La oenegé de los Q3 millones, documentos ocultos y el origen del «fraude» | Plaza Pública

Cerrar

Ir

La oenegé de los Q3 millones, documentos ocultos y el origen del «fraude»

Tipo de Nota: 
Información

La oenegé de los Q3 millones, documentos ocultos y el origen del «fraude»

Gráficos: Suandi Estrada
Ilustración: Suandi Estrada
Historia completa Temas clave

Esta es la segunda entrega de la investigación relacionada con los mecanismos que son utilizados en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) para cooptar posiciones de poder.

A continuación se relata cómo tres personas que operaron en favor de Walter Mazariegos podrían afrontar consecuencias legales. Las propias actas y dictámenes del Consejo Superior Universitario (CSU) explican cómo el director jurídico Luis Cordón, con el apoyo de la subdirectora Astrid García, ocultaron dos dictámenes que no les eran favorables, y cómo ordenaron dos nuevos documentos para anular la elección de diez electores de la Facultad de Agronomía, los cuales fueron elaborados por un asesor que es cuñado del director jurídico y que fundó una oenegé que este año tiene asignados 3 millones de quetzales en el Presupuesto General de la Nación.

***

La tarde del 26 de abril, un día antes de la primera fecha en la que se programó la elección de rector en el Musac, los consejeros afines a Mazariegos de nuevo echaron a andar su mecanismo para que 35 electores quedaran fuera de la contienda. De la planilla SOS Usac, liderada por el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, se excluyó a 20 personas y del grupo Avante dirigida por  el exdecano de Arquitectura, Carlos Valladares, 15. Todo está consignado en el Acta 13-2022 del CSU.

[relacionadapzp1]

La elección del rector de la USAC está a cargo del Cuerpo Electoral Universitario (CEU), que se compone de 171 miembros, divididos en 34 cuerpos de cinco electores cada uno, más el rector saliente.

Luego de la exclusión de  sus 35 electores, Rodas y Valladares acusaron a las autoridades de la Usac de cometer «fraude» porque quedaba clara la estrategia: con un Cuerpo Electoral mermado, Walter Mazariegos estaba cerca de alcanzar la mayoría absoluta de votos. Además, horas antes el decano de Ciencias Económicas y candidato a rector por Identidad Sancarlista, Luis Suárez, renunció a la contienda y dejó «libres» a sus 25 votantes. El 14 de mayo, 17 de ellos le darían su voto a Mazariegos.

[embedpzp1]

En esta parte del proceso, tres personajes que operan el mecanismo del que se benefició Mazariegos incurrieron en anomalías que podrían tener consecuencias legales. En el Acta 12-2022 del CSU, del 22 de abril, consta que el director jurídico Luis Cordón aseguró que los expedientes para evaluar los cuerpos electorales de estudiantes y de docentes de Agronomía aún se encontraban en «análisis».

Pero la versión oficial es incorrecta ya que, el 20 de abril, la asesora jurídica Glenda Mariela Solares Pineda ya había elaborado dos dictámenes en los que recomendaba aprobar ambos cuerpos después de corregir dos errores de forma en las actas de elección: la fecha incorrecta de la convocatoria para elegir rector y haber consignado que la elección la presidió el decano de Agronomía, Waldemar Nufio, cuando realmente fue la Junta Directiva de la facultad.

Los dictámenes de Solares nunca salieron a luz, pese a que el 25 de mayo la asesora jurídica los envió por WhatsApp a la subdirectora de asuntos jurídicos, Astrid Elizabeth García Castillo, quien también es electora del grupo Innova en la planilla del CANG y, por tanto, tiene conflicto de interés.   

«Días antes, por la tarde, previo a  retirarme de la universidad, fui con la subdirectora y le pregunté si iba a firmar los mismos y ella me indicó, verbalmente, porque no fue nada por escrito, que no los firmara para no tener repercusiones o algún problema, entonces yo no firmé estos dictámenes, únicamente los entregué vía WhatsApp», reveló Solares el 13 de mayo en una sesión del Consejo Superior Universitario (CSU) donde participó como invitada, según quedó establecido en el Acta 18-2022.

La reunión del Consejo Superior del 13 de mayo fue exclusivamente para que las autoridades de la Usac informaran por qué el 26 de abril decidieron anular las acreditaciones de los dos cuerpos electorales de Agronomía. El decano Nufio pidió que la asesora Glenda Solares participara en la reunión, lo cual aprobó la mayoría de consejeros, excepto el rector Pablo Oliva; el representante del Colegio de Humanidades, Gregorio Lol Hernández; el estudiante de Humanidades, Elvis Enrique Ramírez Mérida, el director jurídico, Luis Cordón y Walter Mazariegos.

[relacionadapzp2]

Los documentos que sirvieron como base legal para declarar nulos los cuerpos de Agronomía y que fueron conocidos por el CSU el 26 de abril, están firmados por el asesor legal Ragde Rivera Aquino, con el aval de Luis Cordón. Los dictámenes son el DAJ 020-2022 y el DAJ 021-2022, en los que se recomienda anular las elecciones, contrario a lo que concluían los dictámenes de Solares que fueron desechados.

