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Oxec II se construye sobre tierras de la Nación, según informes oficiales
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Oxec II se construye sobre tierras de la Nación, según informes oficiales

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La empresa hidroeléctrica Oxec está de nuevo en problemas. Una denuncia del activista q’eqchí Bernardo Caal Xol motivó una investigación de la Procuraduría General de la Nación (PGN), que ha presentado la suya propia ante el Ministerio Público en Cobán. Un informe del Fondo de Tierras certifica que la segunda fase de la hidroeléctrica se construye sobre terreno propiedad de la Nación. Caal fue encarcelado el martes, acusado de dos delitos. Asegura ser víctima de una persecución política por su activismo.

La segunda fase de la hidroeléctrica Oxec, cuya inauguración se prevé entre agosto y septiembre, se construye en un terreno propiedad de la Nación, según lo denunció Bernardo Caal Xol el 16 de febrero de 2016 y lo corrobora un estudio elaborado por el Fondo de Tierras (Fontierras) a instancias de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

 La PGN presentó una denuncia ante la Fiscalía Distrital de Alta Verapaz, en Cobán, el 11 de octubre de 2017, tras la querella del activista queqchí y después de analizar informes de Fontierras, el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA), el Registro General de la Propiedad y el Archivo General de Protocolos, que determinan que el Estado es propietario del terreno. Por el momento no se ha individualizado la acusación. El abogado de la PGN, Evaristo Martínez Farfán, quien representa al Estado de Guatemala, pide un proceso penal “contra todas aquellas personas que resulten responsables por los hechos denunciados”.

“De acuerdo con el análisis catastral y registral, se determinó que la parte norte del grupo de fincas denominadas Sillab, colindante con el río Cahabón, son fracciones a nombre de la Nación desde 1960 y la parte sur ha sido dada a comunidades, quienes han tramitado la Liberación de Tutela del Estado, cancelación del Patrimonio Agrario Colectivo y han desmembrado individualmente su derecho sucesorio”. Este es el dictamen emitido por Fontierras, firmado por la técnico Mary De León y el ingeniero Demetrio Cutzal, con fecha 16 de mayo de 2016. Plaza Pública obtuvo este documento gracias a una solicitud de información pública y confirmó su contenido en una entrevista con Cutzal.

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“De acuerdo con la escritura de compraventa del terreno se pudo determinar que el mismo consiste en una franja que abarca una distancia de aproximadamente cuatro kilómetros de recorrido y en promedio 240 metros de ancho sobre la orilla del río Cahabón, que se localiza sobre propiedad nacional. Dicha franja de terreno se ubica dentro de las fincas LOTE 8 SILLAB Finca No. 82 folio 187 libro 23 de Primera Serie y LOTE 3 SILLAB Finca No. 67 folio 137 libro 11 de Primera Serie, ambas propiedad de la Nación desde 1960, afectando el 31% de ambas figuras registrales”, continúa el informe, que sirve de base para la denuncia presentada por la PGN ante el MP de Alta Verapaz.

La PGN, en su denuncia, señala que “tanto personas individuales como jurídicas” pueden estar realizando un “aprovechamiento ilícito” y un “despojo” sobre el Estado de Guatemala. Es decir, da por veraz la tesis de que la hidroeléctrica se está construyendo sobre un terreno propiedad de la Nación e insta al MP a investigar los posibles delitos de “falsedad ideológica, peculado y usurpación agravada”.

El auxiliar fiscal del caso, Mynor Alexander Caal Quej, ha empezado a tomar declaración a testigos, pero aún no ha sindicado a nadie. También tiene prevista una inspección ocular de la zona. Se niega a dar entrevistas bajo el argumento de que la ley le impide dar información a terceros.

Simone Dalmasso

Valeria Prado, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Oxec S.A., asegura que los terrenos “se compraron directamente a comunitarios”. Según su versión, la empresa pagó dos veces por los terrenos en los que se construye la segunda fase de la hidroeléctrica. Tras la primera adquisición, explica, se percataron de que había pobladores que reivindicaban ser los dueños, por lo que decidieron volver a pagar por las tierras para continuar con el proyecto.

La portavoz de la PGN, Ana Julia Solís, dijo a Plaza Pública que “por tratarse de un hecho judicializado”, no puede ofrecer declaraciones ni brindar más detalles del caso.

