El Estor: las secuelas de un estado de sitio
El Estor: las secuelas de un estado de sitio
El miedo domina las comunidades mayas Q’eqchi’. A simple vista no sucede nada en esta zona calurosa del Valle del Polochic. A 300 kilómetros de la capital, el gobierno impuso un estado de sitio que golpeó a sus pobladores. Hoy, lejos de resolverse, el conflicto sigue latente. Una falsa calma se apodera de esta tierra de miedos en la que sus pobladores temen que cualquier día todo pueda estallar.
Sonó una detonación. Su cuerpo cayó, se desplomó.
Una bala se incrustó en su corazón. A un lado, antimotines y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Al otro, pescadores—la resistencia antiminera— y las comunidades mayas Q’eqchi’.
Gritos, gente corriendo, estruendos de bombas lacrimógenas y piedras volando. Mientras tanto, el cuerpo del pescador artesanal Carlos Maaz yacía en el suelo. Inmóvil. Sin vida. A pocos metros de distancia, un periodista del municipio inmortalizó el asesinato con su cámara. Esa fotografía cambió su vida por completo.
Más disparos.
Uno impactó en el cuerpo de otro hombre, en la espalda. Cayó al suelo, herido. Era otro pescador. Las balas de munición real fueron disparadas contra manifestantes que bloquearon la carretera hacia la mina de ferroníquel. Protestaban por la contaminación del Lago de Izabal. Los inconformes acusaban a la minera de provocar daños medioambientales y acabar con su modo de subsistencia, la pesca.
Unos días antes, el lago más grande de Guatemala había aparecido teñido de rojo causado por las actividades mineras.
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Poco más de 300 kilómetros separan la capital de Guatemala de El Estor. Visto desde el cielo, es un municipio cargado de naturaleza, verde y aparentemente tranquilo en el noreste del país. Situado entre montañas y a orillas del Lago de Izabal, este territorio alberga múltiples realidades. Sus habitantes, la mayoría población maya Q’eqchi’, padecen decenas de conflictos: corrupción gubernamental, intereses privados de empresas extractivistas y crimen organizado.
El Estor es un paisaje atravesado por tres vértices. En el norte, la mina de ferroníquel, propiedad de Solway Investment Group, una multinacional de capital ruso con sede en Suiza que opera en Guatemala bajo las siglas de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Pronico. En el sur, NaturAceites, una gran empresa de monocultivo de palma africana. Las dos tienen adeptos y opositores; entre los últimos hay asesinados, perseguidos, comunidades desalojadas y vulneraciones sistemáticas de derechos humanos.
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El 27 de mayo de 2017, la policía negó el asesinato de Carlos Maaz. Con sus fotografías, Carlos Choc demostró lo contrario.
Hoy, seis años después, Carlos Ernesto Choc aún camina con cautela por las calles de El Estor. Normalmente se moviliza en vehículo, para él caminar no es seguro. No se puede mover con libertad y hay muchos lugares por los cuales prefiere no ser visto.
Desde aquel día es perseguido y acusado por la mina y el gobierno de Guatemala. Primero emitieron una orden de captura, después le abrieron una causa judicial. A raíz de una denuncia de cuatro trabajadores rusos de la mina, se le acusó de instigación a delinquir, detención ilegal, amenazas, asociación ilícita y reunión ilícita.
Choc ha recibido amenazas, su casa fue allanada. El periodista comunitario optó por huir y exiliarse, prefiere estar en un lugar seguro, de momento, lejos de casa.
Un estado capturado por el níquel
Carlos Choc llega tarde a nuestra cita. Se disculpa.
Como cada mes, tiene que firmar en los juzgados de Puerto Barrios. Después de cuatro años, sigue con medidas sustitutivas por la denuncia que le interpuso Solway. «Siento que lo hacen para controlar mi trabajo, para limitar la libertad de prensa. Es un mensaje muy claro ‘eres periodista, pero aquí nosotros mandamos’, y pueden ejecutar una orden de detención y detenerme en cualquier momento».
Tras los sucesos de la muerte del pescador Maaz, el nombre de Carlos aparecía en una lista de la policía. Lo estaban buscando. Junto a once pescadores y líderes indígenas más. Todavía sufren las consecuencias de ello.
