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Valentina de Paz, 50, integrante del Colectivo de Mujeres Trabajadoras Sexuales, participa en la velada en recuerdo de las 41 víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el 24 de noviembre, en el parque central de Guatemala. Simone Dalmasso

25N: las cifras de la violencia

En promedio, cada día 19 mujeres fueron agredidas sexualmente en Guatemala, 8 de ellas eran niñas menores de 14 años.
De 2019 a 2020, hubo una reducción anual de sentencias del 47 %.
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25N: las cifras de la violencia

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Eliminar la violencia contra la mujer es un reclamo que toma fuerza cada 25 de noviembre. Las marchas, conversatorios y otras actividades recuerdan la lucha diaria de las mujeres en un mundo violento con ellas. No todas denuncian y las que lo hacen se encuentran con procesos judiciales lentos, caros y desgastantes. Aún así, niñas y mujeres sobrevivientes siguen buscando justicia. Las cifras retratan la magnitud de esta epidemia.

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Parece un lunes más. Personas entran y salen de un edificio en la zona 6 de Quetzaltenango, en el occidente de Guatemala: es el Centro Regional de Justicia. Un grupo de siete mujeres y un hombre se reúnen frente a ese lugar. Llevan carteles, un megáfono y playeras blancas con el mensaje «la dignidad de una mujer no está en venta».

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Un curioso se acerca y pregunta por qué están ahí. Una de las mujeres explica que piden justicia por una niña agredida sexualmente por un pastor. «Sí, por un pastor», puntualiza la mujer.

Welser Gilmar Reyes Florian, pastor desde hace más de una década en la iglesia Ministerios Capital de Luz, está en prisión preventiva y ligado a proceso, señalado de agredir sexualmente a una niña. Las mujeres que alzan su voz frente a los juzgados piden justicia, no quieren que el caso quede en el olvido.

Helen García sostiene un cartel con el mensaje «creemos en las leyes». Ella participó en la misma iglesia durante un año, pero no le gustaron las reverencias que se hacían al pastor. «Besarle la mano, hincarse delante de él», cuenta. Tiene la esperanza de que haya justicia para Luna, como han decidido llamar a la niña para proteger su identidad. Junto a Helen está Héctor García, el único hombre que participa en la protesta.

Según un reporte estadístico de 2018 elaborado por la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), en   50% de los casos de violencia sexual las víctimas han identificado que el agresor es un familiar cercano con un vínculo afectivo, que se vale de su relación familiar para agredir (padres, tíos, hermanos, primos, abuelos, padrastros y novios). En el 26 % de los casos  los agresores son amigos, vecinos, líderes comunitarios o pastores, el 17% de los agresores son desconocidos y un 7% de casos no cuenta con datos.

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Los datos del Departamento de Atención a la Víctima de la Policía Nacional Civil coinciden: en 2021 atendieron a un  77 % de mujeres, de ellas el 53.4 % fueron agredidas por su esposo, conviviente o ex cónyuge.

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La violencia contra las mujeres puede darse en cualquier lugar. La legislación de Guatemala sanciona la violencia física, psicológica, económica y sexual; pero existen otras violencias como la simbólica, obstétrica, el acoso, cibernética y la violencia política. No todas las formas están tipificadas como delitos a pesar de las iniciativas presentadas.

Jésika Aguilar participó este año por primera vez en las actividades del 25 de noviembre en Xela, ella forma parte de la organización Vidas Paralelas. «La mayoría de mujeres en Guatemala ha sufrido violencia» dice Jésika y recuerda que cuando tenía 12 años, un hombre subió al bus en el que ella viajaba hacia la escuela. El hombre la acosó verbalmente, la tocó y agredió. Ella no pudo zafarse pero una mujer adulta se dio cuenta y la ayudó.  Jésika se une a la demanda  de cero tolerancia a la violencia contra la mujer: «en la calle nos acosan, lo justifican llamándole piropos pero es acoso, sin importar si somos niñas o adultas. Esto debe cambiar», apunta.

