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Manifestación de periodistas por agresiones, 30 de noviembre del 2021.

Justicia para los periodistas de Guatemala: la fiscalía archiva más denuncias de las que lleva a juicio

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Justicia para los periodistas de Guatemala: la fiscalía archiva más denuncias de las que lleva a juicio

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Era septiembre de 2014 cuando la periodista indígena Norma Sancir tomó la mochila con su equipo de trabajo y salió a cubrir un desalojo en la comunidad Camotán, Chiquimula, donde vivía y trabajaba como reportera para diferentes medios de comunicación locales.

Aunque solo portaba el teléfono con el que documentaba los sucesos, la Policía Nacional Civil (PNC) la rodeó junto a otras mujeres, la golpeó y la acusó de atentado y desorden público, relató Sancir. La periodista pasó cinco días en la cárcel hasta que un juzgado ordenó que fuera liberada porque no existían indicios de que cometió algún delito.

Luego de que quedara en evidencia de que solo hacía su trabajo como periodista, Sancir denunció a los agentes de la policía por abuso de autoridad; la PNC nunca se pronunció por esta agresión y diversos reportes han apuntado a que los agentes siguen agrediendo a las y los periodistas.

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Ocho años han pasado y el sistema de justicia no le ha dado una respuesta. Un juez cerró el caso sin que el Ministerio Público le notificara de la audiencia y aunque logró que el expediente volviera a ser activado, la impunidad ha afectado su trabajo, relató Sancir durante una entrevista con LatAm Journalism Review (LJR).

El caso de Sancir no es el único. Según estadísticas oficiales, en el Ministerio Público se cierran más casos de agresiones contra periodistas de los que llegan a tribunales: en los últimos 18 años solo el 2 por ciento (28 expedientes) del total de casos admitidos (1.187 denuncias) ha obtenido una sentencia condenatoria.

Aunque en 2020 en Guatemala se instaló una fiscalía especial para investigar los delitos cometidos en contra de integrantes de la prensa, la unidad cuenta con escaso personal especializado y el presupuesto anual sufrió recortes de hasta un 68 por ciento en los últimos cuatro años, según reportes entregados por el Ministerio Público a LJR.

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Presupuesto versus falta de respuesta

En 2014, la encargada de investigar la denuncia de Sancir contra la policía era la Unidad de delitos contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos y operadores de justicia, una oficina a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos.

Su presupuesto era de 14 millones 565 mil quetzales, alrededor de US$1 millón 865 mil, según un reporte entregado por el Departamento de Presupuesto del Ministerio Público (MP) a LJR a través de una solicitud de acceso a la información pública.

Pese a que existían los recursos económicos, Sancir nunca recibió una respuesta a su caso. Incluso se enteró de que el expediente fue cerrado a favor de los agentes policiales en una audiencia que ocurrió sin que el MP le notificara que debía asistir, ella relató. No tuvo la oportunidad de pronunciarse ante un juez. La periodista pidió apoyo a una organización indígena porque consideró que se vulneró su derecho de petición ante el juzgado, según relató Sancir a LJR.

Tras «dar pelea», como describe a las decenas de diligencias que realizó, la investigación fue retomada por una nueva fiscal y el juez que favoreció a los policías fue separado del caso, Sancir relató.  Al preguntar por el caso en el Ministerio Público, la entidad le dijo a LJR que seguía en marcha.

Aunque en 2021 el proceso llegó al punto donde un juez deberá decidir si envía a juicio a los agentes, esta audiencia se ha suspendido en nueve ocasiones.

Denuncias que no se convierten en expedientes

La situación de Sancir no es solo un caso aislado, considera Evelyn Blank, directora del Centro Cívitas, una organización no gubernamental que ha estudiado las agresiones contra periodistas.

«En los últimos años se han recibido denuncias sobre fiscales cerrando los casos sin que las y los periodistas se enteren o sean consultados. Se está vulnerando el derecho de las víctimas a participar en el proceso judicial», dice Blank en entrevista con LJR.

El reporte «Guatemala: Estado contra la prensa y la libertad de expresión», realizado por Cívitas, Artículo 35 y Artículo 19, señala que el 70 por ciento de las denuncias que ingresaron los periodistas entre 2002 y 2010 fueron desestimadas.

En la actualidad la desestimación se ha convertido en la respuesta que más ha dado el Ministerio Público a las denuncias de agresiones contra periodistas. En los últimos tres años se han cerrado casi la misma cantidad de denuncias que las que han ingresado en el mismo periodo de tiempo.

