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La advertencia de los jueces

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Por primera vez una voz se queja desde dentro. Un grito, un llamado, una alerta desde el interior del sistema de justicia. Atrás –y como respaldo– quedan los reclamos externos, los de la sociedad civil, los señalamientos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), los de varios abogados y sus amparos. Los jueces ya no callan, tras el proceso de Comisiones de Postulación, ante el posible colapso de la independencia judicial.

“Lo que queremos, en principio, es que se repita un procedimiento que es nulo por ilegitimo”, enfatizaba la juez de Primera Instancia Penal de San Juan Sacatepéquez, Patricia Gámez.
Los más de 50 jueces de instancia, declarados independientes, emplazaron a la Corte de Constitucionalidad: si no resuelve de forma ágil todas las peticiones realizadas por diversas instituciones se estarían tomando medidas de hecho. Entre ellas, paros parciales en los juzgados.

Esta vez, la protesta viene desde el interior de los tribunales y juzgados: “¡La justicia ha sido atropellada!”. Y así, tras esta frase, más de 50 jueces de instancia se han alineado en un solo frente y se han declarado (pancartas incluidas) “defensores de la independencia judicial”.

Uno a uno, luego juntos, lo jueces de instancia se aglutinaron alrededor de una figura: la magistrada de la Sala quinta de Apelaciones del ramo civil, Claudia Escobar Mejía. Fue ella, desde el domingo 5 de octubre, quien decidió denunciar que el Sistema de Justicia ha sufrido un asalto, un atentado a la independencia judicial: “Soy magistrada y he sido electa para un nuevo período de cinco años, pero ante la gravedad de los vicios en el proceso, después de un largo y doloso proceso de reflexión, renuncio”, exclamó.

Escobar Mejía lo hacía en un momento importante para los procesos de las Comisiones de Postulación. Tan solo cinco días después de que el Congreso de la República eligiera a los nuevos  magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ). Y tan solo tres días después de que ella fuera electa –también por los diputados– para Salas de Apelación junto a otros 125 abogados. Ambos procesos fueron pactados, previamente, con listados consensuados, mediante una alianza entre las bancadas mayoritarias que controlan el Legislativo: Partido Patriota (PP) y Libertad Democrática Renovada (Lider). “Los procesos están plagados de irregularidades”, se quejaba Escobar antes de dar a conocer su renuncia.

Sandra Sebastián

Este martes, los jueces de instancia la rodearon. La respaldaron. Uno a uno acudieron a su llamado hasta sumar 50. Y Escobar Mejía, ahora apoyada, decía que hay una gran posibilidad de que el número de jueces en contra del proceso de elección de magistrados continúe en aumento. A su alrededor, serios pero atentos, había jueces como Yassmín Barrios, Pablo Xitimul, Patricia Bustamente, todos del Tribunal A de Mayor Riesgo. También Marco Antonio Villeda, juez de Extinción de Dominio. El juez Miguel Ángel Gálvez, de Mayor Riesgo B. César Amézquita, juez del Tribunal Tercero de Sentencia. O la magistrada María Cristina Fernández de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Civil.

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“Lo que queremos, en principio, es que se repita un procedimiento que es nulo por ilegitimo”, enfatizaba la juez de Primera Instancia Penal de San Juan Sacatepéquez, Patricia Gámez. A su lado, jueces como Víctor Barrios, del juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil, expresaban: “(Escobar Mejía) no quiso plegarse a un sistema que no funciona. Como jueces independientes no estaremos dispuestos a vender el principio de independencia judicial. Nosotros los jueces independientes no pedimos favores. Y es precisamente por eso, porque nuestros compañeros no han prestado ni pedido ni hecho favores, que muchos no han sido escogidos”.

La crítica, en conjunto, fue en contra del tinte político que ha adquirido cada parte del proceso de elección de magistrados de CSJ y Cortes de Apelación. “No vamos a estar sujetos a presiones de ninguna clase”, decía Víctor Barrios.