«Nuestra presencia ha generado una notable creación de empleo —más de 2,000, el 67% habitantes del municipio— y hemos contribuido a desarrollar proyectos de inversión en las comunidades locales», aseguran ante la consulta de Plaza Pública desde la oficina de comunicación de CGN-Pronico.
Sin embargo, desde el inicio de sus operaciones en 2014, parte de la población —la que los rechaza— vive aterrorizada por su presencia. Denuncian daños ambientales, desalojo de comunidades, persecución y espionaje a defensores y periodistas, compra de líderes comunitarios y sobornos a policías y jueces.
Choc, junto a un grupo de 65 periodistas de 20 medios revelaron lo que era un secreto a voces. Una filtración de ocho millones de documentos confidenciales y 470 buzones de correos electrónicos de directivos de la mina lo evidenció.
En 2022, la productora Forbidden Stories demostró con pruebas todos los hechos que los pobladores de El Estor han denunciado desde hace varios años. En uno de estos correos, fechado en octubre de 2021, la dirección de la mina hacía una exigencia al presidente Alejandro Giammattei.
Las protestas de los opositores impedían el paso de sus camiones. «Solicitamos la intervención inmediata de las autoridades para que participen activamente en lograr la estabilización de la situación». Dos semanas después, el gobierno de Giammattei respondió a la solicitud estableciendo un estado de sitio en el departamento de Izabal.
Más de 500 militares, policías y antimotines invadieron las calles del municipio. Los pobladores protestaron porque la empresa continuaba operando de manera ilegal pese a la prohibición emitida dos años antes por parte de la Corte de Constitucionalidad.
De acuerdo con el órgano judicial, la mina debía celebrar una consulta comunitaria como estipula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No lo hizo.
Luis Adolfo Ich Choc es un joven profesor que forma parte del Consejo Ancestral del Pueblo Q’eqchi’. Nos recibe en su casa, en una de las colonias del centro del municipio. Él participó activamente en la resistencia contra la minera. Tuvo que huir durante el estado de sitio por miedo a ser detenido o asesinado. Su alegría y energía contrasta con su historia. Una broma sobre fútbol, uno de sus principales pasatiempos, rompe el hielo.
—Mi mamá vino y me dijo: Mijo, fijate que me acaban de decir que tenés un pie dentro y otro fuera de la cárcel, mejor que salgas de acá. Me lograron sacar, todavía estaban poniéndose los retenes cuando logré pasar. Al día siguiente de irme, a las 6 de la mañana, ya estaba rodeada mi casa de antimotines y del ejército.
Como él, 30 defensores de la tierra tuvieron que escapar. De noche. Escondidos en maleteros.
Algunos se exiliaron en las montañas. Otros en municipios cercanos. Durante aquellos días las autoridades realizaron detenciones y registraron las casas de los líderes Q’eqchi’ y de periodistas.
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Un conflicto aún latente
Durante el estado de sitio, todos los focos se pusieron en El Estor. Organizaciones nacionales e internacionales, periodistas de todo el mundo pusieron sus ojos en el municipio. Sin embargo, dos años después, ya no ocupa titulares ni tendencias en la conversación en redes sociales.
Es un conflicto olvidado que ha dejado de interesar.
Pero si uno se acerca a sus poblaciones, se percibe que una tensa calma habita en el territorio. Los conflictos sociales continúan latentes. La persecución y la represión continúan en el lugar. Tras su regreso del exilio, la empresa no se había olvidado de ellos.
«Ahora casi no salgo, prefiero estar en mi casa, del trabajo a la casa. Hasta el momento no lo he logrado superar», cuenta Luis Adolfo Ich Choc.
La infancia de Luis estuvo marcada por los continuos intentos de desalojo de su comunidad, Las Nubes. La mina, en esos momentos propiedad de la canadiense Hudbay Minerals, reclamaba la propiedad de la tierra para continuar sus operaciones.
Su padre, el activista Adolfo Ich, fue asesinado en 2009. Luis no puede evitar llorar cuando recuerda lo sucedido. Miembros de la seguridad privada de la mina lo machetearon y arrastraron hasta los terrenos de la empresa. Posteriormente, Mynor Padilla, jefe de seguridad, presuntamente le disparó un tiro en la cabeza. Tras el juicio, Padilla fue condenado a dos años de cárcel por homicidio.