Según estadísticas del MP, las desestimaciones se aceleraron en 2020 con la administración de la Fiscal General María Consuelo Porras, quien celebra como mayor logro abrir agencias fiscales en todos los municipios del país, aunque una investigación de Plaza Pública reveló que la prioridad no es investigar las denuncias sino cerrarlas en menos de 30 días.

En 2020, 108 denuncias presentadas por periodistas fueron cerradas; en 2021 fueron 153 y en 2022 van 46, haciendo un total de 307 desestimaciones. En ese tiempo ingresaron 312 casos nuevos.

La estrategia de Consuelo Porras para reducir la mora judicial es cerrar los casos, según el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (Iccpg), que hizo un estudio que reveló que 9 de cada 100 casos son resuelto de manera favorable a la víctima, que hay un incremento desbordado de las desestimaciones y que no existe información sobre la estrategia criminal detrás del cierre masivo de expedientes.

Porras, quien en mayo de 2022 fue reelecta como Fiscal General, creó la Fiscalía Liquidadora. Así como en el caso de Sancir, hay reportes de personas que al preguntar por el curso de su denuncia se enteran que fue archivada o desestimada. De acuerdo con una investigación de Plaza Pública, en el 45 por ciento de las denuncias que fueron desestimadas en 2021 no hubo notificación para las denunciantes.

LJR intentó comunicarse con la Fiscal General, pero no recibió una respuesta al momento de la publicación.

Según las estadísticas que el Ministerio Público entregó a LJR, 7 de cada 10 denuncias, por todo tipo de delitos, tienen ese destino.

«Estuve muy molesta e indignada por eso», dijo Sancir, quien después buscó ayuda en una organización de derechos humanos para retomar su caso.

Más institucionalidad, menos recursos

El Acuerdo 69-2019, del 26 de noviembre de 2019, firmado por la Fiscal Consuelo Porras, creó la Fiscalía de Delitos contra Periodistas para ser la encargada de conocer, investigar y perseguir penalmente los delitos que a nivel nacional se cometan en contra de periodistas, cuando los hechos hayan sido cometidos con el objeto de limitar sus derechos humanos en el ejercicio de sus funciones o sea un acto de intimidación, hostigamiento o represalia por su actividad.

Antes de que se creara este departamento, era una pequeña oficina dentro de la Fiscalía de Derechos Humanos la que investigaba los casos contra periodistas, pero también contra activistas y operadores de justicia.

El primer artículo del acuerdo de creación dice que si los fiscales determinan que el móvil del delito no es consecuencia de la labor periodística, las denuncias serán remitidas a otras fiscalías.

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Según el acuerdo de creación, la fiscalía cuenta con una jefatura, agencias fiscales y áreas de apoyo administrativo. También con apoyo de técnicos en investigaciones criminalísticas cuando la investigación lo requiera.

En la actualidad, veinte personas trabajan en esta unidad. Hay un fiscal jefe de sección, tres agentes fiscales, nueve auxiliares fiscales, un asistente ejecutivo, un oficinista, tres oficiales y dos conductores para seis vehículos, según información proporcionada a LJR.

En 2018, la unidad de delitos contra periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia contaba con un presupuesto de 23.3 millones de quetzales.

Un año después de su creación, la fiscalía tuvo una significante reducción de su presupuesto: en 2019 recibió un 68 por ciento menos de fondos, cayendo a 7.2 millones de quetzales, a pesar de haber adquirido una categoría mayor en la escala jerárquica del Ministerio Público. En 2020, 2021 y 2022 la oficina recibió incrementos mínimos.

El presupuesto actual de esta unidad es 77% menor al que tenía asignado antes de que la Fiscal Porras asumiera el cargo e implementara la estrategia de convertir la unidad en fiscalía.

Estas cifras provienen de un informe del Ministerio Público entregado a LJR a través de una solicitud de acceso a la información.

«Por un lado fue positiva la creación de la fiscalía y por otro el deterioro en la capacidad de investigar fue negativo», señala Blank.

¿Cómo pudo pasar esto de pasar de ser una unidad con más recursos a una fiscalía con menos fondos?, se le pregunta.

«Sí, eso es bien ilógico, ¿verdad? Pero sucedió que algunos de los fiscales en los que se había invertido en capacitar en la persecución de estos delitos fueron trasladados. Además afectó mucho la pandemia. No había personal, había una escasez casi absoluta de recursos», describe.

