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Migrar es moverse en contra de los Estados

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Durante dos semanas, tres familiares de migrantes desaparecidos recorrieron cuatro países en un pequeño autobús, e increparon e incomodaron a varios funcionarios de gobierno. Los tres representantes de comités acompañados por el Servicio Jesuita para Migrantes se toparon durante su recorrido con una burocracia que en su mayoría ignora lo que sucede. El Triángulo Norte y México, en definitiva, son regiones infestadas por las contradicciones, entre las políticas públicas y las decisiones burocráticas.

“Los migrantes centroamericanos desaparecidos, como admiten cónsules y cancilleres, son un tema nuevo para los Estados de la región”, explica la coordinadora de SJM. Pero no es posible decir lo mismo de los familiares que jamás se han cansado de buscar a los migrantes desaparecidos.

A veces parece que el triángulo de las Bermudas, en realidad está en la ruta hacia Estados Unidos. Para muchos migrantes centroamericanos es un agujero negro: El camino los traga, los engulle, los secuestra, los tritura, en algunos casos los vomita de vuelta, en otros los desaparece y consigue matarlos. El migrante toma el camino y sus signos vitales se diluyen por tiempo indefinido para sus familiares. Las tenues señales de vida que emiten algunos durante el recorrido muchas veces son transmitidas desde hospitales, cárceles, albergues, burdeles y estaciones migratorias. Muchos pasan días sin dinero para llamar a casa. Y cada llamada, aunque sea para pedir dinero, para las familias –en Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala– es un suspiro de tranquilidad, es saber que aún están vivos, en ruta.

El camino del migrante es una ruleta rusa, la suerte no es igual para todos y muchos simplemente se desvanecen dentro de los territorios de tránsito. “En los últimos años se cuentan por centenares los migrantes que han desaparecido en ese trayecto lleno de secuestros, asaltos, accidentes, persecuciones, maltratos, extorsiones. Es un camino lleno de hostilidad”, dice Miriam Reyes, coordinadora de la Red Mesoamericana de Atención de Casos del Servicio Jesuita con Migrantes (SJM) de Centroamérica y Norteamérica, con sede en Nicaragua.

Pero a la fecha, ninguna institución gubernamental de los tres países del llamado Triángulo Norte —Honduras, El Salvador, Guatemala– ni de México sabe con exactitud cuántos migrantes –ni cómo ni dónde– han perdido contacto con sus familiares durante el recorrido hacia Estados Unidos.

“Los migrantes centroamericanos desaparecidos, como admiten cónsules y cancilleres, son un tema nuevo para los Estados de la región”, explica la coordinadora de SJM. Pero no es posible decir lo mismo de los familiares que jamás se han cansado de buscar a los migrantes desaparecidos. “Si las personas en tránsito apenas logran tener la atención de los Estados, mucho menos han importado las voces de sus familiares que los buscan”, indica Luis Alberto López Martínez, salvadoreño, representante del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos (Cofamide), quien desde hace 14 años busca a su hermano, Juan Carlos, traicionado por el coyote en algún lugar de México, abandonado a su suerte. “Los migrantes sólo importan si de remesas se trata. Ahí sí que importan los migrantes –agrega López–. En el camino nadie importa. Los desaparecidos, secuestrados, presos, a nadie le interesa”.

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Tuvieron que ocurrir varias masacres en los últimos años, como la de 72 personas asesinadas en Tamaulipas en agosto de 2010, o la de 49 indocumentados en Cadereytas en mayo de 2012, para que el mundo supiera lo que ocurría con los migrantes en su paso hacia Estados Unidos. Aunada, también, a la crisis humanitaria que surgió de la migración masiva de menores no acompañados en 2013. Sólo así, los Estados empezaron a tomar nota de lo que pasaba.

