No obstante, expertos en derecho a la información enfatizan en un precepto ubicuo: debe respetarse el derecho a la vida privada del funcionario a menos que ésta incida en la función pública o tenga consecuencias en asuntos que son de interés público de los ciudadanos.
El precepto aplica directamente al presidente Álvaro Colom, no sólo un funcionario público que debe su salario a los contribuyentes, sino el más alto funcionario del Estado, quien toma decisiones que afectan a todos los ciudadanos. Son de interés público los principios por los que se rige para ejercer el poder. Se trata de aquel término olvidado por muchos en política llamado ética.
La decisión privada de la pareja presidencial tiene implicaciones públicas directas, anunciadas por ellos mismos: se divorcian para viabilizar la candidatura de Sandra Torres a la Presidencia de la República. Aunque la controversia legal deberá resolverse por las instituciones pertinentes (no menos preocupante), en la controversia ética hay menos que discutir. La pareja presidencial no sólo se está llevando por delante la figura del matrimonio (independientemente si creemos en ella o no) y quieren darle la vuelta a la ley máxima del país. Punto.
En el caso de la primera dama, aunque no sea funcionaria pública (que también es un tema en tonos grises debido a su involucramiento directo en los programas sociales), desde el momento en que anunció su candidatura es una figura que aspira al cargo público más alto en el país. Información otrora privada forma parte del perfil electoral de un candidato. La forma, el fondo, los aliados, los favores, las deudas de campaña y todo lo que informe cómo llega un candidato al poder es de interés público.
Independientemente de quién es funcionario y quién el candidato, la estrategia de comunicación de la pareja presidencial en su conjunto está plagada de inconsistencias y contradicciones. Cualquiera que conoce las estrategias de framing (o encuadre de mensajes) sabe que un tema se puede centrar en ciertas ideas clave. Ellos mismos colocaron el tema del divorcio en el marco de lo que más connotaciones negativas puede provocar. El presidente sale diciendo de forma pública y tajante que no se divorciará porque es inmoral. Meses más tarde, no sólo se está divorciando, sino pide que no se le juzgue moralmente. Hacen un anuncio público y dan entrevistas a noticieros de cobertura internacional con el tema (y casi como slogan en apariciones públicas diciendo que es un divorcio en lo personal, pero a la vez casamiento con el país), aunque luego dicen que no hablarán más del tema porque es un asunto privado.
Es ilógico que se pretenda vedar el debate público de un tema que es de trascendencia nacional. La ética del más alto funcionario de un Estado y la aspirante a ese mismo cargo es de interés público de los guatemaltecos. Dónde centraremos el debate de aquí en adelante. Eso es lo importante.
Enorme la función y la responsabilidad periodística de los medios de comunicación masivos, columnistas, analistas y todos los que formamos parte del tácito equipo de rendición de cuentas en este país. Para los ciudadanos en una democracia incipiente como la nuestra, el flujo de información es un insumo para entender la realidad (y surrealidad) de cada día. Es crucial enfocar la discusión de forma pertinente y relevante en ésta y otras crisis que seguramente surgirán en este proceso electoral.
No necesitamos pseudotalk shows, como la entrevista televisada por una cadena mexicana la semana pasada conducida por López Dóriga, que si bien es cierto sirvió de catarsis para muchos guatemaltecos decepcionados por las acciones de la pareja presidencial, no aporta nada de fondo. Ni las agresiones ni preguntas cínicas ni irrelevantes; tampoco los prejuicios partidistas, clasistas o antisandristas superficiales. Hay preguntas de fondo en el debate político que se deben responder: ¿se fortalecerá el sistema judicial del cual pende realmente el fortalecimiento de nuestra democracia?, ¿dejarán el 40 por ciento de los diputados de cambiarse de sillón político en la legislatura?, ¿se logrará salir de la crisis fiscal para lograr una masa mínima de recursos que permita impulsar el desarrollo económico y social del país?, ¿se buscará que ese desarrollo llegue a la mayoría y más desaventajados guatemaltecos y no de los pocos aventajados de siempre?, ¿se resolverán los problemas de fondo que nos siguen llevando a desalojos violentos y muertes en el Valle del Polochic?
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