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Municipios solos, sacudidos, sin el Estado
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Municipios solos, sacudidos, sin el Estado

El polvo cae frente a una imagen de Jesucristo.
Los pobladores de San Marcos inhalan el polvo de lo que antes eran casas.
El polvo se introduce hondo.
Decenas de casas son demolidas.
El peligro es latente por las construcciones.
Varias familiares tuvieron que abandonar sus casas.
Pobladores de San Marcos deben pedir un préstamo para la reconstrucción de sus viviendas.
Las grietas recuerdan el día que se sacudió San Marcos.
La familia López perdió su casa.
Hermelindo Fuentes Orozco ante los restos de su casa.
Brenda Poyoy debe alquilar porque su casa se destruyó.
Juana Maldonado usaba su casa para vivir y para su negocio.
Juan Alvarado y Esperanza Velásquez recogen lo que quedó de su casa.
Esperanza Velásquez consuela a su hija.
Consuelo Velásquez ayuda a levantar el adobe que formaba su casa.
El presidente Otto Pérez visitó las zonas afectadas de la cabecera de San Marcos.
Soldados custodian la caravana presidencial.
Vista panorámica de Tajumulco, municipio de San Marcos.
Un policía municipal acompaña a voluntarios en Tajumulco.
Agentes municipales brindan seguridad a voluntarios que realizarán encuestas en Tajumulco.
Un agente municipal.
Un hombre observa lo que antes fue la sede de la Policía Nacional Civil.
Un niño muestra las grietas que el terremoto dejó en el suelo de su casa.
Muchas casas de Tajumulco están agrietadas.
Troncos de árboles sostienen las paredes de abode para que no caigan.
La cocina fue destruída por el terremoto.
El adobe es el material con el que construyen muchas familias de Tajumulco.
Un tronco de árbol sostiene la pared del dormitorio de la familia López.
Un niño sostiene una lata de frijoles.
Plantas de marihuana.
Plantación de amapola.
La plantación de amapola a lado de las milpas de maíz.
Las flores del amapola.
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Polvo. Los buldózers que destruyen casas levantan polvo. El polvo que se introduce hondo en cada respiración (te hace toser, sacar sangre de la nariz… cerrar los ojos). Eso pasa: destruyen, unas tras otra, las casas-en-peligro-de-caerse-encima-de-la-gente.

“Llevamos 17 casas en menos de tres días”, dice Arturo Ramírez, orgulloso, entre el polvo, contratado por una empresa constructora no para construir sino para dirigir demoliciones.

Es una escena que se repite, calle tras calle, polvareda tras polvareda, cuando ha pasado poco más de una semana desde el terremoto. El sismo de 7.2 grados, que el 7 de noviembre sacudió desde el suroccidente de Guatemala, que fue sensible en el Distrito Federal mexicano y una gran parte de Centroamérica, que destruyó, además, decenas de viviendas en el departamento de San Marcos, donde estuvo su epicentro. Dejó inhabitables cientos de casas en Quetzaltenango, Huehuetenango, Sololá, Totonicapán, Suchitepéquez, Retalhuleu, Quiché y Chimaltenango; 127 municipios afectados en once departamentos del territorio guatemalteco, el 38 por ciento de municipios del país.

Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred): “Por el momento –17 de noviembre– son 3,409,188 personas afectadas; 22, 215 damnificados; 30, 479 evacuados; 9, 831 personas albergadas; y alrededor de 2,800 viviendas con daños leves, moderados y severos”.

En el centro de San Marcos, hay cientos de hogares todavía por demoler.

La máquina alza su brazo hidráulico y su pala metálica oscila, amenazante, contra lo que queda de pared en el interior de una casa. Golpea.

El golpe produce un sonido macizo, seco; detrás, los escombros que caen; detrás, una pequeña muchedumbre de vecinos que se abalanza sobre el lugar y, como un ejército de hormigas frente a un insecto muerto, quitando patita por patita, hacen que desaparezca la casa por completo; lo poco que quedaba de ella. Los vecinos se llevan láminas, vigas, ladrillos, arrastran madera, piedras, hierros, inodoros, puertas, ventanas… Media hora bastará para que de un enorme edificio solo quede un montoncito de ripio y cascajo.

“Hacemos fuego con ello”, dicen los vecinos.

“Necesitamos para los albergues”, justifica otro.

