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Teodora debió ser excarcelada hace un año, según la CSJ de El Salvador

El dictamen considera que existen razones de índole jurídicas que no fueron explicadas en la solicitud de indulto de 2014.
Como indica Léa Réus, de Amnistía Internacional, “falta limpiar su nombre”, porque “pasó diez años en prisión siendo inocente”.
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Teodora debió ser excarcelada hace un año, según la CSJ de El Salvador

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Teodora del Carmen Vásquez de Saldaña recuperó su libertad el jueves pero debió ser excarcelada, al menos, un año antes. La liberación se produjo después de que el ministerio de Justicia y Seguridad Pública conmutase su pena. Un dictamen de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de febrero de 2017 instaba a ponerla en libertad de inmediato y cuestionaba que fuese culpable, pero el ministro no tuvo conocimiento del documento hasta casi un año después, en enero de 2018. Aunque ya está en la calle, la justicia sigue considerándola culpable de la muerte de su hija recién nacida, en 2007. Ella siempre ha reivindicado su inocencia y afirma que el fallecimiento fue a causa de un problema en el parto.

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"Me siento feliz. Ahora si de verdad estoy viviendo lo que me merezco, mi libertad. Ya estoy nuevamente integrada en mi familia y en la sociedad”. Teodora del Carmen Vásquez de Saldaña, de 34 años, expresa su satisfacción horas después de abandonar la cárcel de Ilopango, ubicada a 11 kilómetros de San Salvador. Son las 13:00 horas. Hace cinco horas recobró la libertad. Se encuentra más relajada, ya ha podido abrazar a sus familiares y recibir la primera bienvenida de los colectivos que la apoyan desde que fue encarcelada. Ha pasado diez años y siete meses en prisión, desde el 13 de julio de 2007, acusada de matar a su hija tras dar a luz. Ella siempre ha reivindicado su inocencia. Afirma que sufrió un problema durante el parto, que se produjo sin asistencia médica cuando trabajaba en el Liceo Canadiense, y que la bebé perdió la vida. A pesar de ello, fue condenada a 30 años de reclusión. La conmutación de la pena decretada por el ministerio de Justicia y Seguridad Pública, tras recibir un informe favorable de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), le ha permitido recuperar la libertad. Aunque oficialmente sigue siendo considerada culpable.

El dictamen judicial que avalaba la excarcelación se firmó el 2 de febrero de 2017, hace ya un año. Sin embargo, fue hasta el 25 de enero de 2018 que Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Justicia y Seguridad Pública, suscribió la conmutación. La solicitud la había presentado la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto dos años atrás. Su presidenta, Morena Herrera, explica que mantuvo una reunión con el comisionado el pasado 22 de enero. Cuatro días antes, su asociación había tenido conocimiento de la existencia de la resolución, que es una condición imprescindible para que el Ejecutivo pueda reducir la condena. Tras mostrar el informe al ministro, que desconocía su existencia, este aceleró el proceso. “Su actuación la ha hecho más por respeto al derecho que ella tenía de recuperar la libertad que por cálculo electoral”, considera Herrera.

El Salvador se encuentra en un contexto de efervescencia política: el próximo 4 de marzo, los salvadoreños acudirán a las urnas para elegir diputados a la Asamblea Legislativa y Concejos Municipales.

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El dictamen del CSJ no solo certifica que Vásquez de Saldaña tuvo que ser excarcelada hace un año. Cuestiona la propia condena de 2008, ya que siembra dudas sobre su culpabilidad, en virtud a pruebas aportadas por la defensa hace dos años. El documento lo firma su secretaria general, María Soledad Rivas de Avendaño, está dirigido al director jurídico del ministerio de Justicia y Seguridad Pública y suscrito por los diez magistrados que componen la sala. En el documento señalan que “existen razones poderosas de justicia, equidad y de índole jurídicas que justifican favorecerla con la gracia de la conmutación y recomendar que se tome en cuenta que ya ha cumplido casi un tercio de su condena en prisión (nueve años y cinco meses) a fin de que la reducción de la misma permita que esta goce inmediatamente de su libertad ambulatoria”.

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El dictamen, además, considera que existen “razones de índole jurídicas que no fueron explicadas en aquella oportunidad (hace referencia a la solicitud de indulto, en 2014) con la amplitud y detalle que hoy se hace, particularmente aquellas referidas a información probatoria que no fue considerada por el tribunal del juicio”.

“No se pudo establecer cuál fue la (causa) que provocó la asfixia de la recién nacida, es decir, si  fue por problemas de salud de la madre, o de la misma bebé, incluso, por una acción humana”, afirman los jueces. Es decir, rechazan que Vásquez de Saldaña pueda ser considerada culpable. En este sentido, el dictamen admite que el tribunal sentenciador “admitió expresamente que las pruebas no demostraban directamente dolo en la muerte de la recién nacida”. Recuerda que la mujer llamó a emergencias cuando sintió dolores que vinculó al parto y que pidió un adelanto de US$20 para pagar el hospital.

