La caída en barrena del grupo de medios formado por los diarios Siglo 21 y AlDía no se detiene. Su más reciente revés es la resolución del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Civil que ordenó a Corporación de Noticias S.A., empresa matriz de estos diarios, acatar la intervención de sus cuentas por parte de un auxiliar del juzgado, Mario Iván García Escobar. Dicho interventor tomó formalmente posesión el miércoles 5 de abril, a las 11:55 horas, pero según fuentes judiciales no le permitieron el ingreso a las oficinas de la compañía.
El detonante de esta intervención es una deuda contraída por Corporación de Noticias S.A. con el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) en 2013. En ese momento iniciaba el proceso de acercamiento de la estructura de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, para la adquisición de la empresa. Como primer paso se consolidaron las deudas contraídas por la compañía con distintos proveedores en un solo paquete de Q23 millones aproximadamente. Este proceso, según fuentes que participaron en la negociación, requirió de un aval técnico aceptado por el banco.
La deuda, sin embargo, no fue cancelada y el 3 de marzo de 2016 el CHN demandó a Corporación de Noticias por el impago de esta deuda. Esta situación generó que la nueva administración encabezada por William Amílcar Alvarado Nisthal, presidente del Consejo de Administración de la empresa desde el 6 de agosto de 2015, contratará los servicios de los abogados Toledo y Véliz.
Alvarado Nisthal es el último beneficiario de una herencia envenenada. Fundador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de Centroamérica (CIDECA), una asociación civil, que junto a otras tres entidades inicio el proceso de compra de la compañía para la estructura de Monzón, ahora enfrenta la más complicada situación financiera de la empresa. Toledo y Véliz se hicieron cargo de la defensa de la empresa frente a los requerimientos del banco, pero tras meses de representación sin logra cobrar honorarios ellos mismo denunciaron a Corporación de Noticias el 21 y 26 de octubre del 2016.
Según la abogada Toledo inicialmente trataron de conciliar extrajudicialmente con Alvarado Nisthal el pago de sus servicios, pero él siempre argumentó la falta de liquidez del diario. Irónicamente, los litigantes también representaban a la empresa en las demandas laborales por incumplimiento de pago a extrabajadores del diario.
Exempleados de Corporación de Noticias confirman que ambos abogados estuvieron presentes en diferentes diligencias en los juzgados en que se llevaban sus demandas. La vinculación de esta pareja a la gestión del diario es de hecho anterior. Véliz reconoce que fue “asesor en temas laborales” de la empresa, mientras que algunos extrabajadores lo identifican como gerente de recursos humanos de la compañía. Uno de los periodistas demandantes, Fernando Soberanis, apunta que la llegada de ambos juristas se da posteriormente a la toma de posesión de Alvarado como presidente de la casa editorial.
Todo queda en casa
El interventor tampoco es ajeno a la empresa. Mario Iván García Escobar fue confirmado por el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Civil, Luis Arturo González Urízar, como el interventor de la compañía a pedido de los abogados reclamantes. El juzgador detalló que esta designación es independiente de la entidad bancaria demandante y que son partes separadas del proceso. “El interventor deberá gestionar los ingresos y egresos de la empresa mercantil para garantizar el funcionamiento de la misma y el pago de los adeudados”, explicó González.
García Escobar trabajó en corporación de noticias como gerente general confirmaron los abogados demandantes. Este hecho fue considerado por ellos para proponerlo para esta tarea. Según la abogada Toledo, “el interventor tendrá que velar por los salarios de los trabajadores (en activo en la empresa), luego por los créditos que se adeuda, los proveedores, la prioridad, según la ley y lo que queda es para pagar al que promovió la intervención”. El salario del interventor deberá provenir de la misma compañía.
Toledo Corona representaba a Corporación de Noticas S.A., mientras que Véliz Argueta a Byprint, una de las empresas bajo el paraguas de la compañía matriz. Véliz confirma que las empresas “tiene relación entre ellas y son socias entre sí”, por lo cual trabajaban de manera coordinada.
Toledo y Véliz afirman haber entrado en contacto con la compañía “a través de un amigo cuyo padre era accionista de la empresa” pero no detallan la identidad del mismo. Según reveló la información incautada en la oficina de Salvador Estuardo González Álvarez “alias Eco”, ex presidente de Corporación de Noticias y alfil de Monzón en la empresa, la empresa paso por sucesivas manos entre 2013 y 2015.
Primero fue comprada a los hermanos Marroquín, agrupados en la empresa Corporación Unta S.A. por medio de una asociación civil sin fines de lucro, la Asociación para el Desarrollo de las Finanzas Rurales (Asodefir). Esta entidad, creada por directivos y exdirectivos del Banco de Desarrollo Rural (Banrural) compró inicialmente la totalidad de acciones del grupo, y a su vez revendió a cuatro entidades: el Consejo de Investigaciones para el Desarrollo de Centroamérica (Cideca), la Federación de Cooperativas de las Verapaces R.L (Fedevocera), la Federación de Cooperativas Agrícolas de Guatemala R.L. (Fedecoag) y el Instituto de Investigación y Desarrollo Maya (Iidemaya).
Estas entidades vendieron luego sus acciones a dos empresas de cartón montadas por la estructura de Monzón y “Eco” para la adquisición del grupo de medios para Baldetti y Otto Pérez Molina. Según la defensa sostenida hasta la fecha por los actuales propietarios, con Alvarado a la cabeza, esta transacción no ha podido ser confirmada.
Extrabajadores, a la espera
En julio del 2016 un tribunal de trabajo fijó sentencia para la demanda colectiva planteada por extrabajadores de Corporación de Noticias. De los 19 que en algún momento participaron en el proceso, que abarcaba una deuda por Q1.9 millones, a la fecha solo 12 persistieron y se verían favorecidos por esta sentencia la cual detalla el pago de salarios atrasados y prestaciones laborales sin cobrar.
Los exempleados en su momento, según Fernando Soberanis, uno de los periodistas demandantes, plantearon varios procesos de intervención, pero ninguno fue autorizado por el juzgado: “Ellos (Toledo y Véliz) no las dejaban ejecutarse, lo intentamos tres veces”. Finalmente lograron la intervención de un juzgado pero no la ejecutaron al existir un acuerdo de pago para agosto de 2016, finalmente la sentencia llegaría hasta diciembre de ese año y sería apelada por un nuevo grupo de abogados tras la salida de Toledo y Véliz.
El proceso de intervención autorizado, sin embargo, genera inquietudes entre los extrabajadores. Aunque la ley detalla que esta figura debe garantizar el cumplimiento de pagos a los empleados en primer lugar la vinculación de los abogados demandantes a la anterior administración les genera desconfianza.
Por su parte, la entidad intervenida ahora reniega de sus ex asesores legales. En su página web detallan en un artículo que “dicho juicio fue promovido por los abogados Cesar Augusto Veliz Argueta y Sheyla Vanesa Toledo Corona, quienes realizaron una mala práctica profesional estando al servicio de Corporación de Noticias, S.A.”. Además, enfatizan que la intervención no está relacionada con el Caso La Línea, punto confirmado por la fiscalía. En todo caso Corporación de Noticias arrastra una millonaria deuda a la cual se suma una defensa que le ha generado nuevos costos judiciales.
