Cerrar

x
Menú
Facebook Facebook
Buscar
Ayuda
Otto y Roxana querían un periódico, y Asodefir y Banrural les ayudaron a tenerlo
Ir

Otto y Roxana querían un periódico, y Asodefir y Banrural les ayudaron a tenerlo

Fachada de edificio de Siglo 21
Otto Pérez Molina, en una de las audiencias de primera declaración del caso Cooptación del Estado.
Roxana Baldetti, en una de las audiencias de primera declaración del caso Cooptación del Estado.
Salvador Estuardo González Álvarez, en una de las audiencias del caso La Línea.
redes sidebar
Tipo de Nota: 
Información

El diario Siglo 21, un periódico con problemas económicos, llegó a manos de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti como una dorada oportunidad para incidir en la política nacional y, según la imputación de la Fiscalía, también como una posibilidad para lavar dinero producto de la corrupción. Algunos de los directivos y socios del Banco de Desarrollo Rural (Banrural) y de la Asociación para el Desarrollo de las Finanzas Rurales (Asodefir), ayudaron a cumplir los deseos de la entonces pareja más poderosa de Guatemala. Esta es la primera parte (de dos) de la trama de un crimen de cuello blanco.

En los inicios del gobierno del Partido Patriota (PP), el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti Elías, acariciaban la idea de contar con un medio de comunicación propio. Dos de sus principales operadores: Juan Carlos Monzón Rojas y Salvador Estuardo González Álvarez, alías “Eco” (hoy día ambos colaboradores de la Fiscalía), armaron la estrategia que haría realidad el sueño de la pareja presidencial, y en menos de dos años, a través de transacciones ilegales, los convirtieron en accionistas mayoritarios del diario Siglo 21, aunque en papeles la propiedad del medio estuviera a nombre de terceros.

Para lograrlo, contaron con el apoyo de directivos y socios de la Asociación para el Desarrollo de las Finanzas Rurales (Asodefir) y del Banco de Desarrollo Rural (Banrural), el segundo banco por activos del país. Las estructuras operativas y financieras de esas instituciones fueron utilizadas para adquirir las empresas relacionadas con el diario y para gestionar las sumas millonarias de esas transacciones. De momento, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sólo han presentado cargos en contra de Edín Raymundo Barrientos, representante legal de Asodefir e integrante del Consejo de Administración de Banrural; Fernando Adolfo Peña Pérez, presidente del Consejo de Administración del banco; y Juan Abner Fonseca Galicia, gerente de negocios del mismo.

Sin embargo, fuentes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), aseguran que las investigaciones aún se encuentran en marcha y otros integrantes de Asodefir y de Banrural podrían ser procesados por estos hechos.  Agregan que sin ser ésta la única, la compraventa de Siglo 21 es una de las operaciones ilícitas de la que más indicios se conocen sobre el uso y participación de instituciones financieras en ilegalidades durante el gobierno del PP.

En la trama también fueron utilizadas empresas de cartón y testaferros al servicio de los intereses de Pérez Molina y Baldetti, así como reconocidas instituciones cercanas a los señalados: el Consejo de Investigaciones para el Desarrollo de Centroamérica (Cideca), la Federación de Cooperativas de las Verapaces R.L (Fedevocera), la Federación de Cooperativas Agrícolas de Guatemala R.L. (Fedecoag) y el Instituto de Investigación y Desarrollo Maya (Iidemaya).

El origen de la transacción

En mayo de 2012, el entonces director de Siglo 21, Gonzalo Marroquín Godoy, expuso a su Consejo de Administración la urgente necesidad de vender el periódico. Luis Marroquín Godoy, hermano y socio de Gonzalo, explica que para rescatar el diario se necesitaba de una inversión de entre Q20 millones y Q30 millones, y el interés de nuevos inversionistas era escaso. Los hermanos Marroquín Godoy habían adquirido el diario en el 2009, por medio de la empresa Unta Corporación, S.A.  Para entonces Corporación de Noticias, S.A., la casa matriz de los diarios Siglo 21 y Al Día, arrastraba problemas de circulación, juicios laborales, deudas con el fisco y atrasos a pagos de proveedores que sumaban más Q23 millones.

