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Un juicio sin juez

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Un juicio sin juez, en pausa. Los abogados defensores de los generales en retiro, Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, han logrado, tras recusar a la juez presidente del tribunal B de Mayor Riesgo, Jeannette Valdés, detener el inicio de debate por el delito de deberes de la humanidad y genocidio. El nuevo juez será propuesto por los magistrados de Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo.

La estrategia de la defensa fue presentarlo —ya no sólo en papel o en certificados— realmente enfermo. Cómo un enfermo terminal.
La juez Valdés se defiende. Defiende su tesis como quizá nunca lo hizo ante sus examinadores en la universidad. “Es una opinión académica, no jurídica”, justifica.

Después de casi dos años de espera –19 meses en total– los generales en retiro José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez regresaron a los tribunales de justicia para enfrentar un nuevo juicio, ambos acusados de delitos contra deberes de la humanidad y genocidio. Ambos citados a una audiencia para iniciar desde cero. Repetir todo el proceso, luego de que el 20 de mayo de 2013, la Corte de Constitucionalidad –aun con una sentencia dada y un juicio concluido– decidiera que la defensa de Ríos Montt había sido vulnerada luego de la expulsión de su abogado, Francisco García Gudiel, el primer día de debate.  

Y así, junto a los acusados, este 5 de enero de 2015 regresaron todos sus abogados. Un comando jurídico armado de amparos y apelaciones, de estrategias legales, recursos técnicos, para cuestionar cualquier opinión que provenga de jueces, fiscales, tribunales y magistrados. Al frente, Francisco Palomo. A la diestra: Jaime Hernández y Luis Rosales. En el apoyo táctico: César Calderón. Asesoría: Danilo Rodríguez y Marco Antonio Cornejo. Y Francisco García Gudiel que sólo estuvo junto al equipo antes de la audiencia.

Antes de empezar el nuevo juicio, los abogados defensores ya habían adelantado algunas jugadas: Una solicitud de José Mauricio Rodríguez Sánchez para cambiar el hospital/prisión por su ahora casa/prisión. Un Ríos Montt enfermo (“aquejado de las vértebras y los ojos”, según la defensa). Una recusación en contra de Edith Pérez, una de las tres magistradas de la Sala Primera de Apelación que debe emitir opinión sobre la posibilidad de amnistía. Y había ya sugerido una carta bajo la manga: Una recusación en contra de la juez, Irma Jeannette Valdés, presidenta del Tribunal B de Mayor Riesgo a cargo del nuevo proceso debido a su tesis de maestría en torno al delito de genocidio… En resumen, un combo denso en recursos. Planteados, cada uno, justo antes del inicio de debate.

“De lo que se trata es de mantener limpio el proceso, sin vicios”, explicaba, elocuente, el abogado Jaime Hernández. “Nada es para dilación ni entorpecer el debate”, argumentaba, ante la ausencia de uno de los acusados. “El general (Ríos Montt) tiene problemas de salud. El tribunal deberá tomar en cuenta su situación”, indicaba.

Frente a ellos, a tan sólo unos cuantos pasos de los abogados defensores, el otro bando también continuaba intacto. Un Ministerio Público integrado por los fiscales Hilda Pineda y Salvador López. Los abogados querellantes: Édgar Pérez de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR); y Héctor Reyes, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh).

Lo que cambiaba ante el primer proceso, no obstante, era la forma en que estaba integrado el tribunal. Con las jueces Jeannette Valdés, Sara Yoc Yoc y María Eugenia Castellanos. Y en todo caso serían los mismos testigos, los mismos peritos, las mismas voces, las mismas pruebas, una tras otra, para llegar a una sentencia. Este era el comienzo de un nuevo juicio.

