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Medios, Corp. (9/9)

Vea Canal tuvo un concurso y 47 contrataciones directas, entre 2009 y marzo de 2017 que le reportaron Q1,793,226.5.
Editorial Sur, S.A., propiedad del grupo Prensa Libre, entre 2004 y marzo de 2017, ganó Q80,045,450.41 en contratos licitados con el Estado.
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/ Ilustración: Sandy Revolorio

Tiempo aproximado de lectura: 10 mins

El acercamiento de los medios de comunicación al poder ha sido una relación de mutuo beneficio que les ha dejado réditos a ambas partes. Sin implicar un acaparamiento, como en el caso de radiofrecuencias, otros medios también han tenido relaciones de subsistencia con el Estado.

El informe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), “El financiamiento de la política en Guatemala”, le dedica un apartado completo a esa relación. El documento establece que el gobierno y los medios de comunicación se necesitan unos a otros para traficar con beneficios mutuos.

El supuesto maridaje entre medios de comunicación y poder político es “muy normal” para el diputado Amílcar Pop, del partido Winaq. Los medios, dice, “logran relación comprometida con la decisión política del funcionario, electo a partir de favores de campaña”.

Los medios de comunicación, sin embargo, no forman parte de las élites tradicionales del poder económico. Ni siquiera del propio gobierno de forma orgánica; exceptuando casos como el de los inicios de Corporación de Noticias, con el periódico Siglo XXI. Al menos, eso es lo que sostiene el periodista e investigador Gustavo Berganza. “Los medios en Guatemala pertenecen a gente (familias), un sector emergente de clase media, que por conexiones gubernamentales o por éxito, como son algunas excepciones, lograron construir sus emporios mediáticos”, dijo.

Pop plantea la “común” relación entre medios de comunicación y el poder de manera más explícita. “De 100 diputados, 90 tienen compromisos con los medios. Quedamos tres o cuatro diputados que no salimos en las redes nacionales de los medios. Hay muchas formas, lamentablemente en el país se han consolidado mecanismos de financiamiento en especia y en efectivo”.

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Para graficarlo, cuenta que durante campaña electoral de 2015, recibió cotizaciones de varias redes de medios para difundir su propaganda. “Pero nunca tuve los recursos” para aceptarlas, asegura. Según el funcionario, cuando el candidato no puede pagar inmediatamente le conceden entre un 30% y 50% de financiamento de parte del medio.

A partir del análisis de los datos consultados, es innegable que los beneficios económicos obtenidos por medios de comunicación se basan en la relación de intereses que han establecido con los políticos y las instituciones del Estado guatemalteco.

Esa relación no ha beneficiado exclusivamente a los medios que requieren de frecuencias de parte del Estado.

Televisión por cable

Según el inventario de radiofrecuencias de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), Vea Canal tiene el título de usufructo de una sola frecuencia de carácter satelital. Según datos de Guatecompras, la compañía fue constituida en 2005 y tiene como representante legal a Otto Herbert Rottman Chang.

Por el concepto de “emisión de licencia satelital”, Vea Canal ha pagado Q58,691.07 a la SIT, según su registro de pagos. No consta ningún pago por subasta.

Los contratos del Estado obtenidos por esa empresa superan con holgura esa cantidad. Según un rastreo de Guatecompras, Vea Canal tuvo un concurso y 47 contrataciones directas, entre 2009 y marzo de 2017 que le reportaron Q1,793,226.5. Es decir: 30 veces más de lo que la SIT registró como pagos por la frecuencia, según la información proporcionada.

Aunque no fue posible ubicar dentro del inventario de radiofrecuencias de la SIT a las empresas TVN, S.A., mejor conocida como canal Guatevisión; y TVA, S.A., que es Televisión Azteca Guatemala, la SIT sí registra pagos recibidos para ambas empresas. No fue posible determinar con certeza cuántos títulos de usufructo poseen estas empresas.

Sin embargo, en el caso de TVN, S.A. la SIT registra pagos administrativos y de uso de licencia satelital por un total de Q345,457.74, entre 2004 y marzo de 2017. Los registros de Guatecompras arrojan que la empresa fue constituida en 2003. También reseñan que el total de contratos obtenidos por TVN, S.A. en el mismo rango de tiempo, 33 concursos de licitación y 159 contrataciones directas, sumaron un total de Q34,495,355.9. O sea, 99 veces más.

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La SIT sí registra entre sus pagos la “adjudicación de número único” en una subasta pública por Q50 mil, desde 2005, que le permite a TVN, S.A. el uso de una licencia satelital. A la empresa le cuesta entre Q6 mil y Q6,300 la licencia de operación satelital cada seis meses, según la SIT, ya que el precio varía por algunos quetzales año tras año.