Una compraventa en dos tiempos y dos años

Las transacciones de compraventa de los terrenos se realizaron en el despacho de René Waldemar Hidalgo Sierra, en Cobán. Este es el notario escogido por Oxec S.A. para formalizar todos sus trámites, desde la compra de tierras hasta la firma de unos acuerdos suscritos en 2012 con once comunidades en los que la empresa se comprometía a darles ayuda económica a cambio de adhesión al proyecto y rechazo a quienes se opusieran.

Por orden cronológico, José David Pop Cuc, vecino de Santa María Cahabón, adquirió los terrenos ahora investigados en 2012 y se los vendió a la empresa dos años después. La extensión total es de 1,788,771.328 metros cuadrados (el equivalente a unos 250 campos de fútbol).

El primero se lo compró a Federico Sub Bolón el 19 de octubre. En la escritura pública número 426, firmada en la notaría de Hidalgo Sierra, se concreta la venta de una finca de 894.385,72 metros cuadrados (equivalente a unos 125 campos de fútbol) por Q700 mil. En el acto comparecieron como testigos dos vecinos de Sechiquil, David Ráx Maaz y Andrés Ráx Maaz, para certificar que el vendedor “está plenamente facultado por todos los miembros de la comunidad para el otorgamiento del presente instrumento”.

El caserío Sechiquil forma parte de la aldea de Salac I. Bernardo Caal denuncia que “se trata de una comunidad que se han inventado para justificar la entrega de tierras”. Asegura, este era el nombre con el que se conocía al área, pero nunca había estado registrada como comunidad ni había tenido pobladores, ya que quienes se reivindican como habitantes del lugar residen en Salac I.

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Sub Bolón asegura que “fueron los Cocodes los que negociaron” y remarca que él no es el vendedor, sino “toda la comunidad”. En conversación telefónica con Plaza Pública, afirma que se trata de un terreno registrado por Salac I, que corresponde a 45 familias que quedaron fuera de un reparto anterior. “Nuestros padres firmaron que nosotros nos quedaríamos con ese baldío”, dice. Reconoce que en el momento de vender ya sabía que la finca sería utilizada para una hidroeléctrica. Desconoce la denuncia de la PGN sobre que esas tierras son propiedad del Estado.

“La organización Madre Selva (colectivo ecologista que acompaña a los comunitarios que se oponen a la hidroeléctrica) dice que la empresa llegó a quitar nuestros terrenos, pero eso es mentira. Los dueños de la empresa llegaron a platicar a cada casa”, asegura el comunitario.

La misma fórmula de compraventa se empleó dos semanas después, el 6 de noviembre, en la venta del segundo terreno, de 894.385,662 metros cuadrados (unos 125 campos de fútbol). El precio fue el mismo: Q700 mil. En la escritura pública número 439 el vendedor, Eliceo Caal Xol, en aquel momento presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), manifiesta “que la comunidad Seasir, la cual representa, es legítima propietaria y poseedora” del inmueble que acaba de vender.

Seasir es una de las once aldeas ubicadas en la denominada “área de influencia” de la hidroeléctrica. El resto son: La Escopeta, Pulisibic, Pequixul, Las Tres Cruces, Sacaltacab, Sepoc, Sector 8, Chacalté, Salac I y Sactá.

Dos años después, tras unificar las fincas, Pop Cuc vendió la propiedad del terreno resultante a José Ernesto Batres, quien firma el protocolo en nombre de la hidroeléctrica, por Q1,4 millones. El mismo precio que había pagado Pop Cuc en 2012

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Tanto los comunitarios que venden en primera instancia como el que entrega el terreno a la empresa reconocen en las escrituras que los inmuebles carecen “de inscripción en el Registro General de la Propiedad y de Matrícula Fiscal”.

En los protocolos se especifica que lo que se vende es el “derecho de posesión sobre bien inmueble”, que es un concepto jurídico diferente de la “propiedad”. Consultado como experto en la materia, el abogado Alexander Aizenstatd explica que esta fórmula suele emplearse cuando el vendedor no dispone de título de propiedad, pero demuestra que ha tenido posesión y uso de éste desde un tiempo considerable. Reconoce que es “inusual” vender un título de posesión cuando otro tiene la propiedad, pero aclara que en Guatemala existe diferencia “entre la práctica y la ley”.

