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“Hay mucha gente interesada en el lucro a partir del riesgo”
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“Hay mucha gente interesada en el lucro a partir del riesgo”

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Luego de la tragedia en el Cambray II, en octubre del año pasado, las lupas no han dejado de enfocar sobre la forma en que Guatemala previene las amenazas de la naturaleza. ¿En qué situación estamos? ¿Cómo construimos? ¿Hay responsables de las tragedias que ocurren con frecuencia? ¿Por qué no se previenen los desastres? Alejandro Maldonado Lutomirsky, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), analiza estos temas donde ubica, sobre todo, la falta de una cultura de prevención tanto de parte de las autoridades como de la sociedad.

Guatemala pierde alrededor Q3 mil a Q4 mil millones al año en impactos de desastres. Aun así, son cifras muy conservadoras, porque sólo toman eventos grandes. Los eventos pequeños no se toman en cuenta y no se estiman para comprender y analizar la pérdida y el daño.

Gestionar el riesgo en Guatemala es una tarea complicada. Los datos son escasos o simplemente no existen. Los mapas territoriales no están actualizados, y en la mayoría de los casos carecen de detalles. Las municipalidades no tienen o no utilizan las herramientas legales para controlar lo que ocurre dentro de sus territorios. El desorden de muchos municipios ha sido configurado por un agresivo mercado inmobiliario, en el que desarrolladores, constructores, y propietarios de terrenos no consideran los riesgos para planificar la construcción de viviendas. Los fenómenos naturales tan sólo se suman al factor humano como la causa principal de los desastres. Claro, hay avances importantes, como dice el ingeniero Alejandro Maldonado Lutomirsky, que dirige la agencia estatal de Protección Civil desde hace más de una década, para tratar de reducir las tragedias y las pérdidas.

Sin embargo, mantener el descontrol en los parámetros de construcción tiene trasfondos políticos/electorales, intereses económicos que se priorizan y se anteponen antes que la protección de vidas humanas. En esta entrevista, Maldonado Lutomirsky también recalca la necesidad del Estado como ente regulador importante para la gestión del riesgo, incluso como un eje central para controlar la mano invisible del mercado inmobiliario como una medida para reducir desastres.

¿Cómo explica que Guatemala parece no conocer el riesgo que se vive en su territorio?

La situación no es tan crítica. No es que en realidad no sepamos nada acerca de lo que hay en nuestro territorio en términos de riesgo. De hecho la Conred tiene planificado entregar un mapa de cada municipio a los alcaldes electos con dos tipos de riesgo: deslizamiento e inundaciones. La información es satelital, con datos de la NASA y CATHALAC. Este mapa, aunque su escala no es adecuada, va a permitir tener un panorama bastante certero sobre la situación de cada municipio.

¿Con un mapa que ubica sólo inundación y deslizamiento es posible gestionar riesgo?

Es un punto de partida para que sea una especie de Plan de Ordenamiento Territorial (POT). El mapa de Conred es un recurso valioso para las municipalidades en función de ordenar su propio crecimiento, su propio desarrollo, en su territorio. No es un mapa para planificar el ordenamiento de un caserío o una aldea, no está a ese detalle, pero sí es posible generar la imagen global de un lugar determinado y saber si está ubicado en una zona susceptible a inundaciones o deslizamientos. Es una buena base.

Es decir ¿no estamos en la capacidad de determinar y ubicar el riesgo por completo?

En efecto, los mapas describen únicamente la susceptibilidad. Más o menos es el riesgo pero no por completo. Para ubicar el riesgo a cabalidad se necesitarían de un mayor número de variables. Lo que sí tenemos acá es una correlación de datos que se han recopilado con los años y que vuelve estos mapas funcionales. El 98% de incidencias se han dado en estos lugares y perfila la situación de un lugar específico.

¿Cómo se distingue la vulnerabilidad de la amenaza y cómo se diferencia del riesgo?