La precaria situación de Siglo 21 era conocida en el mundo financiero del país. Las principales deudas de la empresa se habían consolidado primero en el Banco Agrícola Mercantil (BAM) y luego en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN). Grupos de cooperativistas fueron invitados a invertir en el diario, pero hubo poco entusiasmo. Hasta que apareció Edín Raymundo Barrientos. Según fuentes de Banrural, los primeros contactos entre los hermanos Marroquín y Barrientos fueron propiciados por un amigo en común: José Ángel López Camposeco. El banquero y político  era en ese momento presidente de Asodefir, y entre 1998 y 2013 había integrado el Consejo de Administración de Banrural, el cual presidió entre 2000 y 2013. Además, en las elecciones de 2015 fue candidato presidencial del partido Encuentro por Guatemala.

El empresario agrícola, cooperativista y político, Edín Barrientos, fue Ministro de Agricultura durante el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), y candidato a la Vicepresidencia por ese partido en las elecciones de 2003 (compañero de fórmula de José Efraín Ríos Montt). El 2 de junio de este año, fue capturado por su supuesta participación en el caso conocido como Cooptación del Estado, en el que se incluye la compraventa irregular de Siglo 21.

Luis Marroquín reconoce la presencia de Barrientos, Leonardo Otoniel Delgado Méndez y Julio Cesar Recinos Salas, ambos miembros de Asodefir, en las primeras negociaciones. La venta del diario a esa asociación se concretó el 3 de agosto de 2012, por US$1,100,000 (unos Q8.500.000).

Asodefir es una asociación civil sin fines de lucro, creada el 3 de mayo de 2002. Entre sus fines está “buscar y promover el desarrollo económico, social y cultural de los guatemaltecos”, en particular en el área rural y urbano-marginal. En su mayoría sus socios fundadores también eran miembros del Consejo de Administración de Banrural.

Mientras que Banrural surgió en 1997, tras la desintegración del estatal Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Bandesa), como un banco de capital mixto, con un consejo compuesto por seis series de accionistas: el Estado, cooperativistas, organizaciones mayas, organizaciones no lucrativas, pequeños empresarios y una serie que agrupa organizaciones de mujeres y público en general. Los representantes son electos por los accionistas dentro de cada serie de acciones (excepto el Estado que delega a los Ministerios de Finanzas, Agricultura y Economía) para integrar el Consejo de Administración del banco, el máximo órgano de la entidad. Dentro de los representantes de la serie de organizaciones no lucrativas, Asodefir es la de mayor peso, con acciones por Q17,693,999, el 35% del total de este grupo. Al momento de su detención, Barrientos era el representante titular de esta serie.

La directiva original de Asodefir incluía a López Camposeco, como presidente; Pedro Benjamín Son Turnil, vicepresidente; Carmen Rosa de León Escribano, como secretaria; y Barrientos, como Tesorero. Entre los socios activos de Asodefir a inicios de 2015, se encontraban: López Camposeco, Eluvia Rutilia Roquel Sitavi, William Amílcar Alvarado Nisthal, Julio César Recinos Salas, Rodolfo Timoteo Orozco Velázquez, y Barrientos.

En entrevista con Plaza Pública, un confuso López Camposeco rechaza cualquier responsabilidad por las acciones cometidas en nombre de la asociación que presidía, de la que asegura estuvo retirado “durante mucho tiempo”. Dice no recordar de quién fue la idea de crear esa institución, y niega haber mediado entre los hermanos Marroquín y Barrientos para la adquisición del diario.

“Yo creo que nosotros nos desentendimos y se lo dejamos a Edín. Creo que cometimos un error de exceso de confianza. Lo hacía bien, yo le digo que si él no hubiera cometido el último error, no estuviéramos en esta conversación”. El último error al que se refiere López no es cualquier cosa. Asegura que Barrientos no le informó que Asodefir había comprado Siglo 21. En cambio, dice, le dijo que los compradores del diario habían sido Cideca, Fedevocera, la Fedecoag y Iidemaya. “Yo no tuve ningún problema, porque si esas organizaciones quisieron comprar, no había ningún problema que reclamar”.

