También, que la política consiste en el juego partidario, el proceso electoral, la administración del Estado, la organización de ministerios y otras dependencias públicas, la asignación del presupuesto nacional, la distribución de los recursos del Estado, la elaboración de leyes e incluso la administración de justicia. Curiosamente, en la Antigua Grecia —cuna de la civilización occidental y la democracia misma— a todo esto, es decir, a la organización, distribución y control del territorio, los recursos y la población, le llamaban policía.
La noción democrática de política es, por el contrario, antagónica a la de policía. Como señala Jacques Rancière en El desacuerdo, solamente hay política cuando una parte de los que no tienen parte interrumpe el orden natural de dominación (el status quo) para establecerse como parte, haciendo así visible lo que hasta ese momento era invisible y convirtiendo en discurso lo que hasta ese momento era tan sólo considerado como ruido de fondo. Se trata, en suma, de la irrupción de la lógica igualitaria y democrática en el orden policíaco del status quo y el poder constituido.
Así vista, la Marcha campesina, indígena y popular de hace unas semanas fue una actividad eminentemente política pues consistió precisamente en la interrupción del orden normal de dominación por una parte (un grupo significativo de campesinos indígenas) de los que no tienen parte (el conjunto de campesinos, indígenas, ladinos pobres, homosexuales y la gran mayoría de mujeres, entre otros). Lo que los campesinos indígenas buscaban, más allá de soluciones pragmáticas, era el ser reconocidos como sujetos de lenguaje, es decir, como sujetos con voz y parte en las decisiones nacionales y comunitarias, algo que el Estado guatemalteco, las élites político-económicas y amplios sectores de la población jamás han querido reconocer.
Ante tal atrevimiento, y como suele suceder ante cualquier acción o propuesta realmente política que cuestiona el status quo y los privilegios o intereses de los que se benefician del mismo, la ira de la lógica policíaca que regula, administra y vigila la vida cotidiana y el orden establecido no se hizo esperar. El silencio de los medios de comunicación, mismos que son los que en gran medida determinan quién puede hablar, de qué se puede hablar y bajo qué parámetros se debe hablar; las columnas de opinión, los programas de “investigación” y los posts en la redes sociales que buscaban deslegitimizar a los marchantes tildándolos de huevones, bárbaros, criminales, desestabilizadores y, para estar a la moda, terroristas; los comentarios racistas de amplios segmentos de la población que no hacen más que regurgitar el discurso policiaco en su versión más repugnante; y, finalmente, el ninguneo posterior del gobierno son todas tácticas que aunque parezcan independientes son realmente parte de una misma estrategia discursiva de claros rasgos coloniales e imperiales.
Más allá del obvio objetivo de proteger intereses políticos y económicos específicos, lo que busca la lógica policíaca (y en el caso de la Marcha lo logró) es impedir que la parte de los que no tienen parte se constituya como un sujeto político que debe ser escuchado en igualdad de condiciones. Como señala Rancière, la posibilidad de acuerdos significativos no se da entre alguien que dice blanco y otro que dice negro, sino más bien entre alguien que dice blanco y otro que también dice blanco. En otras palabras, la posibilidad de acuerdos reales y significativos que sean posteriormente honrados por ambas partes solo es posible cuando los que dialogan son sujetos que se reconocen mutuamente como iguales y que por ende tienen una base común desde la cual trabajar sus desacuerdos y diferencias.
Es precisamente el acceso a esta base común, al mínimo común múltiplo de la política que determina qué es discutible y qué no lo es, lo que ha sido negado histórica y sistemáticamente a las comunidades indígenas y/o campesinas. Y esto es exactamente lo que vinieron a reclamar al interrumpir la lógica policíaca del poder constituido y la razón soberana e intentar establecerse como una parte de los que no tienen parte. Pero las reacciones a la Marcha y la posterior actitud del gobierno parecieran sugerir que seguimos viviendo en un Estado policíaco, en el que los campesinos e indígenas siguen siendo ciudadanos de segunda categoría y la verdadera política es considerada una actividad desestabilizadora, criminal e incluso terrorista.
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