La ruta inició en Nicaragua. En un pequeño bus, una misión de investigación y denuncia, emprendió un viaje de 11 días. La agenda contemplaba reuniones con altos funcionarios de gobierno, con las organizaciones encargadas de velar por los derechos humanos de los migrantes en los diferentes países de tránsito. Abogados, periodistas, académicos, acompañaron a los Comités de Familiares en este road tour burocrático. Del calor al aire acondicionado, de hoteles a hostales y albergues, de comidas austeras a banquetes diplomáticos, de la incomodidad del bus a confortables sofás en despachos de gobiernos, de conferencia de pensa en conferencia de prensa, de dormir mal a dormir peor en el bus, los Comités de Familiares Desaparecidos tenían tiempo para volver a rebotar las preguntas que se vienen haciendo desde hace años. Entre ellas: ¿Dónde están? ¿Cuántos son? ¿Huyen o migran? ¿Por qué se van? ¿Cómo, quiénes los protegen? ¿Qué se puede denunciar? ¿Hay alguna forma de buscarlos? ¿Hay bases de datos? ¿Hay información de las cárceles, los hospitales, los alberques? ¿Qué hacer para retornar un cuerpo? ¿Qué hacen los países por sus connacionales?

Aparecer hasta estar muerto

La primera confirmación de la misión fueron los números, más bien la ausencia de ellos, por parte de los Estados. “Sin datos las políticas públicas no son confiables. ¿Cómo es posible que en México sólo existan datos de 118 migrantes desaparecidos?”, cuestionaba Rita Marcela Robles, coordinadora de Incidencia del SJM México y parte de la misión. Las organizaciones civiles, en cambio, manejan sus propias cifras sobre migrantes desaparecidos. Alba Luz Ortiz, pequeña, morena, hondureña, hija de Emeteria Martínez, precursora de caravanas en busca de migrantes desaparecidos, y miembro del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso (Cofamipro), explica que esta organización ha logrado resultados en sus más de 15 años de fundación. Alrededor de 230 migrantes han sido encontrados con vida y 70 hallados en prisión. Entre los encontrados está la propia hermana de Alba Luz, Ada Ortiz, que se escondió en México durante 21 años a causa de violencia intrafamiliar. “Aún nos faltan 460 hondureños desaparecidos”, señala, aunque no menciona que la cifra crece mensualmente.

En el caso de Nicaragua, Bertha Suyapa Suazo, exconcejal segunda de Chinandega, fuerte pero de expresiones delicadas, recién nombrada representante del Comité de Familiares de Migrantes de Nicaragua, contabiliza 124 casos de migrantes nicaragüenses desaparecidos. Suazo tiene más de cinco años de trabajar el tema, desde que en 2009, como parte del ayuntamiento de Chinandega, logró repatriar el cuerpo de una mujer nicaragüense desde Guatemala.

En El Salvador, Cofamide, según expresa Luis López, tiene pendientes 350 casos de desaparecidos. “Las familias llegan con nosotros a pedir apoyo antes de hacerlo con cualquier institución del Estado en El Salvador”, dice. Como encargado de búsqueda, López explica que ese trabajo se realiza en cárceles, albergues, burdeles y hospitales de Centroamérica y México.

En Guatemala es un tanto distinto. Desaparecidos hay al menos 100 reportados, según la Mesa Nacional de Migraciones (Menamig). Aquí no existe un comité de familiares organizado que se dedique a la búsqueda de personas en tránsito o que reciba denuncias de familiares. “En Guatemala hay miedo entre los familiares de migrantes desaparecidos. Sucede que muchas veces, los familiares conviven con los coyotes dentro de su comunidad, y eso genera incertidumbre y miedo para plantear una denuncia y también miedo a organizarse”, indica Julia González, coordinadora ejecutiva de Menamig. Sin embargo, un comité de familiares migrantes en Guatemala es necesario, como argumenta Miriam Reyes.

Armados con estas cifras, denuncias y datos, los Comités de Familiares de Honduras, El Salvador y Nicaragua, en las largas horas de carretera perfilaron argumentos para exponer a cónsules, ministerios de Gobernación, cárceles, albergues y Cancillerías. En el país de partida, Nicaragua, ninguna institución de gobierno quiso atender a la misión.

