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Familiares de 11 de los 16 migrantes asesinados hace dos años en la masacre de Tamaulipas, México, realizan una caminata en el municipio de Comitancillo, San Marcos, para reclamar justicia y dignificar la memoria de las víctimas. Eduardo Say

La migración no se detiene en Comitancillo a pesar de 16 asesinados en la tragedia de Tamaulipas

Hasta hoy, las familias siguen llorando a sus hijos y hermanos fallecidos. Pero eso no detiene el deseo de salir del país y aspirar a una vida menos sufrida.
Ni el gobierno de Guatemala, ni el de El Salvador, han procurado que el gobierno mexicano asuma la responsabilidad de reparar a las familias afectadas.
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La migración no se detiene en Comitancillo a pesar de 16 asesinados en la tragedia de Tamaulipas

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Ni la justicia, ni la resignación, han llegado a las familias de los 16 guatemaltecos que fueron asesinados en Tamaulipas hace dos años. A pesar  del miedo y el luto por lo ocurrido, las familias de Comitancillo no renuncian al sueño de buscar una mejor vida fuera de Guatemala. 

 

En el centro de Comitancillo, municipio de San Marcos situado a 284 kilómetros de la ciudad capital, hay un mural que todos los días recuerda a los pobladores que, hace dos años, 16 mujeres y hombres murieron calcinados en su intento por llegar a Estados Unidos. El cuadro es desgarrador. Una madre llora sobre las siluetas de tres migrantes que caminan en una zona desértica en la que un vehículo arde en llamas.

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El 22 de enero de 2021, autoridades mexicanas reportaron el hallazgo de un vehículo totalmente carbonizado. Había sido abandonado en medio de la nada, cerca de  la ciudad de Camargo en Tamaulipas, un estado ubicado al norte de México próximo a la frontera con Estados Unidos. Las 19 personas a bordo fueron acribilladas y calcinadas: 3 eran salvadoreñas y 16  guatemaltecas, todas de  Comitancillo. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  este municipio presenta el Índice de Desarrollo Humano más bajo de todo el departamento. De acuerdo con registros del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el área rural de Comitancillo el 90 por ciento de las personas  viven en pobreza y el 27% en pobreza extrema. 

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Uno de los cuerpos localizados fue el de Santa Cristina García Pérez de 20 años, originaria del caserío Peña Flor, en la aldea Tuilelén. «Cuando se fue, nosotros nunca pensamos que la iban a matar. La meta de nosotros era que llegara sana y salva, pero no fue así», dice Olga Pérez, su madre, de 42 años. Las motivaciones de Santa Cristina se parecían mucho a las de los demás jóvenes que murieron ese día. En su mayoría, eran hombres y mujeres menores de 20 años, provenientes de la zona rural de Comitancillo. Santa Cristina ya había migrado dentro del país. Trabajaba en Zacapa y, desde allá, mandaba dinero para la comida y ropa de sus 10 hermanos. 

«No los podemos detener»

Según el Informe de Migración del Triángulo del Norte de la ONU, en 2019  Comitancillo se  ubicó en el puesto 24 de los 40 municipios a nivel nacional con mayor índice de emigrantes retornados. Eventos extraordinarios como el terremoto que, en el año 2012, afectó  a San Marcos, han incidido en el incremento de la migración en ese departamento.

 La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) ha documentado las motivaciones de los jóvenes  para migrar a otros lugares del país e, incluso, a otros países. La falta de empleo, pobreza, búsqueda de oportunidades y  la reunificación familiar  son los principales factores. 

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Florinda Isidro Díaz es la madre de Rubelsy Tomás, uno de los 16 migrantes asesinados. Su hijo era el más joven del grupo. Viajó a los 15 años para darle a su mamá y a sus 5 hermanos menores una casa digna donde vivir.

La aldea El Duraznal, es una de las regiones más empobrecidas de ese municipio. Hace 2 años, la casa de Florinda estaba cubierta de nylon. «Él tenía vergüenza porque estábamos bajo un techo de nylon. Cuando era chiquito no le importaba eso, pero cuando tenía 15 decía: Yo no puedo vivir bajo ese nylon. Hoy sí, me voy. No tenemos casa. Me voy para allá, tengo que hacerte tu cocina, tu cuarto para dormir y así, cuando llueva, no van a sufrir mis hermanos ni aire, ni frío», relata Florinda. 

El cuerpo de Rubelsy había sido repatriado, velado y enterrado en Comitancillo apenas unos días antes  cuando Deyli, de 13 años,  anunció a Florinda que era su turno de intentar el viaje. «Yo no la dejé ir. Le dije: Todavía estoy triste por tu hermano. De repente un día te vas, pero por el momento no», recuerda. No obstante sus objeciones, la niña se fue. En diciembre de 2020, Deyli logró ingresar a territorio estadounidense y, cuando se comunicó con su familia,  ya se encontraba en manos de las autoridades migratorias. Hace tres meses, Florinda se volvió a despedir de otro familiar. Su esposo decidió  emigrar para  reunirse con Deyli.

Según Florinda, en Comitancillo nadie ha olvidado lo que pasó en Tamaulipas. Hasta hoy, las familias siguen llorando a sus hijos y hermanos fallecidos. Pero eso no detiene el deseo de salir del país y aspirar a una vida menos sufrida. «Yo sí estoy dispuesta, aunque muera en el camino. Como le digo yo a él (su esposo), estoy dispuesta a irme, aunque me quede muerta en el camino.  Es mejor para mí si  me voy con mi hijo», asegura. 