Plaza Pública contactó con el notario Hidalgo Sierra en su despacho de Cobán, pero este rechazó dar declaraciones sin autorización de la empresa.

*  *  *

En octubre de 2012, José Ernesto Batres, en representación de Oxec, y Eliceo Caal Xol, en aquel momento presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de Seasir, firmaron un acuerdo por medio del cual la comunidad se comprometía a apoyar la primera planta de la empresa a cambio de Q150 mil anuales durante 20 años. La comunidad recibió Q75 mil al momento de iniciarse las obras y otros Q61 mil en concepto de materiales para la construcción del muro perimetral de la escuela. A cambio, los comunitarios ofrecían “no entorpecer el desarrollo” de la hidroeléctrica, no apoyar a “organizaciones campesinas externas que intenten afectar el buen desarrollo del proyecto” y defender “de manera expresa” la construcción.

El acuerdo ha seguido vigente desde entonces y, de hecho, fue refrendado en diciembre de 2017, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) obligara al Ministerio de Energía y Minas a consultar a las once comunidades circundantes al proyecto, en cumplimiento con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El único elemento que se eliminó, según Valeria Prado, era la frase que condicionaba el apoyo económico al rechazo expreso a los opositores, y que fue cuestionado por la propia CC en su fallo del 27 de mayo de 2017.

Federico Sub Bolón, vecino de Salac I, quien trabaja en la planta de Oxec en turnos de diez días, asegura que la empresa ha cumplido con los convenios que firmó y con los pagos. Dice que el dinero de la venta se lo repartieron entre las 45 familias, que los fondos de los convenios llegan a las 164 de Salac I que apoyan a la compañía, mas no a la treintena que la rechaza.

 

Las disputas entre los comunitarios

Corroborar las versiones sobre quién era el propietario y cómo se desarrollaron las compraventas entre los comunitarios no es fácil. Especialmente, por el clima de tensión existente en unas comunidades divididas ante la presencia de la hidroeléctrica.

El denunciante original, Bernardo Caal Xol, sostiene que la compra de los terrenos obedece a una estrategia pactada entre la empresa y algunos pobladores “para robarse esas tierras” nacionales. En su denuncia señala que la estrategia “consistió en que las personas que planificaron ese robo se reunieron con algunos miembros de la comunidad y les indujeron para que hicieran creer en actas que esas tierras les pertenecían. A cambio de Q15 mil las familias accedieron a que un centenar de jóvenes de la comunidad, firmaran un documento en el que expresaron haber estado viviendo allí desde hace más de cien años”.

Tras dos visitas a la zona y diversas conversaciones telefónicas, la mayoría bajo condición de anonimato, se extrae que existe consenso en que el terreno lindante con el río era un “baldío” utilizado por las comunidades de Seasir y Salac I. La disputa se abre cuando algunos pobladores apoyan la decisión de la venta y otros se oponen, argumentando que se trata de tierras que debían legar a sus hijos. La discusión se incrementa cuando los pobladores comprueban que el terreno se utiliza para una hidroeléctrica, ya que algunos señalan que se les había prometido que sería empleado para la siembra. De fondo, subyace la división existente entre quienes defienden que la hidroeléctrica es un beneficio para la comunidad y los que creen que es perjudicial.

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Un ejemplo de estas disputas es la denuncia presentada el 9 de noviembre de 2015 ante la Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente de Guatemala por Tomás Caal Coy, vecino de Seasir, contra Eliceo Caal Xol, uno de los responsables de la venta del terreno. “Los vecinos de la aldea Seasir sienten miedo de denunciar las amenazas de Eliceo Caal Xol, presidente del Cocode, alcalde auxiliar de Seasir y coordinador del segundo nivel de la región Chiis, nos amenaza porque reclamamos lo que él está haciendo, vendió una parte que era un baldío de la comunidad para que trabajemos, es parte de nuestra aldea, se lo vendió a David Pop Cuc, no sabemos (por) qué cantidad, esto hace ya más o menos cuatro años. Ahora en ese baldío ya lo destruyeron”, afirma. Según su relato, este era el terreno destinado a la segunda fase de Oxec. “En el río Cahabón están construyendo una estructura, no sabemos qué van a hacer”, indica. Sobre el terreno, Caal Coy aporta más detalles. “Los repartió el señor Eliceo entre unos 40 jóvenes, este terreno lo teníamos como un área en el que nadie tenía que intervenir pues era de la comunidad y ahora lo aparceló (dividió) y se lo regaló a los jóvenes con tal de tenerlos a favor de la hidroeléctrica”.

