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El mecanismo que impuso a un rector de facto en la Usac

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El mecanismo que impuso a un rector de facto en la Usac

Gráficos: Suandi Estrada
Ilustración: Suandi Estrada
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Walter Mazariegos y sus colaboradores dieron un golpe a la Rectoría que, a medida que pasa el tiempo, hace más grave la crisis de la única universidad pública del país. Durante el proceso anómalo de la elección de rector, Mazariegos se convirtió en un elemento más visible dentro de un viejo ecosistema que mantiene capturada a la Usac y se alimenta de la corrupción, clientelismo, opacidad y represión.

En las últimas dos décadas ese ecosistema, donde unos actores cambian y otros se mantienen incrustados, se sofisticó. Durante el ascenso de Mazariegos al poder en la San Carlos, se hizo evidente el mecanismo que le permitió abrirse camino, operado por sus colaboradores más cercanos.

Esta investigación expone, en cinco capítulos, ese mecanismo y una serie de anomalías a través de los propios dictámenes jurídicos, actas e informes del Consejo Superior Universitario (CSU), así como mediante los testimonios de consejeros que rechazan el proceso fraudulento que llevó a Mazariegos al poder en la Usac.

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Walter Mazariegos sonríe y saluda a quienes lo acaban de convertir en rector y lo ovacionan. Enseguida estrecha las manos del secretario general Gustavo Taracena y del rector en funciones Pablo Oliva, dos de las piezas más visibles de un nutrido entramado de personajes que le abrieron camino a fuerza de amparos, interpretaciones jurídicas a la medida, coacciones, represión y anomalías para llegar, sin ninguna oposición, a la silla principal de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Es 14 de mayo y, mientras en el salón 10 del Parque de la Industria el nuevo rector se abraza y se fotografía con sus colaboradores, frente a la puerta 4 del recinto los antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) acaban de rociar gas lacrimógeno a estudiantes, opositores al rector electo e integrantes de organizaciones sociales que se manifiestan contra el «fraude» que concluyó con la elección de Mazariegos.

No será la última vez que la fuerza pública reprima a estudiantes que se manifiestan contra las decisiones del CSU, ni la última anomalía en favor del rector de facto y de los actores que mantienen capturado el gobierno de la Usac.

La PNC funcionó ese día como un primer anillo de seguridad para Mazariegos y sus electores afines. Desde la noche anterior, personas con armas y gorros pasamontaña, así como agentes de una supuesta empresa de seguridad privada, se instalaron dentro del Parque de la Industria para evitar la suspensión del evento electoral, como ya había sucedido el 27 de abril, frente al Museo de la Universidad de San Carlos (Musac).

Mazariegos y sus aliados acaban de asestar un golpe a la Rectoría, que más tarde llevará a una prolongada crisis institucional, debido al rechazo generalizado al rector que fue electo a la fuerza y sin cumplir a cabalidad con la Ley Orgánica de la Usac.

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CAPÍTULO 1: El círculo de Walter Mazariegos y su red de colaboradores

Esta es la primera de cinco entregas, que retratan cómo está tejido el entramado de poder en la Universidad de San Carlos. A continuación se describe cómo funciona, dentro del Consejo Superior Universitario (CSU), el mecanismo del que se sirvió Walter Mazariegos. También se muestran a las personas que mueven los hilos del Consejo y quiénes colaboran con el sistema viciado en la Usac que procura el secretismo y busca atemorizar a los consejeros que denuncian las anomalías con investigaciones en su contra o, incluso, «auditorías forenses» a sus dispositivos electrónicos por compartir información de lo que ocurre dentro de ese órgano.

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El CSU de la Usac está conformado por 41 integrantes con voz y voto, entre ellos, el rector quien lo preside. En el CSU están representadas las 10 facultades de la universidad y 11 de los 14 colegios profesionales. Desde octubre de 2021, cuando se convocó para elegir al sucesor de Murphy Paiz en la Rectoría, Walter Mazariegos ha logrado que un mismo grupo de consejeros casi siempre reúna la mayoría absoluta de votos e incline la balanza a su favor.

En teoría, el CSU debe funcionar como un órgano de deliberación entre catedráticos, estudiantes y profesionales. Pero en la práctica el Consejo opera como lo hace el Congreso de la República: hay un grupo dominante que impone su agenda y otro minoritario de oposición. La rosca de Walter Mazariegos, integrada por el rector en funciones, tres consejeros y el secretario general; controla las agendas, el ritmo y el tono con el que se desarrollan las sesiones, así como lo hace la junta directiva en el pleno del Legislativo.