El abogado Ragde Rivera Aquino es cuñado de Luis Cordón. Según el Registro Nacional de las Personas (Renap), el director jurídico está casado con Julia Marisol Rivera Aguilar, jueza de primera instancia de Amatitlán, media hermana de Rivera Aquino. Este último también es fundador y representante legal de la oenegé Instituto de Justicia Ciudadana (Injuci), según el expediente que Rivera presentó en 2019 a la Comisión de Postulación cuando aspiró a ser magistrado de corte de apelaciones, aunque no fue incluido en la lista final de candidatos.

Este año, el Injuci tiene asignados 3 millones de quetzales dentro del presupuesto del Ministerio de Gobernación (Mingob), como parte de una opaca asignación de fondos que el Congreso aprobó en 2021 a entidades privadas.

La pequeña sede del Injuci se encuentra en el séptimo piso del edificio El Centro, en la zona 1 de la ciudad capital, y es  también la oficina de Rivera Aquino y su colega Juan Francisco García Morales.

Plaza Pública visitó esta oficina para entrevistar al abogado que firmó los dictámenes de la elección de Agronomía, para cuestionarlo sobre los mismos y para que explicara cuál es el trabajo que realiza el instituto que dirige, con el dinero que le traslada el gobierno. Sin embargo, una persona dentro del inmueble dijo que el abogado no se encontraba y que no podía proporcionar información.

En la oficina del edificio El Centro se informó que el nuevo presidente del Injuci es el también abogado Alfonso Clemente Tax, pero este no respondió las llamadas al teléfono que tiene registrado en el directorio del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

Pero el gobierno asegura desconocer las funciones del Injuci, según la respuesta que el departamento de comunicación del Mingob dio a este medio: «Se debe tener el acercamiento para entregar ese aporte y aclarar funciones y más, acercamiento que no se ha tenido porque Injuci no ha respondido a los oficios». El Ministerio aseguró que hasta la fecha no se ha hecho efectivo el traslado de los 3 millones de quetzales al Injuci por la falta de un convenio entre ambas partes y un «ente receptor» del aporte.

En su página en Facebook, cuya última publicación es del 13 de julio de 2016, únicamente se explica que el Instituto de Justicia Ciudadana es una «asociación no lucrativa que presta servicios gratuitos a personas en pobreza y pobreza extrema para plantear acciones legales en beneficio de la sociedad».

Cuando se le contactó por teléfono, Rivera Aquino colgó al enterarse de que un periodista lo buscaba para entrevistarlo. Posteriormente, dejó de contestar las llamadas. En 2018, Rivera Aquino, García Morales y Arardo Alessandro Sandoval González presentaron una acción de inconstitucionalidad parcial contra el artículo de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que prohíbe a los diputados postularse a la reelección por un partido distinto al que fueron electos en los comicios anteriores, acto conocido como transfuguismo. La acción legal la rechazó la Corte de Constitucionalidad (CC).

En la misma sesión del Consejo Superior celebrada el 26 de abril, también quedaron fuera de la elección de rector los cuerpos electorales de cinco colegios profesionales: de Ingenieros Agrónomos, de Médicos y el de Farmacéuticos (ganados por SOS Usac), así como el de Arquitectos (ganado por Avante) y el Estomatológico que, hasta la fecha, se encuentra en disputa entre SOS Usac y Avante. El argumento del secretario general, Gustavo Taracena, fue que en todos los casos había recursos legales pendientes de resolver, pero Taracena lo informó al Consejo Superior hasta el 11 de mayo, según el Acta 16-2022.

A criterio del abogado Alejandro Balsells, lo que diseñó el círculo de abogados que rodea a Mazariegos fue un «fraude barnizado de legalidad» al dejar fuera de contienda a los 35 electores. En el caso de los cuerpos electorales provenientes de colegios profesionales, Balsells sostiene que el CSU no tenía ninguna facultad legal para revisar dichos procesos legales.

[relacionadapzp3]

No obstante, en la falta de acreditación de veinticinco electores de colegios profesionales intervinieron el secretario general, al no aceptar los expedientes por supuestas acciones legales pendientes, así como el director jurídico al indicar que sobre esas elecciones no existían dictámenes jurídicos.

Y sobre la anulación de los 10 electores de la Facultad de Agronomía, Balsells señaló: «si en un acta existen errores numéricos hay que corregirlos, pero jamás se puede cambiar la intención y menos descalificar un proceso electoral porque eso es anularlo. Se anula un proceso cuando la gente no pudo participar, cuando hubo anomalías en el conteo, pero no si un acta dice ocho y usted puso tres»

Pese a las anomalías cometidas por los operadores de Mazariegos, con la cooptación que afronta actualmente el sistema de justicia es muy factible que sus acciones queden sin castigo, consideró el abogado Balsells «por supuesto que pudieron haber incurrido muchos en responsabilidades legales, pero la institucionalidad universitaria y la del Estado les garantiza impunidad».

[embedpzp2]

Autor
Edición
Autor
a
u
Edición
a