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El responsable de una mesa de votación enseña la papeleta de la consulta comunitaria en el Instituto Nacional de Educación Básica, Barrio Central, en Asunción Mita, Jutiapa. Eduardo Say

El gobierno versus una comunidad: el caso de la mina Cerro Blanco

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El gobierno versus una comunidad: el caso de la mina Cerro Blanco

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En Asunción Mita, Jutiapa, más de 7,000 personas votaron en contra de la reactivación de un proyecto minero. Un día después, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) dijo que el proceso no fue vinculante y cuestionó su legalidad. ¿Por qué la comunidad se opone? ¿Cuál es el impacto de esta mina? Aquí las respuestas.

El domingo 18 de septiembre, 7,481 personas —el 27.9 % de empadronados en Asunción Mita— votaron «no» a la reactivación de la mina Cerro Blanco, un proyecto a cielo abierto que según estudios impactaría comunidades en Guatemala y El Salvador.

Aunque en un porcentaje menor, también hubo apoyo para la actividad extractiva: 904 pobladores votaron a favor del proyecto. Hubo 105 votos nulos y 13 en blanco.

El proceso fue realizado bajo el amparo del artículo 64 del Código Municipal, que establece que a solicitud de las y los vecinos el Concejo puede celebrar consultas cuando se trate de asuntos que afecten a toda la población del área.

Al finalizar el conteo, un grupo de vecinos, entre ellos algunos salvadoreños, quemó pirotecnia en el parque de la comunidad.

Pero la celebración no duró mucho. Menos de 24 horas después, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) dijo que la consulta no tiene validez legal por no haber sido un «proceso aprobado» por esa cartera. El principal argumento es que el asunto no tiene competencia municipal, sino que corresponde al gobierno central.

 

«El Concejo Municipal de Asunción Mita está impedido legalmente para tomar una decisión relacionada a la instalación y operación de un proyecto minero», señala el comunicado.

La declaración de la cartera no cayó de sorpresa. De acuerdo con Madre Selva, un colectivo de expertos ambientales que acompañó a Asunción Mita, en los últimos 20 años las acciones del gobierno en relación a este caso han estado orientadas a favorecer a la mina.

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«El ministerio no tiene ninguna opinión aquí. Ellos (en Asunción Mita) están haciendo una consulta entre vecinos, no le están pidiendo permiso al MEM, que ha dado muestras de incumplimiento de deberes frente a la población de Asunción Mita», dijo Julio González, activista de Madre Selva.

El MEM se ampara en el artículo 125 de Constitución, que declara de «utilidad y necesidad públicas, la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovables», para argumentar que es la institución la encargada de ejecutar la política del gobierno relacionada al sector minero.

Según el ministerio, al hacer su propia consulta el Concejo habría caído en una «extralimitación de funciones».

Sin embargo, según González, hay antecedentes jurídicos que han validado las consultas hechas por la comunidad. Uno de ellos es la sentencia de 2013 de la Corte de Constitucionalidad en el caso de La Villa Mataquescuintla, municipio de Jalapa.

Esa resolución señala que una consulta comunitaria no viola el artículo 125 de la Constitución, porque el «hecho que un Concejo Municipal consulte sobre un asunto de interés para su comunidad, aún cuando el mismo corresponda a las competencias del Estado en general, no significa una extralimitación de las mismas, sino una adecuada forma de posibilitar el derecho de los pueblos a opinar y ser consultados sobre asuntos de su interés».

Para la comisión organizadora, el proceso fue legal y los resultados son vinculantes, ya que según el Código Municipal, los resultados son válidos si participaba al menos el 20 % de la población empadronada. Votó el 27 %.

Además, existen más casos de municipalidades que reconocieron la vinculación de las consultas: Mataquescuintla, Jalapa —cabecera departamental—, y San Juan Tecuaco, asegura Rafael Maldonado, abogado que ha representado a comunidades que se oponen a este tipo de proyectos.

El proyecto minero Cerro Blanco y sus inconsistencias

En 2007, la empresa nacional Entre Mares recibió una licencia de explotación de oro y plata por 25 años sobre un área de 15 km cuadrados en una montaña en Asunción Mita.

Según el Observatorio de Industrias Extractivas (OIE), en el estudio de impacto ambiental del proyecto Cerro Blanco, presentado previo a la aprobación de la licencia, la compañía no se pronunció sobre las potenciales reacciones químicas que tendría la actividad minera, y tampoco presentó planes de seguridad en caso de derrames y accidentes. Aún así fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas.

