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Un amanecer militarizado en San Rafael
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Opinión

Un amanecer militarizado en San Rafael

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El 11 de noviembre del año pasado se realizó una consulta comunitaria en donde el 98 % de la población de Mataquescuintla, Jalapa dijo NO a la exploración y explotación minera en su municipio.

Esta mañana de mayo nos levantamos con la noticia de la imposición de 30 días de Estado de Sitio en cinco municipios de Jalapa y Santa Rosa. Es decir, nuevamente los conflictos sociales de este país se resuelven con la presencia del ejército y no a través de negociaciones que tomen en cuenta el sentir y las necesidades de la gente.

Trato de entender y leo las noticias que aparecen en los medios de comunicación social del país. En elPeriódico leo que Roberto González, presidente del Parlamento Xinca, explica que la Minera San Rafael tendrá una extensión de 250 kilómetros cuadrados, que la explotación no es a cielo abierto sino por túneles bajo tierra, y que ya hay manantiales en Miramundo, Jalapa, que empezaron a secarse.

Leo también que Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, indica que “no tengo porqué sentarme a dialogar con alguien que cometió un ilícito”. Supongo que se refiere al hecho ilícito de una compañía extranjera avalada por el gobierno de Guatemala que insiste en explorar los minerales de la región sin tomar en cuenta a ese 98% de la población que, al igual que ha sucedido en otras partes del país, se resiste a que sus territorios —que son los nuestros también— sean explotados, a que su gente sea explotada y utilizada para el enriquecimiento de otros. Porque ¿acaso las mayores ganancias de este tipo de negocios no van a parar siempre a unas pocas manos extranjeras? —con su correspondiente reconocimiento a los cómplices nacionales, claro.

Llevo escuchando mucho tiempo cómo las mineras se defienden y aluden a los enormes beneficios de las poblaciones a las que invaden de maneras pseudolícitas, porque, claro, alguien les ha dado permiso para hacerlo. Pero basta echar una mirada a las consecuencias medioambientales y sociales de esos espacios para darse cuenta de que todo es una vil mentira. Frustra mucho, además, tener que ver cómo los campesinos y los líderes de las comunidades acaban satanizados siempre por las minerías, el gobierno y, muchas veces, los mismos medios de comunicación social. En la edición de Prensa Libre de esta mañana leo la justificación para este Estado de Sitio: “esta decisión se da en base a una serie de hechos graves de sabotaje, afectando la actividad productiva de personas individuales y jurídicas, se ha desapoderado violentamente de material explosivo para uso particular, se ha atentado violentamente contra la autoridad militar y civil y se ha reducido la movilidad de los ciudadanos bloqueando las carreteras de acceso a dichos municipios, lo cual pone en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado”.

¡Por favor! ¿Qué puede poner en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado sino la incapacidad de los empresarios y el gobierno en relación con las verdaderas necesidades de los ciudadanos? En lugares como Jalapa no son precisamente minas las que se necesitan para asegurar el desarrollo de sus pobladores. Y por favor no me vengan a decir que una mina se traduce en empleos y mejoras de vida para la gente, que eso lo llevamos escuchando durante miles de siglos en esta Guatemala colonizada en donde lo que impera es la pobreza, el descontento y la impunidad.

¿Qué puede poner en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado sino la incapacidad de los empresarios y el gobierno en relación con las verdaderas necesidades de los ciudadanos?
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