Sandra Sebastián

Iniciar sin nada

Si iniciar una primera vez fue difícil, empezar de nuevo lo ha sido más. De entrada, tras dos horas de retraso –a causa de la ausencia de todo el expediente–, Efraín Ríos Montt, enfermo no estaba presente. No había llegado y no llegaría sino hasta más tarde y de un modo nada glamoroso, sin brío y apenas fuerza, muy lejos de lo que fue hace 34 años. La defensa tenía excusa médica, certificados médicos, diagnósticos también médicos para justificar su ausencia. Pero en esencia, los abogados defensores no tenían el permiso del tribunal para representarlo así, jurídicamente, y menos a distancia, él desde su casa. “El tribunal tendrá que ordenar al Inacif (Instituto Nacional de Ciencias Forenses) que examine al General. No puede estar en audiencia”, indicaba, tranquilo, muy tranquilo, Jaime Hernández.

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Y las jueces, primero Valdés, y luego secundada por Castellanos y Yoc Yoc, explicaron que iniciar debate sin uno de los acusados no era posible. Y sorpresa, nada de Inacif, y nada de revisar expedientes médicos, para casi de inmediato emitir una orden: "Se fija un plazo de una hora para que el acusado José Efraín Ríos Montt acuda a la audiencia, ya que tiene obligación de presentarse a las citaciones que este tribunal le haga", mandó la presidenta del tribunal, directamente a la defensa.

Ríos Montt debía, sí o sí, acompañar a Rodríguez Sánchez en el inicio de debate.

Inmóvil, en camilla, una hora más tarde, cubierto por completo con una manta, con protectores negros en los ojos, el ex jefe de Estado, ex comandante general del ejército, entraba por los sótanos de tribunales. La estrategia de la defensa fue presentarlo —ya no sólo en papel o en certificados— realmente enfermo. Cómo un enfermo terminal. Un estado inerte en el que Efraín Ríos Montt, acompañado de su hija, la exdiputada Zury Ríos, escucharía (o quizá no) el desarrollo de toda la audiencia, durante más de tres horas, justo detrás de sus abogados defensores.

La tesis como el final del comienzo

Completos, todas y cada una de las partes, dentro de la sala, el tribunal dio la señal del inicio de debate (más de seis horas para llegar a ese punto). La juez Valdés, primero, desde su butaca, inició con una especie de bendición con Deuteronomio 16 y 17, – “en nombre de Jehová”, dijo–. Y segundo: lamentó tener que entrar a conocer una recusación en su contra. Una recusación como estrategia de la defensa. Una solicitud puntual para que ella, la juez Valdés, se apartara de todo el caso.

La recusación iba sobre esto:

—La juez Valdés, en el año 2004, había realizado una tesis sobre el delito de genocidio.

—Escribió: “En 1981, la represión se vuelve muy sangrienta y se inicia la política de Tierra arrasada, que consistió en la ofensiva estratégica del Ejército contra las áreas del altiplano indígena. El Ejército, desde que inició la ofensiva, atacó a la población”.

—Acerca del periodo en que Efraín Ríos Montt fue presidente, la juez indica: “En esa época se desarrolló una campaña de exterminio masivo que se realizó a través de diversas acciones como: quema de aldeas completas con seres humanos, animales, cosechas, casas.”

La defensa dice que la tesis entera contiene una opinión sesgada sobre el delito por el que se acusa a los generales en retiro.

La juez Valdés se defiende. Defiende su tesis como quizá nunca lo hizo ante sus examinadores en la universidad. “Es una opinión académica, no jurídica”, justifica.

Ríos Montt no emite ni un solo sonido, ni un solo movimiento durante la argumentación de la Juez presidente. ¿Duerme?

Rodríguez Sánchez mira aburrido el techo de la sala de audiencias.

“No se emite opinión sobre este proceso porque, en esencia, no se refiere a este proceso”, argumenta la juez. “Los hechos que se explican en la tesis fueron tomados únicamente como fuentes bibliográficas”.

Gerardo del Valle

El Ministerio Público está de acuerdo con la juez. Querellantes adhesivos —AJR y CALDH— también. “Es académico, no jurídico”. “La recusación es extemporánea, fuera de tiempo, se debió recusar inmediatamente, cuando fue integrado el tribunal, hace casi dos años”, dice el abogado Édgar Pérez.

