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Capítulo 17. Cuatro sindicalistas y un rector. Bernardo, Ángel Antonio, Paulina y Rubén Daniel, 25 de julio de 1984
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Capítulo 17. Cuatro sindicalistas y un rector. Bernardo, Ángel Antonio, Paulina y Rubén Daniel, 25 de julio de 1984

El informe presentado por Rubén Daniel Mejía era claro. Para cumplir con la subida salarial solicitada, se podían desviar Q621,000 del plan de inversión fí­sica para 1984, cuya ejecución podría trasladarse en par­te al presupuesto 1985. El dinero faltante podía ob­tenerse restándole un tres por ciento al presupues­to de funcionamiento de todas las unidades de la Usac. Es­te porcentaje no representaría recortes de personal, solo implicaba mayor austeridad en viáticos, papel, etcétera.
Antes de dar por finalizada la sesión, el rector in­formó a los miembros del Consejo de un hecho gra­ve. Esa misma mañana, cuando ingresaba a las ofi­cinas de la rectoría, el señor Víctor Alfredo Castañeda Cas­tillo, que era el encargado de atender la puerta de en­trada, se comportó de manera inadecuada, ya que cuando el señor rector le preguntó por qué no lo sa­ludaba, el trabajador le contestó que debía ser él quien lo saludara primero.
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Como un enredadera de tallo nudoso, la guerra se entrelazó con la vida. Algunos murieron asfixiados por ella. Otros supieron trepar. Esta es la historia de dos hombres, la Universidad de San Carlos y un crimen. Las vidas de Vitalino Girón, un expolicía jutiapaneco que acabó siendo uno de los últimos intelectuales del partido comunista, y del rector Eduardo Meyer se entrecruzaron en 1984, cuando el Ejército aún decidía quién podía vivir en Guatemala y quién no. Documentos inéditos hallados en el Archivo Histórico de la Policía Nacional permiten comprender la lógica de una de las últimas campañas de “control social” contra el movimiento sindical ejecutadas por la dictadura militar antes del comienzo del actual periodo democrático.

El primero en hablar fue Meyer.

En la sesión del Consejo Superior Universitario de ese miércoles, el rector comenzó relatando cómo se habían desarrollado los acontecimientos de la sema­na anterior. Meyer recordó que había sido “secuestrado” du­rante once horas por los sindicalistas y que, a pesar de su voluntad de diálogo, se profirieron insultos en su contra y se lanzaron “productos químicos” dentro de la rectoría.

Después hizo entrar a los sindicalistas.

Allí se presentaron Bernardo Rosales, Paulina Pi­neda, Ángel Antonio Vázquez y Rubén Daniel Mejía, un compañero contador que dominaba los asuntos fi­nancieros.

Bernardo Rosales, el secretario general, explicó que ellos no habían querido utilizar medidas de presión, pero que llevaban cuatro meses esperando una respuesta a sus demandas y que el Consejo las había desoído. Des­pués enumeró, de nuevo, las peticiones de los tra­bajadores.

Paulina Pineda, la secretaria de actas, remarcó que, si se analizaba el presupuesto, era evidente que había des­pilfarro. La negativa a dar un aumento, como siem­pre, no era un problema financiero sino de vo­luntad política.

Rubén Daniel Mejía había sido designado por el sin­dicato para formar parte de la comisión establecida pa­ra estudiar la petición de incremento salarial. Rubén Da­niel repartió a todos los miembros del Consejo un do­cumento que establecía de qué partidas del presu­puesto se podían extraer los fondos para otorgar la su­bida a los trabajadores. El documento iba a dirigido a Vitalino Girón, coordinador de la comi­sión del salario.

El director financiero de la Usac, Alfredo Morales Ta­racena, analizó la propuesta que le habían puesto en las manos. Probablemente se sorprendió al ver que el sindicato tenía datos muy precisos.

Rubén Daniel Mejía comenzó a reclamarle. Ante el resto de miembros del Consejo, el sindicalista afirmó que el director financiero se había comprometido a en­tregarle el pasado 8 de junio los presupuestos com­pletos del periodo 1980-1984, y el listado total de em­pleados. Pero sólo había recibido una parte de la in­formación, y con casi veinte días de retraso. Faltaban ade­más dos documentos fundamentales: la planilla de trabajadores y el presupuesto de ingresos de 1984. El sindicalista denunció que Morales Taracena estaba blo­queando el trabajo de la comisión del salario, de la que él mismo formaba parte.

Rubén Daniel Mejía no tenía militancia política, ni si quiera era parte del comité ejecutivo del sindicato. Los compañeros le había designado sólo por una ra­zón: estudiaba contaduría, y por su trabajo tenía acceso a la información tanto de contabilidad como de audi­toría de la Usac. El sindicato sabía que allí estaban los secretos mejor guardados; la prueba de que sí había di­nero. Pero en aquella ocasión, había sido Vitalino Gi­rón quien les había filtrado la información más im­portante.

Alfredo Morales Taracena era contador público y auditor; la clase de persona que protegía la caja del di­nero con fiereza de sus enemigos. No por casuali­dad ocuparía el cargo de director financiero durante las siguientes dos rectorías.

