purificada, gaseosas, jabón u otro producto. El domingo se cumplieron 14 días del #ParoNacional, una medida de presión de varias organizaciones indígenas para pedir la renuncia de la fiscal Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana.

Aunque las organizaciones insisten en mantener el bloqueo, también decidieron poner una pausa porque los mercados estaban desabastecidos. En Totonicapán ya no había verduras ni pollo y los pocos productos que llegaban se vendían a precios más elevados. El aumento más significativo se vio en verduras como la papa y frutos como los tomates.

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Sin embargo, el domingo se reactivó el bloqueo en la ruta Interamericana, desde Chupol, en el kilómetro 110 hasta Cuatro Caminos, en el kilómetro 188. Por la noche, varios camiones que transportaban verduras desde la Central de Mayoreo, en la capital, hacia San Marcos, quedaron varados en el kilómetro 177. Ese sector corresponde a la aldea Vásquez, en el área conocida como Las Pistolas.

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Varios transportistas explicaron a Plaza Pública que les habían dado acceso a Sololá por la mañana y que pensaron que abrirían el paso en el área que dominan los 48 Cantones porque llevaban productos perecederos, pero las autoridades anunciaron que el domingo el paro sería definitivo e indefinido.

Por Elsa Coronado

Al mediodía y de forma sorpresiva, este viernes los alcaldes indígenas acordaron liberar el paso de vehículos en toda la ruta Interamericana. Concederán 12 horas de paso libre desde el viernes a las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana del sábado y otras 12 horas desde las 6:00 de la tarde del sábado hasta las 6:00 de la mañana del domingo.

Los líderes comunitarios dijeron que el viernes y el sábado se realizará el bloqueo solo de día, aunque el domingo volverán a cerrar toda la ruta para continuar con un paro indefinido hasta lograr la renuncia de la fiscal General, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana.

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 «Liberamos la ruta por amor a los pilotos que ya llevan 13 días aquí y necesitan ver a sus familias», dijo uno de los alcaldes, aunque no quiso dar su nombre porque no estaba autorizado para dar declaraciones.

El Paro Nacional inició el 2 de octubre. Ante el desabastecimiento de combustible y de alimentos, la organización 48 Cantones permitió el paso de comerciantes de verduras y pipas con combustible la semana pasada, para surtir el mercado de Totonicapán. La medida sirvió, pero fue insuficiente. Ante la escasez de gasolina y de alimentos como azúcar y pollo, decidieron liberar la vía a todo tipo de vehículos.

Furgones vacíos que ya habían entregado la carga, pero que quedaron varados en la ruta, otros con mercadería variada como alimentos, helados, materiales de construcción, alimentos, reses, frutas, entre otros, pasaron sobre y bajo el puente de Cuatro Caminos.

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Antes de abandonar ese punto vital de la ruta a occidente, varias personas tomaron la palabra para intentar animar a una protesta que lucía disminuída en comparación con días anteriores. «Mañana vamos a regresar». «Vamos a permitir el paso de verduras y otros alimentos, porque no nos vamos a hacer daño entre nosotros que somos el pueblo», dijeron un hombre y una mujer a través de un micrófono.

Minutos después, la tarima desde la que hablaron fue desarmada. Lo único que quedó esa noche fueron las mantas con mensajes contra los tres funcionarios a los que exigen la renuncia y contra el presidente Alejandro Giammattei, señalado porque no le solicita la renuncia a la fiscal Porras, a quien él reeligió.

Por Ferdy Montepeque

En un mensaje transmitido en cadena nacional, el presidente Alejandro Giammattei aseguró que no puede destituir a Consuelo Porras porque la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP) establece que el jefe del Ejecutivo solo puede remover a la persona que ocupe el cargo de fiscal general después de que esta haya sido condenada y que la sentencia se encuentre firme.

«Esa ley no la pusimos nosotros, se puso en tiempo de la Cicig para proteger a la señora Thelma Aldana. Hoy quieren que yo ejecute como era antes y no se puede, simple y sencillamente no lo puedo hacer y yo al pedirlo o al tratarlo de hacer estaría cometiendo un delito que se llama extralimitarme de mis funciones y un abuso de autoridad», sostuvo Giammattei.

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Las protestas que se iniciaron el 2 de octubre y que desde entonces se han mantenido todos los días, le piden a Giammattei que le exija la renuncia a Consuelo Porras, no que la destituya.

Durante la cadena nacional, el presidente también dijo que en el país se empieza a registrar desabastecimiento de alimentos, aunque no precisó los lugares que presentan este problema y tampoco mostró pruebas sobre sus declaraciones, así como el 9 de octubre dijo que las manifestaciones causaban «vandalismo», también sin presentar pruebas.

