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Una mujer, con el rostro cubierto, participa en el bloqueo de la carretera hacia Panzós, en la comunidad de Chichipate, Izabal, el sábado 30 de octubre, cumplida una semana de haberse decretado el estado de sitio en el área del municipio de El Estor

El conflicto minero en El Estor opaca la petición q'eqchi': que se les reconozcan sus tierras

La CC suspendió las operaciones de la mina Fénix en 2019 y ordenó realizar la consulta. En su resolución no hizo referencia a Pronico, propiedad de la misma empresa matriz, pero con actividades diferentes.
Todos los que yacen en esa tierra pelearon por La Revolución.
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El conflicto minero en El Estor opaca la petición q'eqchi': que se les reconozcan sus tierras

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El Estor es un municipio con múltiples realidades. El lago de Izabal divide el territorio maya q´eqchi´ en sur y norte. La mina de níquel tiene adeptos y opositores. El concepto de propiedad separa a los dueños registrado de quienes la habitan y la reclaman como propia. En un lugar en donde el Estado es un bosquejo y ha violado los derechos del pueblo q´eqchi, el gobierno de Alejandro Giammattei y 81 diputados de la alianza oficial aplican un Estado de Sitio que también fragmenta y resulta una medida ilusoria para conseguir orden. Así como una tormenta pavorosa sosiega el eterno verano en este lugar, el fuego del conflicto aparenta una tregua. La brasa sigue viva.

Redes-lateral

Una semana y media después de la lluvia de lacrimógenas para disolver la resistencia contra la mina, policías y militares trabajan con órdenes contradictorias.

La restricción de movilidad debía abarcar todo el municipio de El Estor pero en la práctica los policías y militares solo la aplican para quienes viven en las zonas rurales. Ahí sí que hay toque de queda, y las familias dejan de tapiscar la milpa a media tarde para volver a tiempo a sus casas y encerrarse.

El estado de sitio se impuso para pausar los síntomas del conflicto más reciente en la zona, provocado porque la mina Fénix inició operaciones sin hacer la consulta previa a la población q'eqchi'.

El trato diferenciado hacia las poblaciones más rurales coincide con otro conflicto: el de la certeza jurídica de la tierra, los derechos ancestrales que reclaman los q'eqchi' y, en consecuencia, las "recuperaciones" de esa tierra a través de los asentamientos que legalmente se consideran "ocupaciones ilegales". Es ahí en donde la fuerza pública pone la atención y surgen los temores a los desalojos y capturas durante el estado de sitio.

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En el centro municipal se vive otra realidad. Panaderías, ventas de comida, tiendas y restaurantes cercanos a la playa permanecen abiertos hasta pasadas las 21:00 horas. Los soldados y la policía pasan frente a estos puestos y ninguna de las partes se inmuta. Una noche, después de varios minutos inactivos, tres vehículos policiales y dos del Ejército salen en caravana para un patrullaje. El enjambre de uniformados se vuelca contra dos muchachos que circulan en motocicleta. Les bloquean el paso, los bajan de la moto y revisan. Empieza a caer una llovizna, los chicos vuelven a su camino y la fuerza pública busca un refugio.

Toda acción es un dato. Hasta el sábado 30 de octubre, la policía contabilizaba 641 personas y 228 motos identificadas. Iban 174 vehículos registrados, 38 allanamientos, 22 personas aprehendidas, dos teléfonos decomisados, y un arma artesanal confiscada.

No obstante, no todo dato implica un resultado. Ninguno de los capturados está vinculado con el bloqueo contra la mina, que inició el 4 de octubre y concluyó a la fuerza el 23 de ese mismo mes. Uno de los teléfonos pertenece a Juan Bautista, periodista de Prensa Comunitaria que cubrió el desalojo policial y publicó un video en el que critica que decenas de policías corran como escoltas de los camiones de carbón, materia prima para hacer funcionar las máquinas que separan la tierra del ferroníquel, de la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A. (Pronico).

El otro teléfono es de Olga Che Ponce, 40 años, tesorera de la Gremial de Pescadores Artesanales, la organización que promovió el amparo que hoy tiene suspendidas las actividades mineras del proyecto Fénix, de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), empresa hermana de Pronico, debido a que no efectuaron la consulta comunitaria previo al inicio de operaciones.

