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La guerra por la luz eléctrica en La Democracia

Magdaleno Mendoza está convencido de que desconectar su contador fue la única alternativa que le quedó para defenderse de “los abusos” de los que acusa a Energuate. Sus facturas mensuales de luz habían registrado un incremento constante desde los últimos años, hasta el punto de tener que pagar entre Q300 y Q500 cada mes, el límite llegó en agosto del año pasado, cuando la factura mensual sumó los Q11,104.
“Claro que nosotros también pudimos haber cometido algunos errores” en la emisión de algunas facturas, admite el representante de Energuate. Pero “se está exagerando la queja por la sobrefacturación”, asegura. En la mayoría de casos, el cobro se debe a que hubo algún tipo de “fraude” por parte del cliente que le permitió evadir una parte del pago.
La Democracia, Huehuetenango. Varias aldeas y la cabecera municipal pasaron varios días sin electricidad por su negativa a pagar facturas de luz de miles de quetzales.
Una de las casas de uno de los comunitarios que decidió tomar energía de Energuate.
Uno de los contadores que toma energía.
Varios comunitarios protestaron en el Parque Central de Huehuetenango contra las empresas de energía.
Pobladores del área rural de Huehuetenango exigían la nacionalización de la energía eléctrica.
"No estamos robando", dice una pancarta de los manifestantes que protestaron en el Parque Central de Huehuetenango.
Una manta contra Deorsa, Deocsa y Energuate en La Democracia, Huehuetenango.
Una manta advierte la prohibición del ingreso de vehículos, avionetas y personal de Moscamed en la entrada de La Democracia, Huehuetenango.
Q11,104.00 es el monto que cobró Energuate a una familia en La Democracia, Huehuetenango.
Una factura por Q12,339.42 por el consumo de energía en una vivienda.
Q9,513.00 es la cantidad que Energuate le cobró a una familia en La Democracia, Huehuetenango.
Representantes de algunas comunidades de Huehuetenango se reunieron con personal de Energuate y autoridades departamentales de Huehuetenango.
Representantes de Energuate durante la reunión con algunos líderes comunitarios y autoridades municipales.
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La guerra por la luz eléctrica en La Democracia

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Más de 240 mil personas en todo el país han desconectado sus contadores de los postes de transmisión de electricidad y optado por hurtar la energía, en respuesta a las elevadas sumas que la empresa proveedora del servicio les cobra. Ambas partes se acusan mutuamente de robar. La compañía deja de percibir cantidades millonarias por el fluido que de manera ilegal toman los pobladores, mientras que los vecinos sufren prolongados recortes del servicio y enfrentan el temor de la persecución legal por su negativa a pagar la luz y por las conexiones ilegales. El problema, que se inició en 2008, se ha convertido en un foco de conflictividad social a nivel nacional que, de momento, no muestra luces de solución.

Redes-lateral

Oscuridad. Apenas sombras y siluetas que se dibujan con la leve fuerza de los focos de los vehículos que transitan al caer la noche, sirven para adivinar el camino y sortear los obstáculos en la carretera Interamericana a su paso por las aldeas Camojá y La Mesilla, en municipio de La Democracia, en Huehuetenango. De los focos que cuelgan de los postes que se asoman cada 50 metros no emana luz. Todo es oscuridad. Son las 20.00 horas de un jueves de mayo, y en el interior de las casas de estas comunidades, son las candelas y las linternas de baterías las que les iluminan la vida a los pobladores. Los ventiladores, donde los hay, están apagados y los vecinos condenados a soportar el húmedo calor característico de este municipio, ubicado a 920 metros sobre el nivel del mar, que supera los 30ºC.

El intenso calor y la falta de electricidad que padecen los vecinos de estos lugares desde hace más de un mes, amenazan con echar a perder los alimentos que guardan en las refrigeradoras. La situación obligó a las amas de casa a modificar sus hábitos de compra y consumo de comida, así como a poner a prueba su paciencia a la espera de que se normalice el servicio energía eléctrica que desde abril pasado los ha condenado a pasar las noches en oscuras.

