La municipalidad de Santa Catarina Pinula fue la última en contratar, en enero de 2015, los servicios de Canchas Deportivas de Guatemala S.A., una empresa propiedad del exsecretario privado de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón Rojas, prófugo de la justicia desde el pasado 16 de abril, luego de que la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) lo señalara de ser el principal líder identificado de una red de contrabando y defraudación fiscal y, que según las investigaciones, recibía sobornos de aproximadamente Q.2.5 millones a la semana.
Canchas Deportivas es una empresa dedicada a la prestación de servicios relacionados con el deporte, principalmente canchas y pistas. Fue fundada en 2006 por Juan Carlos Monzón Rojas y hasta 2011 ya había recibido más de Q17,854,805.10 por contratos de diferentes instituciones del Estado.
En 2012, cuando Monzón Rojas fue nombrado secretario privado de Roxana Baldetti, éste cedió la representación legal y gerencia general de Canchas Deportivas a María del Carmen Valencia Espinoza, quien a su vez, en agosto de 2013, la otorgó a Winston Leonel López Chupina. Según información publicada por el diario elPeriódico, Monzón Rojas sigue siendo propietario de Canchas Deportivas, y de acuerdo a lo constatado en el Registro Mercantil esa empresa no ha registrado cambio de accionistas en los últimos tres años.
El artículo 19 de la Ley de Probidad, prohíbe a los funcionarios públicos “recibir directa o indirectamente, beneficios originados de contratos, concesiones o franquicias (o) que celebre u otorgue el Estado, sus organismos, las municipalidades y sus empresas o las entidades autónomas y descentralizadas”.
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Las últimas instituciones del Estado que beneficiaron a Canchas Deportivas con contratos, fueron el Ministerio de la Defensa y la alcaldía de Santa Catarina Pinula, cuyo primer contrato a esta empresa se celebró en junio de 2011, un mes después de que su alcalde, Antonio Coro, iniciara su primera campaña electoral con el Partido Patriota. Se trata de la instalación de una pista de gravilla sintética en la aldea Don Justo, por Q360 mil. Canchas Deportivas fue el único oferente de ese proceso. El último contrato le fue otorgado a la empresa de Monzón Rojas en enero de este año por un monto de Q78 mil, por el mantenimiento de la cancha deportiva en Don Justo.
Coro, hombre de confianza de Baldetti, dejó su puesto al frente de la alcaldía de Santa Catarina Pinula en febrero de este año y su nombre fue mencionado dentro del Partido Patriota (PP) como candidato a alcalde da la capital, diputado distrital e incluso candidato presidencial tras la salida de Alejandro Sinibaldi. Sin embargo, Coro niega esa posibilidad. “No lo creo”, dijo a Plaza Pública, a través de una conversación vía Whatsapp. Cuestionado sobre el contrato de Canchas Deportivas respondió que cuando se realizó el contrato el representante legal no era Monzón Rojas. Reconoció conocerlo, pero aclaró que no tiene ninguna relación con él.
Canchas deportivas para el Ejército
Otra de las instituciones que contrató los servicios de Canchas Deportivas de Guatemala cuando Monzón ya ocupaba el puesto de Secretario Privado de la Vicepresidencia, fue el Ministerio de Defensa. Esta institución adquirió en mayo de 2014 los servicios de esta empresa para la instalación de material sintético en la pista de entrenamiento físico del Comando Superior de Educación del Ejército (COSEDE), ubicado en el kilómetro 5.5 de la carretera al Atlántico.
Esta compra, de Q2,417,520.94, no se realizó por medio de un concurso de licitación pública, sino que fue efectuada por el método de compra de “excepción” basándose en un precepto recogido en el artículo 44 de la Ley de Compras y Contrataciones, el cual faculta al Ejército a realizar compras por excepción en todas las adquisiciones que realice. El contrato fue adquirido entre el general Jorge Guillermo Cifuentes López, viceministro de Defensa, y Winston Leonel López Chupina, en calidad de gerente general y representante legal de Canchas Deportivas.
El Ministerio de Defensa también contrató los servicios de Canchas Deportivas en cuatro ocasiones en 2012 por un total de Q82,905, para la reparación de cuatro canchas de tenis, sin especificar cuáles.
Pero ésta no es la única empresa vinculada al señalado hasta ahora como cabecilla de la red de defraudación y contrabando aduanero que abasteció al Ministerio de la Defensa. En base a información recogida en el portal de compras del Estado, Guatecompras, el ministerio de la Defensa contrató 37 veces los servicios de Comercial y Servicios Ross entre 2013 y 2014 por un total de Q477,816.66 para abastecimiento de carne para la institución armada.
Comercial y Servicios Ross está representada por Rossana Luz Girón González, quien también aparece como representante legal de Integral de Servicios y Comercio S.A, antes representada por Monzón Rojas y que tiene el mismo domicilio fiscal que Canchas Deportivas.
Integral de Servicios y Comercio, de hecho, fue fundada en 2001 por Rossana Luz Girón González y Manuel Roberto Matzer Díaz, presidente de la Federación de Baloncesto dentro de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG). Según información del Registro Mercantil, la auxiliar de comercio de Integral de Servicios es Rossana Lucía Monzón Rojas, hermana del exsecretario privado de Roxana Baldetti.