Tras enterarse del uso de la asociación para la compra del diario, López habría reclamado a Barrientos. “¿Por qué no hicieron una sociedad anónima si querían comprar eso? ¿Por qué metieron a Asodefir?”, le inquirió. “Quiero que arregles eso porque yo no quiero problemas. Arréglame eso y poné a los verdaderos compradores”, le ordenó.   

Carmen Rosa De León Escribano, integrante de la Asodefir, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), y desde el 6 de septiembre de 2016 presidenta del Consejo de Administración de Banrural, explica que la asociación surgió “como el brazo social del banco”. Y como “cualquier otro banco”, sus integrantes ocupaban puestos directivos en ambas instituciones. Asodefir, dice, pretendía funcionar como banca de segundo piso, facilitando microcréditos a pequeños empresarios. Sin embargo, apenas llegó a prestar servicios de formación y capacitación a cooperativistas y pequeños empresarios. En 2009, tras la crisis del Caso Rosenberg y las repercusiones negativas que éste tuvo para Banrural, asegura, se había apartado de la asociación.

Al igual que otros integrantes de la asociación consultados, como López Camposeco y Rodolfo Orozco Velásquez, De León Escribano descarga las responsabilidades administrativas y de gestión de Asodefir, en Barrientos. Orozco Velásquez, directivo de la Confederación Guatemalteca de Federaciones Cooperativas (Confecoop), además confirma la intervención de Asodefir en la gestión de créditos ante Banrural, al menos hasta 2009, así como en la consolidación de deudas de pequeñas cooperativas, las cuales habrían sido gestionadas por Barrientos.

Barrientos se abstuvo de hablar con Plaza Pública para este reportaje, y remitió a las declaraciones que ha ofrecido de manera oficial en el tribunal que conoce su caso.

La compra paso a paso

Los problemas económicos de Siglo 21 empezaron a finales de la década pasada, cuando sus fundadores y propietarios originales, en su mayoría miembros de la conservadora élite industrial del país —Fraterno Vila, Álvaro Castillo Monge, Juan Luis Bosch Gutiérrez, Enrique Novella Alvarado, Ramón Campollo Codina, Lionel Toriello Nájera, Carlos Rivers Sandoval— dejaron de apoyarlo. La influencia política que tuvo en los años 90 y 2000 también empezó a decaer como consecuencia de una prolongada crisis financiera.

A mediados de 2012, un rumor rondaba las redacciones de los medios de comunicación en Guatemala: Siglo 21 había sido vendido de nuevo. El diario, que ya había pasado por varias manos, incluyendo los empresarios de Mocasbo S.A., empresa representada por Álvaro Estuardo Castillo Monge en 2009, y los hermanos Marroquín Godoy, otra vez cambiaba de propietarios. ¿Quién se atrevería a invertir en un periódico, en un momento en que la prensa escrita vive una contracción en sus ingresos?

La respuesta oficial fue que un grupo de cooperativistas habían adquirido el diario; pero en voz baja y sin que nadie se atribuyera la versión, en círculos políticos y mediáticos corría el rumor de que Roxana Baldetti había comprado Siglo 21. El 3 de agosto de 2012, por US$1,100.000 (Q8,500.000), Gonzalo y Luis Marroquín Godoy vendieron Corporación de Noticias, S.A. a Asodefir. La compraventa incluyó a las empresas anexas: Corporación de Medios (2009), Byprint (2004) y Los Diarios del Siglo (2002), las que se dividían atribuciones como la propiedad del edificio, las bodegas, la rotativa y el manejo de la nómina de los empleados.