La primera parada fue Honduras. Tras cuatro días de camino, la vicecanciller, María Andrea Matamoros, recibió a los comités en su despacho lleno de bodegones al oleo, en un edificio colosal, .“Es lo mismo de siempre, es darse contra una pared”, lamentaba Ortiz, de Cofamipro, al salir. Matamoros, de 27 años, con cuatro meses en su cargo, admitía ante los tres familiares Alba, Bertha, Luis y los demás acompañantes, que la Cancillería de Honduras no cuenta con números ni estadísticas que permitan abordar el fenómeno de los desaparecidos. “Estamos en una fase de reestructuración. Estamos coordinando con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) para obtener datos y manejar información. Si quieren información pueden empezar pidiendo la autorización de los canales oficiales”, justificaba.

En Conadeh, sin embargo, la coordinadora de la Defensoría del Migrante, Elia Ruth Velásquez, tan sólo unas horas antes, ponía en entredicho las declaraciones de Matamoros y explicaba que los datos que maneja esta institución provienen de las mismas estadísticas que maneja Cofamipro. Es decir, el Estado recurre a la información de los familiares. No hay nada oficial.

—Queremos que nos explique cómo funcionan las cancillerías. Nosotros que vamos a las cárceles, que vamos a los albergues, nos damos cuenta del trabajo de los cónsules. Saben que hay presos hondureños, que podrían estar desaparecidos, pero los gobiernos no comparten esa información. ¿Por qué? —preguntaba López, de Cofamide, a la Vicecanciller hondureña.

—Nosotros no podemos dar información a menos que la persona privada de libertad nos lo autorice. Respetamos los procesos judiciales de otro país. Hay muchos privados de libertad que están huyendo, por problemas domésticos, y muchos no quieren ser encontrados —responde la funcionaria.

—Los que no quieren ser encontrados son un grupo muy pequeño —replicaba López.

—Estamos protegiendo su identidad —argumentaba Matamoros.

Esta es una de las quejas más recurrentes de los comités de familiares de migrantes centroamericanos. Este era uno de los temas cotidianos de sobremesa: “Lo cónsules no hacen su trabajo”. En las cárceles, en los albergues, se han encontrado a muchos de los migrantes reportados como desaparecidos. “Tuvimos un caso de un salvadoreño que tenía 12 años sin saber nada de sus familiares”, recuerda López. Estaba privado de libertad en uno de los Centros de Readaptación Social (Cereso) en Chiapas.

Durante la ruta, cuando los representantes de los comités preguntaban si los cónsules de cada país visitan los penales, los hospitales, los albergues, la respuesta casi siempre era negativa. “Nadie pregunta a los chavalos detenidos si tienen algún familiar, si aún tienen contacto con su casa”, decía Ortíz de Cofamipro. “Nadie que represente su país se ha acercado a ellos y tampoco les explican sus derechos como migrantes”, añadía.

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Lo contradictorio, no obstante, en el trabajo de los cónsules de Centroamérica en México, es que, como explica Matamoros, reciben informes periódicos y detallados sobre el número de presos en cada jurisdicción consular. “Es responsabilidad del Estado mexicano, por acuerdos internacionales”, decía. Nombre, edad, delito y a veces hasta número de identificación. El problema, como consensuaron los comités durante el viaje burocrático, se da entonces en la falta de voluntad para cotejar estos listados con el nombre de los desaparecidos reportados desde Cancillería. “La lucha es contra los Estados. Lo que se está buscando es que los Comités puedan coordinar y acompañar a los Cónsules en sus visitas a los centros preventivos, albergues y hospitales. La búsqueda, entonces, sería más efectiva. Nosotros tenemos los nombres de los desaparecidos, en tanto los cónsules no, y eso ocurre por la falta de coordinación con sus cancilleres”, decía Luis López.

