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La ley que los congresistas no hacen porque la temen

Según Amílcar Pop, se trató de una estrategia en la que participaron el PP y Lider para evitar que se aprobara la iniciativa, ya que desde antes de que se presentara la enmienda de Lider, observó cómo se preparaba el bloqueo.
Todas las bancadas aseguran estar de acuerdo en apoyar la iniciativa y atribuyen a sus rivales políticos los obstáculos interpuestos hasta ahora, pero casi todas ella han participado de una u otra forma en dificultarla, aunque no al completo, es decir, no todos sus integrantes.
Ilustración Dénnys Mejía
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La ley que los congresistas no hacen porque la temen

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Ha pasado casi un mes desde que el Congreso interrumpió la redacción final y por artículos de la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito. Desde entonces, cada bancada existente ha asegurado apoyarla y ha acusado a sus adversarios de entorpecer el proceso para su aprobación. ¿Todas mienten y todas tienen razón?

Redes-lateral

La reforma tributaria era sólo el primer paso. Esa era la promesa del presidente.

Otto Pérez Molina había anunciado que después de que se aprobara la Ley de Actualización Tributaria, que pretendía incrementar la recaudación de impuestos, el oficialismo se preocuparía por impulsar la agenda de transparencia desde el Congreso. Pero las palabras del presidente, la agenda de reforma fiscal en fases que anunciaba tener, fueron rechazadas tácitamente por su propio partido y por el Congreso en general.

Lo cierto es que pronto se evidenció que el entusiasmo que muchos habían mostrado por aprobar la reforma tributaria era mucho mayor que el ánimo con el que encaraban la posibilidad de convertir en ley dos paquetes de reformas orientadas a mejorar el uso de los recursos del Estado, la calidad de sus servidores y los mecanismos para transparentar la gestión pública, sumados a las propuestas para revivir una Ley contra la Corrupción y eliminar el secreto bancario. ¿Había existido alguna vez realmente la idea de llevarlas a cabo?

Las propuestas afectaban a mucha gente. A toda la clase política, pero también a cualquier funcionario, o a cualquier particular acostumbrado al tráfico de influencias. En el Congreso, las dudas reales sobre las iniciativas se mezclaban con las falsas, de igual forma que en los tribunales se entrelazan los amparos que buscan proteger un derecho con los que pretenden obstaculizar la justicia. Ni los dos grupos de reformas a leyes de transparencia ni la eliminación del secreto bancario han logrado desde entonces concretarse.

Lo mismo ocurre con la Ley de Enriquecimiento Ilícito, que se basa en la iniciativa 4550, presentada por Libertad Democrática Renovada (Lider) en 2011. Esta propuesta ya no se encuentra incluida en la agenda de la sesión permanente en que el Congreso está desde agosto. Aunque se esperaba que surgiera una moción privilegiada en el hemiciclo este martes 2 de octubre para retomar el tema, una vez más se debió posponer la plenaria por falta de quórum.

"Cuando les conviene..."

La iniciativa contra el enriquecimiento ilícito sí fue abordada en la actual sesión permanente, pero durante su redacción final el pasado 4 de septiembre, se suscitó una serie de acontecimientos que sacaron la ley de la discusión. Ningún grupo político en el Legislativo se hace responsable de ello.

Según el presidente de la comisión de transparencia, Amílcar Pop, de Winaq, detrás de todo ello estaba el complot del Partido Patriota (PP), y de Lider, la principal agrupación opositora. Ambos, dice Pop, querían evitar que se aprobara la iniciativa.

Fue el pasado 4 de septiembre, cuando los diputados –con mucho miedo, según Pop– iban aprobando uno a uno los artículos de una iniciativa que prometía arduas sesiones de debates y enmiendas.

Pop relata que en este proceso vio a dos diputados que conversaban, uno del Partido Patriota y uno de Lider –el diputado elude mencionar sus nombres–, cuando llegó otro congresista –del que tampoco señala la bancada– y le preguntó al de Lider si ya había presentado su enmienda.

Ante la respuesta afirmativa, según Pop, este diputado les dijo que cuando se leyera la enmienda, Lider tenía que empezar a defender a “sus pobres” y el PP a “sus empresarios” para provocar desorden y terminar la sesión.