Un repaso a los documentos oficiales firmados en las comunidades aledañas al proyecto evidencia las discusiones internas. En un acta del libro de Cocodes de Salac I, fechada en junio de 2015, tres años después de la primera venta, de la que Plaza Pública dispone de una copia, se denuncia que “desde hace más de 50 años venimos cuidando y protegiendo un baldío en riveras (riberas) del río Cahabón, baldío que está continuo a la aldea Salac I. Sin embargo, desde hace cuatro años vinieron personas conocidas y desconocidas que dijeron ser de la empresa denominada Oxek (sic) y se apropiaron de este baldío. Pedimos que las autoridades hagan las investigaciones sobre este baldío con una extensión de cinco caballerías en riveras (riberas) del río Cahabón ya que este baldío lo cuidábamos para distintas especies de animales, flora y fauna. La comunidad de Salac I, y quienes firmamos esta acta, no nos hacemos responsables de las situaciones anormales que pudieran haber hecho con el baldío en mención”.

Simone Dalmasso

Las tensiones también llegaron al caserío Sechiquil. En un acta recogida en el libro de Cocode el 25 de septiembre de 2015, se explica que el proceso de compraventa fue el siguiente: primero, fue su presidente, Federico Bolón Sub, quien pidió que se vendieran las tierras. Al no obtener una respuesta satisfactoria, días después hizo acto de presencia José David Pop Cuc, quien también instó a la venta. “La comunidad no se quedó de acuerdo con la finca hasta que la finca ofreció 20 años de trabajo para toda la comunidad, proyectos de cada año y convenio anual de un valor de Q75 mil”, indica. Finalmente, según esta acta, la empresa pagó a la comunidad Q400 mil por dos caballerías. No se especifica a qué terrenos se refiere.

En el documento se hace referencia al descontento generado por la empresa, a la que acusan de mentir a la comunidad al no confesarles que el objetivo era construir una hidroeléctrica. “Aquí finalizamos con la finca Oxec”, afirma el texto, y rechaza que la empresa ocupe sus tierras por haber mentido a los comunitarios.

Los documentos revelan que, en mayor o menor medida, existe un consenso entre los pobladores al reconocer que los terrenos eran comunitarios, lo cual no implica que no fuesen propiedad del Estado como estableció Fontierras. El más explícito es el demandante, Bernardo Caal Xol, quien afirma que “todos los habitantes de Cahabón sabemos que es tierra nacional”. Asegura que llegó a la conclusión de que se trataba de una operación irregular preguntando a los vecinos de los distintos caseríos.

El precedente de Chulac

Los terrenos que ahora son objeto de investigación pertenecieron hasta 1960 a Benjamín Champney, un finquero que al que le fueron expropiados en aquel año, según el Registro General de la Propiedad. Luego las fincas se dividieron, quedando la parte de la orilla del río destinada a “área inundable o área de embalse” y el resto entregadas a comunitarios.

Un plano elaborado por el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA), de 1982, al que hace referencia el informe de Fontierras, indica que la parte que se reservó como “área inundable” tenía como objetivo ser parte de un proyecto hidroeléctrico estatal conocido con el nombre de Chulac.

La idea original data de 1977, según un informe de la gerencia del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) de 2001, y era considerado uno de los proyectos “más promisorios del país”. En 1982 se construyeron los túneles de desvío en el estribo izquierdo. Al mismo tiempo, se detectaron problemas de estabilidad en la margen derecha del río y los consultores especiales para el proyecto consideraron que era necesario realizar estudios adicionales. La liberalización del sector de la energía decretado en 1996 por el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000) hizo que Chulac se incluyese en un catálogo en el que el Ejecutivo buscaba inversores para sacar adelante diferentes hidroeléctricas. En este informe se valora la opción que construir una presa que generara 440 megawatts (MW) o una más reducida de 340 MW. En este momento ya se barajaba la opción de una iniciativa público-privada. Esto la hubiese convertido en la mayor hidroeléctrica de Guatemala, ya que actualmente la que genera más energía es Chixoy, con una potencia de 300 MW.