Desde el 14 de mayo, Energuate, la empresa propiedad del fondo británico de inversiones Actis, responsable de la distribución de energía eléctrica en el 86 % del país (excepto los departamentos de Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez), raciona el servicio en esas comunidades, debido a fallas técnicas en las torres de transmisión. Los vecinos saben que a las 18:00 horas “se va la luz”, y que volverá hasta las 6:00 del día siguiente.

La casa de Magdaleno Mendoza, está a oscuras. Este maestro de música que vive con su esposa y sus dos hijos a unos 150 metros de la carretera Interamericana, en la aldea Camojá, utiliza focos ahorradores para iluminar su morada. Hay una refrigeradora en su cocina y en su sala se ve un televisor, un equipo de sonido y una computadora que la familia no enciende por miedo a que un cambio repentino de voltaje la arruine.

Mendoza sabe que los apagones tienen que ver con la “resistencia” que miles de consumidores del servicio de electricidad hacen a Energuate, por los elevados montos que la compañía les cobra por el servicio. La “resistencia”, le llaman los vecinos al hurto de la energía. Es decir, a las conexiones directas que realizan desde los postes de conducción de la empresa hasta sus residencias, sin pasar por los contadores que registran el consumo, para gozar del servicio y sin dejar constancia del mismo.

Esta práctica, que se inició en 2008 en San Marcos y se ha extendido a casi todo el territorio nacional, además de pérdidas millonarias para la distribuidora del servicio, ha dejado a miles de pobladores a oscuras durante prolongados lapsos, es uno de los principales focos de conflictividad social en las zonas rurales del país que el Gobierno no ha sabido resolver, y tiene como telón de fondo acusaciones de robo de la compañía hacia los vecinos en “resistencia” y de estos hacia la empresa.

Magdaleno Mendoza está convencido de que desconectar su contador fue la única alternativa que le quedó para defenderse de “los abusos” de los que acusa a Energuate. Sus facturas mensuales de luz habían registrado un incremento constante desde los últimos años, hasta el punto de tener que pagar entre Q300 y Q500 cada mes –cantidades que cancelaba a pesar de considerarlas exageradas para el consumo de su casa–. Pero que el límite llegó en agosto del año pasado, cuando la factura mensual sumó los Q11,104.

Tras reponerse de la sorpresa, Mendoza buscó a conocidos suyos en la Municipalidad para que intercedieron por él ante la empresa. En un inicio le comentaron que “tal vez” podrían rebajar su deuda hasta a unos Q4,000. Pero después de varios días de espera y de engorroso trámites, la compañía le ofreció un plan de pago para abonar cada mes el total de la “deuda” hasta quedar solvente.

“Entonces pensé que si me iba a ir a la cárcel, mejor no me iba solo, sino que con los vecinos que ya estaban en resistencia. Y desconecté el contador”, explica.

Pérdidas millonarias

El racionamiento del servicio en La Democracia, explica Energuate, se debe al colapso de las torres de transmisión ocasionado por el hurto del servicio. “Cuando los pobladores ya no se sienten obligados a pagar, el consumo crece y el sistema se sobrecarga”, dice un portavoz de la empresa.

Energuate reportó haber dejado de cobrar Q641 millones del consumo de sus clientes entre 2012 y 2013, así como Q110 millones el año pasado como consumo “no registrado”, es decir, el servicio hurtado.

Los datos de la empresa establecen que el robo de energía se empezó a registrar en 2008. Según Mynor Amézquita, responsable del área de Comunicación Externa de Energuate, desde ese año se han interpuesto cerca de 600 denuncias ante el Ministerio Público en contra de personas que han sido identificadas como “incitadoras” para el robo de energía.

El año pasado Energuate logró la condena de cuatro personas por medio de “procedimiento abreviado”, es decir que admitieron su culpa y recibieron sentencias de cárcel conmutable.

El Gobierno de Guatemala hizo pública su postura al respecto hasta el pasado 6 de marzo, en una conferencia de prensa ofrecida por los titulares de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y el de Energía y Minas, Erick Archila, en respuesta a una manifestación en la capital protagonizada por miembros del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca). Sus demandas eran que se dejara sin efecto el Acuerdo Gubernativo por medio del cual el Gobierno declaró de “urgencia nacional” el Plan de Electrificación Rural, al cual se oponen, así como la nacionalización de la distribución de la energía eléctrica.