El problema principal es que no hay una definición universal para clasificar el riesgo. Puede haber definiciones y términos, pero en esencia, no existe una fórmula matemática a la que se le pueda agregar valores y colocar variables para obtener como resultado el riesgo en concreto. A nivel mundial, cada país maneja sus propios criterios. Lo relevante es que no hay definiciones universales para distinguir el riesgo. Tan sólo en Centroamérica hay varias definiciones, no sólo de riesgo, amenaza o vulnerabilidad, sino incluso distintas definiciones de alerta. ¿A qué se debe esta complicación? Pues hay que recordar que la gestión de riesgo es una ciencia relativamente nueva. En Centroamérica empieza después del huracán Mitch (1998). Mitch es el parteaguas, ahí se dejó atrás la respuesta a las emergencias y empezamos a trabajar en la reducción de desastres y, muy importante, en la gestión de riesgo.

¿Si no hay definiciones universales para el riesgo, cómo lo maneja Guatemala?

En el tema de deslizamientos habría que considerar el tipo de suelo, la cobertura vegetal, la pendiente, el tipo de construcción, la saturación del suelo… Las variables pueden ser muchas. Pero algo importante es que el riesgo no puede considerarse como algo fijo, inamovible. Si hoy el suelo está seco, es diferente a si el suelo amanece mojado o hay mayor humedad. Nos hemos visto obligados a priorizar factores en cada evento para clasificar el riesgo. A eso se suma la forma en que se está construyendo, los materiales que se están utilizando. Y hay problemas con el manejo de agua y drenajes, con las descargas ilegales que no llegan a los colectores. El factor del manejo de la basura es otro elemento que impide la clasificación. Entonces evidentemente cuando generamos nuestros mapas, le llamamos mapas de susceptibilidad porque no son verdaderos mapas de riesgo. Es muy difícil incluir tanta variable, y sobre todo a nivel de todo el país, y con factores muy locales.

¿Es posible gestionar el riesgo sin un mapa adecuado?

A pesar de que no tenemos un mapa de riesgo, sí tenemos un panorama bastante bueno del deslizamiento y de inundaciones para el 100% del territorio nacional. En cuanto a la actividad volcánica tenemos modelos matemáticos bien modelados que pueden describir el flujo de lava y material piroplástico y anticiparnos. Hacen falta estudios, lo reconocemos.

¿La responsabilidad de evaluar riesgo recae sólo en Conred?

La Conred es una coordinadora de otras entidades. Habría que evaluar cómo lo ve el Insivumeh. Ellos tienen una responsabilidad grande en sismología, vulcanología, hidrología, factores muy importantes para construir o planificar. Las estadísticas son otros datos que nos cuesta conseguir. Porque dentro de las variables para medir el riesgo, una muy importante, es la densidad poblacional. Si en una zona de deslizamientos aparece un caserío, la pregunta que surge es: ¿Cuál es la población real? Y no lo sabemos. En construcción, el riesgo sísmico es prioridad, pero no tenemos datos sobre cómo se ha construido en un lugar determinado, si es adobe, mampostería reforzada, la calidad de los materiales. Si la información catastral de las municipalidades es buena, nosotros tenemos suficientes elementos para trabajar nuestros modelos. La mayoría de municipalidades no lo tiene.Para la gestión del riesgo, dependemos de la información que podamos recabar. Alguna información es fácil de obtener, otra muy difícil.

¿Qué sucedería si se toman otras variables, como por ejemplo, pobreza, educación, cuestiones que podrían medir la vulnerabilidad en un mayor espectro, más allá de las incidencias de los fenómenos naturales?

Es fundamental hacerlo. Pero dependemos de la información que existe desde el Estado. Por eso mencionaba la importancia de las estadísticas. En Guatemala ni siquiera hay un censo actualizado. El censo de 2002 ya no es información válida. Se trabaja con proyecciones, pero eso no es igual a tener un censo de alta calidad que incluya muchas más variables. Se ha discutido en varias reuniones de Gabinete (de Gobierno), pero son millones de quetzales los que se requiere. El dilema es: “Si no hay medicinas, cómo invertir en un censo”. Pero es algo necesario y urgente.

El factor principal que genera el riesgo es el humano y no tanto los fenómenos naturales.