Instantes después, tras aprobar el artículo 26 de la iniciativa, Gudy Rivera, presidente del Congreso, leía que se había presentado una enmienda de Lider. En ella se planteaba tipificar la evasión fiscal como enriquecimiento ilícito.

Rivera le dio la palabra a Villate para que expusiera sus argumentos en favor de esta ponencia, una acción no muy frecuente cuando se abordan temas calientes en el Congreso, como subraya Pop: “Cuando les conviene no dejan que los de Lider hablen y en otras ocasiones los dejan hablar por cinco horas”.

Los diputados de Lider se turnaron al micrófono para exponer por qué consideraban importante que se tomara en cuenta su propuesta, pero la enmienda de este grupo legislativo nunca llegó a pasar por una votación en el pleno. Después de que congresistas de otros bloques declinaran tomar la palabra, que habían pedido, se presentó una moción privilegiada, que cambiaría el rumbo de la sesión.

La moción establecía dejar de lado los puntos pendientes en el orden del día, para conocer otros como el Tratado de Libre Comercio con México y la Ley contra la narcoactividad. También planteaba ampliar la Comisión de Legislación Puntos Constitucionales para evaluar la iniciativa de reformas a la Carta Magna y leer 20 iniciativas nuevas.

Mario Linares, quien presidía la plenaria en ese momento, llamó para que se empezara a debatir la moción recién presentada.

“No habiendo discusión, se entrará a votar”, pronunciaba el primer secretario, Christian Boussinot,  pocos segundos después, mientras Pop pedía el uso del micrófono. Pero obtuvo el mismo resultado que los diputados de Lider cuando el oficialismo no está dispuesto a oír sus argumentos.

¿Quién había solicitado que se sacara de la agenda la Ley anticorrupción? “Diputados ponenetes: varias firmas ilegibles”, fueron las palabras del primer secretario. Pero no eran ilegibles, en el documento se lograban distinguir apellidos como Gramajo y Soto entre los firmantes. Se trataba de una moción presentada por varios jefes de bloque.

A pesar de que para cambiar la agenda se necesitó del apoyo de varias bancadas, la escena descrita por Pop lo lleva a acusar a Lider y al PP de ser los principales responsables. Con ello coincide Mario Taracena, jefe de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Valentín Gramajo, jefe de la bancada del PP, niega que se haya dado un acuerdo con Lider para entrampar la Ley y ratificó el apoyo de su bancada para que se termine de aprobar en la próxima oportunidad que haya.

Edgar Ajcip también niega esta posibilidad. “Son el peor Gobierno de la historia y no hemos tenido, no tenemos ni pensamos tener, una alianza con ellos”, sentencia el diputado de Líder, que fue compañero de varios miembros del PP cuando fungió como director de Fonapaz en el Gobierno de Óscar Berger.

Ajcip también argumenta que ningún miembro de su bancada votó a favor de la moción de los jefes de bloque y considera que la enmienda de su bancada no debió leerse en ese momento, sino que hasta el final, pues proponía un artículo nuevo.

Con respecto a esa votación, la coartada de Lider es válida. Mientras se esperaba el resultado de la que se hizo para aprobar la moción presentada por varios jefes de bloque, Roberto Villate, jefe de esa bancada, reunió a su alrededor a sus correligionarios y, como lo indicó Ajcip, ninguno de ellos votó a favor de la moción –a diferencia del PP, bancada en la que sólo uno de los 59 asistentes se mostró en contra.

La evidencia no es tan sólida con respecto al argumento de que su enmienda no se leyó en el momento adecuado, pues en sus intervenciones, los diputados de Lider no se negaron a exponer sus motivos porque se hubiera faltado al proceso debido.

Sin los de Lider, fue complicado alcanzar los 80 votos necesarios para aprobar ese cambio en la agenda.

La Junta Directiva debió esperar casi ocho minutos para obtener el apoyo decisivo. Según el relato de Pop, este fue del diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, César Fajardo, a quien otros diputados condicionaban a que “cumpliera con el acuerdo”, mientras el diputado de Winaq trataba de convencer de que no votara.

En un video de la sesión, grabada por Guatemala Visible, se observa que antes de que se cerrara la votación, son los parlamentarios Aleksander Castillo, del PP, y Taracena los que, además de Pop, hablaban con Fajardo. Pese a las solicitudes, el Congreso aún no ha entregado la grabación oficial de esa plenaria.