El Ministro del Interior acusó a los miembros y líderes de esa organización de ser los principales responsables de promover esta práctica, señalamiento que Codeca admite abiertamente.

Codeca, integrante de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), se fundó en 1992 en Santo Domingo, Suchitepéquez, con el fin de promover la lucha por obtener y legalizar tierras para la población campesina. Uno de sus líderes y fundadores, Mauro Bay, explica que esa lucha los llevó también al tema eléctrico y que esto propició su crecimiento.

Los primeros casos, según Bay, fueron de personas que después de negarse a pagar la luz, por no estar de acuerdo con las cantidades que adeudaban, esperaban a que los técnicos que llegaban a cortar el servicio se marcharan para volver a conectar la energía, pero sin pasar por el contador. Estos casos se convirtieron en la tendencia general que empezó en la costa sur del país, luego llegó al oriente y más tarde se extendió por el territorio nacional.

Sobre la cantidad de personas involucradas en las conexiones ilegales no hay consenso. Mientras que en Codeca se estima que son cerca de 300,000 usuarios en 400 comunidades, el dato de Energuate establece que son 248,019 clientes, pero que algunos de ellos pueden estar en áreas de conflicto sin que necesariamente sean parte del movimiento de conexiones ilícitas.

“La desconexión es la resistencia”, asevera Bay y agrega que el descontento por los cobros de energía eléctrica permitió la expansión que el tema agrario no había conseguido. En contraste con los datos de Energuate, Bay asegura que la práctica se adoptó a partir de 2010.

Los delitos

El “hurto de fluidos” está tipificado en el artículo 249 del Código Penal guatemalteco y establece sanciones de Q200 a Q3,000. La palabra “robo” genera inconformidad entre los miembros de Codeca quienes aceptan que esta acción no es legal, pero la consideran una medida de hecho para protegerse de los abusos de la empresa. “Hablan de robo para criminalizar la lucha popular, pero en realidad nos desconectamos porque no encontramos otra forma de defendernos”, justifica Bay.

Los miembros de la organización no son los únicos que se molestan al oír esta palabra, también a los pobladores, incluidos algunos que aún no se han sumado a la “resistencia”.

Entre ellos se encuentra Eva Munguía, propietaria de un negocio de reparación de llantas, un “pinchazo” ubicado en el patio de su vivienda al lado de la carretera Interamericana en la aldea Valparaíso de La Democracia. “Es indignante cuando los funcionarios hablan en las noticias de robo de energía, pues es la empresa quien nos roba a sus clientes”, asegura.

Esta mujer de complexión fuerte y hablado veloz, también ha recibido facturas por grandes cantidades, incluida una de Q11,167. Su casa es de techo de lámina y tres habitaciones, más el frente dedicado al negocio; en sus haberes cuenta con un televisor, un radio, una refrigeradora, un ventilador y seis focos ahorradores.

Munguía señala que el incremento se fue dando poco a poco: primero eran facturas de Q500, luego de Q800 y hace cerca de siete meses empezaron a llegar con cantidades por miles de quetzales. “Ya en ese momento dejé de pagar”, dice con enojo.

Aunque su caso se repite entre sus vecinos, en la aldea no se ha tomado la decisión de incorporarse a la alternativa que les ofrece Codeca. Ella, sin embargo, dice estar dispuesta a hacerlo.

“Claro que nosotros también pudimos haber cometido algunos errores” en la emisión de algunas facturas, admite Amézquita. Pero “se está exagerando la queja por la sobrefacturación”, asegura. En la mayoría de casos, dice, el cobro se debe a que hubo algún tipo de “fraude” por parte del cliente que le permitió evadir una parte del pago.

Una de las maneras más habituales de fraude, explica, consiste en tomar dos líneas de corriente, una de manera normal en el contador y la otra directa. Otra es manipular el medidor eléctrico.

Sobre esta última práctica, Wilfredo de León, un electricista autorizado por la Empresa Eléctrica de Guatemala, sostiene que en 40 años que experiencia nunca vio que un particular pudiera hacer eso sin la complicidad de trabajadores de las distribuidoras, pues los contadores traen marchamos de seguridad que no se pueden abrir sin los equipos de la compañía.