De hecho sí. La propia tragedia del Cambray II, ya era catalogada de alto riesgo desde 2001. Entonces el desarrollo que se ha permitido, ha ignorado el conocimiento de riesgo que ya se tiene. El resultado son tragedias. Entre más tragedias existan menos presupuesto hay para realizar estudios de riesgo. Es un ciclo muy nefasto. El desarrollo debe ir de la mano con la gestión del riesgo, con la reducción de la pobreza. El otro factor es el cambio climático. Los puntos que deberían ser coordinados en este tema son: reducción de la pobreza, los Objetivos de Desarrollo, el cambio climático, y gestión de riesgo.

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¿Eso significa que Guatemala ha desarrollado y planificado la forma de vivir sin tomar en cuenta la gestión de riesgo?

Hay esfuerzos. Desarrollo y riesgo deben estar ligados. Ligados a salud, educación, pobreza, vivienda. Sin tomar esto en cuenta, estamos retrocediendo. Se planifica sobre una ilusión: bellezas de escuelas pero en riesgo, es igual a decir que no hay sostenibilidad. Por otra parte, hay que resaltar que es mucho más barato incluir la gestión de riesgo desde el principio. Guatemala pierde alrededor Q3 mil a Q4 mil millones al año en impactos de desastres. Aun así, son cifras muy conservadoras, porque sólo toman eventos grandes. Los eventos pequeños no se toman en cuenta y no se estiman para comprender y analizar la pérdida y el daño.

¿Cómo regular entonces el factor humano?

La ley de Conred lo dice de un modo muy bonito: “Hay que crear una cultura de reducción de desastres”. Es algo que se puede interpretar de muchas maneras. Lo cierto es que es algo difícil. En Mafalda, hay un dibujo de Miguelito tirando piedras a la orilla de un precipicio. La mamá grita: “¡Pero Miguelito, el precipicio Miguelito!”. Miguelito se voltea y pregunta: “¿Qué, se rompe?”. Significa que no se tiene conciencia del riesgo que se corre. Es como Guatemala. Miguelito estaba en peligro, feliz jugando, tirando piedras, pero sin conciencia de dónde se encontraba. Hace un tiempo estábamos en un asentamiento por los riesgos de un deslizamiento. Y hablaba con los líderes. Me dice una señora: “Gracias por hablar de deslizamientos, pero mire, aquí eso pasa cada 10 cada 15 años, aquí, todas las semanas nos matan un patojo”. El deslizamiento era el último de todos sus problemas. La necesidad era dónde vivir, y el deslizamiento no era un problema. La consciencia de riesgo es de otro tipo.

¿Cómo gestionar riesgo en estas circunstancias?

Tenemos que crear una cultura. No es suficiente una norma, una ley. La gente no ve el peligro. La necesidad es superior a la percepción de riesgo. La gente construye donde no debería construir. Hay casos que asustan. Casas encima de un río. Casas en laderas inestables.

¿La propiedad privada puede constituirse como una resistencia en contra de la gestión de riesgo? Decir: “Es mi terreno y hago lo que quiero”.

En ningún país democrático eso debería ser un problema. En todos los países en los que se respetan los derechos humanos y la propiedad privada y la libertad del mercado, tienen todo tipo de reglas y normativas y no hay ningún problema. Y no es un asunto que vaya en contra de la competitividad. Aquí, lo que ocurre, es que cada vez que intentamos sacar alguna norma, impulsar una ley, vienen a protestar. Todo el mundo protesta. Desde la competitividad dicen: “Aquí es mi propiedad y yo hago lo que quiero”. También nos han salido con que cumplen con las normas de otro país y que eso debería ser suficiente. Yo no miro argumentos sólidos para no poder cumplir con estas normativas de gestión de riesgo, que son básicas, y con la cual todos deben colaborar brindando información de sus propiedades. La mejor prueba que tenemos en contra de los argumentos de resistencia a la gestión de riesgo es la solvencia jurídica sólida enmarcada en los primeros tres artículos de la Constitución de la República, todos orientados a defender la vida. Para eso fue que se organizó el Estado. Y el Estado protege a la personas a través de los ordenamientos y regulaciones. Y no solo la vida de los propietarios sino de las demás personas alrededor de ellos.

¿En términos políticos, un sistema keynesiano (el Estado regula todo) debe imponerse sobre la mano invisible del libre mercado (neoliberal) en términos de riesgo?

