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Capítulo 20. Caso especial: el sindicalismo Coronel Bol, finales de octubre de 1984
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Capítulo 20. Caso especial: el sindicalismo Coronel Bol, finales de octubre de 1984

¿Por qué abordar estos asesinatos en una reunión de la cúpula militar? ¿Estaba el coronel Bol de la Cruz rin­diendo cuentas de la efectividad de su trabajo ante sus superiores?
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Como un enredadera de tallo nudoso, la guerra se entrelazó con la vida. Algunos murieron asfixiados por ella. Otros supieron trepar. Esta es la historia de dos hombres, la Universidad de San Carlos y un crimen. Las vidas de Vitalino Girón, un expolicía jutiapaneco que acabó siendo uno de los últimos intelectuales del partido comunista, y del rector Eduardo Meyer se entrecruzaron en 1984, cuando el Ejército aún decidía quién podía vivir en Guatemala y quién no. Documentos inéditos hallados en el Archivo Histórico de la Policía Nacional permiten comprender la lógica de una de las últimas campañas de “control social” contra el movimiento sindical ejecutadas por la dictadura militar antes del comienzo del actual periodo democrático.

La huelga que se desarrollaba en la Universidad de San Carlos no era un hecho aislado para el Ejército. For­maba parte de un plan de los sindicatos de instituciones estatales para presionar al Gobierno. Pri­mero sería la universidad y después los bancos del Es­tado, el Seguro Social y la municipalidad capitalina. El coronel Bol, en una de sus reuniones con el alto man­do, planteó su preocupación por el auge del mo­vi­miento sindical durante el último tercio de 1984. Lo hizo en la misma ocasión en que informó sobre los ase­sinatos de Vitalino Girón y Carlos de León. Es el caso especial Posibles movimientos sindicales. La co­pia se conservó en el Centro de Operaciones Con­juntas:

El sindicalismo de los trabajadores de la empresa privada no constituye un problema político para el Gobierno. Sí constituye un problema político el sindicalismo integrado por las empresas o entidades estatales o semiestatales. Dentro de este sindicalismo po­lítico está situado el de los trabajadores del sistema bancario, es­pecialmente los del Banco de Guatemala y el Crédito Hi­potecario Nacional. Este grupo lo complementan los sindicatos de la Empresa Eléctrica, del Instituto Guatemalteco de Segu­ridad Social y de la Municipalidad capitalina.

El problema lo son los sindicatos de las entidades que pres­tan servicios públicos. Precisamente por la calidad de los ser­vicios públicos, que en un momento dado pueden paralizar la actividad mercantil del país.

El asunto cobra actualidad, pues se tiene conocimiento de que los sindicatos del Banco de Guatemala y el Crédito Hipo­tecario Nacional tenían proyectado unirse al movimiento de huelga del Sindicato de la Universidad de San Carlos.

Este apoyo no se concretó al haber cesado la huelga en la uni­versidad. Pero si refleja que el movimiento sindical está sa­liendo de su inactividad que tuviera durante los últimos cua­tro años, desde que fuera reprimido durante la administración del general Lucas García, cuando se aglutinaron en torno al CETE, “CENTRAL DE TRABAJADORES DEL ESTADO”.

No es remoto entonces que los sindicatos del sistema banca­rio plantearan reclamaciones, como han acostumbrado a ha­cerlo en periodos de crisis.

Para contrarrestar posibles movimientos sindicales se reco­mienda controlar al sindicato del Banco de Guatemala, pues es el núcleo en torno al cual giran todos los sindicatos del sistema ban­cario. En segundo plano, el sindicato del Crédito Hipotecario Nacional.

Además, para controlarlos, sería conveniente establecer quiénes son los coordinadores que manipulan los sindicatos del sis­tema bancario, de la Municipalidad, del igss, de la Empresa Eléctrica y de la universidad, quienes mantienen una política uni­da antigubernamental y que en administraciones anteriores fue utilizada subversivamente.

Hoy ya se habla de una huelga en la Municipalidad, por sa­larios atrasados, pero si se observa la cadena de movimientos se puede afirmar que hay correlación y coordinación en esta su­cesión de actos.

Posteriormente y a corto plazo, se verá un posible movimiento de paros y de huelgas en el Banco de Guatemala y Crédito Hi­potecario Nacional, dentro de esta curva ascendente de efervescencia sindical.