Guatecompras registra como representantes legales de Guatevisión a Guillermo Alberto Bendfeldt Cobar; Mario Antonio Sandoval Samayoa, quien a su vez ha fungido como vicepresidente del Consejo de Administración del periódico Prensa Libre en años anteriores; y a Jaime Eduardo Torres Rueda, accionista y gerente de empresas del Grupo Emisoras Unidas, de la familia Archila.

El Registro Mercantil añade un nombre más a los directivos de TVN, S.A.: Karl Peter Blank, también relacionado a Prensa Libre. Blank y Mercedes Girón, también accionista de Prensa Libre, aparecen registrados en la base de datos publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, dentro del caso conocido como Panamá Papers.

Bendfeldt Cobar y Torres Rueda coinciden en otra empresa, según datos del Registro Mercantil, además de TVN, S.A. Se trata de Librevisión, S.A., constituida en 2002 y que según Guatecompras, ha tenido contratos con el Estado guatemalteco por más de Q9 millones.

Otro canal televisivo reconocido es Azteca Guatemala, filial de TV Azteca México, y que funciona bajo la sociedad anónima Televisión Azteca (TVA, S.A.) en Guatemala. Esta compañía no pudo ser ubicada bajo esta denominación –o alguna similar– dentro del inventario de radiofrecuencias de la SIT, ni dentro de su listado de pagos históricos.

Sin embargo, registros de Guatecompras lo ponen casi al mismo nivel de ganancias de TVN, S.A. en contratos con el Estado. La empresa ganó Q37,959,960.52 en 33 licitaciones y 158 contrataciones directas, entre 2008 y 2017.

Medios impresos

Para el investigador y periodista Gustavo Berganza, el único caso de un medio de comunicación guatemalteco vinculado directamente a élites es el medio impreso El Periódico (ver ficha), cuyo presidente, José Rubén Zamora Marroquín (ver ficha), formó parte en el pasado del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). Zamora Marroquín es primo de los empresarios de prensa escrita que han transitado por los medios La Hora, Siglo XXI, Corporación de Noticias y República GT.

Aldea Global es el nombre de la sociedad anónima correspondiente a El Periódico. Aunque en menor medida, el rotativo también ha tenido variedad de contratos con el Estado por espacio publicitario: un total de Q 40,482,732.79, entre los años 2005 y 2017 por 61 concursos y 1400 contrataciones directas.

En 2009, el libro “Monopolios de la verdad” aseguraba que en el caso de los medios impresos, el grupo Prensa Libre dominaba el “84% de la circulación de periódicos a través de sus publicaciones Prensa Libre y Nuestro Diario”. Este último, sin embargo, continuaba en litigio hasta 2017 con otros empresarios (ver ficha) por una disputa de propiedad. Según datos del Registro Mercantil son cuatro las personas que tienen nombramientos como vicepresidente, presidente, gerente general y gerente dentro de Prensa Libre: Mario Antonio Sandoval Samayoa, María Mercedes Girón Mendoza, Luis Enrique Solórzano Contreras y Mario Sandoval Figueroa (ver fichas).

El grupo Prensa Libre, según la investigación efectuada, incluye los periódicos Prensa Libre, El Quetzalteco (Ediciones Regionales S.A.), y el canal de televisión Guatevisión, bajo las sociedades TVN, S.A. y Librevisión, S.A. (ver fichas).

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Algunos de los miembros de este grupo tienen representación en otras empresas no relacionadas con el quehacer periodístico, como por ejemplo Editorial Sur, S.A. Esta compañía, a su vez, también ha sido contratista del Estado, lo que ha permitido a los directivos jugar dos bandas: contratos por publicidad y por labores editoriales, como impresión de textos. Entre 2004 y marzo de 2017, Editorial Sur S.A. ganó Q 80,045,450.41 en contratos licitados con el Estado. Los más grandes implican concursos con el Ministerio de Educación.

No lejos de tales ganancias está el otro periódico que perteneció al grupo y que también está actualmente en litigio. Diarios Modernos, Sociedad Anónima (Diarios Modernos, S.A.), cuyo nombre comercial es Nuestro Diario, ha ganado más de Q 52 millones en contratos con el Estado.

Bastante más lejos de las ganancias de los otros grupos, el periódico La Hora – de los pocos vespertinos guatemaltecos – ha ganado Q5,639,417.83, entre 2012 y marzo 2017 en contratos con el Estado. El rotativo nació en una de las familias de más larga data periodística y política: los Marroquín.

Esta publicación forma parte de una investigación periodística sobre la propiedad de los medios de comunicación en Guatemala, realizada por Laberinto del Poder, una plataforma diseñada para conocer las relaciones de poder en Centroamérica a partir de redes, personajes, datos y contratos. La metodología sobre este especial puede ser consultada aquí.

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