Sin esperar a que surgieran reclamos, de inmediato el oficialista Oliverio García, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, pidió la palabra y empezó a referirse los aspectos que le atañían en esta nueva agenda.

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El argumento con el que el oficialismo justificó la moción de los jefes de bloque esa vez fue que pretendía evitar que se entrampara la Ley debido a que se venía encima una serie de enmiendas de Lider.

Sin embargo, como se vio unas horas después, dejar de discutir la iniciativa era sólo la primera fase. La siguiente consistía en asegurarse que la iniciativa no volviera en mucho tiempo.

Mientras transcurría la sesión plenaria, a la Dirección Legislativa del Congreso llegaban otras seis enmiendas al dictamen original. De hecho, cuando se presentó la enmienda relacionada con la evasión fiscal, a las 13:20, ya había cinco más a la espera. No obstante, estas no se leyeron en el pleno como la de Lider.

Entre los temas que abordan estas enmiendas se encuentra el de obligar a los condenados por peculado culposo a resarcir los valores que pierda el Estado por sus delitos, así como incluir a los particulares en los delitos de enriquecimiento ilícito y testaferrato.

Otras proponían dejar fuera a los diputados de la categoría de funcionarios públicos, así como dejar fuera de los alcances de la ley a los funcionarios extranjeros por los delitos de cohecho transnacional, activo y pasivo.

Aun con estas siete enmiendas pendientes de discutirse, se mantenía la posibilidad de que el tema volviera a llegar al Congreso, y aun en la misma sesión permanente.

Pero esta posibilidad se desvaneció una semana después. La Dirección Legislativa empezó a recibir enmiendas a las 9:30 horas y cuando la sesión concluyó, a las 13:09 horas, había 18 enmiendas adicionales a las siete de la semana anterior.

La ley obliga a que las iniciativas regresen a la Comisión que les dio dictamen favorable si el número de enmiendas supera el 30% de su contenido. Con ello, la iniciativa debía discutirse de nuevo en una sala de trabajo y esperar a que se hubieran consensuado todas sus posibles modificaciones, un proceso que podría ser breve o demorar años, dependiendo de la voluntad política.

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Ante esta posibilidad, Pop solicitó conformar una comisión especial que se encargara de evaluar las enmiendas y regresar la iniciativa al pleno lo más pronto posible.

A Pop, de hecho, le pareció extraño que los otros diputados lo empezaran a felicitar después de proponer esta alternativa. Fue entonces cuando comprendió, dice, que a ellos “les convenía para lavarse las manos”. “Después de eso ya nadie preguntó qué había pasado ni quién había presentado la moción para entrampar la aprobación de la ley”, explica.

“Creo que su intención fue buena, pero no se dio cuenta de que era lo que los opositores de la Ley buscaban”, expresa Carlos Barreda, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), al hablar del planteamiento de Pop.

La tarea de evaluar 25 enmiendas pudo haber sido muy complicada para la Comisión propuesta por Pop. Sin embargo, estas enmiendas tenían una característica especial, las firmas de los ponentes eran ilegibles en todas ellas –con excepción de la de Lider–. Cuando Pop solicitó a la Dirección Legislativa que compararan las firmas con las de los diputados para determinar su origen, resultó que no coincidían con las registradas por ningún representante.

A lo que parecía un caos, Pop le entrevió la silueta de solución. En ello encontró el argumento que permitió declarar ilegales las enmiendas y dejar la Ley lista para seguirse discutiendo en el punto en que se había quedado: “Entonces”, señala Pop con ironía, “tal vez fue el señor que barre o algún trabajador del Congreso quien las presentó, pero no un diputado”.

Piiiiiiiiiiiip (aún sin señales de vida)

La complicación para la propuesta ahora es otra. Si bien basta que un diputado presente una moción para retomar el tema, desde que la iniciativa quedó nuevamente habilitada para convertirse en decreto, no se ha logrado reunir el quórum necesario para proseguir con la sesión permanente.

El pasado martes asistieron sólo 59 diputados. Las bancadas más numerosas registraban las mayores ausencias. En el momento en que se declaró un nuevo receso en la actual sesión permanente, sólo había 18 de los 63 miembros del PP, un 29%, y 12 de los 26 de Lider, un 46%.