En muchas calles, al unísono, sucede algo similar: Máquina, luego casa, luego vecinos, luego nada de casa. Cuando oscurece, los zarpazos de las máquinas dejan de escucharse. Las casas dejan de caer. Y los albergues se empiezan a llenar.

No son albergues multitudinarios, tampoco hacinados; habrá, en suma, menos de un centenar. “82 centros habilitados”, cuantifica Conred. La mayoría estatales, otros –los mejor equipados– bajo alguna proyección social de la iniciativa privada. Aunque también hay, en la oscuridad, pequeños campamentos improvisados a lo largo de toda la cabecera departamental de San Marcos, levantados y organizados por los vecinos.

“De noche venimos acá”, dice Eva Caballero, bajó una carpa, frente a una fogata; varios niños juegan a su alrededor. Su albergue se encuentra en la avenida Primavera, en la zona 5. “Dormimos en la calle como precaución, no queremos que cuando vuelva a temblar se nos haga inútil escapar”. Ella señala las casas, agrietadas, con leyendas “demoler”, “inhabitable”, “botar muro” en sus fachadas, y que permanecen silenciosas, vacías hasta que se asome el amanecer. “Vamos a ducharnos en la mañana a nuestras casas, tenemos que ir a trabajar. De noche regresamos; dormimos en la calle para evitar cualquier imprevisto”, indica.

Así cada día, así cada noche fría que ha pasado luego del temblor.

Durante los últimos 40 años, la región frente a las costas del océano Pacífico de San Marcos, como explica el sitio de la agencia científica United States Geological Survey, ha experimentado por lo menos 50 terremotos de más de 6 grados de magnitud, dos de ellos, mayores a los 7 grados. “El primero fue de 7.1, en diciembre de 1983, aproximadamente en la misma ubicación que el evento del 7 de noviembre, y no dio lugar a muertes documentadas”, señala la agencia. “El segundo tuvo una magnitud de 7.2, y sacudió una región en alta mar en septiembre de 1993”, agrega.

Hubo, según la agencia, una muerte asociada con aquel temblor. Y antes, en octubre de 1979, un terremoto de 6.8 grados que dejó un saldo de siete muertes en Guatemala.

También está el dato de las 20 mil personas que murieron en el terremoto de febrero de 1976.

Según Alejandro Maldonado, secretario ejecutivo de la Conred, esta vez son 42 los fallecidos y 150 heridos. Y desde ese miércoles han ocurrido más de 200 réplicas con magnitudes que varían entre los 3.5 y 6.1 en la escala de Richter.

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La presencia del Estado

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de San Marcos, el centro neurálgico de evaluación de datos y monitor de estadísticas sobre las secuelas del terremoto, tiene una atmósfera variable, llena de altibajos. Hay un movimiento intenso en su interior cuando se sabe que llega el presidente (o la vicepresidenta) para recibir informes. El COE vive en un ambiente no exageradamente vibrante la mayor parte del tiempo. Y muy tranquilo, casi vacío, cuando a las 8:30 P.M. está a punto de cerrar.

Adentro, apilados en pequeñas mesas ordenadas como un foro, está presente Gobernación, la Municipalidad de San Marcos, Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep), Conred, el ejército, la Policía Nacional Civil (PNC), la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República de Guatemala (Sesan), la Procuraduría General de la Nación (PGN), Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) y algunas universidades.

La cosa contrasta bien con lo que es San Marcos, como departamento: el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011/2012 dejó claro que aquí la densidad, la presencia del Estado, es apenas perceptible y el poder público, por lo tanto, casi nulo. Casi nulo el gobierno central.

En Comitancillo, San Lorenzo, Ixchiguán, Tacaná, Sibinal, Concepción Tutuapa, San José Ojetenam, Tejutla, San Miguel Ixtahuacán y Río Blanco, por ejemplo, la Policía Nacional Civil es algo que no existe.

Tampoco existe, desde 2001, en el municipio de Tajumulco, uno de los más grandes del departamento y fronterizo con México.

El pasado 7 de noviembre tembló con intensidades variables en cada uno de estos municipios. Algunas casas, las más humildes, se vinieron abajo y otras sufrieron daño en su estructura. Pero qué hace (o puede hacer) el Estado cuando el Estado no existe del todo en un municipio ante una emergencia.