Los documentos incautados a Salvador Estuardo González Álvarez, capturado en abril de 2015, permitieron a la Fiscalía conocer la forma en que Asodefir traspasó las acciones de Siglo 21 a favor de otras entidades, y de cómo éstas hicieron lo mismos con empresas fantasmas contraladas por los operadores de Pérez Molina y Baldetti.

Fuentes cercanas a la negociación señalan que Asodefir utilizó a cuatro instituciones de cooperativas para ocultar a los nuevos propietarios reales del matutino. El 28 de diciembre de 2012, por Q6,600,000, Cideca, representada por William Amílcar Alvarado Nisthal (socio fundador y directivo de Asodefir), adquirió el 68% de las acciones del diario; Fedecovera y Fedecoag adquirieron el 12% cada una, y Iidemaya, un 8%.

Desde el 6 de agosto de 2015, Alvarado Nisthal preside el Consejo de Administración de Corporación de Noticias, debido a que Cideca sigue siendo el mayor accionista de la empresa. Alvarado Nisthal se negó a conceder una entrevista a Plaza Pública. Sobre la adquisición de Siglo 21, indicó a través de su asistente en un correo electrónico, que sólo hablará con periodistas de ese diario.

Desde 1998, Corporación de Noticias arrastraba deudas fiscales que llegaron a un proceso judicial sin resolver hasta 2009, cuando los hermanos Marroquín compraron el medio. En enero de 2013, por intermediación de Barrientos, el presidente Pérez Molina exoneró a Siglo 21 del 90% de las multas e intereses de una deuda de Q9.6 millones que la empresa tenía con el fisco. Esa, según la Fiscalía, fue la mayor exoneración fiscal autorizada por el exgobernante durante su mandato.  

En una publicación en el semanario Crónica los hermanos Marroquín aseguraron que cuando compraron el diario, en 2009, la compañía vendedora (Mocasbo S.A.) se comprometió a solventar las contingencias fiscales en caso perdiera el proceso judicial. Según dos fuentes cercanas a la compra de las acciones por parte de Asodefir, Barrientos buscó la exoneración con el Ejecutivo como parte de su aporte en la negociación. El 3 de junio pasado, Barrientos declaró ante el Juzgado de Mayor Riesgo B, que esa exoneración se había dado sin su intervención y como “facultad constitucional del Presidente”.

De La Línea a la Cooptación del Estado

Hasta este punto, todo parecía ser una transacción normal entre empresas y asociaciones legales. Pero en mayo de 2013 aparecen en el entramado dos compañías que servirían de instrumentos para que Pérez Molina y Baldetti, por medio de terceros, se convirtiera en los principales accionistas del diario. Se trataba de Inversiones y Proyectos Profesionales Marbella S.A., y Arrendamientos, Servicios y Proyectos S.A., que fueron creadas con un capital de Q10 mil, por Víctor Hugo Hernández, el contador de Juan Carlos Monzón. Aunque registradas en direcciones reales, éstas no tenían operaciones en sus cuentas bancarias ni prestaban servicios en sus sedes.  Hernández y Monzón también son colaboradores eficaces de la Fiscalía. La información que han  proporcionado, ha sido fundamental para las investigaciones sobre los casos de corrupción durante el gobierno Patriota.

El 29 de mayo de 2013, González Álvarez, fue designado Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal de Corporación de Noticias. Su nombramiento coincide con la compra de parte de esas empresas de cartón del 58% de las acciones de la compañía a Cideca, que quedaba con el 10% de las acciones. Las otras instituciones mantenían la propiedad de los porcentajes accionarios adquiridos a Asodefir.

González Álvarez, compartía su tiempo entre la administración de los cobros ilegales que la estructura criminal La Línea realizaba en las aduanas del país, la gerencia de Siglo 21, y los encargos especiales que le hacía Monzón Rojas, su socio y amigo.

Lee también Jaguar Energy y Baldetti, la sociedad que no se pudo 

Una investigación publicada en julio de 2015 por elPeriódico, señala que Monzón, a través de los testaferros utilizados por Hernández, estuvo detrás de la creación de Marbella y Arrendamientos. Entre estos testaferros, en el caso de Arrendamientos inicialmente estaba el propio Hernández y su sobrina Silvia Lissette Pérez Jaez de Quiñonez; y en el caso de Marbella, María del Carmen Valencia Espinoza, quienes brindaron testimonio detallando su papel en la operación.