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Las cifras son datos importantes. Carlos Mendoza, coordinador académico de Diálogos,  asegura que para atender un problema se necesitan conocer los datos.  «La política pública tiene que estar basada en evidencia, primero se tiene que  entender bien el problema. Para entender bien el problema hay que dimensionarlo, hay que medirlo. La política pública tiene que adaptarse a esa evidencia», señala. Y los datos que existen relacionados a violencia contra las mujeres son alarmantes aunque solo abarcan aquellos casos denunciados.

Las formas de violencia son múltiples y los recursos ofrecidos por el estado, escasos o lejanos. La investigación de los femicidios, por ejemplo, se centra en la Fiscalía Contra el Delito de Femicidio que se encuentra en la capital del país. Para los cientos de casos cuentan con una sola fiscalía, nueve agentes fiscales y 29 auxiliares fiscales.

De 2016 a 2020, en 1,827 días, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) evaluó a 35,107 mujeres agredidas por delitos sexuales; 15,218 de ellas eran  menores de 14 años. En promedio y según los casos atendidos, cada día 19 mujeres fueron agredidas sexualmente en Guatemala y 8 de ellas eran niñas menores de 14 años.

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De enero a julio de 2021 en Guatemala se registraron  65,373  embarazos en adolescentes de 10 a 19 años. Este año 3,203 niñas de 10 a 14 años están embarazadas, estos casos se consideran resultado de violaciones sexuales.  

Denunciar para protegerse

Cuando Ingrid Guzmán era niña, atestiguó la violencia física y psicológica que afectaba a su madre, el agresor era su padre. Ella es ahora vicepresidenta del Colectivo de Mujeres de Quetzaltenango y ayuda a las víctimas para que denuncien las agresiones. Durante la concentración del 25 de Noviembre, estas mujeres maquillaron su rostro representando los golpes y cicatrices de las víctimas. Ingrid asegura: «yo no he sufrido de forma directa y en mi hogar no hay violencia, pero lo viví con mi madre. Soy una sobreviviente y le digo a las mujeres que denuncien, que no nos quedemos calladas».

Según la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) 2014-2015, el 36.8 % de mujeres que sufre violencia busca ayuda, Es decir 4 de cada 10. No hay una actualización reciente de estos datos, las cifras sólo pueden encontrarse en las denuncias.

De enero de 2010 a abril de 2021 al Ministerio Público (MP) llegaron 359,654 mujeres para denunciar violencia física, psicológica, sexual y económica, de acuerdo con los datos proporcionados por esa institución. 

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Lilian Vásquez, directora y fundadora del Bufete Jurídico de Derechos Humanos con Enfoque Feminista, explica que la denuncia no solo sirve para iniciar un proceso penal. «La denuncia le sirve a muchas mujeres para protegerse de su agresor, para sacarlo de casa y detener el abuso. Siempre le digo a la mujer que denuncie, quizá el caso no avanzará, pero la violencia se puede detener, podrá tener una medida de seguridad. La gente dice que es un papel, pero es un papel  que tiene un valor simbólico en este país de símbolos. Tienen un papel que ampara, antes  no tenían nada, estaban solas frente al agresor», explica.

La experiencia de Lilian le ha enseñado que cuando una mujer víctima de violencia acude a una institución de justicia y la atienden mal, no regresa, pero si está acompañada puede ser diferente.

«Ellas tienen miedo, están acostumbradas a hombres muy abusivos y violentos. Cuando van al MP y el fiscal las atiende muy mal, ellas se van, desisten. Cuando tienen una abogada, es increíble como te agarran el brazo. Yo digo si la justicia no va a ser feminista, no va a ser. De una mujer que no hablaba, que no te decía nada, va creciendo y creciendo hasta que las ves en una audiencia de sentencia, presentando la conclusión y diciéndole  al juez: usted me resuelve, porque me resuelve. Ahí ya hubo una justicia, haya o no haya condena», dice la abogada.

Los datos durante la pandemia

No todos los casos se denuncian. Algunas mujeres no saben a dónde acudir ni identifican que lo que sufren es violencia. Otras se enfrentan al miedo y la vergüenza. Durante la pandemia además fueron afectadas por las restricciones de movilidad.