Primero no mucho.

–Ahorita no hablemos de conflictividad. Estamos ante una tragedia y estamos todos hermanados –dice un representante de Gobernación, también corresponsal de Emisoras Unidas, el periodista José Luis Vásquez.

–No es conflictividad sino gobernabilidad tras un estado de emergencia. ¿Cómo manejan la gobernabilidad con los antecedentes que tiene el departamento? –se replantea la pregunta.

–Mire, si todavía hay municipios abandonados es porque se lo han buscado –dice Vásquez, esquiva, y busca a un coronel que lo secunde.

–¿Tajumulco no tiene Policía Nacional Civil luego del sismo? –se les pregunta, a ambos, con la libreta en la mano.

–Ahorita no hablemos de conflictividad… –responden.

La pizarra de datos oficiales en el interior del COE reporta que varios de estos 11 municipios sin policía tienen daño. En Ixchiguán hay 475 afectados, 185 viviendas con daño y 95 familias damnificadas. En Tajumulco 300 damnificados, 44 casas destruidas, 4 heridos y 4 albergues habilitados.

Jorge Luis Alvarado es jefe departamental de la PNC en San Marcos –su semblante serio. En todos esos municipios, dice, sí existe una coordinación, que la PNC está enterada de lo que ocurre en cada municipio y recibe reportes de los comités de seguridad comunitarios.

“Por los antecedentes en el área la policía se coordina de otra manera. Las comunidades se protegen a sí mismas”, dice Alvarado.

En las demás mesas del COE no hablan de ello, pero murmuran, lo dicen quedito, que “son municipios peleados con el Estado”. Luego de más intentos por recopilar versiones oficiales sobre cómo responde el Estado cuando no existe el Estado ante una emergencia, no hay demasiadas declaraciones. Tras el terremoto, lo mejor es ir a uno de estos lugares. Observar.

Actuar sin el Estado

Tajumulco está a hora y media de la cabecera departamental de San Marcos. Lo primero que escuchas sobre este municipio es que no es aconsejable visitarlo, al menos no lo es si no vas al volcán que también lleva el mismo nombre, que además es el más alto de toda Centroamérica. Los turistas llegan allá, suben el volcán, acampan arriba, toman fotos, sonríen, sudan, bajan felices, pero casi nunca visitan en realidad Tajumulco: el municipio. Nadie se queda en el municipio.

Este año, Tajumulco ha sido noticia en varias ocasiones. Algunos lugareños han secuestrado policías a cambio de un camión con contrabando. Una fuerza de tarea integrada por 800 soldados y agentes de la Policía Nacional Civil llegó a la región, en mayo pasado, para destruir plantaciones de amapola a las faldas del volcán Tajumulco. Y recién, la última semana de octubre, Tajumulco estuvo en primera plana cuando se retuvo a cinco agentes de la PNC, a dos empleados de la empresa Energuate y al representante de la procuraduría de Derechos Humanos por conflictos en las cuotas del servicio eléctrico.

“Existe un conflicto no resuelto, el Estado no ha estado presente en la región y debe resolverse pronto para que no se mezcle con otros interés”, advertía Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas.

Luego del sismo, una semana después del temblor de 7.2 grados, en Tajumulco recién se organizan en la biblioteca municipal, en la entrada del pueblo. Acaban de llegar las boletas de evaluación de daños que Conred necesita para analizar el municipio. Un primer informe se dio únicamente a través de los líderes comunitarios. Reportaron 300 afectados, 44 casas en riesgo de venirse abajo. Fue, en todo caso, algo preliminar. Y ante las boletas hay cierto alboroto.

Ansiedad en los 8 grupos que cubrirán las 20 aldeas y los 129 caseríos alrededor del municipio.

Una de las primeras preguntas que se hace en la biblioteca es esta:

–¿Cómo es Tajumulco cuando el Estado no tiene presencia, cuando no hay policías desde hace 10 años, cuando, además, se enfrenta un desastre natural?

–En realidad el Estado nunca ha existido en el lugar. Existe cuando hay problemas –repasa Armando Ramírez, “el profe”, que es parte de la coordinadora municipal para el tema de las boletas.

–Como no hay Estado la organización ha sido comunitaria –dice Édgar Tobar, periodista de un canal local.