Por lo regular, a las reuniones del CSU no acuden todos los consejeros. Para que una sesión del Consejo se desarrolle debe estar presente, al menos, la mayoría absoluta de sus miembros, 22.

A menudo, el cuórum oscila entre 36 y 38 integrantes y el grupo afín a Mazariegos (quien desde hace 13 años integra el Consejo por ser decano de Humanidades) consigue de 19 a 20 votos, con lo que alcanza la mitad más uno, lo mínimo para aprobar las decisiones. Es un reflejo de cómo la aplanadora oficialista en el Congreso aprueba las leyes con el auspicio de diputados aliados.

Los integrantes del Consejo que votan en apoyo a Mazariegos tienen conflicto de intereses. Un caso paradigmático es el de Urías Amitai Guzmán García, quien lleva 18 años consecutivos en el CSU como representante del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores, y Administradores de Empresas (CCEE).

Guzmán llegó al cargo en 2004, pero un año después surgió una controversia entre el CCEE y el Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CPA) y desde entonces no se han puesto de acuerdo para nombrar a otra persona para que represente a ambos colegios. El CPA no tiene representación en el Consejo Superior.

Urías Guzmán es empleado de la Usac según los registros del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss). En 2019 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) denunció 12 hechos de posible corrupción en la Usac por construcciones de obras y contrataciones, entre estos la adquisición sobrevalorada de un terreno para construir un Centro Universitario Metropolitano por 26.6 millones de quetzales.

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La empresa beneficiada fue Viviendas Universales, Sociedad Anónima y Guzmán fue uno de los cinco integrantes de la junta de licitación que adjudicó la compra. El consejero no atendió las llamadas hechas a su celular para cuestionarlo sobre su permanencia en el máximo órgano de dirección de la Usac y por la denuncia de la Cicig que lo implica. Sobre esto último, la oficina de comunicación del Ministerio Público (MP) informó a Plaza Pública que todas las denuncias se encuentran en investigación en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci).

En la siguiente fotografía que fue  compartida a este medio, se observa a Walter Mazariegos rodeado de un grupo de personas después de una votación para elegir cuerpos electorales en el Club de Oficiales La Aurora.

Entre el grupo se encuentra el presidente del Colegio de Economistas, José Domingo Conde (primero de izquierda a derecha), Carlos Humberto Echeverría (atrás con mascarilla blanca), que impulsa la organización gremial Mapa y que busca ser contralor general de cuentas. También se observa Henry Estuardo Castillo Villatoro (atrás de Mazariegos sin corbata), también integrante de la organización Mapa y nombrado en mayo pasado por el CSU como representante titular en la Junta Monetaria (JM), electo con los votos del grupo cercano a Mazariegos.

Pero el caso del representante del Colegio de Economistas no es el único. El propio Walter Mazariegos es otro ejemplo claro de la cooptación en la San Carlos, pues acumula más de una década como decano de Humanidades y, por consiguiente, como miembro del CSU.

La socióloga Ana Silvia Monzón dice que lo que ocurre en la Usac es el resultado del deterioro que la universidad sufre desde que, en el conflicto armado interno, el Estado acabó con su capital científico y académico, de lo cual la universidad pública nunca se repuso. Y, en las últimas dos décadas, el deterioro se aceleró. Esto coincide con el proceso en el que las estructuras se empezaron a enquistar dentro de la San Carlos, por la reelección de decanos como Murphy Paiz, Estuardo Gálvez y Walter Mazariegos, los dos primeros capturados en 2021 señalados de corrupción.

Esa reelección también les permitió mantener cuotas de poder dentro de sus unidades académicas y afianzar los pactos dentro del CSU. Esas alianzas hoy se ven reflejadas en las votaciones del Consejo Superior, donde el «voto duro» de Mazariegos está compuesto por siete de los diez decanos: Derecho, Ingeniería, Odontología, Ciencias Económicas, Ciencias Químicas, Humanidades y Agronomía.

El mecanismo que se pone en marcha cada vez que el Consejo Superior se alista a tomar decisiones importantes funciona con dictámenes jurídicos a la medida de los intereses del círculo cercano a Mazariegos, que luego son utilizados por el grupo de abogados dentro del CSU para infundir miedo a los demás consejeros con la intención de inducir las votaciones en favor del grupo dominante.

Para el proceso de elección, ese mecanismo también se valió de actores fuera del Consejo Superior, como asesores legales, docentes y electores que colaboraron con el ascenso de Mazariegos.