El Observatorio de las Mujeres del MP registra que en 2019 fueron 57,211 las denuncias de violencia contra la mujer, es decir 156 por día. En 2020, en medio de la pandemia, se registraron 56,712: dos menos cada día. Hasta el 21 de noviembre de 2021 se contaban 57,899 denuncias, es decir 1,187 más sin que haya concluido el año.

En 2020 se activó la Alerta Isabel Claudina por 1,563 mujeres desaparecidas, en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) se detalla que 666 casos estaban ligados a otro tipo de violencia. El 19 % de las alertas siguen activas. 

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Han pasado cuatro años, nueve meses y 21 días desde el femicidio de Gabriela Barrios y el debate aún no inicia. Emerson Marroquín, se encuentra ligado a proceso por este crimen ocurrido en 2017. Durante la concentración del 25 de noviembre en Quetzaltenango, su amigo Wacha se unió para recordarla con una canción. Wacha cuenta que Gabriela le ayudó a reconocer actitudes y creencias erróneas que él tenía sobre cómo deben ser los hombres. «Debemos cambiar y reconocer los derechos de las mujeres. Debemos poner un alto a la violencia contra ellas», apuntó.

Gabriela era poeta, cantante y locutora. Fue atacada con violencia mientras visitaba una casa que el ex futbolista ofrecía en alquiler. La acompañaba su madre, quien también fue agredida y que pudo escapar al lanzarse al río Samalá.

En el Observatorio de las Mujeres del MP se registran 708 femicidios y muertes violentas de mujeres en 2019. En 2020, durante la pandemia, la cifra se redujo según ese portal a  454 y hasta noviembre de 2021 se registraban 466. Según la Coordinadora 25 de Noviembre, que integra diversas organizaciones de mujeres, los femicidios en 2021 suman a la fecha 482 y contando desde enero 2000 hasta noviembre 2021, son 13,086 mujeres las que han muerto de manera violenta.

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La violencia en contra de las mujeres trans persiste aún en pandemia, desde marzo de 2020 hasta octubre de 2021 la organización Otrans registra 169 casos de violación a derechos por discriminación, intimidación, amenazas y muertes violentas.

Las violencias con menos denuncias son las de tipo económico y sexual. De 2010 a abril de 2021 hubo 3,073 denuncias de violencia sexual y 2,307 económicas. Más del 50 por ciento están en investigación.

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Carlos explica que aún investigan la reducción de denuncias durante la pandemia. Buscan establecer si estas disminuyeron por las limitaciones que había. «No es posible que no se haya dado, lo que pareciera es que la gente no pudo llegar al MP, quizá les quedaba más cerca la comisaría, o fueron a la policía para asustar al agresor» explica.

Aunque en el MP las denuncias se redujeron, en el Departamento de Atención a la Víctima de la PNC aumentaron: en 2019 denunciaron 10,447 mujeres mientras que en 2020 lo hicieron 10,880 y hasta el 15 de noviembre de 2021 eran 13,236. 

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Sanción y acompañamiento jurídico

Lilian ya no cree en sensibilizar a los trabajadores del MP, PNC o del Organismo Judicial (OJ). Ella le apuesta a las sanciones que obliguen a dar un servicio adecuado, con empatía y simpatía. «Las capacitaciones ya me tienen reventada, se gastan millones de quetzales en sensibilizar. Ya debe haber sanción, no se puede dejar pasar», dice.

Lilian ha sido abogada de mujeres indígenas, ladinas, de clase alta, media, baja, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, adultas mayores, trabajadoras sexuales, mujeres con discapacidad, mujeres trans, lesbianas, heterosexuales, todas tienen en común la violencia. Por medio de la cooperación internacional atiende sin costo a quienes no pueden pagar. Ella cree en la efectividad del sistema de justicia, aunque reconoce que deben cambiar muchas cosas.

«Se ha deshumanizado el acompañamiento jurídico. También hay que poner los ojos en el Instituto de la Víctima. El sindicado tiene la Defensa Pública Penal y la víctima al Instituto de la Víctima», explica. ​​El Instituto para la Asistencia y Atención a  la Víctima fue creado en 2019 y funciona con un presupuesto de 50 millones de quetzales. En 2020 este instituto analizó 4,410 expedientes, acudieron a 32 audiencias. Solo reportaron 23 sentencias condenatorias y 388 reparaciones dignas.