Pidió, además, que se libere el acueducto Xayá Pixcayá que provee agua entubada a una parte del área metropolitana del país, de lo contrario advirtió que habrá escasez de agua.

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Estado de las protestas

Este día, además, manifestantes denunciaron que la Policía Nacional Civil (PNC) les lanzó gases lacrimógenos en la calzada Aguilar Batres, zona 12 capitalina, para dispersar la protesta, a pesar de que un día antes el ministro de Gobernación, Napoléon Barrientos, indicó que en todo momento la fuerza pública respetaría los derechos humanos de los manifestantes.

La PNC también agredió a manifestantes que mantenían bloqueada la ruta principal hacia el Pacífico en San Vicente Pacaya, Escuintla, según reportes de prensa.

Según la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), hasta las 18:00 horas del 13 de octubre, en todo el país se reportaron 78 puntos bloqueados, una reducción en comparación con los piquetes registrados durante el fin de semana anterior, cuando hubo más de un centenar.

Por Elsa Coronado

La ruta que de la cabecera municipal de Quetzaltenango conduce a los municipios de Almolonga y Zunil, fue liberada por unas horas la noche y madrugada del jueves 12 de octubre y continuó así la mañana de este viernes para los vehículos que transportan verduras, frutas, combustible, leña, reses, entre otros.

La población organizada en esos municipios negoció un acuerdo para que los vehículos con hortalizas pudieran salir, entrar o cruzar estos municipios, con el objetivo de abastecer a diferentes mercados. Almolonga y Zunil son proveedores de verduras para la costa del país e incluso para el mercado salvadoreño. Sin embargo, el pacto tuvo rupturas.

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Algunos pedían mantener el bloqueo como símbolo de la lucha que emprendieron el 2 de octubre para pedir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana. Otros clamaban para que les permitieran vender a los minoristas y no perder su producción.

El jueves por la noche los líderes indígenas que llamaron al Paro Nacional sostuvieron una reunión de diálogo con el presidente Alejandro Giammattei en la Casa Presidencial, con la observación de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero no llegaron a ningún acuerdo. Después de conocer los resultados de esa cita, en Zunil y otras comunidades que mantenían el bloqueo dudaban si debían abrir o mantener cerrado el paso.

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Finalmente, permitieron el ingreso de fruta de la Costa, combustible, reses y leña, y la salida de las verduras que se cosechan en Almolonga y Zunil, aunque no todos pudieron vender su producción.

Por Ferdy Montepeque

El ministro de Gobernación, Napoléon Barrientos, emitió estas declaraciones durante una cita de la comisión legislativa de Seguridad Nacional que preside la diputada Vicenta Gerónimo —MLP—. Los integrantes de esa sala de trabajo le cuestionaron cuál es el análisis del Ministerio de Gobernación sobre las denuncias ciudadanas que señalan un «golpe de Estado en marcha» promovido por el Ministerio Público, que inició diversas investigaciones contra el actual proceso electoral.

«Yo no me voy a manifestar en ese sentido. Lo que le corresponde al Ministerio de Gobernación es el orden público, deliberar los asuntos políticos-partidistas no le corresponde al Ministerio de Gobernación. No nos hemos involucrado en ese tipo de temas y nos vamos a mantener al margen, en cumplimiento de las funciones que la Constitución y demás normas vigentes le otorgan al ministerio, que están alrededor de la seguridad y el órden público. En ese sentido, hemos protegido a buena parte de la población, incluyendo a los manifestantes, porque cuando ha habido violencia que se ha salido de control, han habido capturas. Eso vamos a continuar haciendo en torno a este tema», respondió Barrientos.

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Las legisladoras Gerónimo y Lesly Valenzuela —independiente—, refutaron al ministro de seguridad y le expresaron que las protestas iniciadas el 2 de octubre no son por un partido político, sino manifestaciones de ciudadanos que exigen la renuncia de la fiscal general del MP, Consuelo Porras, del fiscal especial, Rafael Curruchiche y del juez Freddy Orellana, a quienes señalan de ser los autores materiales del «golpe de Estado en marcha» que podría llevar, el próximo 14 de enero, al desconocimiento del binomio presidencial electo Bernardo Arévalo y Karin Herrera.

Por Jody García

El primer diálogo entre las autoridades indígenas ancestrales y el presidente Alejandro Giammattei, con mediación de la Organización de Estados Americanos, no llegó a un acuerdo.
Luego de once días de protestas, el Paro Nacional sigue siendo indefinido. En la reunión sostenida en la Casa Presidencial, las autoridades indígenas que llamaron a manifestaciones exigieron la renuncia de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana.