De hecho, Tobar menciona que es hasta hoy que se coordinan, luego de una semana del terremoto, pues el mismo pueblo tuvo que pedir apoyo a la Fundación Guillermo Toriello para formalizar la petición de boletas y recopilar la estadística de los daños. La fundación coordina la información con el COE.

Seguir a uno de los grupos de evaluación significa ir lejos, subir una empinada carretera, más arriba de las nubes, todo en busca de pequeñas comunidades que, aseguran, fueron afectadas por el sismo.

Las grietas entre la amapola

Tajumulco, desde arriba, desde la ladera de una montaña, se ve pequeño en el fondo de un pequeño valle rodeado de inmensas montañas. El volcán más alto de Centroamérica es un elemento más del paisaje de este municipio con el 86 por ciento indígenas de la etnia Mam entre sus 53 mil 800 habitantes. Donde la Policía Municipal de Tránsito (PMT), 16 elementos nada más, es la encargada de arrestar malhechores (cuando los hay) en una pequeña ciudad que no tiene cárcel ni comisaría, y que sí tiene un pequeño juzgado de paz, una Escuela Rural Oficial Mixta, un Centro de Salud, la mayor parte del tiempo cerrado, y dos hoteles.

Pero desde arriba todo resulta diferente. El aire, la caminata, el reporteo.

Felipe Rubén Chávez y Hilda Chilel muestran las rajaduras de su casa construida en la cima de una montaña. La construcción es de adobe, piso de tierra, techo de lámina. Por una ventanita se ve un paisaje digno de la revista National Geographic. El mismo paisaje que se ve a través de una grieta, desde el interior de la casa dañada de los Chávez Chilel.

En casa de Andrés López y López, en otra cima de montaña, en la comunidad de Monte Perla, una pared de adobe cayó sobre su molino. Entre la grietas, desde el interior de su casa, son visibles las flores rojas de la amapola, en las laderas inclinadas de los cerros cercanos.

No son tantas en ese tramo. En el camino hasta allí la siembra de amapola ha sido evidente y esporádica. Puntitos rojos de una flor más bien poco repugnante que destacan entre la milpa, el frijol, entre las nubes y las laderas de estas escarpadas montañas. A veces hay plantitas de mariguana en el camino y uno las puede pisar sin querer y sin darse cuenta de ellas y dejarlas completamente machacadas. Otras veces, las matas de cannabis se secan aplastadas bajo el sol de la tarde, en el patio de una casa. Es una de las cosas que inquieta a uno de los vecinos, José Luis López, y teme que la ayuda, si es que llega, “si es que el Estado le interesa ayudar algún día”, como dice, implique otras cuestiones.

“¿Qué pasa si por esa gente que siembra viene el ejército?”, pregunta López con miedo.

“¿Qué pasa si con la excusa del terremoto entra acá la policía?”, pregunta otro de apellido Ramírez, al escuchar a su vecino hablar con los otros vecinos.

Si se pregunta por la siembra, en las casas donde hay siembra, los comunitarios sólo sonríen tímidamente, en tanto se enfocan en describir los daños que hay en sus viviendas.

“No es que acá haya cambiado en algo la realidad el comercio de este cultivo”, dice Federico Chilel. “La mayoría de la gente sigue siendo pobre, muy pobre. Pero tampoco son criminales. Buscan cómo sobrevivir, ahora más quizá se agudizará puesto que sus casas han sido dañadas”.

Mientras describen el daño de sus viviendas, la gente de Tajumulco también da cuenta de otras historias. De mexicanos, de colombianos que llegan con una mochila llena de dólares. De autos polarizados que se dirigen a la frontera. De extraños que compran las flores rojas diez veces más cara que una cuerda de maíz, o de frijol. También de sus migrantes, de los hijos, tíos y primos que están lejos, de todos ellos que han preguntado, llamado, desde el primer día en que se agrietaron las paredes. Eso fue hace poco más de una semana.

Gobernabilidad desde la Municipalidad

El total de casas dañadas que contó el grupo número seis fue de 29. Por la noche tabulan los datos. Todos corren en la biblioteca aunque estén cansados. Pocos de ellos fueron capacitados, pocos tenían claro qué preguntar. La evaluación final del daño –severo, inhabitable, moderado–recaía en cada uno de ellos, a su discreción. “La vicepresidenta pidió todo el informe para pasado mañana”, dice Luis Ramírez, el coordinador de uno de los grupos.