Impunidad y demora entre denuncia y sentencia

La tardanza en atender las denuncias afecta directamente a las víctimas. De las 359,654 denuncias de violencia contra la mujer recibidas en el MP de enero 2010 a abril 2021, el 62.92 % está en investigación y solo 1.91 % tienen sentencia de condena o absolución. El resto o fueron archivadas, desestimadas, enviadas a otro juzgado, sobreseídas o bien los agresores recibieron un criterio de oportunidad.

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Existe impunidad y hay demora en los procesos judiciales. «Antes de la pandemia teníamos 60 años de mora judicial. En un estudio borrador que se hizo, por la pandemia esto se duplicó. Para ponerlo al día son 120 años. Un caso que empezó en 2019 tendrá su debate hasta 2025. Para que la sentencia esté firme puede que sean tres o cinco años más, quizá en el 2030», dice Lilian. 

Belma Soto, psicóloga dedicada a la atención de mujeres, asegura que ninguna violencia tendría que quedar impune y aunque lo ideal es que haya justicia, por su experiencia sabe que las mujeres pueden sanar aún cuando no tienen acceso a esta. «Es necesario tener una red de apoyo, se debe apoyar sin juzgar. Buscar sanar las heridas con espiritualidad, no necesariamente religiosa. Buscar también ayuda profesional», dice.

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Y es que no todos los casos llegan a sentencia. De cada diez denuncias por violencia física, psicológica, sexual o económica contra la mujer de enero de 2010 a abril de 2021, un máximo de dos han recibido sentencia. De 2016 al 2020 el Organismo Judicial dictó 16,027 sentencias por delitos de la Ley de Femicidios y otras Formas de Violencia contra la Mujer, el 73% fueron condenatorias y en el 27% se declaró inocente al agresor. De cada diez casos que llegaron a sentencia, en siete los agresores fueron condenados y en tres, absueltos. En el mismo periodo de tiempo, solo 3,092 mujeres sobrevivientes de delitos de esa ley obtuvieron una reparación digna como resarcimiento al daño. De 2019 a 2020 hubo una reducción anual de sentencias del 47 %. De 3,563 disminuyó a 1,693. 

Mientras las denuncias de agresiones no cesan, los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS) buscan medios para continuar con la atención, porque no han recibido los recursos asignados para este año.

Lilian Wuj, Directora Ejecutiva de Asociación Nuevos Horizontes, organización a cargo del CAIMUS de Quetzaltenango, dice que no han podido pagar salarios porque no  han recibido presupuesto, solo han cubierto algunas necesidades a través de cooperación internacional.

Para funcionar este CAIMUS necesita un presupuesto de Q2.6 millones. Al inicio fue creado para 40 mujeres, pero se ha tenido que adaptar para más de 60. “No solo es una comida, son 5 comidas al día, para adolescentes, mujeres, sus niñas y niños, la mayoría no solo llega con problemas de violencia, también con desnutrición.”, dice Wuj. 

Presunción de inocencia para el agresor, pruebas para la víctima

Lilian explica que el sindicado está protegido por la presunción de inocencia, pero a la víctima no se le cree, tiene que probarlo. «Es inverosímil pensar que una mujer miente cuando dice que ha sido víctima de abuso sexual o de violencia contra la mujer. Es una jugarreta del patriarcado pensar que las mujeres mienten», señala. La abogada estima que al no creer en las víctimas, no existe esfuerzo por encontrar indicios que corroboren la denuncia.

Los casos se van sumando, las cifras crecen. Según ONU Mujeres sin incluir el acoso sexual, al menos el 35 % de las mujeres a nivel mundial ha sufrido violencia física y sexual. En algunos países las cifras se elevan y menos del 40 % de quienes han sufrido violencia buscan ayuda.

La falta de respuestas ágiles y efectivas en la atención a las demandas de las mujeres desestimula la denuncia y deja desatendidas las necesidades de más de la mitad de la población. El caso de Luna, junto a miles de denuncias más, se encuentra en manos del Estado. La agilidad y certeza para responder con  justicia a estas demandas sería determinante para asegurar la confianza en un sistema que, hasta ahora, no da respuestas satisfactorias.

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