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Agredidos en San Rafael Las Flores buscan justicia en Canadá

Luis Fernando García (izquierda) y Adolfo Agustín García (derecha), pobladores de San Rafael Las Flores, fueron dos de los heridos por la seguridad de la minera.
El peruano Alberto Rotondo, jefe de seguridad de la Minera San Rafael, fue detenido en el aeropuerto cuando se disponía a dejar el país.
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Se trata de la primera demanda civil en British Columbia en contra de una compañía minera canadiense por la violencia cometida en otro país

Lo siete vecinos de la comunidad San Rafael Las Flores, del departamento de Santa Rosa, que el 27 de abril de 2013 fueron heridos de bala por agentes de seguridad del proyecto minero El Escobal, interpusieron el pasado 18 de junio una demanda civil ante la Corte Suprema de Justicia de British Columbia, Canadá, en contra de la empresa minera Tahoe Resources Inc., subsidiaria de la Minera San Rafael, S.A., patrona de los agresores.

Se trata de Adolfo Agustín García, Luis Fernando García Monroy, Erick Fernando Castillo Pérez, Artemio Humberto Castillo Herrera, Wilmer Francisco Pérez Martínez, Noé Aguilar Castillo y Misael Eberto Martínez Sasvín, quienes se encontraban en los accesos de entrada del proyecto minero cuando fueron atacados a tiros por los guardias de seguridad.

Los demandantes solicitan a la justicia canadiense que condene a Tahoe Resources al pago de un resarcimiento económico y que emita una disculpa pública a los pobladores de San Rafael Las Flores por las agresiones sufridas.

La demanda fue interpuesta a través del Centro Canadiense para la Justicia Internacional, que formó un consorcio con el Centro de Acción Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), y el Comité en Defensa de la Vida y la Paz de San Rafael. En la demanda se acusa a Tahoe Resources de agresiones y de negligencia por los daños físicos sufridos por los demandantes, y por no haber realizado una investigación de los antecedentes del jefe de seguridad de la mina, Alberto Rotondo, que según demostró el Ministerio Público de Guatemala fue quien ordenó despejar las protestas de forma violenta; ni haber capacitado correctamente a los agentes de seguridad que respondieron de esta forma a la resistencia.

Esta es la primera demanda civil en el estado de British Columbia –donde se encuentran asentada la sede de Tahoe Resources- en contra de una compañía minera canadiense por la violencia cometida en otro país. “Tahoe sabía que había una amplia oposición a la mina de El Escobal y que sin políticas adecuadas de seguridad había un alto riesgo de que el personal de seguridad pudiera excederse en la fuerza en contra de los manifestantes. Era predecible que si Tahoe fallaba en el adecuada selección, entrenamiento supervisión, instrucciones y monitoreo del personal de seguridad los manifestantes podían resultar heridos”, detalla este escrito.

La denuncia también alega que Tahoe Resources cuenta con políticas de responsabilidad social corporativa aplicables en Guatemala y se ha comprometido con los principios de seguridad y derechos humanos.

“Rotondo y su personal de seguridad eran agentes de Tahoe (por lo que) Tahoe es indirectamente responsable de su conducta”, subraya la demanda.

Matt Eisenbrand, director legal del Centro Canadiense para la Justicia Internacional, dijo que este caso es “muy importante” tanto para los canadienses como para los guatemaltecos. “Nosotros alegamos que Tahoe es responsable de un ataque premeditado contra los demandantes, que estaban pacíficamente parados en una vía pública. Si el personal de seguridad en Canadá llevara a cabo este tipo de ataques en contra de manifestantes pacíficos, se armaría un alboroto y la empresa sería responsabilizada. Nosotros creemos que estos mismos principios deben aplicarse cuando una compañía canadiense opera fuera de Canadá”, agregó.

La demanda incluye un antecedente en el que Alberto Rotondo amenazó a miembros de la resistencia y otro en el que recomendó una campaña de denuncia pública y legal contra los que se oponen a la mina, incluyendo a la Iglesia Católica.

El caso, según Eisenbrand, podría demorarse de dos a cuatro años hasta llegar a juicio, ya que mientras el acusado presenta sus alegatos y argumentos jurídicos, pasarán meses antes de iniciar el proceso de intercambio de pruebas.

Tahoe Resources emitió un comunicado donde indica que es una demanda “infundada y repleta de errores”. La compañía asegura que está comprometida “a realizar negocios de manera honesta y ética, y las directrices de responsabilidad social se describe en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos”. Además dice que deplora la violencia de cualquier tipo y ofrece capacitación en derechos humanos a sus agentes de seguridad y que está evaluando realizar acciones legales en relación a la notificación de demanda civil.

El caso en Guatemala

En Guatemala, la denuncia por los mismos hechos fue interpuesta el 30 de abril por CALAS en contra del jefe de seguridad de la mina, Alberto Rotondo, por los delitos de lesiones graves, lesiones leves, obstrucción a la acción penal y maltrato a menores de edad, debido a que uno de los heridos de bala tiene 17 años.

La denuncia se encuentra en fase intermedia en la Unidad de Activistas la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (expediente MP0012013-57924), que ya presentó la acusación pero que según la agente fiscal Claudia María López de la Vega, aún esta “pendiente la discusión del acto conclusivo en contra de Rotondo”.

“La acusación fue presentada desde el año pasado y por todas las impugnaciones no se ha dado la etapa intermedia. Esperamos que cuando se resuelvan las impugnaciones se lleve a cabo la audiencia”, explicó el abogado de CALAS, Rafael Maldonado.

Rotondo presentó un amparo para evitar la cárcel, en tanto que CALAS ha promovido recursos para que el caso sea trasladado a la capital, debido a que considera que el Juzgado de Santa Rosa está parcializado porque, a que a pesar de las pruebas, dictó medida sustitutiva con arresto domiciliario contra el acusado.

Rotondo, el exjefe de seguridad de la mina San Rafael, es un capitán retirado de la marina peruana. El día de los incidentes violentos, según las escuchas del Ministerio Público, dio instrucciones de disparar en contra de la población que llevaba ya dos meses en los accesos de la mina. “Maten a esos hijos de la gran…”, ordenó a sus subalternos. Rotondo fue capturado el 30 de abril de 2013, tres días más tarde de los sucesos violentos, en el aeropuerto La Aurora, cuando estaba a punto de salir del país.

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