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La reunión duró cuatro horas y no abierta a la prensa. El representante Edgar Tuy, de la alcaldía indígena de Sololá, comunicó a las personas lo que pasó adentro. Afuera esperaban decenas de ciudadanos, incluidos vecinos de la Península Bethania, quienes llegaron a apoyar a las autoridades indígenas. Cantaron el himno nacional, gritaron «¡El pueblo unido jamás será vencido!» y otras consignas.

Subido en unas gradas del palacio nacional y portando un megáfono, Edgar Tuy dijo que Giammattei argumentó que la ley no le permite destituir a Porras ni pedirle la renuncia a un juez.
Pese a que el primer diálogo con el gobierno no tuvo consensos, las protestas continuarán. Según Tuy, Giammattei pidió que las manifestaciones fueran pacíficas y que la Policía Nacional Civil las protegiera.

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Manuel Meléndez, analista político dijo en la red social X, que este primer acercamiento logró dos cosas: que las autoridades indígenas fueran reconocidas como un interlocutor legítimo y que ambas partes se sentaran en una mesa.

Las protestas continuarán, así como los diálogos con las autoridades.

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Por Melanie Coyoy

Representantes de los 43 mercados de la ciudad de Guatemala se presentaron frente al Palacio Nacional. Hicieron un recorrido hasta el Ministerio Público en el Barrio Gerona. Se detuvieron en varios puntos en el camino para presentar demandas a diferentes organismos del Estado.

El primer punto fue el palacio de gobierno donde Julio Rivas, vocero de la junta directiva de Mercados Unidos. «No estamos alterando el orden público, ni dañando a nadie, estamos manifestando pacíficamente, señor presidente.»

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En la 9a. calle de la zona 1, a los manifestantes se les unieron las autoridades de la alcaldía de Rabinal, Baja Verapaz. Juntos llegaron a la siguiente parada, el Congreso de la República. Allí las autoridades ancestrales tomaron la palabra para agradecer un nuevo día de resistencia. «¡Buenos días hermanas y hermanos de nuestra bella capital de Guatemala».

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Siguieron con el recorrido hasta la Corte de Constitucionalidad. «Nosotros estamos con fuerza con ustedes porque estamos viendo que están en la lucha. Se los digo a quiénes dicen que nos están financiando», dijo otro representante de Mercados Unidos.

Finalmente, la enorme caravana llegó hasta su destino. Allí las autoridades de Rabinal les presentaron. «Nos pidieron el acompañamiento a las autoridades. Así es hermanos, somos pueblo unido. Seremos un nuevo país, tendremos una nueva democracia».

Por Jody García

Al mediodía del martes 10 de octubre residentes de la Península Bethania, compuesta por varias colonias de la zona 7 capitalina, se reunieron en el bloqueo del Anillo Periférico, donde desde hace una semana protestaban para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana.

Ese día la Policía Nacional Civil desplegó a decenas de policías y antimontines para disolver el bloqueo en la carretera. Los bethanienses estaban dispuestos a quedarse y negociaron con las autoridades. Con gritos, decenas de motocicletas, vuvuzelas y consignas se resistieron al desalojo y obligaron a la policía a retroceder.

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El acuerdo fue que los vecinos permitirían pasar a vehículos que transporten alimentos y medicinas a cambio de que la PNC se retirara del lugar. Esto fue celebrado como una victoria para la población, que insistió en que no levantaría el bloqueo hasta que renuncie Porras.

Por la noche, cientos de personas de la Bethania seguían en la carretera e iniciaron a hacer maniobras en motocicletas para pasar la noche.

* Fotos: Laura García

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Por José Pablo del Águila

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos abordó por cuarta ocasión la situación del proceso electoral en Guatemala. En su informe, el secretario general Luis Almagro señaló que las acciones del MP buscan «anular la voluntad del electorado y erosionar el proceso democrático a través de sus constantes ataques contra el TSE y el partido Movimiento Semilla».

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«Todos los actores políticos, desde el Ejecutivo, deben dejar muy claro que se separan de las acciones inconstitucionales del MP. Todas las dudas o ambigüedades deben ser aventadas con pronunciamientos claro», afirmó.
El canciller Mario Búcaro optó por criminalizar las protestas y dijo que estas derivaron en bloqueos y actos vandálicos. Pero omitió decir que estos actos son protagonizados por personas infiltradas ajenas a las manifestaciones ciudadanas.

En tanto, el presidente electo, Bernardo Arévalo, pidió al Consejo Permanente que emita una resolución instando al Gobierno de Guatemala a que cumpla con sus responsabilidades constitucionales e instruya al MP para que cese el acoso y la persecución.