El ingeniero eléctrico José Luis Ola, agrega que los mecanismos electromagnéticos no permiten volverlo más lento el contador, sino que, en todo caso, regresar los registros iniciales.

El proceso para determinar si hubo fraude consiste en que la empresa recaba las pruebas, como informes de consumo y fotografías tomadas por equipos de inspección, y las presenta a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), y ésta decide. La cantidad supuestamente defraudada o hurtada, aparece en la factura como “energía dejada de facturar con IVA”.

Este rubro apareció en la factura de agosto del año pasado de Magdaleno Mendoza, con un monto de Q10,602.

Si se toma como base la tarifa con IVA más alta de Energuate (Q2.28), con valores aproximados de consumo de aparatos eléctricos, la factura sugiere que el gasto sin pagar de Mendoza supera el de 23 refrigeradoras medianas conectadas día y noche durante un año o el de 11 computadoras portátiles encendidas las 24 horas diarias durante el mismo período, además del gasto de energía por el que sí se le había cobrado.

En el caso de Munguía, los cobros más grandes aparecen en una categoría aparte de la factura reservada para la deuda por convenio de pago. Según Amézquita esto significa que el usuario ya había aceptado su deuda y se había acordado un plazo para cancelarla.

 

Los derechos del consumidor

Fernando Trabanino, defensor del consumidor de la oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH), opina que hay vías para determinar si existen abusos o no de la empresa, sin tener que llegar a cometer delitos como robar energía o, peor aún, que haya organizaciones que cobren por el servicio que provee otra empresa.

La defensoría del consumidor de la PDH ha registrado 20 denuncias a nivel nacional por cobros excesivos y 189 por deficiencias en el servicio. Trabanino explica que en algunos de los casos se trata de errores de la empresa, pero que en otros lo que hay es una falta de claridad en las facturas sobre los cobros. Aun así, sostiene que también en el segundo caso hay un inadecuado control del cumplimiento de los derechos del consumidor. “El problema es que no existe una legislación adecuada para defender los problemas de los consumidores”, y para cualquier problema de este tipo se aplican leyes supletorias, asevera.

Parte del procedimiento incluye que la PDH envíe sus denuncias a la Dirección de Atención y Asistencia a Consumidor (Diaco), del Ministerio de Economía. Sin embargo, esta entidad no tiene la última palabra sobre la problemática. Fabiola Esteban, jefa del Centro de Quejas de esa institución, dice que debido a que el tema de la energía eléctrica cuenta con una ley específica y una máxima autoridad responsable, no procesan las denuncias si no que las dirigen a la CNEE, que es la que las resuelve.

Si la empresa determina que el cliente alteró de alguna manera la forma de recibir el suministro o contabilizar su consumo, está autorizada legalmente para suspenderle el servicio sin previa notificación. La distribuidora también es la que realiza el cálculo de la cantidad que dejó de percibir por la anomalía y notifica al usuario del cargo adicional.

Es hasta ese punto cuando los usuarios pueden actuar al respecto. Según la CNEE, en ese momento tienen dos alternativas: pagar o presentarse ante esa entidad para manifestar su inconformidad. Si lo hacen, la Comisión envía el caso a un juez competente, pues el tema involucra posibles delitos cometidos por el cliente.

La CNEE aclara que existen casos en los que hay irregularidades en el proceso efectuado por la empresa para encontrar la falta del usuario. En ellos ordena la reinstalación del servicio, indemnización por el corte y la eliminación de cargos, según corresponda.

Cuando se trata de una denuncia del usuario contra la empresa, el procedimiento cambia. Los consumidores pueden presentar sus reclamos ante la compañía que les provee el servicio o ante la CNEE, que los envía por correo a la empresa para que resuelva.

Si el cliente no está de acuerdo con lo resuelto, puede presentar su denuncia ante la Comisión, que da un plazo de diez días hábiles para audiencias con la compañía, y luego analiza el caso con base en el marco regulatorio.