Defensa: Luis Rosales: “Es una opinión. Tenemos derecho a desconfiar de la juez Valdés. No sería imparcial. Su opinión en esta tesis es una opinión emocional, con una hipótesis que intenta validar con una investigación académica. En este caso el delito de genocidio en Guatemala”.

Un tribunal sin presidente

Hay una pausa —la sala llena, la gente se aglomera, la prensa atenta— cuando las partes terminan la ronda de argumentaciones. El Tribunal —la juez Castellanos y la juez Yoc— sostienen un debate interminable, revisando sus computadoras. La juez Valdés —apartada un tanto de sus compañeras— ha dicho ya que no hay problema con la tesis, su tesis “Criterios para una mejor aplicación del delito de genocidio”. El Tribunal —salvo la juez presidente— no se ha pronunciado, no hay fallo ni resolución definitiva todavía. Es el último detalle para que inicie el juicio. En el que se llamarán a los querellantes; llamarán a cada acusado —Ríos Montt y Rodríguez Sánchez— y podrán rendir, o no, una primera declaración sobre el delito que les imputan. Pasarán los primeros testigos (más de 90), los peritos (más de 10)…

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Pero, tras casi una hora de espera, el tribunal anuncia que ha llegado a una conclusión. Por mayoría: dos contra uno. La tesis “Criterios para una mejor aplicación del delito de genocidio” es una opinión sobre el delito de genocidio que se está juzgando. Sara Yoc y María Eugenia Castellanos han votado en contra de los argumentos de la juez Valdés. La recusación para sustituir a la juez presidente, apartarlas del caso, es aceptada. La estrategia de la defensa ha funcionado. El juicio por delitos contra deberes de la humanidad y genocidio, una vez más, se ha detenido.

Rodríguez Sánchez y Ríos Montt no escucharán, por ahora, la acusación en su contra por su presunta responsabilidad en la muerte de 1,771 víctimas ixiles. No volverán a ver otra vez, por el momento, uno tras otro (muchos de ellos ancianos) a los testigos de las masacres en el área de Chajul, Cotzal y Nebaj, en Quiché. No recordarán, de momento, nada de su gobierno de facto que inició con el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982 y terminó el 8 de agosto de 1983. Y nadie, a causa de la ausencia de un juez presidente, hablará de violaciones sexuales durante el conflicto armado, exhumaciones, desapariciones forzosas, tampoco de los planes militares de aquellos años (Victoria 82 y firmeza 83).

Tras la resolución del tribunal B de Mayor Riesgo, la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, presidida por la magistrada Anabella Cardona, deberá buscar a un juez que sustituya a Jeannette Valdés frente al caso de genocidio y delitos contra deberes de la humanidad. Sin juez que complete el tribunal el juicio se ha detenido. Los abogados defensores, con Jaime Hernández a la cabeza, argumentan que el tiempo para que un nuevo juez integre el tribunal podría prolongarse hasta 2017. Los querellantes, como el abogado Édgar Pérez, señalan que el nuevo juez, un suplente, debe asumir de forma inmediata. La fiscal Hilda Pineda estima que el tiempo para que la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo nombre a un nuevo juez es indefinido. No obstante, el artículo 132 de la Ley del Organismo Judicial indica que “por impedimento, escusa o recusación legalmente declarada de alguno de los magistrados de cualquier tribunal colegiado, se llamará a los respectivos suplentes. Si aun así no se integrara el tribunal, se llamará a los suplentes de otros tribunales. Pero si por algún motivo no previsto no se pudiere integrar el tribunal, el asunto se remitirá a la presidencia del Organismo Judicial —a cargo de Josué Baquiax Baquiax—, para que en el plazo de tres días designe al que deba seguir conociendo”. Para, una vez más, reanudar el inicio de este segundo debate en contra de los generales Mauricio Rodríguez Sánchez y Efraín Ríos Montt acusados de delitos de deberes de la humanidad y genocidio. Mientras tanto, los acusados vuelven a casa.

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