Aunque las empresas, constituidas en marzo y abril de 2012, no reportaron movimientos bancarios durante 2012 y parte de 2013, Banrural, entidad en donde Barrientos era directivo en representación de la serie de accionistas de asociaciones, les otorgó dos créditos —uno por Q4 millones y otro Q5 millones— para comprar Siglo 21. Los créditos fueron autorizados en las oficinas centrales de Banrural. La sobrina de Víctor Hugo Hernández, Silvia Liseth Pérez Jaez, representante de Arrendamientos, confirmó las transacciones tras ser capturada. “(Víctor Hugo Hernández) me pidió que nos reuniéramos en el banco Banrural. Yo llegué y me dijo que era para que le firmara un préstamo. Entonces, le dije que para qué un préstamo, pero me dijo que no tuviera pena porque él había contactado a unos inversionistas y que ellos se iban a hacer cargo de pagarlo. Entonces, me dijo que por seguridad de esas personas no quería que yo supiera. Y se llevó a cabo el préstamo. Ya no me contó si se lo dieron o no, en ese momento. Pero después, sí se lo dieron porque con eso fue que compraron las acciones de Siglo 21”, declaró Pérez Jaez de Quiñonez en un testimonio restringido en poder de la Fiscalía.

El banco del PP

El director ejecutivo de Banrural, Fernando Adolfo Peña Pérez, se entregó a la justicia el pasado 13 de junio. La Fiscalía lo acusa de haber utilizado la estructura del banco para depositar entre 2013 y mayo de 2015, unos Q20 millones “provenientes de las comisiones de múltiples delitos”, a favor de Pérez Molina, Baldetti y Monzón Rojas. Así como de haber “facilitando” la compra del 51% de las acciones de Siglo 21. Peña Pérez guarda prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito. Por esos mismos cargos, también guarda prisión Juan Abner Fonseca Galicia, gerente de negocios.

La fiscalía ha sustentado la acusación con base en las atribuciones de los cargos que los acusados ocupaban en las instituciones; y en el caso de Barrientos, sobre testimonios y documentos. El reto de los investigadores será probar que desde sus respectivos cargos, atribuciones y relaciones con el resto de acusados, estos tres personajes facilitaron cometer delitos como el lavado de dinero.

Mario Ermitaño Ixcoy Ajxup, representante de la serie de cooperativistas en el Consejo de Administración de Banrural, reconoce el papel opaco de Barrientos, a través de Asodefir en la administración del banco y sus consecuencias en este caso. Tras su captura y la de Peña Pérez, asegura Ixcoy, en el Consejo del banco solicitaron información sobre las operaciones de Asodefir, cuya existencia conocían desde hace años. “Según el banco, el problema de Asodefir son los dos (créditos) sobregiros de Q4 millones y Q5 millones que consiguió, y que según la Fiscalía usaron para comprar las acciones de Siglo 21. El Consejo de Administración sólo conoce préstamos superiores a los Q15 millones. No teníamos conocimiento de esa operación”, dice Ixcoy. El directivo señala como “un conflicto de interés” el que la mayoría de los integrantes de la Asodefir formaran parte del Consejo de Administración del banco, aunque reconoce que no cuestionaron por ello ni a Barrientos ni a Peña Pérez.

La estrecha relación entre estos directivos, tendría motivos políticos. Fuentes internas del banco señalan Peña mantenía el control de Banrural a través de su Consejo de Administración, en donde contaba con el favor de los representantes del Gobierno a cambio de favores políticos, y el de los integrantes cercanos a Barrientos con nexos con Asodefir.