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La casa de Olga y la de los parientes en donde buscó refugio fueron allanadas. La policía buscó armas hasta debajo de la tierra, tiraron al suelo los trastes de china, los cortes y güipiles. No encontraron nada, pero se llevaron el celular y las copias de las resoluciones judiciales que ha logrado la gremial y que ella resguardaba.

Los q'eqchi' quieren diálogo, pero no con los antimotines

Un video protagonizado por Olga se convirtió en símbolo de la resistencia, porque mientras los antimotines ofrecían diálogo, ella les respondió con un performance al tirar al asfalto los casquillos de las lacrimógenas que les lanzaron el día anterior.

La acción de Olga no fue una ruptura del diálogo. Al contrario, la resistencia quería y quiere hablar, pero no con los agentes enviados para obligarlos a despejar el camino que lograron tapar durante 21 días. Quieren conversar con el ministro de Energía, Alberto Pimentel, o el viceministro, Óscar Pérez. Dos funcionarios que tienen en su dominio la realización de la preconsulta y consulta comunitaria para definir el futuro de la mina, un espacio del que grupos como los pescadores (que en 2017 denunciaron que había contaminación provocada por la mina) quedaron excluidos.

Una semana después del desalojo, Olga está resguardada en un barrio de la zona urbana del municipio.

Teme que la capturen.

Se le ha ido el apetito, tiene los nervios alterados, duerme, pero no descansa.

Su esposo, que también figura como amparista contra la mina, no ha podido bajar a la playa a pescar porque le han dicho que la policía ronda el área en que tiene atracado su cayuco.

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La pareja retrata el perfil de quienes están en contra de la mina. Viven en El Estor junto a siete de sus ocho hijos, en una casa de tablas en la zona urbana, a cinco minutos de la ruta principal. Para llegar a la vivienda hay que avanzar hacia un cerro entre calles de tierra y piedras, con surcos profundos a causa de la corriente de las lluvias. No hay drenajes, pero sí tienen agua de pozos comunales y energía eléctrica que algunos no pagan porque están aliados al Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), que promulga la nacionalización del servicio debido a los altos costos para los más pobres.

Tres detenciones anómalas agravan el gran problema

La serenidad superficial que el estado de sitio trajo al municipio se trastorna el sábado 30 de octubre, cuando una comunidad bloquea la ruta hacia Panzós, Alta Verapaz, en protesta por la captura de tres de sus habitantes.

Se trata de la aldea Chichipate, un territorio minero, como casi toda la parte norte del municipio. Ahí la CGN extrae arena silícea y piedra dolomítica. Para llegar al pueblo hay que pasar por el espectáculo de Pronico, con los vehículos de carga que levantan un denso polvo. La estructura de tubos por los que procesan la tierra y el escape gigante por el que sale una estela roja. Las personas dicen que es humo, pero la empresa aclara que se trata del vapor derivado de someter la tierra roja a un proceso en el que la secan y luego la queman para extraer el níquel.

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A riesgo de que los repelan con fuerza, una mujer q´eqchi´ reclama:

—Ayer agarraron a mi hermano, Luciano Chochooj, y necesitan 6,000 quetzales en la cárcel.

A su familiar, asegura, lo persiguió una policía que no estaba uniformada y que le plantaron persecución en un carro gris hasta cerca de Cahaboncito, un lugar que conecta Izabal con Alta Verapaz, en la ruta al Polochic.

"Ayer agarraron a mi hermano... está llamando, dice que necesita Q6 mill para la cárcel" pic.twitter.com/0UCJOcLIFS

— Plaza Pública (@PlazaPublicaGT) October 30, 2021

—Nosotros estamos preocupados por él, no está robando ni está agarrando terreno de don Carlos Ruiz, no tenemos idea de por qué está pasando esto. A él solo le dieron trabajo ahí, y nosotros tampoco estamos agarrando terreno —narra con voz trémula.

Ruiz es el dueño de una finca. Según los manifestantes hizo la denuncia porque ocupan tierra que tanto él como los comunitarios reclaman como propia.

Además de las capturas llevadas a cabo por personas no uniformadas, hay otra anomalía.

Durante la manifestación, los comunitarios detienen a un hombre. Lo identifican fácil porque no reside en Chichipate. Al interrogarlo les parece sospechoso.

Entre sus posesiones guarda una fotocopia con las fotos y nombres de 10 hombres que supuestamente tienen orden de captura y residen ahí. Lo retienen toda la mañana, pero para no perjudicarse, la comunidad resuelve dejarlo libre. El paso también queda liberado cuando la población se reconoce en desventaja ante una Policía Militar y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), que van bien equipados.

