Médicos sin Fronteras compara la situación de los migrantes indocumentados con las de otras «zonas de conflicto». Sus encuestas a migrantes en México muestran que el 39.2 % huyen principalmente por amenazas, extorsión o reclutamiento forzoso de organizaciones criminales en sus comunidades de origen. Además, dos tercios reportan haber sido víctimas de violencia durante el viaje y casi un tercio de las mujeres dicen haber sido víctimas de abuso sexual.
El International Crisis Group ha descrito cómo criminales y funcionarios corruptos explotan las vulnerabilidades de los migrantes, a quienes obligan a pagar sumas cada vez mayores para evitar la detención, la extorsión o el secuestro. Su situación de indeterminación legal victimiza doblemente a las personas migrantes: el temor a las autoridades hace poco probable que denuncien los delitos que sufren o que puedan acceder a servicios médicos cuando los necesitan.
La colaboración de México con Estados Unidos para reducir el flujo migratorio ha empeorado la situación. El Plan Frontera Sur de 2014 incrementó los retenes en carreteras y las detenciones en México, país que desde 2015 deporta más migrantes del TNCA que Estados Unidos. Dado el interés de México por disminuir las fricciones con su vecino del norte, no se vislumbra una atenuación de estas medidas en el mediano plazo.
Fuentes: Secretaría de Gobierno de México y Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
El temor a la migración indocumentada sigue siendo fundamental en el debate político en Estados Unidos. Los controles instituidos por la administración Obama han sido profundizados por la de Trump, de modo que se han incrementado las asignaciones presupuestarias a las entidades de control fronterizo. El ingreso indocumentado a Estados Unidos es mucho más difícil en la actualidad. Solamente 100 000 ingresos ocurrieron en 2016, comparados con los 600 000 de 2006, según el Departamento de Seguridad Nacional. El Gobierno de los Estados Unidos tiene la intención de no renovar el estatus de protección temporal (TPS) a salvadoreños y hondureños, así como de terminar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). La situación no está definida, pero puede llegar a afectar a un millón de centroamericanos.
Un aumento de las deportaciones de migrantes del TNCA tensionaría aún más las difíciles condiciones sociales de los países centroamericanos, que están mal preparados para recibirlos de vuelta. Preocupa la falta de medidas mitigadoras y preventivas, así como el usual énfasis represivo visible en las disposiciones salvadoreñas de fichar y perseguir a los retornados de quienes se presume que integran pandillas.
No se está privilegiando el enfoque en la creación de oportunidades socioeconómicas, que fue la intención declarada del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte para reducir la migración. Estados Unidos, que ha asignado 1 300 millones de dólares a la iniciativa, se ha decantado por su securitización desde la reunión sostenida en junio en Miami, en desmedro del reconocimiento de la emergencia humanitaria en torno al tema.
Dados los prospectos poco favorables a la protección de los migrantes en las políticas de los Gobiernos de la región, vale la pena considerar lo que otros cooperantes pueden contribuir en la materia. La Unión Europea (UE) tiene en cuenta la gestión de la migración y la protección de las personas migrantes en documentos de política regional con América Latina, pero la situación en el TNCA requiere un enfoque más específico.
La UE puede apoyar a las autoridades del TNCA y de México en fortalecer la supervisión de sus instituciones migratorias y de seguridad para reducir los abusos de los que se los acusa. También puede brindarles asistencia técnica a los consulados de los países del TNCA ubicados en la ruta migratoria para que protejan mejor a sus connacionales en tránsito. La iniciativa europea de intercambio de conocimiento y de mejores prácticas entre países socios en materia de migración (Mieux) se presenta como un buen mecanismo para ello.
La UE puede brindarles apoyo técnico y financiero a los países vecinos para fortalecer los procesos de solicitud de refugio de migrantes del TNCA y albergarlos. También puede apoyar a los países latinoamericanos que estén dispuestos a brindar refugio y mitigar el impacto de la emergencia. Quizá lo más urgente es asistir a los países del TNCA a desarrollar programas para reintegrar deportados que brinden acceso a servicios de salud, entrenamiento, trabajo y apoyo psicosocial.
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