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Mitigar riesgos de deportaciones masivas: punto urgente de acuerdos entre el Triángulo Norte y Estados Unidos
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Mitigar riesgos de deportaciones masivas: punto urgente de acuerdos entre el Triángulo Norte y Estados Unidos

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4 03 18

Continúa la incertidumbre sobre el rumbo definitivo que tomará la política del gobierno del presidente Donald Trump hacia el Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA), la cual se debate entre la seguridad y el desarrollo.

El 18 de diciembre de 2017, el Gobierno estadounidense emitió su Estrategia de Seguridad Nacional, la cual, en el prefacio que firma el presidente, indica: «Fronteras porosas y leyes inmigratorias sin cumplir han generado una serie de vulnerabilidades que han permitido a carteles criminales introducir drogas y peligro en nuestras comunidades». Sin embargo, el TNCA es mencionado solamente una vez, hacia el final del documento de más de 50 páginas, en una parte en la que se manifiesta preocupación por el hecho de que «organizaciones criminales transnacionales […] perpetúan la violencia y la corrupción y amenazan la estabilidad de los Estados centroamericanos, incluyendo Guatemala, Honduras y El Salvador».

No queda explícitamente plasmado el tipo de respuesta que esta preocupación provocará en el marco mayor del enfrentamiento de Estados Unidos ante Rusia y China por su influencia a nivel mundial, tema fundamental de la Estrategia de Seguridad Nacional. Sigue vigente, además, la estrategia de Estados Unidos para relacionarse con Centroamérica emitida durante el gobierno del expresidente Barack Obama. A pesar del énfasis que se hace en la actualidad en que su implementación contribuya a la seguridad de la ciudadanía estadounidense, las líneas de acción de la estrategia no han variado: promover la prosperidad, mejorar la gobernanza y aumentar la seguridad. La necesidad de apuntalar las instituciones de los países del TNCA sigue siendo el fundamento del plan propuesto. El mensaje es recurrentemente reforzado por comisiones bipartidistas del Congreso de Estados Unidos o directamente por altos personeros en visitas especiales a los países de la región.

Sin embargo, no pueden soslayarse los riesgos de una serie de decisiones que viene tomando el Gobierno de Estados Unidos en cumplimiento de las promesas de campaña sobre contención de la migración, explicadas en el discurso del candidato Trump en septiembre de 2016 en Phoenix, Arizona. La finalización de los beneficios del estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los ciudadanos salvadoreños anunciada en enero afectará aproximadamente a 200,000 personas. La misma suerte se espera que corra el TPS que gozan unos 60,000 hondureños. Y aún no está clara la ruta hacia la ciudadanía estadounidense ofrecida por el presidente Trump en su informe sobre el Estado de la Unión a los beneficiarios del programa de acción diferida para arribos en la infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que beneficia a unos 800,000 soñadores.

Cinco días después de tomar posesión, el presidente emitió la orden ejecutiva Fortaleciendo la seguridad pública al interior de los Estados Unidos, que ha espoleado las acciones de la agencia de cumplimiento de las leyes de inmigración y aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la cual ha recibido incrementos presupuestarios y amplio apoyo político.

El ICE se jacta de haber incrementado desde entonces en un 42 % los «arrestos administrativos y las remociones desde el interior» del territorio estadounidense. En 2009, el primer año de gobierno de Obama, el 61 % de los arrestos del ICE fueron de migrantes sin acusaciones criminales. Para el final de su mandato, la proporción se había reducido a cerca del 14 % y la acción se había logrado focalizar en personas en conflicto con la ley.

Sin embargo, durante el primer año del mandato de Trump hubo un incremento desproporcionado de la acción del ICE contra inmigrantes sin conflicto con la ley, de modo que la entidad aumentó sus detenciones en un 146 % (37,734 casos), mientras que solo hubo un incremento del 12 % en las detenciones de personas en conflicto con la ley (a 105,736), según datos analizados por el Pew Research Center.

La acción del ICE y la peligrosa equivalencia en el discurso entre migración indocumentada y crimen violento que viene dándose aprovechando la brutalidad de los actos de la mara Salvatrucha en Estados Unidos aumentan la preocupación por posibles deportaciones masivas. Los efectos que ello podría tener comienzan a ser discutidos en la región, pero no se sabe de planes de mitigación de tales contingencias. Hay impactos en la disminución de remesas, en la integración de la población a economías que no generan suficientes empleos anualmente y en la exacerbación de situaciones generadoras de violencia que deben ser consideradas. Este debería ser un punto fundamental de las futuras conversaciones entre personeros de los Gobiernos del TNCA y de Estados Unidos.

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