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El plan, finalmente, fue descartado, aunque el INDE no concreta cuándo lo desechó. Hasta 2010 existen registros en Guatecompras sobre la salida a concurso de estudios sobre el proyecto, lo que lleva a pensar que fue hace ocho años cuando el Gobierno de la República decidió no seguir adelante. Fredy López, vocero del INDE, explica las razones para descartar esta hidroeléctrica. La primera, que “la evaluación concluyó que el proyecto, de la forma en la que está concebido, no se considera factible técnica ni económicamente”. Además, “los materiales de serpentinita presentes en la fundación de la presa son extremadamente deficientes para cimentar una presa de las características de Chulac; en relación con los túneles de aducción de carga para el proyecto se considera que el esquema adoptado tampoco es adecuado; la excavación de los túneles de presión se puede ver afectada por la presencia de cavernas y agua de filtración asociadas a las rocas calizas; adicional a los problemas técnicos los análisis económicos y financieros realizados para este esquema, indican que el proyecto además no es económica ni financieramente atractivo”.

Preguntado sobre cómo explica que en el mismo terreno en el que el INDE descartó una hidroeléctrica se ubique ahora un proyecto de la misma naturaleza, López asegura que su institución desconoce el caso, ya que es al Ministerio de Energía y Minas (MEM) a quien corresponde dar el visto bueno. No obstante, existe una gran diferencia en el tamaño de ambas infraestructuras, ya que una preveía generar entre 340 y 440 MW y Oxec generará 45 MW.

Después de que el proyecto Chulac cayese en saco roto, en Fontierras no hay constancia de que ninguna comunidad reclamase la propiedad de los terrenos a orillas del río Cahabón ni iniciase ningún procedimiento para su registro legal.

Simone Dalmasso

A pesar de ello, entre 2012 y 2014 se produjeron las compraventas, y el MEM dio el visto bueno al proyecto. En la actualidad más de 200 personas trabajan para que la segunda fase de la hidroeléctrica Oxec comience a generar energía pasado el ecuador de este año.

Una hidroeléctrica condicionada por la sentencia de la Corte de Constitucionalidad

La segunda fase de Oxec se ubica en una finca de 1,788,771.328 metros cuadrados (el equivalente a unos 250 campos de fútbol), en la zona de confluencia de los ríos Oxec y Cahabón, en Alta Verapaz. Los terrenos se encuentran en el cauce del segundo de estos ríos, donde la empresa Oxec S.A., construye una presa con la que generará 45 MW de potencia. Según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado ante el MEM el 27 de enero de 2014, la inversión prevista era de Q1,117,066,345.22.

La primera fase comenzó a operar en noviembre de 2015, tras recibir el permiso en 2013. Está ubicada a lo largo del río Oxec y genera la energía a través de una caída de agua en el punto en el que este confluye con el río Cahabón. Su EIA especificaba una potencia de 30 MW y una inversión prevista de Q617,7 millones.

Los permisos para las dos hidroeléctricas fueron firmados por Erick Archila Dehesa, en aquel momento titular de la cartera. El exministro, prófugo de la justicia desde 2016, es reclamado por las autoridades guatemaltecas por su vinculación con el caso denominado “La Cooperacha”. El MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) le acusan de los presuntos delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. Actualmente se encuentra en EE.UU.

Oxec S.A. y Oxec II S.A. son propiedad de Energy Resources Capital Corp, una compañía radicada en Panamá. Se trata de una empresa con fuerte componente familiar. Su presidente es Carlos José Alfredo González Asturias; su secretario, José Ernesto Batres González; tesorero, José Luis Alfredo González Solé; vicepresidenta, María del Carmen González Asturias; vocal, Juan Bautista Ramírez Steller I; vocal, Javier de la Riva Rohrmoser II. Todos ellos tienen cargo de director. El organigrama se completa con Isca Grajales Castillo y Davis Arrocha Medina como suscriptores, según la entrada más reciente del Registro Público de Panamá

Según el Registro Mercantil de Guatemala, los principales responsables de Oxec han sido José Ernesto Batres González, quien ejerció como administrador único hasta noviembre de 2015 en el caso de la primera empresa, y hasta mayo de 2013 en la segunda; y Luis Arnoldo Calderón Chavarría, quien pasó a ocupar el cargo de Batres tras ejercer como gerente ambiental administrativo. En el registro todavía aparece una tercera empresa, Oxec III, dirigida entre los dos, pero de la que no existe constancia sobre planes de construcción.