A los padres de Santa Cristina les pasó lo mismo. Casi un año después de la tragedia de Tamaulipas, Oscar, el mayor de sus hijos, tomó la decisión de irse. «Cuando se fue mi hijo, recuerda Olga, dejé de comer. Sentí un alivio cuando él llamó y dijo: Mamá, no tengas pena porque ya estoy aquí en Estados Unidos.  Pero al inicio yo sentí que a mi hijo ya no me lo habían quitado otra vez, como a Santa», narra Olga. 

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Aunque Olga quiso, no pudo detener a su hijo. Ricardo García, el papá de Santa Cristina, lo intentó persuadir. Le recordó la tragedia de Tamaulipas, le insistió en que más que el dinero, lo que  podría hacerlos felices sería  permanecer juntos. Le dijo que ojalá que no sucediera, pero que  podría pasarle lo mismo que a Santa, que estaba arriesgando demasiado. Pero nada lo hizo cambiar de opinión.

«Nos sentamos con él como familia. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es mejor apoyarlo. No por mi necesidad, sino que él también tiene su necesidad propia. Quiero mi terreno, dijo él, quiero mi casa, me quiero superar», recuerda Ricardo. Oscar se fue y pasó 8 días en el desierto, sin comunicación con su familia. Cuenta Ricardo que aquello fue como despedirse de alguien que camina rumbo a la muerte, alguien a quien hay que dar por muerto desde ya. Pero llegó.

Para Ricardo, no es absurdo que las personas de Comitancillo sigan migrando después de lo que ocurrió en Tamaulipas. «Es que eso no lo podemos detener. Se escuchó lo que pasó cuando fallecieron allá en Texas, pero no podemos detener a la gente. Incluso en nuestra familia falleció uno de nuestros hijos…  Después de la tragedia la gente dijo: Hoy sí, ya no nos vamos. Pero, después de los tres, cuatro o cinco meses se empezó a ir la gente otra vez porque algunos dicen que no a todos les va pasar lo mismo y otros dicen: "Pues si me muero, me muero, porque aquí en Guatemala no hay trabajo”». 

La justicia que no llega 

Las investigaciones para identificar a los responsables de lo ocurrido están a cargo de  dos entidades mexicanas: la Fiscalía de Tamaulipas y la Fiscalía General de la República. Hasta ahora, se presume que 12 policías municipales están involucrados en la masacre. Se les acusa de asesinato, abuso de autoridad y falsedad en informes oficiales. Acercarse a las investigaciones y permanecer informadas de los avances ha sido difícil para las familias. Desde el año pasado, la Red Jesuita con Migrantes (RJM) ha brindado acompañamiento legal a las 16 familias guatemaltecas. 

El 22 de enero, en conmemoración de los dos años de la masacre, la Red emitió un pronunciamiento para denunciar la falta de eficiencia en la procuración de justicia para los migrantes fallecidos y sus familias. Ese día se celebró una audiencia en México en la que, de forma virtual desde Comitancillo, estuvieron presentes las familias guatemaltecas.

Representantes de la RJM señalan que, en este caso, las autoridades repiten patrones de impunidad que se han evidenciado en ocasiones anteriores. Uno de dichos patrones, aseguran, es el haber fragmentado la investigación entre dos fiscalías. Por un lado, la fiscalía de Tamaulipas investiga el caso por homicidio contra los 12 policías que han permanecido detenidos por más de 700 días. Este  proceso se ha estancado debido a que las audiencias se suspenden constantemente y, debido a ello, no se  ha podido avanzar con la primera audiencia de la etapa intermedia. 

Por otro lado, la Fiscalía General de la República dirige dos investigaciones. Una contra funcionarios del Instituto Nacional de Migración porque un vehículo ubicado en la escena del crimen estaba a cargo de dicha institución; y otra que se ha orientado a investigar el tráfico de personas. «Esta fractura provoca, entre otras cosas, que sólo se considere a los actores inmediatos, dejando de lado las redes de macrocriminalidad que operan detrás de los policías y funcionarios corruptos quienes, amparados bajo esta red, cometen diversos delitos (extorsión, secuestro, trata, homicidio), así como actos de extrema crueldad, como sucedió en Camargo», señaló la RJM en su pronunciamiento.

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Por su parte, Guatemala se mantiene al margen del proceso. El Ministerio Público ha orientado las investigaciones a la captura de estructuras de coyotes originarios de San Marcos. «Ha habido estrategias de los abogados defensores para suspender las audiencias hasta hoy. A partir de mayo de 2022, nos enteramos de que el proceso había iniciado, que había un escrito de acusación. Sin embargo, ni las familias , ni  nosotros, que somos sus acompañantes legales, teníamos conocimiento de ese escrito», explica Ángel Escalante, asesor legal de las familias afectadas.

La participación de las autoridades guatemaltecas en el litigio, explica Escalante, ha sido escasa. No ha habido asesoría legal, ni apoyo de recursos para  que las familias puedan presenciar virtualmente las audiencias. Debido a que se realizan en México, desde mayo de 2021 los familiares en Guatemala se conectan por medio de videoconferencia. El apoyo para que puedan estar presentes ha venido de la RJM y de la organización llamada  Fundación para la Justicia.  

«Ellos (los familiares) han sido perseverantes en la lucha de buscar justicia por sus familiares, pero el apoyo de las autoridades es escaso y, a veces, hasta un poco rogado», sentencia. Ni el gobierno de Guatemala, ni el de  El Salvador, han procurado que el gobierno mexicano asuma la responsabilidad de reparar a las familias afectadas. 

Nosotros ya no tenemos coraje, dice Ricardo, lo que pedimos es que si hay justicia, que actúe. Más que una condena, lo que las familias demandan es la verdad, entender el por qué, saber cuál fue el delito de sus familiares. «La pregunta que hago, reflexiona Olga, es por qué la mataron, qué es lo que ella estaba haciendo, porque el delito de ella solo fue migrar para llegar allá».

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