En el despacho de Matamoros, la Vicecanciller reveló que la preocupación por la protección de identidad cambia si los migrantes han muerto. En estos casos, “sólo en estos casos”, la Cancillería abre los expedientes, hace pública la información y está obligada a ubicar lo más pronto posible a los familiares. Muchos migrantes son ubicados por sus familias hasta que ya han fallecido. Cuando ya todo es en vano.

Días más tarde, en El Salvador, luego de varias fronteras, la postura de Matamoros se mantuvo firme. La representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Paula Figueroa, respecto de los migrantes privados de libertad, dijo lo mismo que su colega hondureña. Protegen la identidad de los presos, pero una vez fallecidos, sí pueden dar a conocer los datos a sus familiares. Quiénes son, de dónde vienen, si son o no migrantes, todo hasta que están muertos. Dominga Lissette Órdoñez, de la Dirección General de Relaciones Internacionales Bilaterales de Guatemala, tuvo la misma postura. En Nicaragua, Samuel Santos, Ministro de Relaciones Exteriores, simplemente se negó a atender a los Comités de Familiares de Migrantes Desaparecidos. “Las Cancillerías y los Cónsules podrían ser la plataforma ideal para encontrar a nuestros migrantes desaparecidos. La negación es frustrante”, decía Suyapa Suazo de Nicaragua, durante el recorrido.

La misión contabilizó, al final de 11 días, 315 nicaragüenses en centros penales y 40 en centros preventivos; 35 hondureños en centros penales y 94 en centros preventivos; 60 salvadoreños en centros preventivos y 143 guatemaltecos presos en los países de Centroamérica y Chiapas, México. El Centro Pro Juárez a partir de una investigación realizada para en 2014 registró 1,972 personas migrantes de Centroamérica privadas de libertad en México.Los datos recabados pertenecían a SJM.

Volver a donde nacieron

De las masacres, quedaron los cuerpos. Con los cuerpos cientos de historias, y detrás de cada historia un país: Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador. Cada migrante asesinado debía volver a su país de origen. Algunos cuerpos, en su camino de regreso aún sufren de abusos y maltratos. La orden desde México siempre es: “bajo ningún motivo abrir los ataúdes que contienen los restos de los fallecidos”. Pero las familias, como dice Luis López de Cofamide, necesitan confirmar, cotejar que el cuerpo enviado en cajas selladas sea el de la persona querida. Al abrir los ataúdes, en la mayoría de los casos, encuentran bultos blancos, irreconocibles. “Tuvimos un caso en que dieron el cuerpo de un hombre por el de una mujer. Así ya no hay confianza”, dice López. En Honduras, Alba Ortíz, recuerda que una familia recibió bolsas de arena en lugar de los restos de un migrante. En Guatemala, Pantaleón Jacobo, de Chimaltenango, recibió sólo las cenizas de su hijo a pesar de haber solicitado lo contrario.

Para los cancilleres el tema de las repatriaciones es un tanto peliagudo. Y cada país del recorrido se escuda en la falta de presupuesto. Repatriar un cuerpo desde México a Centroamérica cuesta entre US$4 mil a US$8 mil. En El Salvador, según Paula Figueroa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de una evaluación socioeconómica, pide una ayuda monetaria a los familiares para repatriar los restos. Honduras, que recién aprobó su Ley de Protección de los Hondureños Migrantes y Familiares (aún sin reglamento), cuenta con un fondo de US$230 mil para las devoluciones de cuerpos, según la vicecanciller Matamoros.