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Cuando finalizó el estado de sitio de 30 días, Luis regresó a El Estor. Pero lejos de terminar, sus problemas aumentaron. En este caso, los protagonistas de sus pesadillas no eran las autoridades del país, sino Solway y el crimen organizado. «Al enterarse de que yo estaba acá empezaron con las amenazas. Me llamaban al teléfono y me decían ‘mira vos hijo de la gran tantas, vos sos el que estás chingando, mejor dejá tranquila a la empresa, ya dejá de fregar’».
En dos ocasiones fue brutalmente golpeado en la calle por hombres encapuchados. Decir que Luis vive en alerta no se trata de palabras vacías, es perceptible. Tras la entrevista en su casa buscamos un lugar para seguir conversando. Resulta una tarea complicada encontrar un espacio en el que se sienta seguro y no tema por su vida. Terminamos en un establecimiento tranquilo, en una colonia alejada del centro del municipio. Aunque Luis estaba relajado, sus ojos estaban pendientes de toda persona que entraba o salía del lugar.
A simple vista no sucede nada en El Estor, pero sus vecinos sí se sienten observados. Tienen miedo. Esta es zona caliente, tierra de sospechas, de ojos que lo ven todo.
«A mi hija la quisieron secuestrar»
María Cuc Choc es una de las que desconfía. Tiene miedo.
Es una lideresa indígena y defensora de los derechos humanos. Está acusada desde el 2016. ¿El origen del señalamiento? Desenvolverse en castellano y ser intérprete en juicios contra otros miembros de su comunidad.
«Veo vehículos pararse, aquí frente a mi casa, a altas horas de la noche. Entre cinco, seis, siete grupos de hombres armados», cuenta.
María, igual que todos los pobladores de El Estor, sabe quiénes son estos «hombres armados». Sostienen que son criminales y sicarios contratados por la mina. Desde que salió de la cárcel, María padece una persecución muy fuerte contra su familia. «A mi hija mayor la quisieron secuestrar, a una cuadra de aquí. En un callejón silencioso, ella venía del colegio, pero la venían siguiendo dos motocicletas y la quisieron meter en la moto, la jalaron de la mochila».
Por suerte fallaron, dice.
Perseguir a familiares se ha convertido en una estrategia más para generar miedo y desmovilizar a quienes luchan por sus tierras y sus derechos.
«Desde el estado de sitio ellos han ganado, porque nos han apagado. Nos encontramos desmovilizados y no podemos asociarnos ni socializar nuestras ideas, ahora todo está controlado», asegura María.
Existe un denominador común entre todos aquellos que se opusieron a las operaciones de la mina. Están enfermos, psicológica y físicamente. Un golpe muy fuerte que está con ellos desde hace varios años. Un desgaste y una sensación de abandono generalizado. El olvido es otro de sus peores aliados.
Por su parte, al ser consultada sobre las acusaciones de persecución y espionaje a periodistas, la oficina de comunicación de Solway negó todos los hechos. Aseguran que están comprometidos con el respeto a los derechos humanos y tachan estas acusaciones de hechos intencionalmente tergiversados y suposiciones manipuladoras.
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La palma espanta hasta los peces
El minero no es el único conflicto al que se enfrentan los habitantes de El Estor. En el sur del municipio, un inmenso laberinto de palmeras gigantes domina el paisaje. Kilómetros de extensiones forman un gran mar verde. La palma africana amenaza la existencia de 16 comunidades.
Entre las plantaciones, viviendas de madera y techo de lámina albergan a más de 800 familias en una comunidad de difícil acceso, Chapín Abajo.
La mayoría se dedica a la agricultura y a la pesca, aunque desde que llegó la mina cada vez hay menos peces, aseguran. Otros trabajan para NaturAceites, empresa propietaria de las plantaciones de palma africana y de una procesadora ubicada a tres kilómetros de la comunidad.
Pedro Cuc Pan camina siempre rodeado de un grupo de voluntarios de la comunidad que lo protegen. De pelo largo y tez envejecida, su actual imagen dista mucho de la que aparece en el cartel que ofrece una recompensa de 50,000 quetzales por su captura.
Él y dos líderes comunitarios más de la comunidad están perseguidos por el gobierno de Guatemala. Las acusaciones: robo agravado, atentado y detención ilegal. Lo acusan de secuestrar y robar las armas a 15 policías que llegaron a la comunidad a detenerlos. Pero su captura no es fácil.
