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Los electores de Mazariegos, el clientelismo que reproduce la Usac

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Los electores de Mazariegos, el clientelismo que reproduce la Usac

Ilustración: Dénnys Mejía
Gráficos: Dénnys Mejía
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Esta es la quinta parte de la investigación que expone el mecanismo de captura de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Esta parte describe cómo la universidad reproduce un patrón que se utiliza en el Estado: el clientelismo que opera por medio de otorgar plazas de trabajo y contrataciones públicas con fuertes sospechas de corrupción. 

De los 72 electores de Walter Mazariegos, 56 tienen un contrato en el Estado. Aunque la lista la engrosan 12 catedráticos titulares de la Usac, entre los electores hay estudiantes con evidentes conflictos de interés: también ocupan un espacio en el Consejo Superior Universitario (CSU) y, además, tienen una plaza de trabajo en la Usac. También se incluye el caso de la fiscal general del MP, Consuelo Porras, cuya institución debe investigar denuncias de corrupción en la universidad Porras es catedrática titular desde 2001.

Con la exclusión de los 35 electores de los grupos SOS Usac y Avante desde el 26 de abril, Walter Mazariegos solo necesitaba la presencia de 68 electores, más el rector en funciones Pablo Oliva para desarrollar la votación del 14 de mayo. Con toda la desinformación y represión en las afueras del Parque de la Industria, al salón del evento ingresaron 71 electores además de Oliva: 54 eran de Innova Usac y 17 de Identidad Sancarlista, todos votaron por Mazariegos.

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Todo estuvo cuidadosamente legalizado, por medio de amparos y dictámenes jurídicos a la medida, aunque plagado de anomalías y posibles delitos para abrirle camino al decano de Humanidades. 

Del total de los 72 electores, 57 tienen contratos en instituciones públicas, principalmente en la Usac. La lista la engrosan los 12 catedráticos titulares de la San Carlos. Sin embargo, en esta parte de la elección también hay conflicto de intereses pues estudiantes que fueron electores de Mazariegos, también tienen una plaza de trabajo en la Usac y otros trabajan en los ministerios de Salud y de Educación, así como en la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Entre los electores de Mazariegos también se encuentran personajes como Milton Danilo Santizo Carías, integrante de la planilla Innova del Colegio de Ingenieros de Guatemala, propietario de la empresa individual Construsa. En 2019, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) denunció doce posibles actos de corrupción en la Usac. Uno de estos involucra a la entidad de Santizo que estuvo a cargo de la construcción de un área abierta de estudio en el segundo piso contiguo al edificio T-4 del campus central, de la Facultad de Ingeniería.

La contratación identificada en Guatecompras con el NOG 2953579, se adjudicó en 2014 a Construsa por 793 mil 123.90 quetzales. La obra fue otorgada de manera directa supuestamente con sobreprecio; sin embargo, de las denuncias no se conoce ningún avance en el Ministerio Público (MP) a cargo de Consuelo Porras.

El equipo de comunicación del MP informó a Plaza Pública que las denuncias que la Cicig presentó antes de su retiro del país, se encuentran en investigación en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). No obstante, Consuelo Porras es catedrática titular en la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC desde 2001, confirmó el decano de esa unidad, Luis Suárez, y Santizo Carías arrienda un inmueble al MP donde funciona la Fiscalía de Delitos Contra la Vida en Escuintla.

También se encuentra Brenda Marisol Luch Escobar, electora de Innova Usac del Colegio de Enfermería. Luch es subdirectora de enfermería en el Hospital Especializado de Villa Nueva y, en abril de 2021, fue capturada junto con otras tres personas por la compra sobrevalorada de batas esterilizadas a la entidad Grupo Roja, Sociedad Anónima, por 1.3 millones de quetzales.

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Entre los electores del nuevo rector se cuenta a cuatro personas que también tienen intereses dentro del CSU: el primero es Carlos Humberto Aroche Sandoval, quien representa a los colegios de Ingenieros y de Ingenieros Químicos en el Consejo. Aroche también es representante legal del Centro Universitario de Totonicapán y es elector del grupo Innova en el Colegio de Ingenieros de Guatemala. Además, el pasado 4 de mayo fue nombrado como representante suplente del CSU en la Junta Monetaria (JM), pese a que Aroche es ingeniero mecánico de profesión.

Elvis Enrique Ramírez Mérida y Roberto Antonio Barraza González, estudiantes de Humanidades y de Ingeniería, respectivamente, también integran el CSU e igualmente son electores del grupo Innova de Walter Mazariegos. Ambos cuentan con una plaza en la USAC, según los datos del Igss.