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Ahora, los familiares tendrán que viajar 137 kilómetros, hasta Puerto Barrios, la cabecera departamental de Izabal, para saber más sobre los detenidos.

Los q´eqchi´ quieren recuperar el territorio que les pertenece

No todos están molestos con el estado de sitio. Algunos lo agradecen.

En el centro de El Estor, los policías coparon los hoteles, y los que tuvieron más suerte hasta pudieron tomar unos minutos en la noche para remojarse en una piscina. El sector hotelero lo agradece, después de meses con baja clientela lograron llenar las habitaciones por lo menos una semana entera.

Una vendedora de maíz tostado, con el que se hace la bebida de pinol, agradece que llegó “la autoridad”, porque además de orden, reactivó la economía. En el recipiente donde lleva la venta solo le queda una bolsa que aspira a vender a un mínimo de cinco quetzales.

En el municipio El Estor viven 73,328 personas y el 91,3% son maya q´eqchi´. La parte norte del territorio tiene potencial minero de metales y la extracción de níquel está activa desde 1971. El estado de sitio de este año tiene como referencia una historia que mezcla la minería, la defensa de los recursos naturales y el reclamo de tierras por el pueblo q´eqchi´.

—La mina es de todos nosotros—afirma la vendedora de maíz tostado.

Ella, sus hijos y nietos nacieron en El Estor porque su abuelo y su padre llegaron en los años 70 como trabajadores de la empresa Exploraciones y Explotaciones Minera Izabal, Sociedad Anónima, conocida como Exmíbal, nombre con el que opera la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).

Los primeros trabajadores vinieron con el fin de abrir caminos para los camiones de la mina. El lugar estaba poblado por indígenas q´eqchi´ a los que los gobiernos militares no les reconocieron la propiedad histórica de la tierra, sino que los despojaron al otorgar derechos legales a favor de políticos, militares y terratenientes.

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Juan Tut, 35 años, maestro, y Julio Sub, 26 años, trabajador de una mina en Alta Verapaz, habitan Chichipate y La Revolución. La primera es una aldea, la segunda ni siquiera está legalmente registrada, pero sus habitantes le dan categoría de caserío porque la habitan 89 familias.

Ambos tienen memoria histórica, vívida de recuerdos de la lucha por la tierra en la que ellos mismos participaron cuando eran adolescentes.

Llegaron en 2006 para “recuperar” el territorio que les pertenece. Actualmente no saben a nombre de quién está la finca en donde ubicaron La Revolución, pero se sienten tan seguros de su derecho de posesión que destinaron un terreno para instalar un cementerio. Cuatro días antes de la celebración del Día de Todos los Santos, Juan y Julio pintaron las tumbas de sus padres.

Todos los que yacen en esa tierra pelearon por La Revolución.

Se plantaron en el lugar, padecieron el desalojo estatal y regresaron a pesar de que les destruyeron cosechas y las casas de manaque, una palma con la que se construyen los ranchos. Ahora usan cemento para sus edificaciones. Las tumbas tienen una cobertura de concreto que se eleva hasta un metro.

Solo unos pocos han logrado legalizar sus tierras

Solo 25 de 157 comunidades tienen certeza jurídica en El Estor: apenas el 15%. Aunque las poblaciones han querido conseguir la legalización comunitaria, esto ha sido casi imposible. Los diálogos no avanzan porque los propietarios legales no ceden y las comunidades se rehúsan a una reubicación.

En medio de ese escenario opera una mina que no pidió permiso para funcionar.

Aunque en los 70, Exmíbal no tenía la obligación de preguntarle a la población maya q´eqchi´ si estaba de acuerdo con sus actividades, a partir de 1996 todo cambió. Como signataria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Guatemala asumió la obligación de promover la consulta a las comunidades indígenas en cuyo territorio se desarrollen proyectos que puedan impactarles.

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Exmíbal, actualmente denominada CGN, consiguió en 2006 que el gobierno de Óscar Berger le autorizara la extracción de níquel en el proyecto Fénix sin antes consultar a la población maya q´eqchi´. La mina ha cambiado de manos en varias ocasiones. Ya tuvo capital canadiense y desde 2014 pasó a manos rusas con fondos suizos.