El pasado 22 de enero, José Ernesto Batres y Luis Arnoldo Chavarría fueron citados por un juzgado de Cobán para declarar por la presunta tala ilegal de árboles. La jueza, Úrsula Tellul, acordó un criterio de oportunidad para el segundo de los sindicados, exonerando al primero. La empresa fue obligada a pagar Q2 millones 351 mil 752,85 en concepto de resarcimiento medioambiental, y Q1 millón 978 mil 930,88 por resarcimiento social. Además, deberá reforestar una extensión de 43 hectáreas y pagar mejoras en el hospital de Cobán, la clínica y la escuela de Santa María Cahabón.

Bernardo Caal, en prisión

El promotor de las tres denuncias presentadas contra Oxec (la que protestaba por la falta de consulta, la de la tala de árboles y la de la construcción en terreno nacional), Bernardo Caal Xol, se encuentra detenido desde el pasado 30 de enero. Desde diciembre pesaba sobre él una orden de captura por cuatro supuestos cuatro delitos: robo agravado, instigación a delinquir, amenazas y detenciones ilegales. La demanda fue interpuesta en junio de 2017 por Estuardo González Ruiz, Fernando Barrios García, Milton Orlando Barrios Ruiz, Oscar Giovani Cordón Duque, empleados de Netzone S.A., empresa encargada de la construcción de Oxec, quienes acusan al líder comunitario de dirigir una protesta de comunitarios opuestos a la hidroeléctrica ocurrida en 2015, en la que fueron retenidos y robadas sus pertenencias.

Un juez de Cobán ordenó prisión provisional para Caal Xol y fijó su audiencia de etapa intermedia para el 19 de abril. En el auto de procesamiento se le sindica por los delitos de detenciones ilegales con circunstancias agravantes y robo agravado.

Lee también: Entregarse al juez para llamar a la consulta sobre Oxec

Su defensa está a cargo del abogado Hugo Archila, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos. “Le acusan de un supuesto robo que se realizó a empleados de la hidroeléctrica el 15 de octubre de 2015, pero hasta junio de 2017 no presentan la denuncia. Eso no es posible”, explica. Añade que la descarga de los bienes presuntamente robados se realizó en 2017, dos años después de los hechos, en un momento en el que se habían producido varias resoluciones contrarias a hidroeléctricas, lo que le lleva a pensar que se trata de un “montaje”.

Valeria Prado, responsable de comunicación y sostenibilidad de Oxec, niega que ellos estén detrás del encarcelamiento de Caal Xol. “No tenemos absolutamente nada que ver, no fuimos nosotros”, asegura.

Caal Xol estuvo en busca y captura por otro proceso en su contra hasta que se presentó ante el juez en julio de 2017. En aquel momento le acusaban de “estafa” al Estado: el MP le señalaba por, supuestamente, no haber acudido a su puesto de trabajo como maestro. En una vista celebrada en Cobán, el líder campesino se declaró inocente, defendiendo que su labor en ese momento era de dirigente sindical, algo que estaba acreditado ante el ministerio de Educación. Quedó libre, aunque con cargos.

Simone Dalmasso

El 30 de enero, en el momento de ser arrestado, Caal Xol se declaró “preso político” y llamó la atención sobre el diferente trato que, a su juicio, reciben los activistas como él o los acusados de corrupción. “Yo voy a la cárcel, no importa por cuánto tiempo, pero es para demostrar que los q’eqchies tenemos mucha dignidad y, por lo menos, poder vencer la corrupción que impera en todas las instancias gubernativas en Guatemala, desde el ministerio de Energía y Minas hasta el concejo municipal de Santa María Cahabón”, afirmó.

El proceso en contra de Bernardo Caal se ha desarrollado mucho más rápido que los procedimientos contra la hidroeléctrica derivados de sus denuncias. 

La PGN señala que “tanto personas individuales como jurídicas” pueden estar realizando un “aprovechamiento ilícito” y un “despojo” sobre el Estado de Guatemala.
Un plano elaborado por el INTA en 1982, indica que la parte que se reservó como “área inundable” tenía como objetivo ser parte del proyecto hidroeléctrico Chulac.
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