Guatemala es quizá el país que más ha avanzado en el tema de repatriaciones. Cuando el road trip burocrático llegó a Guatemala, Lissette Ordoñez, del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo a los comités que tampoco maneja cifras de los migrantes guatemaltecos desaparecidos en su tránsito hacia Estados Unidos. Ella intentó aclarar: “Para nosotros los migrantes no son números ni estadísticas”. Pero de inmediato empezó a dar datos y números sobre los cuerpos repatriados, sobre los avances de cancillería, sobre sus logros personales en el tema de los desaparecidos que tiene a su cargo. Después de la masacre de Tamaulipas, dijo Ordoñez, Guatemala ha realizado 400 exhumaciones. “De Tamaulipas I y II encontramos 33 cuerpos en 2012; tres de Tamaulipas I y 30 en Tamaulipas II. Esto a partir de las 111 denuncias que se registraron en el Ministerio Público”. Luego Ordoñez evidenció que sí cuenta con algunos registros de denuncias de desaparecidos. En el 2012, según la funcionaria, se contabilizaron 94 casos de desaparecidos; en 2013, 87; en 2014, 98; y a la fecha, en 2015, cancillería monitorea 44 desapariciones. Guatemala, además, según Ordoñez, cuenta con una base de datos de ADN con la cual se han identificado 18 guatemaltecos. “Localizados por huella hay 23. Por fotografía, 94. Por fotografía y ampliación, 13”, prosiguió.

Hoy, el mayor avance que resaltó Ordoñez es la firma de un convenio entre el Minex y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), para la identificación de los cuerpos y para el manejo de un banco de datos de ADN.

La Cancillería de Guatemala afirma que en las morgues de México, aún hay mil cuerpos por identificar. “Nuestro trabajo es encontrar coincidencias de ADN en un 99.9 por ciento”, señala Ordoñez. Este tipo de información es algo que el gobierno de Guatemala no ha socializado demasiado con los comités de familiares de migrantes de Centroamérica.“Sin datos no hay posibilidad de reclamar los cuerpos”, se quejaba Alba Ortiz.

El refugio de las burocracias, el papeleo y las contradicciones

Al nicaragüense Luis Jiménez Valverde no lo podían capturar. Había pasado varias fronteras junto a dos de sus amigos sin ser detectado. Cuando llegó a México, evadió varios controles. Entró por Tenosique, frontera con Guatemala. Sentía orgullo de avanzar tan rápido. En tan sólo cinco días cruzó tres países, sin inmutarse, sin cansancio. Entonces le tocó enfrentar el tren. Intentar domar a La Bestia, dice él. A principios de febrero de este año, intentó subir a un vagón de carga que iba a una velocidad aproximada de 30 kilómetros por hora. Uno de sus zapatos estaba mojado y resbaló. Su cuerpo rebotó sobre el cuerpo del tren, y La Bestia no perdonó: su pierna había desaparecido.

“Cuando no estás en tu país no sabes cómo son las cosas. Sientes que cualquiera te puede regresar. No te puedes confiar”, dice ahora Luis Jiménez Valverde, en tanto guarda reposo en el albergue para mutilados Jesús el Buen Pastor, en Tapachula, Chiapas. Por su condición, el gobierno mexicano le ha otorgado una visa humanitaria, con vigencia para un año. Jiménez dice que se siente afortunado por este beneficio, “no a cualquiera se lo dan”, indica. “Es lo suficiente para continuar al Norte”. Este día, 18 de junio, es el último que pasará en Tapachula. Mañana, cuando le den su prótesis, seguirá con su viaje.

Jiménez sabe de otros casos que no han conseguido ningún amparo internacional. En el hospital donde fue atendido, cerca de la ciudad de Arriaga, encontró a varios migrantes, enfermos y otros mutilados como él, que pedían refugio en México. “Pedir refugio es difícil por la opción que tienes para escoger: de dos meses a dos años en prisión (tiempo en que el Estado mexicano evalúa la situación migratoria de los candidatos). A mí me lo ofrecieron, pero a mí México no me interesa para vivir ni trabajar”, afirma.

Pocos migrantes que huyen de la violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras saben de la existencia de estos beneficios.

En este momento, México vive una gran contradicción. Así lo ve el abogado Diego Lorente Pérez, del Centro de Derecho Humano Fray Matías de Córdova, en Tapachula. “Por un lado se aprueba una ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y por el otro te acorralan con la implementación del Programa Frontera Sur (Un proyecto impulsado por Estados Unidos para que México controle el paso de migrantes centroamericanos): te tienden una mano pero te cierran la otra y en forma de puño”, explica a los comités a su llegada a México.