Sucede que el libre mercado funciona en algunos casos. Pero normalmente no funciona cuando se le da el enfoque social. En el sector eléctrico, por ejemplo, usted vive en una ladera de cuatro casitas y la pregunta es: ¿qué empresa va a querer invertir en llevar el servicio si en dado caso nunca va a recuperar su inversión? Entonces ahí el mercado solo no puede funcionar y necesariamente el Estado tiene que intervenir. Algo similar pasa en el tema de gestión de riesgo y construcción. Viene la persona que construye su casa y, claro, va a proteger su inversión, pero genera efectos colaterales sobre los demás, le va a tirar agua a alguien más. Entonces debe haber un ente rector, como la municipalidad, que regule esta dinámica, que fiscalice el riesgo. Alguien que advierta: “Usted va a estar bien pero va a afectar a todos los demás”. Y genere normativas y leyes para crear conciencia al respecto.

Pero en Guatemala alguien tiene un terreno, lo lotifica, lo impulsa mediante un desarrollador o una constructora y eso muchas municipalidades no lo regulan.

Debe dársele prioridad a las herramientas que tenemos. Algo que ha funcionado muy bien en la ciudad capital ha sido la norma de reducción de desastres. La Municipalidad de Guatemala ahora las está exigiendo. Se aplica. Ahora nadie puede obtener una licencia de construcción sin haber cumplido antes la norma de reducción de desastres. Son mecanismos que no son exclusivos de la Municipalidad de Guatemala sino que son normas que pueden ser aplicadas por todas las municipalidades del país. Pero el otro elemento, quizá político, es que la Municipalidad de Guatemala es más fuerte para poder aplicar y pedir rendición de cuentas a los constructores desde el punto de vista legal.

¿A partir del Cambray II las municipalidades han sido más estrictas para solicitar el aval de Conred para otorgar licencias de construcción?

No ha habido un incremento significativo. Es algo que se pide de forma regular y se ha podido trabajar en orden. Hubo algún memorándum a manera de recordatorio para todos los agremiados de la construcción luego del Cambray II desde la municipalidad. Lo cierto es que la municipalidad no está obligada a pedir siempre el aval de Conred, se solicita en casos muy especiales. En muchos casos las municipalidades aceptan declaraciones juradas. Incluso hay un sistema electrónico para poder solicitar este proceso. Porque también lo que se pretende es no ser un estorbo para el desarrollo del país. Y realmente, es una decisión, aquí sí, política. Cada alcalde debe intervenir. La base legal ahí está. Falta que la mayoría de municipalidades la empiecen a aplicar.

¿Qué incluye el aval que otorga Conred para construir?

Básicamente el cumplimiento de tres normas junto a la declaratoria de terrenos ubicados en alto, muy alto y bajo riesgo. La primera norma es similar a lo que en otros países se conoce como códigos de construcción, la evaluación de todos los elementos estructurales. La segunda norma se enfoca en el cumplimiento de la señalización de las rutas de evacuación y salidas de emergencias. Y la tercera se refiere a los materiales de construcción, no es que tengamos un laboratorio sino que el constructor afirma que cumple con la normativa. La siguiente etapa, porque todo es un proceso, se refiere a los desarrolladores y constructores. Pude hablar con los de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC). “No esperen que Conred le vaya a poner una multa si no cumplen. Lo importante es que deben ver la norma como un aliado o como un enemigo en el futuro. Si viene un terremoto, y se cae una estructura, lo primero que se va a investigar es si se cumplió o no con la norma. Si no cumplió ya ustedes son responsables legalmente de todo lo que haya pasado como consecuencia del colapso del edificio.”, les dije. Hay que comprender que el Código de Construcción y las nuevas normativas no es prevenir un colapso en sí, sino que están diseñados para proteger a las personas.

¿Existe resistencia de parte de los constructores, desarrolladores, lotificadores o propietarios de terrenos?

Lo han visto muy bien. La advertencia está dada. Porque qué pasó después del Cambray II: la investigación empezó de parte del MP (Ministerio Público), la PDH (Procuraduría de Derechos Humanos)… Aquí hay responsables. Y eso es exactamente lo que le dijimos a la CGC. Van a buscar responsables. Ahora ya no es cómo hace 50 años, donde la gente decía: “Bueno, pues fue un acto de Dios, y no había responsabilidad”. La responsabilidad es legal y penal.