En tanto que Astrid Elizabeth García Castillo, subdirectora de asuntos jurídicos de la San Carlos, es otra de las electoras de Mazariegos de la planilla del CANG. García Castillo fue quien pidió por medio de mensaje de texto en WhatsApp, los dictámenes, de los cuerpos de la Facultad de Agronomía que nunca salieron a la luz. Ambos cuerpos los anuló el CSU después de que otro abogado, el cuñado del director jurídico diseñó, a la medida, dos dictámenes diferentes.

Otro de las personas que integran la lista de los 72 electores de Mazariegos es Carlos Humberto Cotufa Reyes, supervisor de asuntos internos en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Cotufa fue uno de los dos integrantes de la comisión encargada de revisar que Mazariegos cumpliera con todos los requisitos para ser electo como rector; sin embargo, pasó por alto el hecho de que este no contaba con el mínimo de ejercicio docente.

El supervisor de la SAT, además, fue electo con la planilla Identidad Sancarlista en el Colegio de Contadores Públicos y Auditores. El grupo es la plataforma de Luis Suárez, el candidato a rector que renunció un día antes de la elección. Carlos Cotufa también formó parte del grupo gremial Desafío que en 2018 impulsó la candidatura a contralor general de cuentas, de Carlos Humberto Salazar Jerez, quien un año después fue electo por el Congreso para ese cargo.  

***

Después del acto del 14 de mayo, cuando Walter Mazariegos tomó por la fuerza el poder en la Usac, el rector electo lleva más de un mes sin aparecer en actividades públicas. Tiene frente a sí una crisis de ingobernabilidad debido a las voces que le reprochan el «fraude» con el que fue electo. La respuesta de las autoridades administrativas de la Usac ha sido confrontativa y no han propiciado el diálogo con los estudiantes en resistencia.

Hasta el cierre de esta publicación, el campus central de la universidad, el Musac, el Centro Metropolitano Universitario (CUM), el Paraninfo Universitario; así como seis, de 19, centros regionales de la Usac permanecían tomados en rechazo a la elección de Mazariegos.

Las autoridades de la San Carlos desoyen los requerimientos del grupo opositor en el CSU.  Por ejemplo, se negaron dos veces a realizar una sesión presencial solicitada por 12 consejeros en la que se buscaba que se revisaran las anomalías de la elección, a pesar de que el Artículo 12 de la Ley Orgánica de la Usac obliga al rector a convocar a sesión extraordinaria del CSU cuando la piden, al menos, alguno de los decanos o tres miembros del Consejo. 

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Primero, los consejeros de oposición pidieron que la sesión se realizara en el CUM. El rector Pablo Oliva hizo una nueva jugada para evadir su obligación: el 16 de junio lo sometió a votación en el CSU, donde Walter Mazariegos tiene la mayoría de votos. Como era de esperarse, la petición fue rechazada por mayoría.

Al día siguiente, los 12 consejeros dirigieron la solicitud de la sesión presencial, ahora para que se llevara a cabo en el Club Deportivo Universitario Los Arcos. Oliva respondió en un oficio que este otro requerimiento era «improcedente» porque el Consejo Superior lo rechazó en la primera oportunidad. Sin embargo, el Reglamento de Elecciones de la Usac procederá a revisar de oficio alguna elección, si adolece de algún vicio fundamental. En todos los pasos de la elección de Mazariegos hubo anomalías. 

La represión hacia los opositores continúa, como ocurrió en el Parque de la Industria: ocho estudiantes que participan en las tomas  han sido denunciados por delitos como usurpación, depredación de bienes culturales, robo y sedición. 

Una denuncia la planteó el jefe de seguridad de la Usac, Ronnie Hiram López y la segunda Guillermo Alfredo Hernández Escobar, quien hasta el 2020 estuvo contratado en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Usac.

La PNC también reprimió de nuevo a estudiantes, el 21 de junio frente al hotel Grand Tikal Futura de la zona 11 de la ciudad capital, donde el Consejo Superior eligió con 27 votos a Héctor Hugo Pérez Aguilera como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC). 

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El futuro de la Usac no se vislumbra alentador. Sin ninguna orden judicial que anule el proceso anómalo de elección, Walter Mazariegos se encamina a asumir el cargo a partir del 1 de julio de 2022, pese a los amparos contra el proceso, pendientes de resolver. 

Osmin Pineda, representante del Colegio de Veterinarios en el CSU, lo resume así: «La San Carlos así viene para abajo, para abajo… y yo creo que ya va a tocar fondo, ya va a tocar fondo…»

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