Cerrar

x
Menú
Facebook Facebook
Buscar
Ayuda
La crisis del modelo conservador
Ir
Opinión

La crisis del modelo conservador

redes sidebar

¿La Constitución Política de la República de Guatemala es una verdadera conquista democrática o una concesión de la dictadura militar de los años 1980?

Si la respuesta a la pregunta anterior es que fue una concesión de la dictadura militar, tiene sentido la defensa de algunos temas por parte de los conservadores. Si la respuesta es que se trata de una conquista democrática, ¿por qué siguen insistiendo en esos temas?

Las ficciones de los conservadores (como que todos somos guatemaltecos y que reconocer el derecho de los pueblos indígenas nos divide) son ideas bien aceptadas en un sector social urbano de clase media poco formada, pero con acceso a medios de información. Además, son impulsadas por estructuras, incluso académicas, que han construido centros de interés y de poder en torno a un sistema único. La moderna doctrina del bien común, finalidad del Estado guatemalteco, admite claramente que lo importante en materia de conflictos es resolverlos y repararlos. Para ello admite la pluralidad de mecanismos y de formas de hacerlo, los cuales vienen implementando de forma efectiva los pueblos indígenas desde hace muchos años, pero siempre de forma invisible por ser dichos pueblos relegados a segunda o tercera categoría de ciudadanos. Si la Constitución es una verdadera conquista democrática, deben incluirse las distintas formas de resolverse conflictos para obtener el bien común y, por tanto, el reconocimiento expreso del derecho de los pueblos indígenas se vuelve una obligación.

En segundo lugar está el cambio de modelo del sistema de justicia ordinaria, el cual afecta seriamente sus injerencias directas sobre las formas de decir y orientar la resolución de conflictos de toda índole. Históricamente, el sistema de justicia guatemalteco ha sido señalado de no ser independiente, y sus modelos de conformación así lo han denotado. El mejor intento por hacerlo más transparente fue el de las comisiones de postulación, hoy por hoy un modelo altamente manipulado y corrupto. Si la Constitución es una conquista democrática y en el plano de la justicia ello implica independencia, imparcialidad, profesionalidad y respeto de los derechos fundamentales, entonces tiene sentido un consejo de la administración judicial y de la carrera judicial.

En la posición número tres se aglutinan los discursos populistas de la derecha radical, como la pena de muerte y la prohibición del aborto con amenaza de cárcel, ambos temas presentes en los debates hoy en día. En cuanto a la primera, es inútil seguir pidiéndola. Jurídicamente ha quedado abolida por jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad. En cuanto al segundo, como no tienen otra idea de cómo abordar el problema, lo ponen en el ámbito penal y así reprimen a quien no haga caso. En un ámbito político democrático, la mujer no es un simple objeto de reproducción. Y tampoco se oculta la cifra de abortos clandestinos por temor a cárcel, con lo cual se relega a la mujer pobre a cualquier carnicero, contrario a aquellas mujeres con dinero que acá se oponen, pero van a otros países a practicarse los abortos. Por cierto, conforme al derecho internacional marítimo, el buque que está en aguas internacionales es de bandera holandesa, por lo cual lo que corresponde es denunciarlo en aquel país. El tema es que allá el aborto no es delito. Además, no es un delito de relevancia internacional, mientras que el embarazo por la fuerza sí, así que analícese quién está cometiendo delitos. El comunicado del Ejército y de sus fanes denota desconocimiento y falso patriotismo.

Una Constitución democrática daría por superados estos temas. Una sociedad conservadora, entendiendo por esto que se opone al cambio de modelo social y de ideas, no los da por superados e incluso se arraiga en ellos por intereses particulares.

Texto
Texto