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La coyuntura política ha utilizado la tragedia del Cambray II para impulsar la Ley de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que hace unos años no logró dictamen favorable en el Congreso de la República. ¿Qué significaría para la gestión de riesgo esta herramienta legal?

Es una de las herramientas más importantes que hay: desarrollo pero pensando en riesgo. Hay que entenderlo desde este punto de vista. No podemos, a estas alturas, seguir teniendo un crecimiento desordenado, sin normas y reglas claras, sin conocer detalles de los municipios. De lo contrario lo único que generamos son problemas, desastres, más tráfico, desorden. Es una herramienta para mitigar riesgo.

Pero nuevamente es un tema de cultura. Hay oposición y resistencia cultural para acatar el orden.

¿Hay alguien interesado en que Guatemala esté permanentemente en riesgo?

Indirectamente sí. Directamente no lo creo. Indirectamente hay mucha gente interesada en el riesgo, en el lucro a partir del riesgo. Con la implementación de la norma de reducción de desastres, aún me asusta la forma en que la gente se ha resistido a los cambios, como el simple hecho de poner señales de salidas de emergencia o construir rutas de evacuación. Y lo hacen por razones económicas. Si es un edificio de apartamentos, en vez de tener dos salidas de emergencias, insisten en tener solo una, porque significa un espacio que no van a poder vender. Lo que se prioriza es el punto de vista económico. Y realmente, les he dado ejemplos, que si fueran ellos, su familia... Toman consciencia un momento, pero luego regresan a sus números y el interés decae. El dinero antes de la vida es algo frecuente en Guatemala. Incluso nos han amenazado con todo lo que se puede imaginar para que autoricemos cosas. El Estadio Nacional Mateo Flores es un ejemplo de ello, donde hasta en un medio de comunicación salió que yo no había autorizado un aforo más alto porque a mí no me gustaba el futbol. Ciertamente a mí no me gusta el futbol, pero no tiene nada que ver, porque el aforo del Estadio está basado en una fórmula matemática, que no puede quedar a criterio o a discreción de una persona. La fórmula se basa en que para las salidas de emergencia se pide medio centímetro por persona. Las reglas indican que las salidas de emergencia el mínimo es 90 centímetros. Para mil personas se deben tener salidas de cinco metros. Pero la lógica es: “Bueno, este es un Estadio y cabe tal cantidad de personas y yo voy a hacer un concierto, mientras más personas entren más es mi ganancia”. Entonces alegan que “cómo es posible que Conred no deje entrar el número de personas que yo quiero”.

En otros casos se da en la construcción de obras. Pero se trata de una cuestión política. Se busca votos antes que la protección de la vida humana. Si con lo mínimo posible puedo terminar un puente con malos materiales y cobrar por ello con un margen de ganancia elevado, lo hago. Queda la obra, el recuerdo de que hice algo desde la municipalidad.

¿Estamos a tiempo? ¿Se puede ordenar lo desordenado?

La situación en la que nos encontramos es porque no había habido ningún interés en ordenar. Uno de los factores más importantes es la política. Las decisiones ya no son técnicas sino en función de votos. Por otra parte, hay casos bien documentados técnicamente donde la gestión de riesgo ha funcionado. Pero eso no es noticia. La noticia es si los proyectos fallan. No es si la gestión funciona. Son los fracasos los que importan. Es muy difícil construir conciencia de riesgo cuando es demasiado tarde.

El primer paso obligatorio, el más importante, es ya no construir más riesgo. Hay que disminuir la condición actual de tener 300 mil personas en riesgo. Pero debemos también ser estrictos. En construir, en ordenar, en crear leyes, en generar cultura consciente de riesgo, en ya no permitir más vivienda donde no se debe. El Estado es necesario para todo esto. El pensamiento a combatir es la constante inconsciencia que existe sobre el riesgo. 

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No podemos, a estas alturas, seguir teniendo un crecimiento desordenado, sin normas y reglas claras, sin conocer detalles de los municipios. De lo contrario lo único que generamos son problemas, desastres, más tráfico, desorden.