Una huelga en los bancos del sistema sí es grave y hay que pre­venirla. 

*** 

El 26 de octubre de 1984 fue asesinado Carlos de León Gudiel. Un día más tarde, Vitalino Girón Corado. Un mes después, el 27 de noviembre, moría Beatriz Charnaud.

Los tres estaban vinculados con el Partido Guate­malteco del Trabajo, el PGT, era intelectuales relaciona­dos con la Universidad de San Carlos y trabajaban en ins­tituciones públicas.

Carlos de León era profesor de la Facultad de Eco­nómicas y era empleado en el departamento de es­tadística el Instituto Guatemalteco de Seguri­dad So­cial, el igss. Hasta su secuestro, en diciembre de 1983, había sido asesor en el sindicato de esta insti­tución.

Vitalino Girón, además de ser el decano de Econó­micas, había hecho carrera hasta 1982 en el banco es­tatal Bandesa. Era muy conocido en el sindicalis­mo del sistema bancario. Tras la muerte de Vitalino su hijo fue contratado por el Crédito Hipotecario Nacional gracias a la influencia del sindicato de la institución.

Beatriz Charnaud trabajaba como gerente de la Em­presa Municipal del Agua, una empresa estatal pro­piedad de la municipalidad de la ciudad de Guate­mala. Pertenecía a una familia históricamente ligada al Partido aunque no se ha podido determinar si mili­taba en el momento de su muerte. Fue una de las pri­meras mujeres que se graduaron de ingenieras en Gua­temala. Fue catedrática de Ingeniería de la Usac, y lideró el grupo de profesores de su facultad que apo­yaron la candidatura de Saúl Osorio en 1978. Tras exiliarse entre 1980 y 1982, había regresado para tra­bajar con el alcalde de la capital, José Ángel Lee.

Estos tres profesionales murieron en idénticas cir­cunstancias. Asesinados en la calle por especialistas de la muerte. Ataques directos sin posibilidad de es­capatoria por un grupo numeroso de hombres en más de un vehículo. No hubo intento de secuestro. Nin­guno de los tres era útil vivo. No ocupaban cargos de importancia en estructuras clandestinas. Su utilidad re­sidía, más bien, en su muerte pública.

Los tres tenían algo más en común. Sus asesinatos fueron lo suficiente relevantes como para que el co­ronel Bol los presentara en sus reportes ante el alto mando.

Sobre la ingeniera Charnaud, el jefe policial escribió en un informe de actividad policial del 19 de noviembre al 2 de diciembre conservado en el coc:

Lo cierto es que Charnaud tenía un amplio historial vin­culado con sectores izquierdistas de la Universidad de San Carlos, donde tuvo a cargo el Ejercicio Profesional Supervisado en la Facultad de Ingeniería. En tal cargo, participó en la pe­netración estudiantil de los sectores populares en áreas cam­pesinas e indígenas del interior de la República. En conclusión, era una persona accesible a ideas socialistas.

Sobre los dos economistas, el coronel Bol escribió en un reporte de la semana del 22 al 28 de octubre que se conserva en el COC:

La actividad política en nada se vio afectada por la muerte de los dos universitarios. Más parece que los dirigentes políticos de los partidos participantes en este juego, ya aceptan con natu­ralidad la muerte violenta que sufren los intelectuales socialistas. Los propios círculos a donde estos pertenecen toman ese final co­mo parte del riesgo al que se ven expuestos y lo aceptan, pues con­tinúan en el juego.

¿Por qué abordar estos asesinatos en una reunión de la cúpula militar? ¿Estaba el coronel Bol de la Cruz rin­diendo cuentas de la efectividad de su trabajo ante sus superiores?

Vitalino Girón, Carlos de León y Beatriz Charnaud te­nían todavía una última cosa en común. Los tres mu­rieron mientras en las instituciones en las que tra­bajaban se producían reclamaciones laborales de fun­cionarios. Pero eso fue algo que en esa época nadie, ni siquiera la prensa, consideró necesario señalar. El co­ronel Bol tampoco lo hizo explícitamente en nin­gún documento. No hacía falta. La relación entre la uni­versidad, el sindicalismo estatal y sus supuestos pro­pósitos subversivos ya la había dejado clara el jefe po­licial ante el alto mando.

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