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Toma en consideración las alegaciones de la defensa de la mujer al señalar que “en ninguna parte de la autopsia o su ampliación, ni siquiera en el acta de vista pública respectiva consta que el perito haya manifestado que la causa de la muerte de la recién nacida fue por asfixia mecánica”. “Este escenario no solo arroja razones poderosas de justicia y equidad para conceder la gracia, sino fundamentalmente de índole jurídicas que atañen directamente a la responsabilidad de la imputada pero que no fueron tomadas en cuenta por los juzgadores, y que de haber sido analizadas, seguramente hubiesen influido, modificando su responsabilidad”, afirma el dictamen.

El informe jurídico está fechado en febrero de 2017, pero por haber permanecido engavetado, no fue tomado en cuenta por los magistrados del Tribunal de Segunda Sentencia del Centro Integrado de Justicia Penal Doctor Isidro Menéndez, que el pasado 15 de enero ratificaron su condena a 30 años de cárcel. Herrera no tiene idea de por qué el dictamen judicial que autorizaba la excarcelación de Vásquez de Saldaña hace un año, quedó guardado en un cajón. “No sé si es un problema burocrático o hay gente en el ministerio que ha ralentizado, no tengo constancia”, admite.

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Para saber qué ocurrió desde que el dictamen fue emitido por la CSJ hasta que llegó a manos del ministro, un año después y por un canal no oficial, fue preguntado Gerardo Álvarez, director de comunicación del ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Al cierre de esta nota, todavía no había ofrecido una respuesta oficial. ¿Se trató de una negligencia o de una decisión deliberada de alguien para retrasar la excarcelación? Corresponderá a la administración salvadoreña determinar responsabilidades.

Vásquez de Saldaña forma parte del grupo de “las 17”, que en realidad son 28, mujeres en prisión que argumentan haber sufrido problemas obstétricos que provocaron el fallecimiento de sus recién nacidos en uno de los seis países en el mundo en el que el aborto está completamente prohibido. Los otros son Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Malta y El Vaticano. Y es precisamente a sus compañeras a las que Teodora dirige su segundo recuerdo después de recuperar la libertad. “La lucha no termina aquí, aún hay mujeres ahí dentro pasando procesos como el que yo he vivido, por lo que tenemos que luchar por ellas. No me he venido completa, parte de mi corazón está ahí”, afirma.

Una escena y dos explicaciones distintas

Horas antes, a las 8:35 del jueves, la mujer cruzaba el penúltimo portón de la cárcel de Ilopango acompañada de Raúl López, viceministro de Justicia y Seguridad, y Doris Rodríguez, directora del penal. Primero, con susto en el rostro, ante una muralla de periodistas que aguardaban su salida. Después, emocionada, sin poder controlar las lágrimas, tras abrazar a sus papás, María Elena y Juan Fabián.

La escena que se sucedería en ese momento ejemplifica todas las contradicciones de un caso simbólico que no se ha cerrado definitivamente. Vásquez de Saldaña ha recuperado su libertad, pero sigue siendo culpable a ojos de la justicia. Además, quedan pendientes 28 casos y las reformas legislativas en relación al aborto que demandan tanto grupos de la sociedad civil salvadoreña como instituciones internacionales. Pero regresemos al momento de la excarcelación. Por un lado, la implicación del viceministro López, exhibición mediática incluida, lanza un mensaje de aparente compromiso del gobernante partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Todo ello, en un contexto aparentemente desfavorable, ya que está extendida la idea de que el conservadurismo de la sociedad salvadoreña dificulta la adopción de medidas hacia la despenalización del aborto, y porque las elecciones están a la vuelta de la esquina.

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Sus palabras, sin embargo, apuntaban hacia otro lado. Puso en valor el “buen comportamiento” de Teodora y sentenció que, si no hubiese permanecido diez años encerrada, no hubiese sacado el bachillerato que logró entre rejas ni una decena de diplomas profesionales. Casi podría interpretarse que la mujer debería estar agradecida, a pesar de haber pasado diez años entre rejas, prácticamente sin ver a su familia, y que ella ha defendido siempre su inocencia. Tras el funcionario, dos carteles portados por activistas reivindicaban “verdad, justicia y reparación” para Vásquez de Saldaña. Como indica Léa Réus, de Amnistía Internacional, “falta limpiar su nombre”, porque “pasó diez años en prisión siendo inocente”. En su caso, no se puede reclamar indemnización porque la Justicia no ha revocado su pena, simplemente se la ha acortado.