En estos casos no hay consecuencias penales, pero si la CNEE califica como procedente la denuncia, puede sancionar a la compañía u ordenarle que indemnice al afectado.

Un señalamiento más grave

Obtener el servicio sin pasar por el contador no es el único delito que involucra a Codeca. Además del hurto de fluidos, el artículo 394 del Código Penal establece ilícitos como la “instigación al delito”, el cual se sanciona con penas de uno a cuatro años de prisión. Los líderes de Codeca también están señalados de cobrar de forma ilícita a los “desconectados” por el suministro que provee la empresa y sufragar con ello sus operaciones.

Bay niega estas acusaciones, pero acepta que en algún momento pudo darse una situación de este tipo por parte de miembros de Codeca. Uno de ellos, relata el dirigente, es el propietario de una empresa de transportes, quien con la excusa de organizar a la población, hizo cobros para su beneficio y hasta colocó una manta de la entidad en el patio de su casa, en Tiquisate, Escuintla. Cuando la dirigencia de Codeca lo descubrió concluyó esa sociedad con él.

El otro caso identificado ocurrió en Nueva Concepción, también en Escuintla, donde otro miembro del grupo hizo cobros de este tipo. Según Bay, también se le pidió que dejara de hacerlo, pero desconoce cómo concluyó su situación. Pese a los hallazgos, la organización no emprendió acciones legales contra los responsables identificados.

Las versiones de cobros por parte de Codeca confunden a la población. Juan Carlos Rafael Pablo, poblador de San Juan Ixcoy, al norte de Huehuetenango, dice estar a la espera de ver cuál de las dos “empresas” resulta ganadora del conflicto, Energuate o Codeca, para empezar los trámites para llevar luz eléctrica a su propiedad. Según expresa, prefiere que sea Codeca porque ha escuchado que el servicio es más barato con ellos.

“Ellos ya se habían presentado como una nueva empresa, como empresa mexicana y como parte del INDE”, señala Amézquita quien considera esto como una estrategia de desinformación por parte de Codeca.

Magdaleno Mendoza, como uno de los vecinos que recientemente se sumó al movimiento de los desconectados ilegales, acepta que sí paga Q20 mensuales, pero no a Codeca, sino a un comité de energía eléctrica elegido por la comunidad que se encarga de contratar a un técnico cuando se requiera de mantenimiento o reparación del equipo.

La postura oficial de Codeca es que el funcionamiento se financia con Q2 mensuales que se les piden como donación a sus asociados. Según la dirigente Telma Cabrera, son más de 60,000 las personas que colaboran de esta manera. La organización no explica en qué se utiliza ni quién administra los Q120.000 que en promedio, según lo que reconocen sus dirigentes, obtienen cada mes.

Las consecuencias legales

“Ya los tenemos identificados y ya se han girado las órdenes de captura”, sentenciaba el Ministro de Gobernación en la conferencia del 6 de marzo, después de la manifestación de Codeca por la capital. En los días siguientes, las fuerzas de seguridad capturaron a dos personas en Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz; tres en Cubulco, Baja Verapaz; y cuatro en Morales, Izabal. Todos miembros de Codeca.

Al principio fueron las delegaciones del Ministerio Público en los departamentos las que se hicieron cargo de los casos. Pero el 19 de marzo, el presidente Otto Pérez Molina, miembros de su gabinete y la entonces fiscal general, Claudia Paz y Paz, acordaron la creación de una unidad especial contra el robo de energía y fue esta la que siguió con las investigaciones.

Los detenidos de Santa Cruz Verapaz obtuvieron una medida sustitutiva en su primera audiencia. Los de Cubulco tuvieron que esperar hasta el 13 de mayo para que el tribunal autorizara su arresto domiciliario. Los de Izabal corrieron con menos suerte, pues su primera audiencia demoró más de tres semanas. Claudia Madrid, secretaria del Juzgado de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, indicó en ese momento que había muchas audiencias “en cola” y que eso había provocado el retraso.

Cuando rindieron su primera la declaración ante un juez competente, quedaron en prisión preventiva. Pese a las esperanzas que tenía Luis Soria, asesor jurídico de Codeca y defensor de los nueve sindicados, de conseguirles a sus defendidos el arresto domiciliario el 22 de mayo, continúan en prisión y su próxima audiencia está programada para el 17 de junio.

