La urgencia de medios públicos

Es cierto que no todos los medios ni todos los periodistas se posicionaron abierta y directamente contra la corrupción. Los canales de televisión abierta apenas si difundieron los casos más sonados cuando ya no tenían escapatoria, y todos vinimos a saber meses más tarde la razón: sus propietarios, como ya se suponía, están estrechamente ligados a ese proceso de utilización de los recursos para beneficio ilegal y espurio de los bienes públicos. Otros se vieron imposibilitados de tratar la información de manera más profunda, como es el caso de los medios propiedad de la familia Archila. También ahora sabemos la razón: el exministro de Energía y Minas Erick Archila Dehesa, propietario de Canal Antigua y de los medios de comunicación vinculados a este, está siendo perseguido por formar parte del grupo de ministros que, a semejanza de las mafias tradicionales, ofreció costosos regalos a su jefe y aportó grandes sumas de dinero en efectivo para no dejar ningún rastro. Igual comportamiento tibio tuvieron los medios en manos de sus familiares, algunas redes de radio y el periódico ahora gratuito, que hicieron de la denuncia y la persecución de la corrupción un tema cuando mucho ocasional en su cobertura, como lo han hecho también con la persecución y el juicio a los crímenes de lesa humanidad.

Fueron algunos de los medios privados nativos digitales (Soy 502 y Nómada) los que, junto con elPeriódico y el canal de cable Guatevisión, con más enjundia y perseverancia se dedicaron a cubrir los casos de corrupción y a brindar, en algunas ocasiones, material investigativo para nuevos procesos.

En general, puede decirse que el tema golpeó de frente a los medios informativos y vino a producir, como en la mayoría de los ámbitos sociales del país, una ruptura drástica entre lo viejo y lo nuevo. En este caso, entre el viejo periodismo, atento a satisfacer los intereses del poder económico y político, y el nuevo, que considera como prioritario el interés de sus audiencias. Los más activos, dinámicos y acuciosos fueron los periodistas jóvenes, los que aún creen que el país puede cambiar y ellos dar su aporte sustantivo para que esto suceda.

Los acompañaron directores que vieron en este tema un nicho en el cual ubicarse para conquistar nuevas audiencias. Imaginaron que era posible combinar réditos comerciales con información de beneficio e interés colectivo. Parecía que las maneras tradicionalmente corruptas y clientelistas de hacer política estaban siendo cuestionadas por la sociedad y ellos no querían quedarse fuera.

Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que, así como en el sistema de justicia se ha dado una revolución de los jueces, así también podemos hablar de una revolución de los periodistas, lo que sin embargo no debe llevarnos a creer que sus ámbitos de acción (el poder judicial y los medios de comunicación) como un todo hayan sufrido una revolución. Pero es aquí donde vemos un accionar de grupos de profesionales comprometidos con una sociedad moderna, justa y equitativa, por lo que, de continuar actuando de esa manera, podrían lograr modificar sus instituciones y organizaciones.

Claro, para ello es indispensable que se den reformas profundas en el ser y el hacer de ambos espacios de acción pública. Si en el caso del sector justicia es más que indispensable una reforma que ponga en manos de los miembros de la carrera judicial la composición de las cortes para erradicar de los procesos de selección los intereses gremiales y de grupos que defienden intereses particulares ilegítimos, en los medios de comunicación es más que indispensable que se creen medios públicos que, financiados con recursos del Estado, sean dirigidos autónoma y críticamente por profesionales bajo el control estricto de la sociedad. Medios que no perciban ganancias económicas y no difundan creencias o ideologías específicas como objetivo principal, sino que estén centrados en su función de informar sobre todo aquello que interese y aqueje a la población en su conjunto.

La independencia de los medios (como se ha demostrado históricamente) y los últimos hechos sucedidos en nuestro país lo confirman: aquella solo puede asumirse si la función principal de los medios es la de informar, y no la de producir beneficios económicos para sus propietarios. La libertad de opinión no puede ser entendida simplemente como la libertad del propietario de decidir qué informa y cómo se informa. La manera como los grandes medios privados se han posicionado política e ideológicamente en Brasil, Argentina y España son ejemplos claros del daño que a la democracia de un país pueden hacer los medios de comunicación que se orientan fundamentalmente por el interés de la ganancia. Serán los medios privados los que, consecuentes con sus intereses, defiendan a ultranza el liberalismo comercial como la base de toda sociedad.

La libertad de opinión es del ciudadano, quien tiene derecho a opinar y conocer sobre los más diversos tópicos y las diferentes tendencias. Y es él, y no los propietarios de los medios, quien debe venir a decidir qué lee, escucha o ve. Sin medios públicos (que no se pueden confundir con gubernamentales) no tendremos nunca libertad ciudadana de opinión. Y sin ella, la democracia es simplemente un eufemismo para identificar elecciones sin mayores posibilidades de cambio.