Y también en contra de lo que, según los jueces, no fue respetado: la Carrera Judicial. Contrario a lo que se ha dicho, la juez Gámez explicaba que la Carrera Judicial y la Ley de Comisiones de Postulación sí se complementan. “Es mentira que sea la ley la que no permita la escogencia de magistrados independientes. Es la aplicación arbitraria de esa ley lo que ha permitido la injerencia en la independencia judicial”. Se refería a cómo el gremio de abogados ha sido cooptado por distintos intereses, los políticos, los económicos y los del crimen organizado. Un frente común en busca de impunidad y negocios.

Emplazar a la Corte de Constitucionalidad

De una semana a otra, amparo tras amparo, la Corte de Constitucionalidad (CC) ha recibido al menos tres recursos contra del Congreso de la República por la forma en que se eligieron los magistrados de CSJ y Salas de Apelación. Uno, el presentado por Acción Ciudadana, explica que no fue respetada la Carrera Judicial. Otro, del abogado Alfonso Carrillo, denuncia que los diputados escogieron con prisa, sin esperar a que el plazo para recibir impugnaciones (72 horas) en contra de las Comisiones de Postulación se diera por concluido. Y uno más, planteado por Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, en el que expone distintas influencias externas en la decisión de los diputados y comisionados para escoger a los nuevos magistrados.

Los más de 50 jueces de instancia, declarados independientes, emplazaron a la Corte de Constitucionalidad. Fue Escobar Mejía, al frente de todos los jueces, la que tomó la palabra para indicar que si la CC no resuelve de forma ágil todas las peticiones realizadas por diversas instituciones –entre ellas las solicitudes del Procurador de Derechos Humanos, Jorge de León, u organizaciones internacionales como la ONU, para anular el proceso de elección–, se estarían tomando medidas de hecho. Entre ellas, paros parciales en los juzgados. Además de posibles amparos, a partir del próximo viernes, en contra del Congreso de la República, que serían evaluados y consensuados entre los más de 50 jueces independientes antes de presentarlos en la CC.

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–¿Se está retando, desde los juzgados, a la CC?

–No estamos retando. Se trata de la tutela judicial en favor de la población para que se reconozca la independencia de uno de los tres poderes del Estado– respondía, entre el colectivo de juzgadores, Jorge Haroldo Vásquez, expresidente de la Asociación de Jueces y Magistrados.

–¿Qué ocurriría con el periodo constitucional si los nuevos magistrados no asumen el próximo 13 de octubre como dicta la Constitución Política de la República?

–Se han generado muchos debates. La única prórroga que no es posible para un periodo constitucional es la del Presidente. En el caso de la CSJ y Salas de Apelación es posible. Una extensión del periodo constitucional en este caso fortalecería al sistema de justicia. La jugada en este momento está en la cancha de la CC– explicaba Vásquez.

La advertencia de los jueces de instancia resuena a sólo una semana de que cambien las autoridades del Organismo Judicial. La nueva Corte Suprema de Justicia, y los nuevos magistrados de Sala de Apelación, tienen previsto asumir sus cargos el próximo lunes. Ese mismo día serán juramentados por el Congreso de la República. Primero, por la mañana, los 13 magistrados de la CSJ serán reconocidos al frente de la institución judicial. Luego, una vez en sus puestos, discutirán la distribución de sus obligaciones en las tres cámaras de la CSJ: la penal, la de amparos y antejuicios, y la de ramo civil, así como también la presidencia del Organismo Judicial. Regresarán más tarde al Congreso para ser testigos de la juramentación de los 126 titulares de Salas de Apelación. Los nuevos magistrados de CSJ serán responsables además de designar el próximo lunes a tres magistrados por cada una de las 42 Salas de Apelación que existen en Guatemala.

Los “jueces por la independencia judicial” consideran un derecho denunciar la forma en que estos magistrados fueron electos. Algo que deberá ser recordado durante cinco años, día tras día, en el interior del Sistema de Justicia en caso la CC no considere la anulación de todo el proceso. 

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