Mario Braham, titular de la Fiscalía contra el Robo de Energía, dice que normalmente se aplica la medida sustitutiva, pero que en este caso había un riesgo de “obstaculización a la averiguación de la verdad”, ya que se trata de líderes de un movimiento que pueden movilizar a las personas para encubrir los ilícitos. Soria, en cambio, indica que el argumento para no dejarlos salir fue el riesgo de fuga.

Aunque no hubo más capturas, Braham sostiene que las investigaciones sobre el caso continúan.

Un conflicto que crece

En condiciones normales, un atraso de dos meses en el pago de luz implica la interrupción del servicio por parte de la empresa. Sin embargo, los datos del Ministerio de Energía y Minas establecen que entre 2012 y 2013 se reportaron Q531 millones facturados sin cobrar por parte de la compañía.

La posibilidad de que le corten la energía asusta y enoja a Eva Munguía. “Si eso pasa, no nos vamos a dejar y esto saber en qué va a parar. Si es necesario me voy a la capital a tocar las puertas del Gobierno con mis recibos porque esto es una verdadera injusticia”, advierte.

Evolución del conflicto de las conexiones ilegales

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Los derechos del consumidor

Sin embargo, el que ella o sus vecinos no reciban el suministro durante la noche no se debe a que la empresa lo haya interrumpido. Amézquita asegura que, más bien, la posibilidad de cortar la luz en algunos sectores es poco viable porque cuando llegan las brigadas de técnicos se sienten amenazados por las reacciones que puedan desatar. “Se reúnen y hasta ponen a los niños enfrente”, asegura.

La primera falla que vivió La Democracia tuvo lugar en abril de este año. Fueron apagones que dejaron a parte del municipio sin el suministro por más de tres semanas. Ante esta situación, pobladores bloquearon la carretera en protesta desde el 29 de abril hasta el 3 de mayo. Ese último día localizaron al alcalde, el oficialista Mauro Cobón, que volvía de la aldea La Mesilla de una actividad con el partido y lo retuvieron para exigir que se les restaurara el servicio.

En esa ocasión, el ministro López Bonilla responsabilizó a Cristóbal Velásquez, representante de Codeca en La Democracia, por cualquier cosa que pudiera pasarle al alcalde. Velásquez sonríe con ironía al recordar las declaraciones del Ministro que se publicaron. “Yo ni siquiera estaba allí. A mí me llamaron para contarme que lo habían agarrado”, relató días después.

La demanda del Ministro tuvo éxito y el alcalde fue liberado. Tras ello, Cobón declaró a medios locales que no estaba secuestrado, sino que se había unido a los descontentos para pedir que se restableciera el fluido eléctrico. El servicio se restableció, pero no se corrigieron de forma eficiente los problemas técnicos que provocaron los primeros apagones.

La mañana del 12 de mayo decenas de representantes de Codeca se manifestaron frente a la Gobernación Departamental de Huehuetenango. Sus demandas incluían que se nacionalizara el servicio, que se dejara de perseguir a sus líderes y que “cesaran los sabotajes” contra las instalaciones de luz.

El edificio estaba cerrado.

El descontento no sólo era visible entre los dirigentes de la marcha. “Si no nacionalizan la luz vamos a botar los postes” gritaba alguien entre la multitud. “De allí sale buen ocote”, respondía alguien más.

Al lugar se hizo presente Byron Herrera, en representación de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), quien envió al Ministerio de Gobernación el documento que contenía las exigencias de los manifestantes y convocó a los líderes para una reunión al día siguiente. A la cita acudieron representantes de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación, la Coordinadora del Diálogo Nacional, y Copredeh, pero de los 86 líderes de las comunidades de La Democracia y municipios incluidos en la misma red de distribución sólo llegaron seis.

Lorenzo Jerónimo Carrillo, del Comité por Defensa del Pueblo de San Pedro Necta, dijo que muchos de los líderes estaban temerosos por las órdenes de captura giradas en su contra. Ante la falta de cuórum la reunión se suspendió.