La falta de recursos y de respuesta judicial a los ataques contra periodistas provoca impunidad y eso perpetúa el ciclo de violencia, enfatizó la investigadora.

En el caso de Norma Sancir, esa impunidad provocó que migrara dentro de su propio país y se alejara de la comunidad que era la fuente primaria de sus reportajes e investigaciones. Ahora trabaja desde la Ciudad de Guatemala.

«Con mi rabia e indignación pude seguir haciendo cosas en el periodismo, pero al final cansa tener que estarse cuidando, después se dieron otros dos incidentes por el trabajo que estaba haciendo. Fue mucho desgaste y por eso tomé la decisión de iniciar un proceso de sanación», cuenta.

Sancir sufrió la agresión no solo de forma física y aunque ya pasaron diez años, el no poder cerrar el capítulo porque no hay una sentencia le ha dejado secuelas emocionales.

«Hasta el día de hoy no puedo dormir bien. A veces ya no quisiera llorar pero es imposible quitarlo de tu memoria y a veces cuando me toca que buscar información de mí misma se me revuelve el estómago. Me pregunto qué hago en la ciudad cuando mi esencia, mi pasión, estaba en cubrir las comunidades, pero ya no puedo asumir ese riesgo», dijo Sancir a LJR.

Efectividad

El delito más denunciado por las y los periodistas es amenazas, con 464 casos, seguido de coacción con 216, lesiones leves con 82, abuso de autoridad con 45, robo agravado 40, homicidio 37, asesinato 36, hurto agravado 28, difamación 19 y extorsión 17, entre otros.

Un porcentaje mínimo de las denuncias presentadas por las y los periodistas ha llegado a tener una sentencia condenatoria: en los últimos ocho años se reportan 28 condenas, el 1 por ciento del total, de acuerdo con el reporte del MP.

A ese dato se suman 13 sentencias absolutorias, entre ellas el fallo a favor del exdiputado Julio Juárez, acusado por el Ministerio Público de haber sido uno de los autores intelectuales del asesinato del periodista Danilo López, hecho ocurrido en marzo de 2015, donde también fue acribillado el reportero Federico Salazar.

La gravedad de estos asesinatos que ocurrieron a plena luz del día y frente a una sede del Ministerio de Gobernación, provocó que el gremio de periodistas saliera a manifestar y a exigir la creación de mecanismos de protección.

A petición del gremio, en la investigación de este crimen participó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), oficina de la Organización de las Naciones Unidas para tratar casos de corrupción de alto impacto. En los últimos dos años, seis exfiscales y una jueza que investigaron redes criminales dentro del Estado, han salido al exilio debido a denuncias, ataques y hasta amenazas de muerte por el trabajo que realizaron.

Los expedientes ahora están a cargo de Rafael Curruchiche, un fiscal nombrado por Porras, que ha sido cuestionado por supuestamente cambiar el rumbo de los casos, algo que él llama «reorientar las investigaciones a la legalidad».

Para Evelyn Blank, el caso del asesinato de los dos periodistas «se cayó» en el juicio de la misma forma en la que se están desmantelando otros expedientes investigados por la Cicig.

Aunque los casos no se resuelven, Blank dice que la Fiscalía de delitos contra periodistas es efectiva para responder a pequeñas solicitudes que hacen los periodistas y menciona un caso en particular.

Una periodista comunitaria fue agredida por un grupo de agentes de la policía y pidió medidas de seguridad ante un juzgado. Las autoridades asignaron a los mismos agentes como los encargados de proteger a la periodista Sancir.

Blank se comunicó a la Fiscalía, donde ayudaron a resolver el problema, sin embargo, en el caso de Sancir, se ha tardado ocho años en procesar a los policías acusados de agredirla.

Pese al tiempo, la periodista tiene esperanza de que haya un juicio y una sentencia condenatoria.

«No por venganza sino por justicia y dignidad y para que a otros periodistas no les pase lo mismo», concluye.

***

* Jody García es periodista de Guatemala, parte del equipo de Plaza Pública. Stringer en el país para The New York Times. Becaria del programa Alfred Friendly Fellow, de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Missouri. Interesada en la justicia, política, derechos humanos y migración.

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**Este artículo ha sido actualizado para corregir el número de condenas en casos que afectan a periodistas.

**Este es el decimotercero informe de un proyecto sobre la seguridad de los periodistas en América Latina y el Caribe. Este proyecto de LatAm Journalism Review está financiado por el Fondo Mundial para la Defensa de los Medios de Comunicación de la UNESCO.

Lee otros artículos del proyecto en este enlace.


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