Desde entonces, la cabeza de todas las actividades extractivas en ese sector de El Estor es la empresa Solway Investment Corporation, que tiene a la CGN a cargo de la actividad extractiva, y a Pronico, como procesadora de materiales mineros (en un territorio de 6.29 kilómetros cuadrados).

La compañía extranjera ha invertido desde 2014 unos 1,600 millones de dólares en ambas operaciones. Las actividades de la CGN en la mina Fénix seguirían sin inconvenientes hasta ahora, de no ser porque en 2017 una mancha roja sobre el Lago de Izabal alertó a los pescadores.

¿Quién o quiénes son los responsables de esa contaminación? Los pescadores acusan a la mina de níquel y la mina se defiende al decir que el agua que usa para enfriar las turbinas con las que procesa la tierra no regresan al lago más grande del país.

Minera rechaza las acusaciones de contaminar

En un recorrido por sus instalaciones, un geólogo, un ambientalista y el comunicador de la empresa, presentan la mina desde varios puntos de vista. La primera parada es sobre una montaña rojiza a 800 metros sobre el nivel del mar, en el punto en que detuvieron las operaciones de extracción a cielo abierto de Fénix.

Desde esa perspectiva se observa la planta de procesamiento y a sus márgenes dos lagunas artificiales. Una, según indican, para recolectar agua de lluvia que sirve para el funcionamiento de la procesadora. El agua residual posterior a ese proceso va a otra laguna en la que se enfría naturalmente.

Los tres empleados de la empresa aseguran que el agua no toca tierra, porque tiene una especie de base impermeable que lo impide. Tampoco va al lago, porque hay una brecha de tierra que los separa. Cuando se les consulta si hay posibilidades de derrames, rebalses o filtraciones, niegan que ocurra. Sostienen que los embalses soportaron las torrenciales lluvias de las tormentas Eta e Iota hace un año.

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Como colofón, muestran la planta a 10 metros sobre el nivel del mar. En esa perspectiva se puede ver el proyecto ambiental en el que la compañía quiere hacer reposar su credibilidad: La reserva natural Setal, reconocida por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), en la que habitan monos aulladores y se refugia el cocodrilo americano. El sitio se ubica a menos de cinco minutos de la planta de procesamiento y, según la empresa, es la muestra más exacta de que sus actividades no causan daño ambiental. Los pobladores, en cambio, señalan que sobre sus techos reposan restos de material que sale de la mina y que el aire, el bosque y el agua padecen los efectos de la minería.

José Antonio Calderón, gerente de ambiente de Pronico, rechaza esas aseveraciones. Dice que la montaña en que funcionaba Fénix ya había sufrido explotación maderera antes de que ellos llegaran.

En la reserva Setal también hay viveros de orquídeas endémicas y de árboles que luego plantarán en la montaña que Fénix desmenuzó. Porque la tierra con níquel no se encuentra en la copa, sino en el medio de la serranía. Se trata de extracción a cielo abierto y de ahí se obtiene la tierra que tras una fundición separa el ferroníquel y deja los restos como escoria. Pequeños granos cristalizados color carbón.

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La empresa aclara que reconstruye la montaña con la tierra que extrajo y no fue de su interés.

—Como armar un pastel —dice David Orellana, el gerente de relaciones públicas de CGN y Pronico.

En el recorrido por esta zona de extracción se observan unos picops cargados con pobladores y cemento. La mina permite que algunas familias residan en el territorio que les pertenece. Una simbiosis extraña en el medio de un territorio conflictivo por el reclamo de tierras.

En la ruta de la mina Fénix resalta una estructura de block a medio terminar que, según dice Orellana, fue una garita de control. En la pared un ineludible grafiti con el número 18. El número con el que se identifica una de las pandillas más sangrientas del norte de Centroamérica.

La mina paró, la procesadora sigue en funciones

Durante el bloqueo de 21 días que la resistencia plantó contra la mina resultaron afectadas las operaciones de Pronico, la procesadora de materiales. Marvin Méndez, un médico originario de El Estor que ocupa el cargo de director administrativo de Pronico usa otra analogía para explicar que la única actividad suspendida es la de la mina, no la de la procesadora.

—Es como un molino de nixtamal (masa para tortillas) —dice.

La masa, según este ejemplo, es la tierra que se extraía de Fénix. Al dejar de funcionar, el molino, en este caso Pronico, debía buscar otras fuentes para seguir sus operaciones.

Ese material empezó a llegar de Niquegua Montúfar II, que también pertenece a la CGN y que funciona en los Amates, otro municipio de Izabal.