Era el brazo derecho de Meyer, y no sólo por su car­go. Morales Taracena, apodado Pashama, estaba bien situado. Su hermano, Ricardo, había sido asesor ju­rídico de la jefatura de Estado durante todo el go­bierno del general Ríos Montt y gran parte de la admi­nistración del general Mejía Víctores. Era un cuadro im­portante del ejército para asuntos legales, más aún en un momento en el que el país estaba inmerso en un retorno a la legalidad constitucional.

Alfredo Morales Taracena era temido. Aunque na­die tenía ninguna prueba más que la coincidencia de apellidos, muchos pensaban que era pariente del ge­neral Marco Antonio González Taracena, un oficial que, en 1984, era jefe de la unidad de inteligencia del Es­tado Mayor Presidencial y que después dirigiría La Dos.

En todo caso, y aun siendo una persona que se man­tenía en un segundo plano, el director financie­ro de la universidad actuaba como una persona po­derosa. Edgar Portillo, sucesor de Vitalino Girón co­mo decano de Económicas, recuerda cómo Pashama lo acusó en una reunión del CSU de ser un “comanche”, un comunista.

Morales Taracena venía de la Facultad de Económi­cas, había sido miembro de la junta directiva durante la decanatura de Alfonso Velásquez, y los conocía a to­dos. Sabía bien quiénes integraron la camarilla de Saúl Osorio, y aún estaban enquistados en la Facultad. Pro­bablemente sabía que Vitalino Girón era, si no un co­manche, sí un protegido de los pieles rojas.

Al leer el análisis que aquel día le entregó Rubén Da­niel Mejía, Morales Taracena posiblemente se pre­guntó de dónde había salido la información financiera que tenía el sindicato. Morales Taracena es hoy un hom­bre anciano, con el que no es posible hablar des­pués de que sufriera un accidente cerebro vascular.

El informe presentado por Rubén Daniel Mejía era claro. Para cumplir con la subida salarial solicitada, se podían desviar Q621,000 del plan de inversión fí­sica para 1984, cuya ejecución podría trasladarse en par­te al presupuesto 1985. El dinero faltante podía ob­tenerse restándole un tres por ciento al presupues­to de funcionamiento de todas las unidades de la Usac. Es­te porcentaje no representaría recortes de personal, solo implicaba mayor austeridad en viáticos, papel, etcétera.

Si se seguía el plan del sindicato, con estas medidas se obtendría un total de Q1.3 millones con los que satisfacer a los trabajadores. En su intervención ante el Consejo, Rubén Daniel Mejía propuso que con estos fon­dos se podrían aumentar seis escalas de salario des­de ese mismo mes de julio: Q48 mensuales. También re­marcó que esta nueva propuesta implicaba una con­cesión por parte del sindicato. Bajaban dos escalas, aunque el incremento salarial más justo hubiera sido el de ocho escalas: Q64 mensuales. Menos de Q48 no era digno.

Cuando los sindicalistas se marcharon, Meyer ex­hortó a los miembros del Consejo a tratar el problema con ecuanimidad, “buscando la supervivencia de la uni­versidad con el propósito de que siga cumpliendo sus objetivos como son la docencia y la investigación”.

El Consejo Superior Universitario entró a resolver cada una de las peticiones planteadas por los trabaja­dores. Sobre el incremento salarial se decidió que, en vis­ta de que aún no se había recibido el informe final de la comisión que dirigía Vitalino Girón y que ahora exis­tía un nuevo planteamiento por parte del sindica­to, de­bía reunirse primero la información que faltaba, y sólo entonces se pronunciaría. El Consejo llegó a esa mis­ma conclusión en todas y cada una de las de­man­das presentadas. En todas ellas se esperarían los in­for­mes pertinentes, y se resolvería en futuras sesiones.

El último en hablar fue Meyer.

Antes de dar por finalizada la sesión, el rector in­formó a los miembros del Consejo de un hecho gra­ve. Esa misma mañana, cuando ingresaba a las ofi­cinas de la rectoría, el señor Víctor Alfredo Castañeda Cas­tillo, que era el encargado de atender la puerta de en­trada, se comportó de manera inadecuada, ya que cuando el señor rector le preguntó por qué no lo sa­ludaba, el trabajador le contestó que debía ser él quien lo saludara primero. Meyer explicó como entonces lo in­vitó a entrar a su despacho para hablarle, a lo que el señor Castañeda le contestó que si quería hablarle que lo hiciera allí mismo. Meyer indicó que de todo ha­bían sido testigos las secretarias de la rectoría, y que ordenó que se levantara un acta, haciendo constar los hechos al Director de Asuntos Jurídicos y al Jefe de la Administración de Personal de la universi­dad. El rector añadió que a pesar de lo sucedido, y pudién­dose ya no renovarle el contrato, el señor Víctor Al­fredo Castañeda continuaría trabajando pero en otra de­pendencia, y que iba a iniciar las acciones para que se le impusiera una sanción de suspensión de labores.

Tras escuchar el relato de Meyer, el Consejo se pro­nunció oficialmente resaltando que la actitud del em­pleado había constituido una “grave falta de respeto”.

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