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Reformas a la justicia: ¿de qué lado vamos a ponernos?
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Opinión

Reformas a la justicia: ¿de qué lado vamos a ponernos?

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La realidad es híbrida y existe una variedad de actores que se posicionan según intereses legítimos e ilegítimos.

En los últimos meses, el debate público sobre las reformas al sistema de justicia se ha concentrado en el pluralismo jurídico. Un vuelco esperado, pues una sociedad que conoce poco de las formas organizativas de los pueblos indígenas se convierte fácilmente, en primera instancia, en un aliado para rechazar la inclusión constitucional de algo que nunca le ha interesado conocer por racismo o ignorancia, ambas nutridas por un sistema educativo que no tiene el menor interés en enseñarnos a profundidad el mundo del que siempre hemos renegado.

El pluralismo jurídico, entonces, se convirtió en el centro del debate de ideas, argumentos y dudas reales, pero también en la excusa perfecta de las mafias para desvirtuar ante la población la importancia de las reformas constitucionales y combatir así la oportunidad que tiene nuestro país de fortalecer su justicia, principalmente a través de 1) un consejo nacional de justicia dedicado a los temas administrativos, 2) la duplicación del período de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en tiempos distintos para dar estabilidad y quebrar la sincronización con el oficialismo y la discrecionalidad de un grupo homogéneo de magistrados, 3) la asunción de cargos en instituciones de justicia por méritos de parte de jueces y magistrados, 4) la existencia de una carrera judicial semiabierta, 5) una figura de antejuicio que constituya una protección al cargo, y no a la persona (de modo que permita la investigación, pero sin privar de libertad hasta comprobarse lo contrario), y 6) el reconocimiento constitucional de los ordenamientos jurídicos de los pueblos indígenas. Un resumen de las reformas puede encontrarse en los videos en los que el equipo de Nómada entrevista a Iván Velásquez, Thelma Aldana y Jorge de León Duque, entre otros.

En cuanto a las dudas sobre el pluralismo jurídico, rondan, por un lado, las publicaciones de páginas ficticias en redes sociales con contenido racista, así como con mentiras sobre la formulación de las reformas de las cuales fácilmente puede inferirse que son pagadas por las mafias que se resisten a enfrentar un sistema de justicia más fuerte. Y por otro lado, existen dudas reales y honestas sobre cómo funcionan y operarán los ordenamientos jurídicos mayas. Algunas de las preguntas básicas y algunos de los argumentos en contra pueden encontrarse en las columnas de opinión de Phillip Chicola y de Juan Carlos Zapata. Ante estas dudas, la entrevista que Ximena Enríquez les hizo a tres abogados expertos en la justicia maya es esclarecedora. Ofrece respuestas a las grandes incógnitas sobre el pluralismo y contrarresta así las que en principio han sido dudas válidas y legítimas. Para ello hago énfasis en la respuesta a la pregunta número 20 de la entrevista y en el hecho de que quedaría sin efecto todo aquello que viole derechos humanos.

Esperemos que los grupos de poder que abanderan los argumentos como base democrática para hablar de las reformas a la justicia no terminen llamando a la mafia uribista para concretar el desprestigio a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y, peor aún, a las reformas, tarea de una cultura política tan baja que mejor hay que dejársela a los mafiosos, no a los que quieren cambios. Porque no vaya a ser que un día de tantos, por confundir el debate con los privilegios, su posición abierta al diálogo se convierta en una máscara demócrata y republicana y se les caiga, sobre todo porque podemos sacar a la Cicig de la ecuación reformista y del país y porque las mafias seguirían estando del lado del no. Hay cosas que no cambian. Por eso es tan importante preguntar, después de dos décadas de debate (porque el debate no empezó con el Diálogo Nacional), de qué lado se pondrán los sectores más democráticos de las élites nacionales. Con esto no se las invita a estar del lado de los aires de pureza ni de los esencialismos democráticos ni de lo políticamente correcto, mucho menos de las reformas perfectas. Con esto se las invita a estar del lado que puede quebrar por primera vez el inmovilismo en el país.

Se puede pensar que, si el pluralismo jurídico es tan polémico, es más estratégico sacarlo de la propuesta de reformas al sistema de justicia. Pero no. Basta de huirles a los acuerdos y a las integraciones democráticas. Hay que asumirlos con movilización, generación de opinión y decisión política. Los grupos de poder y los movimientos sociales tendrán que tomar decisiones. Y en esta lucha decisiva por tener un sistema más técnico y decente veremos quiénes están de qué lado. Las mafias incrustadas en las élites nacionales harán su juego, y sus sectores más democráticos tendrán que demostrar honestidad intelectual y contrapeso político, mientras que los movimientos sociales tendrán que dejar de esconderse en las naguas de la Cicig y afrontar con organización y estrategia la lucha por las reformas, ya que también tienen que ser una conquista política.

Ante el despliegue de campañas de desinformación, más hechos y más argumentos. Ante la oposición jurada al avance, más calle y más lobby transparente. Y ante la insistencia de eternizar el inmovilismo, más unidad desde la diversidad política, étnica y cultural. Juntos podemos hacer que gane el sí y avanzar en la interoperabilidad de diferentes ordenamientos jurídicos, así como en la tecnificación y la independencia de nuestro sistema de justicia.

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