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“La excarcelación es resultado de varias luchas a nivel político y judicial”, resume Omar Flores, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), que colabora en la defensa jurídica de Vásquez de Saldaña y el resto de sus compañeras encarceladas. El proceso ha sido largo. Tras ser condenada en 2008, existían tres vías para lograr la excarcelación. La primera, el indulto, que fue rechazado en 2014. La segunda, la revisión de su pena, a cargo del Tribunal Segundo de Sentencia (en manos de los mismos jueces que ya le habían condenado) y que tras celebrar una vista en diciembre de 2017 mantuvo la condena. Actualmente, esta fase se encuentra en apelación. Está por ver cómo influye el dictamen de la CSJ, al que los abogados de Vásquez de Saldaña no tuvieron acceso hasta finales de enero. La tercera, la conmutación, que implica reducir el tiempo de permanencia en la cárcel atendiendo al caso particular pero que no significa que se reconozca la inocencia de la excarcelada.  

La condena de los que se quedan fuera

“Estoy agradecida a Dios que terminan estos años difíciles”. Cecilia Vásquez, hermana de Teodora, ha sido quien ha llevado el peso de las visitas durante estos diez años. A las 7:00, hora y media antes de que su hermana recuperase la libertad, todavía no las tenía todas consigo. Pesaba el recuerdo del 15 de enero, cuando la jueza María del Pilar Ábrego de Archila ratificó la condena de 30 años. Junto a ella, otras tres hermanas, los padres, sobrinos. Su hijo, de 14 años, que tenía cuatro cuando su madre fue encarcelada y el número de visitas que ha podido realizar pueden contarse con los dedos de las manos. La familia de Vásquez Saldana también ha pagado su parte de condena. Cecilia explica que un mes después del encarcelamiento, otra hermana, Luz Esperanza, que tenía entonces 37 años, falleció de un ataque cardíaco. Cree que está vinculado a todo lo ocurrido.

Tener un familiar en prisión nunca es fácil. Menos si, como esta familia, careces de recursos económicos. Son originarios de un caserío en Tacuba, Ahuachapán, muy cerca de la frontera con Guatemala. Según Cecilia, el dinero no les alcanzaba para el viaje y los enseres personales de su hermana, así que decidieron que fuera ella, que reside en Lourdes, cerca de la capital, la que se encargase de todo. Antes de que Teodora abandone la prisión, también aprovecha para reivindicar su inocencia. “15 días antes de que le encarcelasen había estado en casa para llevar las cosas del bebé. Ya habíamos hablado de que yo me haría cargo de ella cuando estuviese trabajando”, explica. Luego llegaría aquel día, “bien feo”, y todo se torció. “Los primeros años me sentí bien sola”, afirma. Denuncia el trato “pésimo” que reciben las presas en el penal más hacinado de El Salvador (con 2.800 reclusas). Finalmente, se aferra a lo positivo, al apoyo recibido en los últimos años por colectivos de la sociedad civil, como la Colectiva Feminista, la Agrupación Ciudadana contra la Despenalización del Aborto o Amnistía Internacional, e instituciones internacionales. También hace una promesa: no dejar sola a su hermana.

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El caso de Vásquez de Saldaña vuelve a poner el foco en las restrictivas leyes antiabortivas existentes en El Salvador. Léa Réus, de Amnistía Internacional, insiste en dos medidas: la moratoria del artículo 133 del Código Penal, que condena a penas de entre 2 y 8 años de cárcel por abortar, y la implementación de las denominadas “cuatro causales” en la legislación salvadoreña. Es decir, que se permita interrumpir el embarazo en caso de peligro para vida de la madre, que el feto no sea viable o que sea producto de violación, con una referencia especial a los casos de abusos sobre menores. Estas demandas las han planteado también instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y diversos relatores de la ONU. Réus también denuncia que todas las mujeres afectadas por estas causas judiciales “están en situación de vulnerabilidad” por sus escasos recursos.

El FMLN presentó una iniciativa legislativa en 2016, aunque no se resolverá hasta después de las elecciones del 4 de marzo.

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Morena Herrera, por su parte, celebra la conmutación de la pena pero recuerda que “todavía queda mucho trabajo”. Explica que ya se han tramitado otras ocho peticiones para que se reduzca la condena a otras tantas presas y cree que este puede ser un año decisivo, también para las otras 20. Además de las cuatro causales, dice que trabajan con organizaciones e instituciones sanitarias para establecer “filtros” a las denuncias. Por un lado, acompañan a una organización llamada Unión Médica por la Salud y la Vida de las Mujeres, con presencia en 12 de los 14 departamentos de El Salvador, para concienciar a los profesionales de la salud “de que su papel no es denunciar”. Por otro, quieren establecer “mecanismos de verificación” de las denuncias a través de las autoridades médicas.

Por el momento, Teodora del Carmen Vásquez de Saldaña puede abrazar a su familia. “Las cosas no siempre salen como una quiere”, decía en julio del año pasado en una entrevista con Plaza Pública desde el interior de la prisión. Ya ha abandonado los muros de la cárcel más hacinada de El Salvador. La revelación del dictamen de la CSJ evidencia hasta qué punto esta mujer tuvo que luchar contra los elementos hasta poder regresar a su casa.

Alberto Pradilla

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