Otra parte de esa “masa para el molino de nixtamal” provino de Maya Níquel, otra extractora que opera en jurisdicción de Alta Verapaz.

A la Gremial de pescadores y a la Asociación estoreña para el desarrollo integral, con su proyecto Defensoría Q´eqchi´, no les convence que Pronico mantenga sus operaciones. La estela roja que sale de uno de los escapes de la procesadora es para ellos el símbolo de que la actividad minera continúa, y como consecuencia también lo hace la contaminación ambiental.

La CC suspendió las operaciones de la mina Fénix en 2019 y hasta que se realizara la consulta. En su resolución no hizo referencia a Pronico, propiedad de la misma empresa matriz, pero con actividades diferentes.

Pronico y CGN son dos empresas hermanas, encabezadas por Solway Investment Group. Esta casa matriz tiene operaciones, además de Guatemala, en Ucrania, Rusia, Macedonia, Indonesia y Papúa Nueva Guinea.

 

En 2018, el último año que Fénix operó, extrajeron 2.618 millones de toneladas métricas de mineral de níquel líquido. Pronico entregó 14.688 toneladas métricas de níquel en ferroníquel ese año. En 2020, a pesar del cierre de Fénix, Pronico entregó 22, 894.

La población está convencida de que la actividad minera no se ha detenido en su territorio y el conflicto se aviva porque la preconsulta y consulta para definir el futuro de la mina ha excluido a los principales opositores.

Divididos por la mina

La Gremial de pescadores artesanales y la Defensoría Q´eqchi´, dos organizaciones que denuncian constantemente que la mina contamina, quedaron al margen.

El Ministerio de Energía y Minas se niega a integrarlos porque la resolución de la CC no los incluye. El documento legal dice que deben participar el concejo municipal, representantes de las comunidades indígenas, los consejos comunitarios de desarrollo, la CGN, el Procurador de los derechos humanos, la Universidad de San Carlos y las universidades privadas que integran el consejo departamental de desarrollo, dos representantes de la Comisión presidencial de diálogo y los representantes de los ministerios de Energía y Minas, de Ambiente y Recursos Naturales y de Cultura y Deportes.

—La mina tiene comprados a los cocodes y al Consejo de Comunidades Indígenas —señala Martín Coc, gestor de desarrollo de la Asociación estoreña para el desarrollo integral.

Por otra parte, aproximadamente 30 personas que se presentaron como líderes comunitarios mandaron cartas a la CC para indicar que ya se les había consultado sobre la mina y que esta no perjudicaba sino más bien, contribuía al desarrollo de El Estor. El anterior alcalde, Rony Méndez, también envió una misiva con referencias positivas a la mina y a los aportes económicos y de infraestructura que ha hecho en la comunidad.

La mina ha tomado en parte el papel del Estado al construir puentes, escuelas, reparar caminos, entre otras cosas, hasta por 9 millones de dólares, adicional a los 2,067 empleos que genera, de los que el 67% son habitantes de El Estor.

Méndez y Orellana, de Pronico, aseguran que el conflicto no es con las comunidades, sino con algunas personas.

La CC no dio validez a las cartas que los líderes enviaron, porque la consulta debe ser informada y accesible a todas las personas. Romel Reyes, asesor del Consejo de comunidades indígenas, que asesora a los representantes indígenas que participarán en la preconsulta, asevera que hay una oportunidad de negociación para poner fin a los problemas agrarios en El Estor.

Su visión, que es la de los líderes de las 12 micro-regiones en las que se divide el municipio, es que la mina será la moneda de cambio para gestionar legalización de tierras, proyectos educativos, en fin, progreso para un municipio golpeado por la pobreza.

Reyes asegura que la oposición surge por envidias internas, mientras los amparistas consideran que hay engaño como excusas para dar cabida a la mina.

El estado de sitio es solo un detalle en este contexto, si bien uno que ilustra la forma de gobernar privilegiada por Alejandro Giammattei. Ahora, una lluvia torrencial ha puesto tregua al eterno verano en El Estor. La resistencia ha quedado desarmada luego de la intervención policial y del Ejército. El Ministerio de Energía y Minas no aceptará más participantes en este proceso que tiene sus días claves el 4 y 5 de noviembre. Los amparistas buscan que les incluyan por resolución legal. El fuego del conflicto aparenta una tregua. La brasa sigue viva.

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