Durante casi una década, el proyecto estuvo cerrado por fallas técnicas e inundaciones, y en ese tiempo pasó por diferentes manos: Goldcorp, una compañía canadiense se asoció a Entre Mares y terminó por vender el 100 por ciento de sus acciones a la empresa Bluestone Resources, también de Canadá. Además, Bluestone adquirió derechos de preferencia de ciertos activos y equipo de la Mina Marlin, ubicada en San Marcos.

En 2015, el Ministerio de Energía y Minas hizo una inspección que concluyó que la mina debía ser sujeta a un trámite de caducidad por falta de actividad. En esa fecha la empresa aseguró que la falta de movimiento se debió a reparaciones y pidió conservar la licencia. El MEM les dio la razón y canceló el proceso para cerrar la mina.

Julio González, activista de Madre Selva, dijo que el Ministerio incluso ha despedido personal que habría evidenciado la falta de cumplimiento de requisitos de la mina.

«Tenían la licencia vigente porque decían que estaban en mantenimiento. Lograron que los gobiernos de Otto Perez Molina y Jimmy Morales les prorrogaran la licencia, pese a que no tributaban al fisco porque no extraían oro y plata», aseguró González.

En mayo de 2021 el proyecto dio un giro. La empresa cambió el nombre por Renewable Resources y presentó nuevos planes: de ser una mina subterránea pasaría a ser una a cielo abierto.

Según un informe de Bluestone, Asunción Mita tendría reservas de 2.8 millones de onzas de oro y 12.6 millones de onzas de plata. Con sus operaciones producirían 2.6 millones de onzas de oro y 10.6 millones de onzas de plata durante los primeros 14 años de vida útil de la mina; 228 millones de dólares por año durante los primeros 10 años y un flujo de caja libre total durante todo el tiempo que dure la planta, de 2 mil 350 millones.

Para hacer el cambio, la compañía no realizó un nuevo estudio de impacto ambiental, solo actualizó el anterior sin contemplar que el nuevo plan afectaría el acceso al agua en Guatemala y El Salvador, de acuerdo con Madre Selva.

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Según OIE,  para convertirse en una mina a cielo abierto, Bluestone/Entre Mares propuso crear un nuevo sistema de pozos y túneles para acceder al agua subterránea. En sus informes, la empresa dijo que para acceder a los minerales en el suelo requiere que el recurso hídrico, que actualmente se encuentra a 460 metros, llegue a los 210 metros sobre el nivel del mar, y que para lograrlo se bombeaban 4,000 galones de líquido por minuto.

¿Y a dónde se va esa agua? Un análisis hecho por OIE señala que 1,500 galones por minuto serán descargados en El Tempisque, una quebrada que llega al Lago de Güija, fuente principal del Río Lempa que desemboca en El Salvador, en un área con casi 4 millones de personas alrededor.

Además de la cantidad de agua, hay un detalle en la calidad del recurso. Según un estudio de la Universidad Virginia Tech, la quebrada El Tempisque excede la cantidad de metales pesados, incluido arsénico y aluminio, es decir que resultaría tóxica para el consumo humano y de otras especies.

Por su parte, Bluestone dijo que los resultados de la consulta «retratan injustamente a la opinión pública», que no reflejan el sentimiento general de la comunidad, y que detrás hubo «ciertos grupos anti-mineros» que crearon una «comisión sesgada» para realizar el proceso.

«Durante el proceso del referéndum se observaron varias actividades sesgadas e ilegales. Bluestone ha sido informado por su asesor legal que el referéndum no será legalmente vinculante», dice el comunicado de la empresa canadiense, que asegura que el proceso va contra las recomendaciones del gobierno central.

¿Qué pasará ahora?

«Todavía falta seguir el procedimiento. Hasta ahora simple y sencillamente se hicieron públicos los resultados de la votación y ahora lo van a decidir los tribunales, ahora toca esperar a ver qué pasa», dijo Armando Teo, secretario de la Comisión que organizó la consulta y tesorero de la comunidad Tiucal.

Los organizadores deben esperar cinco días para luego enviar los resultados al Concejo Municipal y al alcalde de Asunción Mita, para que después envíen un acuerdo al Diario Oficial para hacerlo público.

También asegura que al pueblo no le aplica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece las consultas en casos de afectación a comunidades indígenas, porque el 98.8 % del municipio se identifica como mestizo.

«Aquí el pueblo de Asunción Mita lo que hizo fue invitar a bailar, y esto ya está bailando», concluyó.

Por su parte, en El Salvador se han organizado protestas contra la actividad de la mina por la posible contaminación al Río Lempa.

 

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