«Hoy no nos quieren buscar con policías o con militares, sino que están buscando la técnica para podernos quitar la vida. No esperamos un uniformado, esperamos a un sicario o a un narcotraficante para que estas empresas puedan silenciar nuestra voz», asegura Pedro. Para evitarlo, la entrada de la aldea está vigilada las 24 horas por voluntarios armados de la comunidad.
La persecución judicial contra las autoridades indígenas de la comunidad inició después que, en octubre de 2021, decidieron apoyar la resistencia antiminera en el centro del municipio. Desde entonces, en cuatro ocasiones, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) intentaron entrar a la comunidad y allanar las viviendas para capturar a los que se oponen a las empresas extractivistas. La última fue en diciembre de 2022. El resultado fue un joven de 17 años herido de bala en el abdomen y cinco personas detenidas. Entre ellas, la esposa de Pedro Cuc Pan y su hijo de 14 años.
Cinco países de Latinoamérica figuran entre los diez más grandes productores de aceite de palma del mundo. Guatemala se encuentra en el segundo puesto, y el sexto a nivel mundial. Si hay algo en común que comparten estos países es que sus extensas plantaciones de palma aceitera son protagonistas de múltiples conflictos socioambientales.
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La constancia de los desalojos
Anochece en la comunidad de Chapín Abajo. Pocas son las viviendas que gozan de una pequeña luz para iluminarse en las noches. Alrededor de una mesa de madera compartimos unas mojarras pescadas en el Lago de Izabal. Aseguran que tienen que pensárselo tres veces antes de salir a traer alimento para sus familias. El miedo a que sean capturados o perseguidos por las autoridades les impide ir a cultivar el maíz o salir a trabajar. La persecución que sufren es una trampa psicológica que les afecta tanto a ellos como a sus familias.
Palestina Chinebal, es otra de las comunidades que se encuentra en una de las zonas que NaturAceites necesita para continuar con su proyecto. Las extensas plantaciones de palma africana rodean la aldea, incluso entre las casas, entre sus cultivos. A escasos 100 metros un destacamento militar protege los terrenos de la empresa.
Los intentos de desalojo mantienen bajo el miedo a las familias campesinas. El último se produjo en noviembre de 2021, en cuestión de horas perdieron todas sus pertenencias.
Era primera hora de la tarde cuando más de 900 policías se presentaron en la comunidad. Con fuerza dispersaron a toda la población que se había agrupado para evitar el desalojo de sus casas. Según testimonios, en ese momento empleados de la compañía aprovecharon para prender fuego a las casas de la aldea. A pocos metros de distancia, los policías observaban impasibles la escena. No era el primer intento de desalojo que sufre esta comunidad. Con este son doce en los últimos dos años.
Domingo Choc es uno de los damnificados, tiene un proceso judicial abierto por usurpación de tierras. Como él, 54 miembros más de Palestina Chinebal. Con sus más de 50 años, este agricultor de tez quemada por el sol, viste una camiseta especial para la ocasión. En ella se puede leer #ElEstorResiste, una proclama popularizada tras el Estado de Sitio.
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Domingo sabía que la presencia de un periodista internacional no podía ser desaprovechada. Su voz tenía que llegar a fuera del país. Tras la reunión de la comunidad en la que en asamblea me dieron permiso para acceder a hablar con ellos, Domingo relata cómo el conflicto continuó latente.
En uno de los últimos desalojos mataron a tres compañeros suyos.
Las mujeres, asegura, también son víctimas del conflicto. Añaden que dos de ellas fueron encerradas en su casa y violadas por la policía. Ante estas declaraciones, se intentó contactar a la empresa por diversos medios para contrastar su versión de los hechos, pero no se obtuvo respuesta.
A día de hoy, sus pobladores viven con miedo. Con la incertidumbre y el desgaste psicológico de que una mañana, entre las montañas que rodean la aldea, aparezcan —otra vez— cientos de hombres uniformados a desalojarlos de sus tierras. De las tierras que reclaman como herencia de sus ancestros. Aunque la zona aparentemente parece tranquila, el conflicto continúa. El acoso constante por parte de los trabajadores de la empresa y de las fuerzas armadas, les recuerda que sus problemas no han terminado.