Tras la detención de Peña, De León Escribano fue electa Presidenta del Consejo de Administración de Banrural por cuatro votos frente a dos que fueron para Ixcoy. De León indicó no recordar la identidad de los vocales que votaron a su favor, pero otros integrantes afirmaron que fue electa con los votos de los miembros de Asodefir aún presentes en el Consejo.

Lee también: PP, un partido para el crimen

Según fuentes internas, Asodefir posee Q17.69 millones en acciones de Banrural, registradas como acciones de diversas series. Este monto la hace el mayor accionista en la serie de asociaciones y garantiza el control de la misma. Ello violaría los estatutos del banco que establecen que “las transferencias de éstas sólo serán posibles entre accionistas del mismo grupo salvo en el caso de las acciones de la Serie F (que corresponde al Estado)”. Ninguno de los integrantes de Asodefir consultados pudo detallar la forma en que se recibió este dinero aduciendo que, “seguramente” fueron proyectos o donaciones conseguidas por Barrientos. Tampoco tienen claro qué harán con ese dinero.

La defensa y el reto de la fiscalía

Frente a las acusaciones contra Peña Pérez y Barrientos, sus abogados defensores han buscado separar las funciones de los acusados en las instituciones, de las atribuciones criminales que les asigna la Fiscalía. En el caso de Peña, su abogado Marco Aurelio Alveño Hernández,  apunta a que la imputación de la Fiscalía se ha centrado en demostrar operaciones y transacciones entre las partes, pero no ha logrado establecer que desde su posición de Presidente Ejecutivo de Banrural, su defendido haya influido para cometer el delito de lavado de dinero. “Quien comete lavado no es nunca la entidad financiera, si no quien ingresa al sistema financiero ese dinero sucio, porque si no, no hay sistema financiero o banco que pueda subsistir”, afirmó el jurista en su intervención.

La estrategia de la defensa de Peña recurre al organigrama y a la atribución de funciones aprobada por el mismo Consejo que él dirigía, para desligarlo de responsabilidades como el coordinar las actividades del grupo financiero (que incluye además del banco, la Financiera Rural y la Aseguradora Rural). “Desde 2007, Adolfo Fernando Peña, tomó la decisión, o el Consejo de Administración tomó la decisión, de que sus funciones fueran de coordinación, y se nombra un gerente general”, argumentó el abogado ante el juzgado que conoce el caso.

Lo que Alveño pretende demostrar, es que la función que la fiscalía le atribuye a Peña, “no existe, porque la máxima autoridad (del banco) es la asamblea de accionistas y puede ver la multiplicidad de representaciones, y es el Consejo de Administración el que le dice al Presidente Ejecutivo qué  puede hacer”.

La defensa de Barrientos, a cargo del abogado Francisco García Gudiel, ha sido exitosa: de los dos delitos que le imputaba la Fiscalía, asociación ilícita y lavado de dinero, logró que le quitaran el primero y consiguió su arresto domiciliario. Aunque su defendido reconoció haber participado en reuniones para negociar la compraventa de acciones de Siglo 21, argumentó que se trató de una operación regular, y que fue “engañado en su buena fe”. “En la venta de acciones de Cideca sobre Siglo 21 comparece William Amílcar Alvarado Nisthal con la señora Silvia Lisseth Pérez Jaez. ¿Dónde está Edín Barrientos allí?”, argumentó el abogado en la audiencia donde se decidió por qué delitos se procesaría a su defendido.

Como en un juego de sombras en dónde una misma figura puede ser armada de muchas formas, el reto de la Fiscalía será demostrar cómo, operando dentro del sistema bancario, disponiendo de sus mismas normativas y controles internos y con el beneplácito del máximo poder político de ese momento, el dinero fruto de actos ilícitos, permitió a Pérez Molina y Baldetti, añadir el diario Siglo 21 a la lista de las numerosas propiedades que amasaron durante los años que gobernaron Guatemala.

Autor
Edición
Autor
au
Edición
a
Plaza en 1 minuto (más o menos)
Si nos conoces pensarás que las síntesis no es nuestro fuerte
pero nos esforzamos por mandarte un resumen semanal. Casi siempre.
S