El coronel Rodríguez Cifuentes, vocero del Ejército, dijo a Plaza Pública que cuando la empresa realizó el contrato para la instalación de la pista de entrenamiento, en mayo de 2014, Monzón Rojas ya no era el representante legal de Canchas Deportivas, sino que ésta era representada por Winston Leonel López Chupina. Cuestionado por el hecho de que Monzón seguía siendo accionista de esa empresa, Rodríguez indicó que una compañía tiene muchos accionistas y que ellos no podían saber que esta pertenecía a Monzón.
—¿Por qué se le concedió a Canchas Deportivas un contrato por medio del mecanismo de compra directa y no por licitación? —se le pregunta al portavoz del Ejército.
—Usted antes me habló de una fecha de 2012. Ahí hay un dato importante: En 2012, cuando este señor (Monzón Rojas) era el representante legal no se celebró el contrato. Se celebró hasta que el representante legal era Winston Leonel —responde Rodríguez.
—Entonces, ustedes ya sabían que Juan Carlos Monzón había sido representante legal de esa empresa. —se insiste.
—En este tema, es la presunción de inocencia que prevalece la ley para cualquier persona. En este tiempo esta persona estaba en sus plenos derechos que le daba la Constitución, es ahora que se da el problema —evade el portavoz castrense.
—¿Ustedes sí sabían que la empresa pertenecía a Juan Caros Monzón? —se le pregunta de nuevo.
—Yo, como vocero le explico lo que está escrito, y la relación contractual que tuvimos con el representante legal en mayo de 2014 fue con Winston Leonel López Chupina.
Cuestionado por la compra de Q490,000 de carne a Rossana Luz Girón, socia de Monzón, el coronel Rodríguez indicó desconocer el tema y señaló que la empresa que le proporciona los servicios de alimentación al Ejército se llama Alimentación y Servicios, representada por Jorge Manuel Rodríguez.
Los principales contratistas de Monzón
Canchas Deportivas de Guatemala e Integral de Servicios y Comercio, se beneficiaron de contratos millonarios de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) entre 2006 y 2009. En esos años la CDAG recibió impugnaciones de un total del 94% de los gastos de inversión por parte de la Contraloría General de Cuentas en base a sus informes anuales. Y pasó a investigación por parte del Ministerio Público, por una red de corrupción que habría malversado recursos millonarios destinados a obras e infraestructura deportiva que nunca se realizaron, pero de los que fueron beneficiadas empresas y organizaciones no gubernamentales.
La mala gestión de la directiva que se encontraba al frente de la CDAG salió a la luz en febrero de 2012, cuando el propio presidente Otto Pérez Molina hizo pública una red de corrupción dentro del deporte que se habría robado Q300 millones. En aquel momento, Roxana Baldetti, quien ya contaba con Monzón Rojas como secretario privado, se adelantó a los hechos y denunció una red de corrupción dentro del deporte que habría robado, según indicó en aquel momento, Q700 millones. Baldetti pidió la destitución del viceministro de Cultura, Devik Osorio, quien ocupó una vocalía en la gestión de la CDAG entre 2006 y 2009, y la de Gerardo Aguirre, entonces director general de educación física (DIGEF) y recién electo presidente de la CDAG. La Vicepresidenta no hizo ninguna referencia a que las empresas que estaban involucradas en esta red de corrupción pertenecían a Monzón, el hombre que hacía un mes ella había colocado a su lado como Secretario Privado.
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Según información de Guatecompras, Monzón prestó servicios a la CDAG entre 2007 y 2009 a través de Canchas Deportivas por un total de Q9,338,392.34; mientras que Administradora Integral de Servicios abasteció a la CDAG por Q2,312,464.40. Todos estos contratos fueron contraídos entre Monzón y José Alex Dwight Moncrieff Ramírez, quien ocupaba el puesto de gerente interino y representante legal de la CDAG.
Según una nota publicada por elPeriódico, Monzón era quien llevaba “la batuta” en las compras que efectuaba la CDAG. Canchas Deportivas, además, recibió en 2009 un contrato de la Universidad San Carlos para instalar una cancha deportiva en zona 13 por un monto de Q3,237,528.84, y otro de la Asociación de Desarrollo Interinstitucional y Comunitario (ADESISCO) para la instalación de una cancha en los Campos de Marte por Q3,939,040.00.
Adesico, una de las ONG cuestionadas, que realizó millonarias contrataciones para todos los municipios que rodean Guatemala, tenía en aquel momento como representante legal a Cristian Adolfo Pérez Guerra, uno de los testaferros del alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano.
Otra de las instituciones estatales que más se abasteció de los servicios de Canchas Deportivas y de Integral de Servicios y Comercio fue la empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, que entre 2009 y 2010 contrató servicios para el abastecimiento de prendas de Integral de Servicios por Q1,108,922, y de Canchas Deportivas por Q738,533.42.
El subgerente general del Puerto era en aquel entonces, Hugo Roberto Arriaga Padilla, quien según los contratos fue el representante de la Portuaria y quien firmó los contratos con Juan Carlos Monzón, como representante de ambas empresas. Arriaga Padilla es asesor jurídico en Aeronáutica Civil. Su esposa, Karla Gutiérrez Herrera de Arriaga, fue representante del Colegios de Abogados en las Comisiones de Postulación y se volvió noticia después de ser vista sacando fotografías a los expedientes de los candidatos. Los administradores de Santo Tomás de Castilla fueron otros de los implicados en la red de contrabando por la que ahora Juan Carlos Monzón está prófugo.