Incertidumbre entre la represión que no cesa
Pese a la persecución, Carlos Choc continúa cubriendo con su cámara los conflictos en estas comunidades. Quiere volver a su pueblo. Está cansado y siente que no tiene fuerzas para continuar.
Psicológicamente la represión le ha afectado.
Económicamente, las medidas sustitutivas le impiden encontrar trabajo. «Es muy desgastante y creo que el objetivo de ellos es ese, desgastarnos psicológicamente y herirnos», asegura.
Actualmente, las chimeneas de la mina ya no sacan humo. «La empresa», como la llaman aquí, fue sancionada a finales del año pasado por el Gobierno de Estados Unidos, bajo la llamada Ley Magnitsky.
Dos de sus directivos están acusados de dirigir múltiples esquemas de sobornos y actos corruptos que involucran a políticos, jueces y funcionarios guatemaltecos. Un año antes de que Estados Unidos sancionara a la mina, el fiscal —entonces jefe de la Feci— Juan Francisco Sandoval empezó a investigar estos hechos. Sin embargo, fue destituido y tuvo que exiliarse. Un testigo aseguraba que un grupo de empresarios de MayaNíquel —empresa supuestamente relacionada con Solway— había entregado un soborno millonario dentro de una alfombra al presidente Giammattei.
Desde su casa de Washington, Sandoval asegura a Plaza Pública que se trata de una muestra más de la cooptación del Estado por parte de estas empresas. Cuestionada sobre estas acusaciones, Solway asegura que existe un error en la información proporcionada por Estados Unidos con respecto a las sanciones impuestas, y que no tienen ninguna relación con MayaNiquel.
La incertidumbre sobre el futuro de la mina reina en El Estor. Recientes publicaciones periodísticas aseguran que una nueva empresa está interesada en su compra y la reactivación de las operaciones. Mientras tanto, los pobladores del municipio se cuestionan si con la reapertura continuará la represión, los desalojos de comunidades y la persecución.
Luis, al igual que el resto de entrevistados, asegura que la explotación de sus recursos no va a cesar. La autorización y las negociaciones, sostiene, se reactivarán tras las elecciones, con la llegada del nuevo presidente del país.
El partido oficial Vamos ganó las elecciones municipales en El Estor. Unas elecciones marcadas por la fuerte presencia de militares y policías. Según fuentes locales, el nuevo alcalde, Genaro Ico Cholom, parece no tener un vínculo directo con las empresas minera y de palma africana, pero integrantes de su plantilla, sí.
Sin embargo, los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales abren una ventana de esperanza para la resistencia antiminera.
Mientras se espera la llegada de un nuevo gobierno, aquellos que relevaron los secretos de Solway y los atropellos a los derechos humanos, continúan sufriendo las consecuencias.
La periodista Paolina Albani lo sabe bien.
La persecución judicial de la empresa minera esta vez ha llegado hasta Europa. El pasado mes de abril, la revista española Argia entrevistó a la periodista guatemalteca. Los hallazgos sobre la investigación de Minning Secrets de los que habló, y de los que formó parte como representante del medio Prensa Comunitaria, no gustaron a Solway.
Tras su publicación, la empresa exigió al medio que elimine la entrevista y un pago de 15,000 euros en concepto de compensación económica. De no hacerlo, la empresa amenaza con llevar el caso a los tribunales.
La revista, por su parte, anunció que no pagará ni retirará la información publicada y aprovechó el ataque para reivindicar el periodismo independiente. La periodista sostiene que este tipo de denuncias «te sacan de la carrera, te obligan al resguardo, y dañan a la libertad de prensa».
Mientras medios de comunicación del otro lado del océano están en el punto de mira, la calma en El Estor solo la puede percibir quien vea el municipio desde la comodidad de un avión. Adentro, en tierra y entre la comunidad, la tensión es perceptible.
Carlos Choc se prepara para volver a separarse de su familia. Debe regresar a su lugar de residencia forzado. Lleva demasiados días en el municipio y ya no es seguro para él. El resto de criminalizados no pueden hacer lo mismo. Esperan un cambio político en el país.
La llegada de una nueva empresa minera, aseguran, se encontrará con la resistencia de sus pobladores. Mientras tanto, el miedo, la criminalización y los efectos psicológicos del conflicto les acompañarán de por vida. Los habitantes de El Estor no pueden olvidar.
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