Tajumulco reportaría el viernes 16 por la mañana 141 casas destruidas, 4 albergues, 101 casas con riesgo y 4 heridos.

El profe Armando Ramírez hace una lectura política, dice, de la situación de Tajumulco, de su soledad en el Estado, y de algunas polarizaciones partidarias que sortearon como municipio hace poco tiempo. Empieza denunciando que el partido de gobierno, el PP, con el ex candidato a alcalde, Ismael Ramos, llegó un día después del terremoto para distribuir la primera ayuda que venía, no del gobierno, sino del partido oficial.

“Se atribuyó el crédito”, señala.

Luego, ante las inquietudes de los vecinos y la posibilidad de una intervención de inteligencia en las comunidades, sugiere  primero que el tema de la amapola es algo complicado. “El Estado no podría entrar hasta esos lugares con la excusa de ayudar. Sería acrecentar la conflictividad. Sería estallar Tajumulco. Mi sugerencia consiste en que de suceder, que se coordine la ayuda desde el gobierno municipal, que se definan planes estratégicos para llevar a cabo un proyecto de ese tipo”, dice.

Tobar, sentado a la par del profe, mueve la cabeza en señal de aprobación. Interviene para explicar que la municipalidad tiene sus proyectos de educación y desarrollo enfocados en las comunidades para que se evite la siembra de amapola. “Necesariamente debe haber coordinación con el Estado. Antes de una represión, el Gobierno debe entender nuestros contextos, nuestras realidades”.

De igual manera espera que se dé una reconstrucción. Aunque es consciente de que hubo otros municipios con daños más graves que Tajumulco.

Nery Chilel es el alcalde de aquí. Hay una breve oportunidad de entrevistarlo. Se le hace una pregunta.

–El Estado –responde– es el encargado de regularizar los 333 municipios de Guatemala. En ese sentido, no podemos afirmar que hemos estado completamente en un abandono. En la situación actual ha existido, fundamentalmente, comunicación.

–¿Comunicación?

–En agua potable, en accesibilidad (de carreteras) para las comunidades, en educación.

–¿Podría regresar la PNC a Tajumulco a causa del terremoto, o durante su mandato?

–El trabajo político debe medirse de acuerdo a la comunidad. Debe llegar a una consulta con las comunidades. El regreso de la Policía dependerá del trabajo municipal que se realice, pero sobre todo, de la gente.

–¿Hay gobernabilidad en el municipio?

–Bueno, se da en términos locales diría yo. Por ejemplo, el juez de paz delegado para Tajumulco está presente la mayor parte de las veces en las reuniones que dan con los alcaldes auxiliares.La capacitación, la orientación… La gobernabilidad viene de las acciones.

En realidad casi toda la coordinación, desde el pasado 7 de noviembre, se hizo tras una gestión en solitario, comunitaria. Lo ven así los otros vecinos que sudaron, que subieron, que fueron a preguntar –aun sin estar capacitados para ello– sobre la situación de las viviendas en los bordes y cimas de la montaña. “Ellos vieron las grietas y las grietas vieron a través de ellos”, dice el profe Armando. Y después de ello no es difícil imaginar algo similar en Comitancillo, San Lorenzo, Ixchiguán, Tacaná, Sibinal, Concepción Tutuapa, San José Ojetenam, Tejutla, San Miguel Ixtahuacán y Río Blanco, los 11 municipios de los 29 que tiene el departamento, sin ley, con sus propias normas.

“San Marcos podría ser el departamento en que luego de un terremoto las grietas produzcan una separación mayor”. Lo dijo el abogado Benjamín Ramos, frente a su casa condenada con la palabra “demoler”, en el cantón Tonalá, de San Marcos.

Las máquinas seguían trabajando a una cuadra de distancia, se acercaban.

Todavía, ese día, la tierra volvió a temblar.

–Mire, si todavía hay municipios abandonados es porque se lo han buscado –dice un representante de Gobernación, también corresponsal de Emisoras Unidas, el periodista José Luis Vásquez.
“¿Qué pasa si por esa gente que siembra viene el ejército?”, pregunta López con miedo. “¿Qué pasa si con la excusa del terremoto acá entra la policía?”, pregunta otro de apellido Ramírez, al escuchar a su vecino hablar con los otros vecinos.
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