En 2014 se aprobaron 284 solicitudes de asilo de 1,525 realizadas ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Así la migración en la frontera sur de México está teniendo cambios significativos. Ya no sólo influye el factor económico, sino que a ello se ha sumado el factor de la inseguridad. “El flujo migratorio se ha visto incrementado por el número de refugiados. Antes un migrante venía con la esperanza de progresar. Hoy ya no sólo traen eso, sino que ya les ha ocurrido algo muy malo en sus países”, dice Pérez. Y con la implementación de dos políticas contradictorias –Frontera Sur y Comar–, como agrega el representante de Fray Matías de Córdova: “Estamos ante un gobierno como el mexicano que no entiende que se necesita una condición de asilo, un nuevo enfoque para un fenómeno centroamericano de violencia. Simplemente no se quiere aceptar”, explicó.

La detención de migrantes en todo México, según una investigación de Animal Político, se ha incrementado en un 48 %, en menos de un año.

Por si fuera poco, Estados Unidos ha iniciado un condicionamiento económico para los países del Triángulo Norte con la implementación del Plan Alianza Para la Prosperidad. “Para los migrantes ahora es un frente múltiple. No sólo está la presión de los secuestros, de las extorsiones, sino que aunado al Programa Frontera Sur se agrega la presión desde los gobiernos locales con el Plan Alianza Para la Prosperidad. Acá en la Casa del Migrante (Guatemala) tenemos denuncias de que la orden, ahora, es no dejar salir migrantes de los países Centroamericanos”, dice José Luis Carbajal, de la Pastoral de Movilidad Humana.

Para Karla Cuevas, viceministra de Derechos Humanos y Justicia de Honduras, el Plan Alianza Para la Prosperidad es algo apremiante e inevitable. Como parte de las políticas públicas de asistencia al migrante, el Plan Alianza Para la Prosperidad, según Cuevas, será un beneficio para los países del Triángulo Norte, a pesar de que el borrador toma en cuenta la migración como un tema a tratar de forma colateral y nunca de forma directa.

El séptimo día, a pocos de finalizar, algo queda claro para los integrantes de la misión : Estados Unidos ve el tema migratorio con un enfoque de Seguridad Nacional. En tanto los gobiernos, los funcionarios públicos, la burocracia a la que se han enfrentado durante todo el recorrido, implementarán lo que sea necesario en función de los intereses económicos de los países de la ruta migratoria. “Son remesas y no migrantes, mucho menos los desaparecidos, lo que importa con todos estos planes”, lamentaba Luis López. “Estados Unidos no quiere que lleguen, pero si somos honestos, nuestros países necesitan de los migrantes para sobrevivir”, argumentaba Suyapa Suazo. Las políticas públicas están todas en pañales.

“No es pedir, sino exigir que cumplan sus responsabilidades”, exclamaba Alba Ortiz de Cofamipro durante el viaje. Lo que la misión ha constatado al final de cuentas es el miedo. El miedo de los migrantes a las instituciones del Estado. Miedo a la Policía. Miedo a los hospitales. Miedo. Cada año por estos países cerca de 200 mil centroamericanos se aventuran a cruzar hacia Estados Unidos. Y es aquí, en estas fronteras, donde empieza el recorrido cuesta arriba. Un camino que para muchos es un agujero negro que se traga todo: La identidad, el nombre, el país, la familia.

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Durante la ruta, cuando los representantes de los comités preguntaban si los cónsules de cada país visitan los penales, los hospitales, los albergues, la respuesta casi siempre era negativa. “Nadie pregunta a los chavalos detenidos si tienen algún familiar, si aún tienen contacto con su casa”, decía Ortíz de Cofamipro.
Mural del Migrante en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córboda, en Chiapas, México.