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Necesario distinguir entre perpetradores y víctimas en el flujo migratorio
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Necesario distinguir entre perpetradores y víctimas en el flujo migratorio

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Tipo de Nota: 
Opinión
29 04 18

La creciente presencia de pandilleros centroamericanos en México tiene distintas motivaciones que es imprescindible conocer para que las decisiones de las autoridades respondan adecuadamente a la problemática.

Los y las migrantes de Centroamérica en México deben enfrentar no solo a criminales locales dedicados a secuestro, robo, violación o trata de personas, sino también a actores delictivos provenientes de sus propios países que los acechan. Existen reportes sobre la coordinación entre narcotraficantes mexicanos y pandillas centroamericanas al menos desde 2010, pero no hay claridad sobre la estructura organizativa de esas operaciones.

Como se describe en el venidero informe de Crisis Group, la presencia de pandillas centroamericanas en Chiapas se ha incrementado con el declive del Cartel de Sinaloa, que dominaba el tráfico de drogas entre Guatemala y México. Presuntos miembros de las pandillas MS-13 y Barrio 18 han sido arrestados en Chiapas y se ha reportado un aumento de los asesinatos perpetrados por maras. Organizaciones que apoyan a los migrantes en la ruta informan que miembros de pandillas vigilan o se infiltran en los albergues para identificar potenciales víctimas de extorsión, secuestro o sometimiento a trata.

El informe explica también que el miedo lleva a la población de los estados sureños de México a atribuir desproporcionadamente los hechos de criminalidad a «extranjeros», con lo cual se exagera el problema y se da pie a actitudes xenófobas. Además, las investigaciones identifican entre las víctimas de la violencia a miembros de pandillas, dado que la fuga es muchas veces la única opción cuando se quiere abandonar la mara.

Existe un debate no acabado sobre si en esta compleja situación las pandillas centroamericanas están actuando a través de programas internacionales establecidos o si lo que ocurre responde a la iniciativa de actores individuales siguiendo una lógica de expansión criminal. Hay analistas que aseguran que la MS-13 está evolucionando para convertirse en una potencia criminal, económica, militar y política que amenaza existencialmente a El Salvador y Honduras. Otras visiones consideran que las pandillas tienen liderazgos volátiles y carecen aún de capacidades organizacionales sólidas, lo que las diferencia de lo que puede denominarse crimen organizado.

No se han atendido debidamente otros desafíos sociológicos y criminológicos que se plantean en torno a la posible viabilidad del asentamiento de las maras en México. ¿Se cumplen en ese país condiciones como resquebrajamiento social, falta de servicios públicos, herencia de violencia y desarticulación familiar extendida, que han sido el caldo de cultivo de las pandillas en Centroamérica? ¿Implicaría esto la posibilidad de que se establezcan dinámicas de control territorial para extraer rentas ilegales y de reclutamiento local? ¿O es más bien que lo que exporta Centroamérica es la vulnerabilidad de sus migrantes, desprovistos de protección estatal y sujetos de abuso donde quiera que estén?

Las autoridades de los sistemas de justicia y de seguridad, activistas, académicos y representantes de los migrantes deben debatir sobre estas y otras cuestiones para proponer respuestas adecuadas a la complejidad de los problemas. Un entendimiento inacabado plantea el riesgo de sobredimensionar las amenazas y de seguir favoreciendo una respuesta represiva a lo que se constituye cada vez más en un complejo problema de política pública social y criminal.

Expertos en el tema señalan que las respuestas represivas se han tomado con base en cálculos políticos, y no en evidencia empírica. Los programas de mano dura implementados en los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica en los años 2000 aglutinaron a los pandilleros en los centros de detención y aumentaron su resentimiento y su capacidad de reclutamiento. La designación de la MS-13 como organización criminal transnacional por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y como organización terrorista por parte de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador perpetúa el acercamiento represivo, sin atender las condiciones económicas y las necesidades psicosociales de la población en situación de exclusión extrema.

Un entendimiento más completo de las características y las dinámicas de la presencia de maras en el sur de México debe informar las decisiones de los Gobiernos, fundamentalmente el mexicano y los de los países del Triángulo Norte, pero también el de Estados Unidos, dado que convertir a las maras en enemigas de la seguridad nacional consolida el proceso de erosión institucional que les dio origen, fortalece su inclinación por la criminalidad y consecuentemente genera más victimización entre los más débiles. El énfasis debe estar en fortalecer los mecanismos de protección de las poblaciones vulnerables en movimiento, no en su criminalización. Debe diferenciarse entre quienes son víctimas y quienes están aprovechando la permanente crisis social y de desprotección centroamericana para redituar por medio del crimen y la violencia.

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