La noche siguiente volvieron los apagones. Según la explicación de Amézquita, alguien quitó los seguros para prevenir sobrecargas a un transformador ubicado en la aldea Las Guacamayas y éste colapsó ante la demanda de energía que se da durante las noches. A partir de ese momento se alimentó al sector por medio de un ramal alterno, que no es suficiente para abastecer la demanda nocturna de consumo.

Con el ofrecimiento de que no habría capturas, el 20 de mayo hubo una segunda reunión a la que asistieron 80 personas. Ahí se acordó cesar con la persecución penal a los líderes y que las comunidades permitan el paso de los brigadistas. Mientras la empresa adquiere un transformador nuevo, Camojá y La Mesilla seguirán a oscuras durante las noches.

Un problema nacional

Antes de que Codeca apareciera en la agenda de las autoridades de Gobierno, el Frente de Resistencia de Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos de los Pueblos (Frena) ya le causaba dolores de cabeza a las autoridades. Al igual que Codeca, esta organización también está acusada de instar al hurto de energía y cobrar ilegalmente por el servicio.

Frena, formado en el departamento de San Marcos en 2000, cobró protagonismo a partir de finales de 2008, cuando las inconformidades por los cobros y las deficiencias del servicio eléctrico estallaron con un apagón la noche del 24 de diciembre. Esto provocó disturbios que dejaron a decenas de personas heridas.

La problemática se mantuvo durante casi un año, y llegó al punto que, en noviembre de 2009, el entonces presidente, Álvaro Colom, decretó un Estado de Excepción en Malacatán, San Pablo, Ocós, Nuevo Progreso y Catarina.

Feliciano Velásquez, dirigente de Frena, explica que el descontento de la población empezó cuando Unión Fenosa, consorcio español entonces propietario de las distribuidoras que ahora maneja Energuate, cambió los contadores de energía y las facturas empezaron a llegar con cantidades excesivas.

De vuelta a la legalidad

La Democracia no es el primer lugar en el que se intenta restablecer la comunicación entre empresa y pobladores por medio de entidades estatales. Como parte de un plan de reconexión anunciado por López Bonilla el 6 de marzo, Estanzuela, Zacapa, una de las áreas con más alto índice de conexiones ilegales, con un 83 %, fue el primero de esta estrategia.

En el municipio también hubo cortes de energía durante la primera quincena de febrero. La explicación del Ministro de Energía y Minas es que cuando la gente se vio libre de cobros empezó a instalar equipos de aire acondicionado que sobrecargaron el sistema.

Otro ejemplo de ello fue en Los Amates, Izabal. En marzo pasado este municipio sufrió una situación similar y las aldeas Cocales, Campo II y Campo III, Playa Dorada, Izabalito, Las Cañas, Rio Blanco y Punta Brava –las últimas cinco no declaradas en resistencia– quedaron sin servicio durante 12 días.

Las pláticas allí tuvieron lugar entre las autoridades gubernamentales y los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) para que sus presidentes persuadieran a la población de solventar su situación con la empresa y permitieran el paso de las brigadas técnicas para recuperar el suministro.

La empresa perdonó las multas y las moras correspondientes y se acordó un plazo de tres años para cancelar la deuda adquirida en siete meses. A cambio, se comprometió a normalizar el servicio de energía que se había visto dañado en la zona. No obstante, las dudas persisten en algunos de ellos. “Si ellos no cumplen, nosotros volvemos a la resistencia y eso quedó como punto de acta”, sentencia Fredy López, miembro del Cocode en la aldea Mariscos. 

En el caso de La Democracia, este es un paso que Energuate aún no ha podido dar. La ilegalidad en el área que incluye a San Pedro Necta, La Democracia, Santa Ana Huista y San Pedro Huista, es del 40 %. El abril  sólo 20 clientes cancelaron el servicio de luz en ese municipio: las oficinas de aduanas y empresas como bancos y almacenes.

En la reunión del 20 de mayo no se planteó la reconexión de los contadores. Para que la empresa adquiera el remplazo del transformador dañado faltan entre nueve y 15 semanas. Será hasta entonces cuando los líderes acepten sentarse de nuevo para discutir los términos de la reconexión.

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