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Por Yuliana Ramazzini

Un pequeño grupo de bikers, como ellos mismos se denominaban, estacionaron sus motocicletas al lado del cerco de metal que los propietarios de Cayalá colocaron. Diez minutos después, otro grupo de motoristas llegó a acuerpar al resto de sus compañeros. No estaban bloqueando el paso, primero querían organizarse mientras esperaban más apoyo.

Eran aproximadamente unas cincuenta motos ya, al momento en que uno de ellos —parecía ser el organizador— da una señal y todas las motos se movilizan hacia las entradas principales del redondel. Todos aceleran los motores y suenan las bocinas manifestando su descontento con las acciones de Consuelo Porras y Rafael Curruchiche. Poco a poco más manifestantes se acercaban al área para contribuir con el bloqueo.

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Por el temor que surgió ante el episodio del viernes, en la cual una camioneta atropelló algunas motocicletas, los bikers decidieron llevar herramientas de protección como llantas con clavos y esferas de cemento. Aún así, algunos conductores molestos, se acercaron a intimidar e insultar a los manifestantes, retirándose de manera pacífica al ver la resistencia de los motociclistas, quienes planeaban abrir el paso hasta la madrugada.

Lastimosamente, en la noche, algunas de las personas que se encontraban allí reportaron a un sacerdote molesto por el bloqueo, quien en su desesperación, arremetió contra los manifestantes en su automóvil. Este atentado dejó a dos personas heridas que tuvieron que ser trasladadas al Hospital General San Juan de Dios. Al parecer, ya están estables y sin mayores complicaciones.

Para el quinto día de manifestaciones, comerciantes, estudiantes, profesores universitarios y otros sectores de la sociedad se unieron a las protestas. El viernes 6 de octubre había 57 tramos con bloqueo para pedir la renuncia de Porras, Curruchiche y Orellana.

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Las manifestaciones fueron pacíficas. Hubo quienes hicieron caminatas, otros llegaban con grupos de amigos o llevaban ayuda en insumos y alimentos a quienes mantenían el plantón desde el lunes frente a la sede del Ministerio Público en el barrio Gerona, zona 1 de la capital.

Por Melanie Coyoy

Una caravana de vehículos y motocicletas llegaron la noche del miércoles. Eran estudiantes de psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

«Para nosotros es una gran honor acompañarlos, acuerparlos en la lucha donde ustedes han sido protagonistas y han dado ejemplo a los estudiantes. Gracias a los pueblos originarios por acompañarnos en la lucha, por darnos el ejemplo de lo que es representar el deseo de lucha» expresó una de las estudiantes.

Por Elsa Coronado

La organización 48 Cantones de Totonicapán buscó el diálogo antes de salir a protestar. Después, iniciaron acciones legales para frenar las actuaciones del Ministerio Público y del juez Orellana contra el proceso electoral, pero nada tuvo resultado. «Vamos a paralizar el país indefinidamente», dijo Luis Pacheco, el presidente de esta organización indígena. Pacheco y representantes de las ocho organizaciones que llamaron al paro nacional representaron a sus comunidades en el paro frente a la sede central del MP en la zona 1 de la capital.

Las organizaciones que comandan esta acción social son la Junta Directiva y el Consejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, la Municipalidad Indígena de Sololá, el Parlamento del Pueblo Xinca, Comunidades Indígenas Aliadas de Chichicastenango, la Municipalidad Indígena de Santa Lucía Utatlán, el Movimiento Social Q’eqchi’ de Cobán, Alta Verapaz; la Asociación Indígena de San Francisco el Alto, la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de las 14 comunidades de San Cristóbal Totonicapán, el Consejo de Autoridades Ancestrales de los siete municipios de Totonicapán y la alcaldía indígena Ancestral Municipal Maya Ixil de Nebaj, Quiché.

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Como resultado de las acciones del MP contra el proceso electoral, el lunes 2 de octubre inició el Paro Nacional convocado por ocho organizaciones indígenas. El propósito: pedir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana.

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Las acciones del Ministerio Público contra el proceso electoral escalaron al punto en que los empleados de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) realizaron un allanamiento a la sede del Tribunal Supremo Electoral el sábado 30 de septiembre y secuestraron las actas con los resultados de las elecciones de la primera vuelta.

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Un grupo de magistrados intentó impedirlo, incluso colocándose como barreras en la puerta de la institución, pero finalmente y en un acto inédito, las actas salieron del recinto electoral. El hecho provocó el rechazo local e internacional. El jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, dijo que sus acciones estaban en ley y que respondían a más de 100 denuncias contra el proceso electoral que fueron presentadas por guatemaltecos «valientes».

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