Luis Fernando Cordón Lucero, director jurídico de la Usac, es un engranaje clave en el sistema del que se sirvió Mazariegos. Cordón  Lucero es un viejo conocido del rector electo, pues, además de encargarse de la parte legal de la universidad, ocupa un escaño en el CSU como representante de los docentes de la Facultad de Humanidades. El director elabora dictámenes y opiniones jurídicas, que posteriormente defiende y vota por estos en el Consejo.

Desde finales de 2021, Mazariegos logró alinear dentro de su grupo de colaboradores a Pablo Ernesto Oliva Soto (decano de Ciencias Químicas y rector interino), quien se encarga de definir las fechas de las sesiones, muchas de estas convocadas con pocas horas de anticipación y sin compartir a los consejeros la documentación para analizar los puntos de agenda. Esto provoca que haya poco margen para discutirlos previo a votar.

La mano derecha de Oliva es el secretario general, Gustavo Enrique Taracena Gil, quien estuvo a cargo de la actividad del Parque de la Industria donde se excluyó a 64 electores de planillas distintas a la de Mazariegos al no permitirles el ingreso. Esto se sumó a los 35 electores que, desde abril, habían quedado fuera del proceso, también de manera anómala.

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Los otros dos integrantes que influyen en las decisiones del CSU son el decano de Derecho, Henry Manuel Arriaga Contreras y el representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), Berner Alejandro García García, alias Mozote. De acuerdo con testimonios de consejeros opositores, el grupo controlado por Mazariegos constantemente intenta «coaccionarlos» para votar como los abogados opinan, todo con base en los dictámenes jurídicos elaborados por Cordón Lucero, pese a que estos no son vinculantes.

Para esta investigación se buscó entrevistar a Cordón, Arriaga, Taracena y Cordón, pero no atendieron las llamadas a sus celulares y cuando se les buscó en la casa Flavio Herrera, de la zona 11 y en el campus central antes de que fuera tomado por estudiantes, pero en estos lugares se informó que no se encontraban. La encargada de comunicación de la Usac, Francis Urbina, tampoco facilitó algún enlace o entrevista con los consejeros y el secretario.

El caso de Berner García ejemplifica cómo el orden de las cosas en el CSU continuó favorable a los intereses de Mazariegos, aúin con actores diferentes. García sucedió en el puesto a Juan Carlos Godínez Rodríguez, abogado incluido en la «lista de actores corruptos y antidemocráticos» del Departamento de Estado de Los Estados Unidos, por «influir y manipular» en el proceso de selección de jueces del país.

Godínez es, además, uno de los operadores del grupo Innova, plataforma que impulsó a Walter Mazariegos. Cuando Godínez integró el CSU, también intentaba presionar a los demás consejeros durante las sesiones para inclinar los votos según sus criterios, siempre favorables a Mazariegos.

Juan Carlos Godínez está fuera de la Usac, pero sus dos hermanos José Alberto y Erik Geovany se mantienen dentro. Ambos también son abogados, el primero es director del Centro Universitario de Sacatepéquez y el segundo trabaja en la División de Servicios Generales. Godínez se postuló como candidato a magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) en representación del CSU, aunque no logró un solo voto en la única ronda de elección realizada el 21 de junio.

Precisamente, una de las propuestas de Juan Carlos Godínez cuando integró el Consejo Superior fue que se ocultara, en las actas del CSU, el detalle sobre cómo vota cada consejero bajo el argumento de «resguardar la integridad física y la seguridad de los consejeros evitando las amenazas y coacción».

El planteamiento se conoció por primera vez el 1 de mayo, cuando el grupo de Mazariegos se manifestó en contra de los cuestionamientos que se hacían a los integrantes del Consejo Superior en redes sociales, pero no fue aprobado. En el Acta 14-2022 consta que varios de los consejeros estaban descontentos con ser evidenciados en público. María Eunice Enríquez Cottón, catedrática de Ciencias Químicas y Farmacia, llegó a proponer que se investigue a quiénes divulgan la información del Consejo.

El 23 de mayo, por decisión de 18 consejeros, el CSU aprobó ocultar las votaciones, pese a que la propuesta de Godínez ya se había rechazado anteriormente. La decisión consta en el Acta 19-2022, donde también se observa que el estudiante de Humanidades, Elvis Enrique Ramírez Mérida, planteó «realizar una auditoría forense informática para determinar de qué IP está saliendo la información». Ramírez Mérida agregó: «es inadmisible que los miembros de este consejo sigan publicando la información, contribuyendo de esa forma al acoso mediático en contra de cada uno de los consejeros».

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