Los atrasos vistos hasta ahora ponen en evidencia que una ley que amenaza con condicionar la forma de actuar de los funcionarios públicos y los diputados es más difícil de concretarse que la imposición de más impuestos, pues aprobar la Ley de Actualización Tributaria le tomó al Congreso únicamente tres días.

Todas las bancadas aseguran estar de acuerdo en apoyar la iniciativa y atribuyen a sus rivales políticos los obstáculos interpuestos hasta ahora, pero casi todas ella han participado de una u otra forma en dificultarla, aunque no al completo, es decir, no todos sus integrantes.

“Los diputados han cerrado filas y se culpan unos a otros”, manifiesta el director de Incidencia Pública de la Universidad Rafael Landívar (URL), Renzo Rosal, quien añade que es necesario “desmantelar el anonimato” de las acciones que se han tomado contra esta normativa.

La mayoría de legisladores argumentan que habrá sectores injustamente perjudicados o a que la ley debe ser aún más abarcadora, como algunos diputados oficialistas o el partido Lider; pero son pocos, en realidad, los que admiten sentirse directamente amenazados por las posibles implicaciones de la Ley.  

Mario Taracena es quizá el único que lo reconoce abiertamente.

El temor del  jefe de bloque de la UNE es que tal y como está redactada pueda convertirse en una herramienta para atacar a los políticos. Taracena no alude a lo que está en mente de muchos diputados y de buena parte de la opinión pública. Es decir, que los políticos y funcionarios públicos no puedan demostrar ni justificar el origen de su riqueza.

Una de las preocupaciones que manifiesta se refiere al artículo 15, que habla sobre incumplimiento de deberes, pues cree que la más pequeña falta puede utilizarse para procesar a políticos rivales. También considera importante aclarar la presunción de inocencia. De no hacerse, cree que muchos tratarían de destruir las carreras políticas en especial en temporadas electorales. “Así como a mí: me han puesto seis antejuicios, pero ya casi voy saliendo de todos”, comenta.

Carmen Aída Ibarra, coordinadora del Movimiento Pro Justicia, señala que sí hay preocupación por algunos artículos. “Como toda ley, es perfectible”, indica en relación con aspectos como la presunción de inocencia. A pesar de ello, es enfática en que estos puntos no deben usarse como excusa por parte de los diputados para no aprobar la Ley.

Rosal considera que es una ley que “tiene dientes”. Aun así, en su parecer, el punto relacionado con el delito de tráfico de influencias está todavía ambiguo. Según el politólogo, en la forma en que está redactado, cualquier vínculo de un diputado con otra persona podría identificarse con este delito. La Universidad Rafael Landívar, a la que Rosal representa, formuló su propia propuesta sobre cómo debería redactarse este artículo.

A pesar de que 58 diputados del PP votaron por la moción que detuvo la aprobación final y por artículos de la iniciativa, Valentín Gramajo,  señala que si se logra incluir de nuevo la iniciativa en la agenda, los diputados de su bancada la apoyarán.

En el caso de Lider, el apoyo a la iniciativa está abiertamente condicionado. El excandidato presidencial por este partido, Manuel Baldizón, señala que además de la enmienda relacionada con la evasión fiscal, su bancada propondrá otras a los artículos relacionados con malversación y peculado culposo, y sin estos tres aspectos, su bloque no apoyará la iniciativa. 

A pesar de las dificultades para aprobarla, algunos diputados se muestran optimistas, como Barreda, quien considera que posiblemente se modifique el texto del tráfico de influencias pero la iniciativa conserve su esencia.

El congresista añade que su recomendación a Taracena es que no intente proponer muchas modificaciones, pues se podría ver como un intento por bloquearla. En la opinión de Barreda, el momento de discutir estos cambios ya pasó y los diputados lo desaprovecharon al tratar de sabotear la Ley.

Pop es menos optimista. Su vaticinio es que la Ley perderá algunos “dientes”, pero coincide en que al final se aprobará. Para ello será necesario que los diputados asistan nuevamente a las plenarias y retomen el proyecto que estuvo a punto de no concretarse por una serie de enmiendas cuyos autores aún se desconocen.

Mientras tanto, la promesa de Otto Pérez –el anzuelo en el que rápido picó la reforma tributaria– sigue siendo una promesa incumplida, y en buena parte, responsabilidad de su propia y fisurada bancada oficial.

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