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Migración y violencia en el Triángulo Norte
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Opinión

Migración y violencia en el Triángulo Norte

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La migración desde el Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA, compuesto por El Salvador, Guatemala y Honduras) llegó a niveles masivos cuando a la búsqueda de mejoras socioeconómicas se sumó la huida de los conflictos armados de la década de 1980 como causa de desplazamiento. Durante los años siguientes, la búsqueda de reunificación familiar, desastres naturales y la persistente inestabilidad económica y política continuaron activando el flujo humano hacia el norte, según el MPI.

Las remesas familiares que muchos migrantes logran enviar aportan significativamente a las economías de la región. Datos del Bando Mundial indican que en 2015 las remesas significaron el 16.6 % del PIB salvadoreño, el 10.3 % del guatemalteco y el 18.2 % del hondureño. Los elevados montos de estas transferencias y el suplemento directo que significan para los ingresos de los hogares amortiguan la pobreza y reducen riesgos de conflictividad en una región afectada severamente por la violencia.

En la última década, sin embargo, el temor ha regresado como instigador de migración forzada. Pandillas en las urbes y organizaciones criminales en otros territorios ejercen violencia contra la población y fuerzan a un número creciente de personas a huir de sus hogares para conservar la vida o evitar graves daños.

La migración a causa de la violencia aún está insuficientemente visibilizada. Las instituciones estatales no registran las causas de la migración por falta de capacidad, y gran parte ocurre de manera indocumentada. A pesar de la falta de datos, hay organizaciones que documentan la situación y los registros de solicitudes de asilo dan una idea aproximada.

 

 

Las gráficas anteriores muestran cómo las solicitudes de asilo de ciudadanos del TNCA han crecido exponencialmente desde el 2010. El Salvador ha producido más solicitudes de asilo y es donde el conflicto social en torno a las pandillas es más grave. Además de las solicitudes de asilo en Estados Unidos, las que se hacen a países vecinos en situaciones económicas similares a las del TNCA se han incrementado. Esto parece indicar que la migración con intención de alejarse de los territorios donde las personas enfrentan situaciones de peligro va en aumento.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) viene llamando la atención hacia la inminente crisis de desplazamiento forzado por violencia en la región. En un informe de 2014 entrevistó a 404 migrantes menores de edad no acompañados y determinó que el 58 % fueron desplazados por la violencia. En un estudio posterior sobre la situación de mujeres migrantes, el Acnur brindó evidencia adicional al respecto y llamó a los países a establecer capacidades para asegurar la identificación de personas en necesidad de protección internacional.

Lamentablemente, las respuestas más visibles de los Estados se basan en combatir la criminalidad y en dificultar el desplazamiento sin entender suficientemente las necesidades de quienes migran. El International Crisis Group ha señalado que construir barreras para migrantes y refugiados solo empeora la crisis humanitaria y fortalece las redes ilegales. Estos y otros analistas han llamado a que los Gobiernos les den prioridad a programas de prevención de violencia que incluyan a las autoridades locales y a las comunidades.

En Guatemala se abre una puerta en este sentido con la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, presentada en julio por el Ministerio de Gobernación. La revocación del amparo contra el código del migrante, que creará una nueva institucionalidad y la carrera de servicio migratorio, genera también expectativas positivas.

Sin embargo, los Estados deben hacer mucho más. La reciente reunión de altas autoridades gubernamentales del TNCA y México con el vicepresidente de Estados Unidos para discutir el Plan de la Alianza para la Prosperidad del TNCA no consideró la urgencia humanitaria que plantea la migración relacionada con la violencia.

Este hecho, criticado por distintas organizaciones, robustece los llamados a que los Gobiernos de México y Estados Unidos brinden mejores condiciones para los migrantes indocumentados detenidos en sus territorios, disminuyan las deportaciones y provean mejor apoyo legal y condiciones de refugio. Por su parte, los Gobiernos de los países del TNCA deben tomar medidas para hacer efectivos sus planes de desarrollo local y establecer condiciones para atender las emergencias de seguridad que surgen de la acción impune de organizaciones delictivas en los territorios expulsores.

Es hora de reconocer el problema, de atender las necesidades urgentes de la población migrante y de recordar que es lo mínimo que podemos hacer como Estados y sociedades por quienes se ven forzados a dejarlo todo porque en su país predominan el temor y la desesperación.

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